Por Luis Vielma Lobo (*)
Durante la COP26, diez naciones y gobiernos se unieron a la Alianza “Beyond Oil and Gas”, que pretende eliminar progresivamente la producción de petróleo y gas. Los miembros se comprometieron a no conceder permisos de perforación, y en un futuro prohibir la producción de petróleo y gas en sus territorios. Dinamarca y Costa Rica son los fundadores. Francia, Groenlandia, Irlanda, Suecia, Gales, California y Quebec se han unido como miembros de pleno derecho, junto con Portugal, Nueva Zelanda e Italia. México en la edición COP26 se incorporó dentro de los treinta países que acordaron colaborar para que los vehículos de emisiones cero se conviertan en la nueva normalidad, haciéndolos accesibles y sostenibles en todas las regiones para el año 2030 o antes.
Esta COP27 reafirma el objetivo del Acuerdo de Paris de limitar la subida de temperatura por debajo de los 2°C con esfuerzos para bajar a 1.5°C. y revalida la necesidad de reducir en 45 % las emisiones para el 2030 y alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo; asimismo, llama a las partes a revisar en 2022 las contribuciones nacionalmente determinadas para orientarlas hacia esta trayectoria. Con ello, se abre la oportunidad para que México revise sus compromisos y los alinee con una estrategia ambiciosa de largo plazo.
Aunque se propuso la necesidad de reducir la producción del carbón como medida imprescindible para alcanzar la meta de temperatura, no fue posible que el Pacto mencionara la necesidad de terminar con la producción de dicho combustible. En el caso de México, 4% de la energía eléctrica proviene de este y es responsable del 10 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en este sector.
Una resolución importante tiene que ver con la reducción de los subsidios ineficientes en combustibles fósiles. Se abre la puerta a una nueva meta de financiamiento que se establezca a través de mecanismos participativos, cambiando la decisión tomada desde el año 2020 de reducir el presupuesto dedicado al sector ambiental y al tema del cambio climático, el cual dirige más del 70 % de los recursos a infraestructura para el transporte y almacenamiento de gas natural.
Desde su participación en la COP26, México ha insistido en una acción climática que contemple los derechos humanos, los derechos de igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas, y se unió a diversas declaratorias para disminuir el impacto ambiental, como la “Declaración de bosques y uso de la tierra”, que busca poner fin a la deforestación para el año 2030, y la “Declaración para la disminución de metano”, que persigue reducir en un 30 % las emisiones de metano para el mismo año. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, por medio del cual busca trabajar ciertos objetivos prioritarios y acciones concretas a ser llevadas a cabo en México durante dicho periodo.
Existe la duda acerca de la capacidad de México de cumplir con la declaración para la disminución de metano, la cual busca reducir las emisiones contaminantes de ese gas hasta en 30 % para 2030 con respecto a las emisiones del 2020. El metano representa alrededor del 20 % del total contaminante en México, aunque hay preocupación de que sus emisiones no se miden o reporten correctamente. Observaciones satelitales permiten estimar que existen diez veces más emisiones que las reportadas oficialmente debido a la quema y venteo de gas natural. Sin embargo, sigue postergándose la aplicación de los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos.
Independientemente de lo planteado por México en el COP27, el país debe revisar y presentar un plan de implementación claro y transparente sobre cómo va a alcanzar las metas al 2030 y los montos de financiamiento que se destinarán para ello. En ese sentido el país ya ha preparado un Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, que tiene cuatro ejes principales y cuyos principales objetivos son: disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los ecosistemas y su biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36 % y de carbono en un 70 % para el 2030, impulsar acciones y políticas de mitigación y adaptación que atiendan a la crisis climática, y fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de implementación entre las instituciones de gobierno. El cierre de plantas de carbón y el uso del combustóleo en la generación de electricidad, junto con los compromisos para duplicar la capacidad de generación con energías renovables, deben ser parte de los compromisos revisados y de la ruta de implementación para esta década.
Para el desarrollo de los objetivos del programa especial de cambio climático, el país puede contar con una importante fuente de recursos como lo es el Fondo Verde del Clima, constituido como mecanismo para ayudar a países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el cual cuenta con cerca de 9.000 millones de dólares para el periodo 2020-2023. Está en manos de las instituciones responsables de México, el poder tener el acceso a estos fondos de financiamiento en la medida que vaya avanzando con resultados tangibles que puedan ser auditados por los mecanismos existentes en las Naciones Unidades.
Acerca del autor:
*Luis Vielma Lobo es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, AMESPAC; colaborador de opinión en varios medios especializados en energía y autor de varios libros.
