Escribo esta reflexión una vez que ha concluido la jornada electoral 2024. La Doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la primera presidenta de México. Su victoria ha sido reconocida; los perdedores han aceptado su derrota y, de acuerdo con la información existente, la coalición ganadora tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Muy seguramente, también tendrán el control de un número importante de las legislaturas estatales. Así, el futuro Gobierno Federal contará con los medios para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por: HORACIO MONTOYA KEY, Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México e integrante del Comité de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Anáhuac México
Si damos por sentado que la política energética ocupa un lugar muy importante en la agenda del nuevo gobierno y que constituirá un eje en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, es lógico aventurar un primer escenario que implicaría que en los próximos meses se den una serie de reformas constitucionales para sentar las bases del marco jurídico y determinar un nuevo entramado institucional para el sector energía. Incluso, es posible que sean aprobadas las reformas promovidas por el actual titular del Poder Ejecutivo y que son conocidas como el “Plan C”.
Con base en este nuevo marco constitucional e institucional, asumimos que el futuro gobierno de la Doctora Sheinbaum buscará garantizar la soberanía energética; incrementar la generación a partir de fuentes limpias con una participación del Estado en un 54% y de los particulares en un 46%; asegurar el acceso de la población a la energía; disminuir la intensidad energética y las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, entre otros planteamientos expresados durante la campaña electoral.
Un segundo escenario que, en lo personal veo remoto, implicaría que no se lleven a cabo reformas constitucionales y que el actual marco jurídico, resultante de la reforma energética de 2013-2014, con adecuaciones a nivel legal y regulatorio, sirva como fundamento para la ejecución de la política energética del nuevo Gobierno Federal.
En cualquier escenario, los integrantes del nuevo gobierno deben ser conscientes que el Estado de Derecho será un elemento indispensable para asegurar la consecución de los objetivos de la política energética. El cumplimiento de la norma otorga certeza para las autoridades y para los ciudadanos, y es un factor indispensable para el desarrollo sostenible de un país.
En su obra “La certeza jurídica como previsibilidad” Gianmarco Gometz ha definido certeza jurídica como “la posibilidad difundida de prever la gama de las consecuencias jurídicas efectivamente susceptibles de ser espontánea o coactivamente conectadas a actos o hechos, así como al ámbito temporal en el cual tales consecuencias jurídicas se producirán” (Gometz, 2012).
La certeza jurídica es resultado de la debida observancia de las normas que prevén derechos, obligaciones, requisitos, procedimientos y límites que permiten anticipar efectos en el ámbito jurídico. La certeza jurídica genera confianza en las decisiones de la autoridad y en la convivencia entre las personas.
No obstante, durante los últimos años la certeza jurídica fue un elemento ausente en el sector, lo que acrecentó la desconfianza y derivó en la judicialización de proyectos mediante controversias promovidas por las empresas públicas y privadas contra decisiones de los órganos reguladores. Además, la desconfianza impidió o dificultó el flujo de recursos para la realización de los proyectos para incrementar nuestra generación de energía.
Así, la plena vigencia del Estado de Derecho es un elemento fundamental que los servidores públicos del nuevo gobierno están obligados a considerar en el diseño y ejecución de la política energética para el periodo 2025-2030.
Sin embargo, hay un gran reto pues tradicionalmente nuestro País no ha destacado en el contexto mundial por sus niveles del cumplimiento de las normas y por la existencia de un efectivo Estado de Derecho. Al respecto me permito invocar algunas referencias del Índice Global de Estado de Derecho 2023.
El Índice Global de Estado de Derecho es un instrumento de medición elaborado por World Justice Project (WJP) que recopila y muestra datos de 142 países respecto de los siguientes ochos factores: a) límites al poder gubernamental; b) ausencia de corrupción; c) gobierno abierto; d) derechos fundamentales; e) orden y seguridad; f) cumplimiento regulatorio; g) justicia civil y h) justicia penal. A mi juicio, los resultados obtenidos en esos factores nos permiten conocer la salud de nuestro Estado de Derecho.
De acuerdo con el propio WJP y la ONU, Estado de Derecho “…es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible” y además “…un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente”.
De acuerdo con este Índice Global, México se encuentra en la posición 116 de 142 países, ya que obtuvo una puntuación de 0.42 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho. México se ubica en el lugar 136 en cuanto a ausencia de corrupción con un puntaje de 0.26 y en el lugar 102 en cumplimiento regulatorio con un puntaje de 0.50.
En este punto debo hacer una precisión en el sentido que si bien los datos del Índice no están referidos al sector energía, en un contexto global y general sirven para advertir nuestras serias deficiencias en cuanto a la vigencia de nuestro Estado de Derecho.
Como podemos observar, en general, la adhesión al Estado de Derecho representa un reto fundamental para el Estado Mexicano, que si bien es una situación que no resulta novedosa para nosotros, pues somos conscientes desde hace tiempo de nuestras deficiencias como País y como sociedad en cuanto a nuestro respeto hacia la norma, sí debiera ser un elemento a considerarse de una manera prioritaria ante las acciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá implementar para hacer efectivos sus planes en el sector energético.
Conviene recordar que sin Estado de Derecho no hay certeza jurídica, sin certeza jurídica no hay confianza y sin confianza no pueden darse las condiciones plenas que permitan tanto al sector público como al privado llevar adelante los proyectos que se requieren para hacer efectivo el derecho que tenemos todos los mexicanos a contar con energía asequible y sustentable.
Por ello, destaco nuevamente mi reflexión inicial, ya que el futuro Gobierno contará con las mayorías suficientes para, en caso de ser necesario, adecuar el marco constitucional que le permita llevar a cabo su plan de gobierno, pero sin la necesidad de generar nuevamente las condiciones de conflicto que surgieron durante el gobierno que concluye, de forma tal que las nuevas normas sean efectivamente aplicadas por las autoridades competentes y cumplidas por las empresas públicas y los particulares.
En complemento de lo anterior, no obstante que contará con las mayorías para aprobar las reformas constitucionales, considero que el nuevo gobierno, en un contexto democrático, debería legitimar dichos cambios consensándolos con las diferentes visiones que subsisten en este sector.
La adecuación y congruencia entre el marco legal y regulatorio con los principios constitucionales actualizados, consensados y legitimados, abonaría en favor de la certeza jurídica y en transitar hacia nuevas condiciones en la adhesión al Estado de Derecho, lo que sin duda beneficiaria a los usuarios para hacer efectivo su derecho a acceder a energía asequible y sustentable.
Felicitamos a la Doctora Sheinbaum y deseamos éxito a su gobierno por el bien de las mexicanas y los mexicanos.
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