La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México informó la imposición de sanciones administrativas contra cuatro funcionarios vinculados a instituciones del sector energético, incluyendo la Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), como resultado de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control y resueltas posteriormente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con la información oficial, en el caso de la Secretaría de Energía se dictó una sanción de inhabilitación por 10 años junto con una multa de 219.000 pesos contra una exfuncionaria identificada como Marisela G., quien se desempeñaba como directora de Administración y Finanzas en la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, debido a la acreditación del desvío de recursos públicos destinados a la organización de un evento institucional en 2018.

En el caso de Petróleos Mexicanos, las sanciones se derivan de incumplimientos administrativos relacionados principalmente con procesos de entrega de cargo. Se impuso una inhabilitación de un año al exgerente Hilario M. por no realizar el acta de entrega correspondiente al finalizar su encargo en la Subdirección de Servicios de Salud.

Asimismo, se aplicó una suspensión de 30 días a Lourdes C., quien se desempeñaba como coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no formalizar la entrega de un encargo temporal, mientras que Gabriela P., jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, recibió una suspensión de 15 días por omisiones en la documentación de entrega de su puesto durante el año 2025.

Las autoridades señalaron que todas estas sanciones se sustentan en la acreditación de faltas administrativas graves, conforme a los procedimientos establecidos por las instancias internas de control en las dependencias involucradas, asegurando que los casos fueron evaluados bajo criterios de proporcionalidad, legalidad y gravedad de las conductas detectadas.

La Secretaría Anticorrupción destacó que las personas sancionadas mantienen el derecho a impugnar las resoluciones, aunque reiteró que, en caso de apelación, las decisiones serán defendidas con base en evidencia documental y apego estricto a la ley, priorizando la protección del interés público y la integridad del servicio público en el sector energético.

Expertos en gobernanza pública señalan que este tipo de sanciones refuerzan los mecanismos de control interno dentro de las empresas estatales del sector energético, particularmente en instituciones como SENER y PEMEX, donde la correcta gestión administrativa es clave para la eficiencia operativa y la transparencia institucional.