El diseño y la ejecución de la política de transición energética en la República Mexicana enfrentan el reto estructural de incorporar las dimensiones de justicia social, consulta indígena y preservación ecosistémica dentro de los modelos de planeación corporativa.

Las comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac, situadas en la región sur del estado de Yucatán, recibieron la notificación formal de la resolución administrativa que confirma la cancelación absoluta de los megaproyectos de generación fotovoltaica denominados Ticul A y Ticul B, cuya titularidad correspondía a las empresas Vega Solar 1, SAPI de CV y Vega Solar 2, SAPI de CV. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) comunicó que este desenlace jurídico representa la culminación de siete años de litigio estratégico en los tribunales federales, logrando que los órganos judiciales ordenaran el cese inmediato de los efectos legales de las autorizaciones otorgadas de forma previa por la administración pública para la construcción de dichos complejos eléctricos.

La planeación técnica de las centrales solares canceladas proyectaba una vigencia operativa de 40 años sobre una superficie geográfica de 767.23 hectáreas que abarcaba tierras ejidales y de propiedad privada dentro de los límites territoriales de los municipios de Muna, Sacalum y Ticul. Las especificaciones del proyecto contemplaban el desmonte y remoción de la cobertura vegetal en 603 hectáreas de selva media para dar paso a la instalación de un millón 183 mil 500 paneles fotovoltaicos que proveerían una capacidad nominal combinada de 310.5 megavatios de potencia eléctrica.

La infraestructura del complejo incluía de igual forma el desarrollo de una subestación eléctrica elevadora de voltaje, una línea de transmisión de alta tensión conectada a la red nacional, una red secundaria de conducción de energía y un edificio central destinado a las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de captación solar.

El argumento central que sustentó la protección constitucional de las comunidades indígenas radicó en que la Evaluación de Impacto Ambiental fue procesada y dictaminada por la autoridad de manera separada, fragmentando de forma indebida el análisis de las afectaciones ambientales, sociales y culturales que la operación simultánea de ambos complejos solares generaría sobre el ecosistema peninsular. Los peritajes presentados durante el juicio demostraron que la subdivisión del análisis omitía impactos críticos como la fragmentación del hábitat natural, la pérdida de los servicios ambientales que la selva media aporta a la flora y fauna nativa, los daños severos a especies protegidas bajo las normas oficiales mexicanas y la alteración de las funciones de polinización desarrolladas por las poblaciones locales de abejas y murciélagos.

Asimismo, el estudio de impacto detectó riesgos de desabasto y afectación en la recarga natural del acuífero subterráneo, el incremento del riesgo de erosión ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos, el aumento microclimático de la temperatura local, la generación de residuos de manejo peligroso y la restricción del acceso físico al territorio tradicional de uso comunitario.

La cronología de la resistencia legal detalla que las comunidades mayas iniciaron su organización y presentaron las primeras demandas de amparo en el transcurso del año 2019, logrando detener de forma precautoria el arranque de las obras civiles de desmonte mediante una suspensión definitiva otorgada por un tribunal colegiado.

Finalmente, en cumplimiento estricto del fallo judicial de fondo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó las resoluciones administrativas definitivas que invalidan los oficios que contenían las Autorizaciones de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo. La resolución es considerada por las organizaciones civiles como una reivindicación del derecho fundamental a un medio ambiente sano y una advertencia para que las futuras inversiones del sector energético adopten esquemas de consulta previa, libre e informada que respeten la autonomía de los pueblos originarios y la integridad de los recursos naturales del país.

El desarrollo de infraestructura orientada a la transición energética dentro de las cadenas productivas del norte de México consolida un avance fundamental para la competitividad industrial y el cumplimiento de las metas globales de descarbonización. La planta de Trane Monterrey, un complejo de manufactura localizado en el Parque Industrial Stiva dentro del municipio de Apodaca, Nuevo León, ha iniciado formalmente la operación de un avanzado sistema de autogeneración eléctrica basado en tecnología fotovoltaica.

Esta nueva instalación energética tiene la capacidad técnica de producir un aproximado de 9,300 MWh anuales de electricidad limpia, un volumen de generación que permitirá a la corporación abastecer cerca del 40 por ciento del consumo eléctrico total requerido para el sostenimiento de sus operaciones de manufactura pesada en el estado, disminuyendo la presión sobre la red eléctrica local y optimizando sus costos operativos corrientes.

La arquitectura técnica de este esquema de autogestión renovable requirió la instalación y despliegue coordinado de cerca de 10,000 paneles solares, distribuidos de forma estratégica sobre los techos y estructuras de tres de las cinco plantas operativas que dan forma a este importante complejo industrial de la entidad federativa.

De acuerdo con los registros financieros y de planeación de la organización, el desarrollo del proyecto fotovoltaico demandó una inversión de capital estimada en 7 millones de dólares, configurando una potencia instalada de 5.9 megavatios a través del montaje preciso de 9,993 celdas solares de alta eficiencia, una inversión que se suma de forma directa a la estrategia global de sostenibilidad de la matriz Trane Technologies para descarbonizar los procesos de manufactura automotriz y de componentes industriales en los mercados emergentes.

La puesta en marcha de estas soluciones de generación limpia no representa un esfuerzo aislado para la filial mexicana, sino que complementa y potencia las metas de un programa de eficiencia en el uso de la energía que la organización mantiene activo de manera ininterrumpida desde el año 2015.

La consistencia operativa y técnica de las instalaciones regiomontanas le ha permitido a la empresa asegurar la certificación internacional bajo la norma estándar ISO 50001:2018 en materia de gestión de la energía, validando la calidad de sus procesos internos. Asimismo, los esfuerzos de optimización de infraestructura civil se vieron recompensados durante los últimos dos años con la obtención de la certificación ambiental LEED O+M en su nivel de rango Silver para tres de los edificios principales que constituyen el centro industrial de Apodaca.

La estrategia integral de ahorro energético que antecede al despliegue de los paneles solares incorpora tecnologías de punta para la supervisión analítica de los activos del complejo industrial. Entre las adecuaciones técnicas previas destacan los sistemas de automatización avanzada empleados para modular el consumo eléctrico y la temperatura de las líneas de producción mediante la plataforma Tracer SC, una herramienta de control digital complementada con recubrimientos y materiales de aislamiento térmico instalados en los muros y techumbres de las naves de manufactura.

Trane opera de forma global en los mercados de climatización y refrigeración, utilizando su planta de Monterrey como un centro estratégico para la fabricación y distribución de equipos comerciales e industriales de calefacción, ventilación y aire acondicionado que responden a las más altas exigencias de sustentabilidad contemporánea.