Por: Dr. Claudio Rodriguez Galan

Ayer tuve una siempre agradable conversación con una querida amiga del sector; una abogada muy reconocida de décadas en el sector hidrocarburos y con una capacidad de análisis como pocas personas la tienen.  Le encantan los caballos, para disipar dudas. Ella fue la primera en decir que se tiene que trabajar con el nuevo marco jurídico en lugar de lamentarnos lo que ya no es y nunca más será. Toda la razón del mundo.

Así, al momento de escribir estas líneas seguimos esperando las versiones finales de la legislación federal en materia energética, cuyos Decretos se han discutido suficiente y bajo las cuales trabajaremos con el mismo interés y capacidad de aplicar nuestra experiencia ante la nueva realidad y necesidades de nuestros clientes.

Sin embargo, en lo personal, me sigue preocupando un tema que no es propio del sector energía pero que por supuesto tiene injerencia y posible relación en la práctica. Así, el elefante en la sala a la que me refiero, es la reforma al Poder Judicial. Las señales paralelas que detecto en un análisis deductivo, son las que expongo en el presente.

Mi preocupación la detonaron dos anuncios. El primero fue un último acto del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Martí Batres, eliminando un párrafo de la Constitución de la Ciudad de México, que imponía ‘el respeto irrestricto a la propiedad privada’ para dejar que se estará al principio del 27 Constitucional. Pocos reaccionaron pensando que de todas formas se tutela la propiedad en la disposición constitucional. Si pero existe la expropiación, que por supuesto, es un acto soberano que, por esencia y ontológicamente, va en contra del respeto irrestricto a la propiedad privada. Así la lectura es distinta, no es cierto?

El segundo anuncio fue un oficio de su hermana, Ministra Lenia Batres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se pretendía analizar una disposición tributaria no en base a principios y una objetiva interpretación constitucional, sino textualmente, en miras a la protección y continuidad financiera de los programas sociales. Muchos reaccionaron en contra, incluyendo las Ministras Loretta Ortiz (quien por cierto fue mi profesora en la Facultad) y Jazmín Esquivel, ambas propuestas por el expresidente Lopez Obrador. De ese nivel era (es) el calado de lo pretendido.

Bien. Ahora recordemos que hay temas que no pueden ser materia de mecanismos alternos de solución de controversias, incluyendo el Administrativo y el Tributario. Efectivamente hay tratados de protección a inversiones y otros foros e instancias, pero como bien me hicieron un comentario en redes, ‘nadie invierte en un país con la espada de Damocles de terminar en arbitrajes internacionales’.  Ahora, si agregamos a la ecuación que tendremos una nueva composición de la totalidad del Poder Judicial en un futuro y que desconocemos los perfiles, filias y fobias definitivas, por un lado, y que existen esbozos de racionales que se ostentan como protectores de intereses nacionales, públicos y del pueblo, pero siendo contrarios a principios fundamentales de nuestro sistema jurídico y al propio estado de Derecho, tenemos un potencial problema que merece ser discutido seriamente.

Y tercero, los dos anuncios descritos arriba confirmaron mis hipótesis planteadas en mi tesis Doctoral (en proceso de publicación como libro a intitularse “Justicia y Bien Común”) donde señalé expresamente que ‘no es raro el uso dogmático entonces del concepto de bien común, bien de la nación, bien del pueblo y analogías para cometer atrocidades, promulgar leyes injustas y otras barbaridades escudadas en la democracia local pero cuyos efectos se dejan sentir ya en un mundo globalizado.  Algo que la gran filosofa Hannah Arendt dedicó toda su vida, y como hemos podido ver, el abuso de las leyes injustas y la pretensión de que sean aplicadas de forma caprichosa y voluntaria, es un fenómeno y un cáncer tanto de una postura ideológica como de otra. No es una postura ni de izquierda, centro ni derecha, pues todas las ideologías han abusado de dichos términos. Es por ello, y como hemos señalado, son las democracias la que deben establecer mecanismos que protejan esos conceptos, pues de lo contrario, los gobiernos, aun democráticamente electos, estarán tentados a utilizar el concepto para sus fines estatales, que no necesariamente públicos. Peor si sus efectos traspasan sus fronteras vulnerando con ello el propio principio de soberanía’.

Vamos, como un preocupante anillo al dedo, salvo su mejor opinión.

En concreto a nuestro sector y para no divagar. Espero sinceramente que se pueda hablar abiertamente del elefante en la sala en nuestro sector, pues en mi percepción afecta los fines de la clara apertura que ha demostrado la Dra. Claudia Sheinbaum en los pocos meses que tiene como Presidente de México y que el sector ha visto con agrado cauteloso, incluyendo (si bien perfectibles de lo que hemos podido leer en los Decretos, no en versiones finales) las leyes propuestas y que representan un enorme esfuerzo por lograr consensos y equilibrios. De verdad, por el bien de todos, primero el Derecho.