Daniela Suarez, representante jurídica de Grupo CIITA, inició la conversación respecto a las evaluaciones de impacto social, las cuales no han sido compartidas por parte de la Secretaría de Energía (SENER) debido al retraso resultante al tema de la pandemia por COVID-19. Asimismo, en la actualidad se tiene conocimiento de atrasos en tramites desde el año 2018-2019 los cuales no han recibido un resolutivo sino prevenciones respecto a estos.

Esto se traduce en una traba para los permisionarios, puesto que los resolutivos de impacto social son un documento necesario para el arranque de las operaciones en las estaciones de servicio y plantas de distribución. Si bien, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorga permisos en materia de petrolíferos y gas LP, y el permisionario tiene la posibilidad de solicitar una prórroga ante esta institución para el arranque de operaciones, con un lapso de un año o seis meses para estaciones de servicio y dos años para las plantas de distribución, esto se traduce en una inversión detenida.

La principal problemática que identifica son los plazos para la contestación, debido a que Sener brinda 20 días hábiles para realizar una contestación pero las citas electrónicas no se liberan hasta en un lapso de meses, por lo que el permisionario no cuenta con tiempo suficiente para realizar dicho trámite, en tiempo y forma. Lo que limita las oportunidades.

Por su parte, Beatriz Marcelino, fundadora de Grupo CIITA y presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía, hizo un llamado a las autoridades para agilizar las diligencias y dar espacios de respuesta realistas, que no lleven al deshecho de los procedimientos.

Compartió además que dichos retrasos a las resoluciones de impacto social han generado una demora de cerca de 1,000 casos en petrolíferos, con poco más de 20 o 30 millones de pesos en inversión, y 800 en materia de gas LP, con inversión de 15 a 30 millones; en total, aseguró que existe un total aproximado de 42 mil millones de pesos en inversión que no han tenido movimiento por la falta de resolución por parte de Sener.

Igualmente, José Carlos Femat, secundó lo comentado por Beatriz Marcelino y agregó que esto es una llamada de atención para las autoridades para liberar la inversión detenida, de la cual dependen tanto permisionarios como inversionistas privados y futuros trabajadores.

Política no escrita para la no competencia

Carlos Vallejo, de Qua Energy Consulting, compartió que existe un avance significativo en expendios de proyectos relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) pero una parálisis en la comercialización para áreas privadas.

Si bien, hace poco se autorizó un permiso de comercialización para el Aeropuerto Felipe Angeles, para comercializadores privados no ha existido permisos en la materia desde hace casi tres años. Reafirma la postura en un freno del mercado, pese a dicho avance de proyectos relacionados con Pemex.

“Esto significa que no quieren competencia. Por un lado vemos el espejeo en cuanto a la Secretaría de Energía, quienes después de dos o tres años presentan prevenciones, y la ralentización de la CRE en los temas de comercialización, permisionarios, almacenamiento o distribución. Una especie de política no escrita para reposicionar el papel de Pemex”, dijo el consultor.

Compartió que, por un lado, vemos al órgano regulador y a la Sener imponiendo reglas no escritas desde la solicitud o desde el impacto social, para que exista un retraso en la ejecución de estos; pero, por el otro lado, vemos un poder judicial que pese a todo obtiene resultados favorables o positivos para ciertas instituciones, lo que da la percepción de cual podría ser la única salida para ver trabajar los proyectos.

Agregó que existe la necesidad de defender los derechos de los permisionarios, además de solicitar una mayor discusión, análisis y votos particulares por parte de la CRE, y un mayor récord de permisos otorgados para proyectos asociados a otras marcas o banderas blancas, no sólo en el tema de expendios a petrolíferos sino en proyectos de gran envergadura como el almacenamiento de los hidrocarburos y combustibles. Si no, la soberanía energética nacional no será alcanzada y la autosuficiencia en materia de combustibles para 2024 no será viable.

En temas de controles volumétricos, Luis Chavarría, de Kepler Oil & Gas, dijo que en cumplimiento de estos, hubo un aumento en el segundo trimestre del año con una participación de 19% al cierre de junio con inspecciones realizadas, aunque esto no significa que sea hayan cumplido todos los requisitos establecidos.

Si bien la estrategia del SAT para combatir el mercado ilícito de los combustibles se ha direccionado al uso del software de los controles volumétricos, ha sido un reto por la falta de conciliación entre los sistemas de facturación y los sistemas de medición, lo que genera una inconsistencia de datos, por posible ausencia de conocimiento por parte de los proveedores como de los permisionarios. Esto puede derivar en sanciones por fallos de los mecanismos implementados.

Destacó que no existe una suficiencia de entidades y unidades acreditadas para la inspección de las empresas. En la actualidad existen únicamente dos organismos de acreditamiento, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Mexicana de Acreditación (Maac); donde la primera se ha mantenido en una postura de revisión estricta que se traducen en procesos de acreditación lentos, mientras que la Maac relajó sus procesos y ha derivado en la acreditación de cualquier empresa o persona que así lo desee, degradando el servicio y creando una dinámica de entrega de certificados con observaciones o de cumplimiento parcial, los cuales no son permitidos por la ley.

“Si desde los organismos de acreditamiento y regulación nos empezamos a relajar, y empezamos a tener practicas no ortodoxas, entonces no hay piso parejo ni para permisionarios, ni para las unidades de inspección”, recalcó Luis Chavarría.

Por otra parte, dijo que el cuello de botella para el cumplimiento de estos controles volumétricos ha ido avanzando gracias al apetito por parte de los permisionarios para llevarlo a cabo, aunque no es en gran cantidad. Asimismo, compartió que al día de hoy no hay una prórroga para el cumplimiento de la disposición por parte del SAT, que cuenta con fecha de terminación al 31 de julio del presente año, e incluso ya existen auditorias a los permisionarios por parte de la institución.

La regularización de los permisionarios

Beatriz Marcelino abordó el trabajo realizado por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la cual fue presentado un censo sobre las estaciones de servicio el cual resultó alentador, pero al mismo tiempo alarmante, en el marco de la Onexpo convención 2023.

Recordó que en el mes de junio de 2022, realizó un llamado a la institución sobre las cerca de 2,000 instalaciones que no contaban con el permiso de impacto ambiental o se encontraba vencido. En el censo actual, se cuenta con 4,600 instalaciones registradas, de las cuales 3,258 han dado continuación a los procesos. La baja de instituciones al registro asegura que es debido a falta de seguimiento, falta de documentación o falta en el llenado de los formatos, cosa mencionada por los comisionados de los órganos reguladores.

Exhortó a la capacitación de los usuarios y al cumplimiento y registro del SASISOPA para las instituciones, para obtener la constancia única de registro regulado (CURR). Un requerimiento importante para las actividades de expendio y distribución al público.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para darle continuidad a la regularización pese al cambio de administración y el corto lapso de tiempo que resta de la actual; además de que espera que, en lo relacionado a las multas, las instituciones tomen en cuenta la intención de los permisionarios para la aplicación de multas razonables, sin necesidad de llegar a un juicio.

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