En reunión a distancia, las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, en lo general, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
La Comisión de Energía, que preside la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, aprobó el dictamen con nueve votos en favor y seis en contra. En tanto, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con ocho votos en pro y cuatro en contra.
La mayoría de los integrantes de estas comisiones acordaron que la discusión de las reservas al dictamen se lleve a cabo en la sesión del Pleno.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados y que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, busca garantizar la soberanía y seguridad energética de México, así como desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos.
Además, pretende reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
Para ello, propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de éstos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Sugiere que la Sener y la CRE puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.
De la misma manera, dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y que no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas.
Otro de los objetivos de la reforma, es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron, pues establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.
Plantea que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos, sin la autorización correspondiente.
Por otro lado, el proyecto establece que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, ésta se entenderá en sentido negativo.
La reforma eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
También elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
Al respecto, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, aclaró que la minuta no propone extinguir la propiedad de ninguna compañía privada, eliminar las participaciones de los particulares en el mercado nacional, ni transferir al Estado la rentabilidad o utilidad de las empresas.
Precisó que con estas modificaciones se evitará el robo y contrabando de combustibles y se fortalece el marco regulatorio para que los inversionistas tengan certeza y seguridad jurídica, lo que se verá reflejado en el incremento de las inversiones en el sector, además de cuidar el bolsillo de los consumidores.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que, aun cuando no hay coincidencias, senadoras y senadores han trabajado con gran responsabilidad para cumplir con el trabajo legislativo. La visión de la propuesta, puntualizó, es la reconstrucción de la soberanía, la economía y la seguridad nacional del país.
Por Morena, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García afirmó que la corrupción heredada por administraciones anteriores mina la seguridad energética y provoca que prevalezca la desigualdad en el acceso a la energía de las y los mexicanos. La reforma no busca castigar a la inversión privada, subrayó, sino poner “piso parejo” en el mercado de hidrocarburos.
De Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto aseveró que se trata de una ley “embudo”, confiscatoria y expropiatoria. Estamos, dijo, ante una iniciativa que elevará los precios de los combustibles e instaurará la discrecionalidad con las facultades metaconstitucionales que se le otorgan a la Secretaría de Energía.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que la mal entendida soberanía nacional, la supuesta seguridad energética y el falso combate a la corrupción no deben ser pretexto para violentar los principios constitucionales sobre los que se funda el Estado de derecho”.
Indira Kempis Martínez, senadora de Movimiento Ciudadano, indicó que la propuesta plantea cancelar un permiso otorgado a una compañía privada si representa un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o económica; esta ambigüedad de los términos, adelantó, permitirá violentar los derechos de la iniciativa privada.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo advirtió que este dictamen se encuentra viciado desde su origen, además de que su proceso legislativo ha sido opaco. Opinó que la reforma agravará la incertidumbre en el sector energético y privilegiará, de manera injustificada, a las empresas productivas del Estado.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué dijo que el PVEM considera que esta minuta no debe aprobarse en sus términos, ya que podría afectar el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, al generar incertidumbre jurídica. Ello, agregó, podría resultar en el incremento de los bienes y servicios del mercado.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que la reforma generará una disminución en la inversión privada, ya que impone el requisito de la capacidad de almacenamiento a las empresas, aun cuando se dediquen a actividades diferentes, lo cual representa una barrera de entrada para los particulares.
