Con 31 votos a favor, once en contra y dos abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Erasmo González Robledo (Morena), aprobó la opinión respecto de la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 1º de febrero a la Cámara de Diputados.

El documento avalado establece que la aprobación de la iniciativa “generaría un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, de acuerdo con la evaluación realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de esta Cámara.

Apunta que “la iniciativa podría generar externalidades que pudiesen reflejarse como costos pasivos contingentes, así como la interposición con algunos acuerdos comerciales internacionales”.

La opinión establece que está formulada únicamente en lo correspondiente a lo que compete a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El presidente de la Comisión, diputado Erasmo González, señaló que la opinión se remitirá a la Comisión de Energía para dictamen y por oficio se comunicará a la Mesa Directiva para su conocimiento.

Al hablar en contra del documento, el diputado del PRI, Fernando Galindo Favela, indicó que la repercusión de la iniciativa incrementará los costos de generación eléctrica en el país, que repercutirá en alza en las tarifas de los consumidores o aumentará el subsidio que aporta el Gobierno Federal, mermando su capacidad para atender otras necesidades de la población. Dijo que México tiene que enviar señales de certidumbre jurídica a sus socios comerciales, con los que ha firmado acuerdos internacionales.

A favor, la diputada de Morena, Rocío Barrera Badillo, sostuvo que la iniciativa es fundamental porque establece un mecanismo legal que fortalece a la CFE, permite cumplir con el objetivo de no generar incrementos a las tarifas en términos reales y garantiza la seguridad energética. La ley en la materia atomizó y privatizó la generación de la electricidad con el objetivo de hacer un negocio lucrativo únicamente para los generadores privados y colocar el precio a la oferta y demanda.

En contra, por Movimiento Ciudadano, la diputada Fabiola Guadalupe Loya Hernández, cuestionó el que no se le va a mover ninguna coma a la propuesta, porque vulnera la autonomía del Poder Legislativo. Consideró que la opinión aprobada con premura es parcial y falta escuchar a los participantes del Parlamento Abierto. Agregó que avalar la iniciativa tendría un costo presupuestario de hasta 451 mil millones de pesos, debido a la cancelación de contratos de capacidad y compra-venta de energía eléctrica.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya externó su apoyo a la iniciativa y propuso “no cambiarle ninguna coma” porque está en favor del país y busca el fortalecimiento que garantizará la estabilidad del sector eléctrico a través de las plantas hidroeléctricas de la CFE por encima de las centrales privadas y de ciclo combinado. Dijo que para garantizar las tarifas eléctricas se debe contar con un sistema tarifario que se actualice, en razón, de la inflación.

En contra, la diputada del PAN, Sonia Rocha Acosta, afirmó que no se logró un descuento en las tarifas domésticas durante la pandemia, pese a los reclamos y la situación económica de las familias. Cuestionó que se privilegie la producción de energía eléctrica por la CFE cuando no existen criterios de planeación devolviéndole el monopolio a la misma sin beneficiar a los ciudadanos.

A favor, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) indicó que la iniciativa tiene objetivos muy claros, firmes y necesarios: fortalecer a la CFE, sostener el compromiso de no aumentar las tarifas de energía eléctrica por encima de la inflación y garantizar la seguridad energética como pieza estratégica sobre un concepto de seguridad nacional.

Por el PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez consideró que “de manera mañosa, los autores de esta iniciativa sólo recogen la mitad de los juicios del CEFP sobre el impacto que tendría la reforma”. Las externalidades que vendrán de la renegociación de los contratos o término de los mismos, que se van a ir a tribunales nacionales e internacionales que significarán pasivos para la nación, de corto y mediano plazos. “Estamos hablando de medio billón de pesos que habría que pagar no la CFE, sino las finanzas públicas”

De Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala aseguró que la opinión de la Comisión “no es tramposa ni irresponsable, al contrario, es responsable que atiende básicamente una situación de seguridad nacional y es nuestra responsabilidad como diputados federales salvaguardar los intereses de la nación, privilegiando el interés nacional sobre el particular”. Son cambios legales para fortalecer a la Comisión sobre los privados.

De la misma bancada, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano dijo que es urgente fortalecer a la CFE que garantizará la confiabilidad del sistema eléctrico y las tarifas se fijen conforme a la inflación y no de manera arbitraria, por primera vez se apegará a las condiciones económicas del país.

Por Encuentro Social, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas sostuvo que no podemos permitir que se desmantele la CFE porque se requiere una empresa eléctrica con ingresos altos en apoyo a los ciudadanos y no favorezca a unos cuantos políticos y empresarios. Lamentó que se califique a la Comisión como una empresa monopólica, por el contrario, todos los ingresos se destinan a apoyan a la población más vulnerable y pobre.

En contra, el diputado de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, solicitó que la iniciativa del Ejecutivo Federal se revise antes de votar la opinión de la Comisión, y se requiera al mismo, en el marco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remita y realice una evaluación de impacto presupuestal de esta iniciativa, porque es un requerimiento, a fin de emitir un posicionamiento. Pidió incluir en el acta de esta reunión dicha petición y, hasta no tener este documento se pueda concluir el análisis y posicionamiento de la instancia legislativa.

De Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez sostuvo que la CFE es la mayor productora de energía no contaminante. No es verdad que se quiera hacer a un lado la energía limpia. Explicó que lo que se tiene son contratos de largo plazo. En México, la industria eléctrica sirvió para electrificar al país y subsidiar el consumo de la mayoría de los mexicanos pobres y de los grandes industriales. “No podemos seguir subsidiando así porque es injusto y le hace daño a la CFE, se debe defender al país, que es el que paga”. Se tiene una importante reserva eléctrica que es de la nación y debe preservarse. Llamó a superar las falacias que se dicen; es inaudito, inventando patrañas, las cosas van a tomar su nivel y exhortó a la Cámara, después de haber esperado más de dos años, se apruebe.