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Solicitan evaluar impacto de gasoductos en territorios indígenas

Las comunidades indígenas de México y Canadá solicitaron formalmente a la empresa canadiense TC Energy una evaluación independiente de los impactos causados por los gasoductos Tuxpan-Tula y Puerta al Sureste, instalados en territorios ancestrales del estado de Veracruz. Esta petición fue presentada el pasado 4 de junio durante la Asamblea General de Accionistas de TC Energy, según un comunicado de Greenpeace.

Integrantes de los pueblos otomí, nahua, totonaco, nuntajɨɨyi’ y tepehua de México, junto con el pueblo originario wet’su’wet’en de Canadá, impulsan esta solicitud para evaluar los daños financieros, de tiempo, de reputación y de buena voluntad que ha enfrentado la empresa por no obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por sus proyectos.

El Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño ha señalado que el gasoducto Puerta al Sureste, que transporta gas extraído mediante fracking desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y la refinería Dos Bocas, no ha contado con la participación de las comunidades indígenas locales. Además, las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz no han sido informadas por la empresa sobre los impactos directos e indirectos de la obra en sus medios de vida.

Maribel Cervantes Cruz, del Consejo Autónomo de Seguridad Comunitaria Nahua, indicó que las comunidades nahua, nuntajɨɨyi’ y otras comunidades indígenas costeras no han recibido información adecuada ni de TC Energy ni del gobierno mexicano sobre el gasoducto que se construye en su territorio ancestral.

El Jefe Na’Moks del pueblo Wet’suwet’en destacó que no obtener el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas no solo constituye una violación de derechos humanos y colectivos, sino que también es perjudicial para el negocio.

Las organizaciones también denunciaron el incumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige la realización de una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas, proporcionando toda la información necesaria sobre los impactos de los proyectos.

En agosto pasado, TC Energy negó que la construcción del gasoducto Puerta al Sureste ponga en riesgo un arrecife de coral en Veracruz, como denunció previamente Greenpeace México. Los inconformes han llamado al Gobierno mexicano a garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.

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