Desde el inicio de la administración actual se ha dado un cambio de política pública y del discurso político que tiene como objetivo limitar los mercados en el sector energético, reducir la participación del sector privado y beneficiar a las empresas productivas del Estado, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien afirma que se busca aumentar la participación de mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no la rentabilidad de ésta.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis cronológico sobre las acciones regulatorias, legales y de política pública que ha realizado la actual administración para cerrar la puerta a la iniciativa privada en la generación eléctrica.

El IMCO concluye que revertir la apertura en el sector eléctrico tiene consecuencias altamente negativas para los costos de generación eléctrica, el medio ambiente, la transición energética, las finanzas públicas, el clima de inversión y tratados internacionales, así como para la propia CFE. Cerrar la puerta a la energía eléctrica del sector privado afecta la competitividad del país.

Estas son las implicaciones legales y regulatorias que destacan en la reforma del Gobierno federal para favorecer a la CFE a costa de los inversionistas privados:

• Mayores costos de generación. Adquirir energía eléctrica de privados con costos significativamente menores a los de la CFE genera ahorros a la empresa. En 2020, el costo promedio de generación eléctrica de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos por megawatt-hora, comparado con 1,413 pesos por parte de las centrales de la CFE.

Previo a la reforma, el despacho en el sistema eléctrico mexicano funcionaba en términos de mérito, es decir se despachaban las plantas de menor a mayor costo y se fijaba el precio con los costos variables de la última planta despachada para satisfacer la demanda. Este sistema genera incentivos para la eficiencia, minimiza los costos de generación para el sistema y da información transparente que permite la planeación y condiciones equitativas para todos los participantes del mercado.

• Presión a las finanzas públicas. El subsidio a las tarifas de suministro básico en 2021 será de 70 mil millones de pesos.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, si es que se implementa, tendrá un efecto negativo en las finanzas públicas mayor al de 2021 por el aumento en los costos de generación. El efecto para la salud financiera de la CFE y para las finanzas públicas federales depende de si los incrementos en los costos de generación son financiados por los usuarios domésticos, empresas, o la Hacienda Pública en caso de que se decida no incrementar las facturas eléctricas de los consumidores.

• Daño al medio ambiente. En el Acuerdo de París, México se comprometió a generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024. Las medidas para beneficiar las plantas de combustibles fósiles de la CFE hacen a este objetivo inalcanzable. 

El efecto del despacho de las centrales de la CFE beneficia a sus plantas convencionales fósiles incrementando su generación y por lo tanto las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El nivel de incremento dependerá de la velocidad y magnitud de la recuperación de la actividad económica y por lo tanto de la demanda eléctrica. El deterioro en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de México es innegable. La reforma a la LIE retrasa la posibilidad de integrar energía eléctrica limpia y barata que ponga a México en la senda del crecimiento sustentable que no solo aumente la competitividad de la economía, sino el derecho de los mexicanos de vivir y gozar un medio ambiente sano.

• Afecta el clima de inversión y tratados internacionales. Beneficiar solo a la empresa productiva del Estado, afecta los escenarios posibles, además de que el crecimiento económico y el clima de inversión se verán negativamente afectados.

Los inversionistas privados potencialmente recurrirán a los mecanismos de protección de inversiones y arbitrajes contemplados en los tratados comerciales suscritos por México con el consiguiente efecto negativo para las finanzas públicas futuras y para los mexicanos en general.

Las acciones del Gobierno federal pretenden la eliminación de las condiciones de competencia para favorecer a la CFE, sin embargo, esto no necesariamente la fortalece financieramente. Por el contrario, en un ambiente competido sería imposible ignorar las ineficiencias de la CFE.

La mayoría de las medidas regulatorias y legales que se han presentado eliminan competencia para la CFE mientras que algunas otras cubren sus deficiencias o le proveen más recursos:

• Los cambios regulatorios se traducen en parálisis regulatoria, y las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos eliminan competencia para la CFE.
• Las modificaciones al orden del despacho cubren las deficiencias de la CFE y eliminan toda pretensión de competencia en el sector, mientras que todas las acciones para incrementar tarifas incrementan sus ingresos. Algunas de las consecuencias son:
  • Incremento de emisiones de gases de efecto invernadero
  • Incremento de costos de generación
  • Eliminación de todos los incentivos para atracción de inversiones
  • Incertidumbre sobre la determinación de precios
• La creación de la figura de contrato de cobertura eléctrica con entrega física, que solo puede ser suscrito por la CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB), es potencialmente la mayor barrera para destruir las condiciones de competencia y existencia del mercado.