Por: Mauro Ernesto Juárez Bautista. Académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México.
Más de un tercio de la población mundial vive en pobreza energética, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Este fenómeno, reconocido en Europa como la falta de acceso a servicios energéticos esenciales, afecta tanto el bienestar de las personas como el desarrollo social. A nivel global, la pobreza energética ha ganado relevancia en las agendas públicas, con la Unión Europea liderando la medición y análisis de este problema a través del Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV).
El concepto de pobreza energética surgió en la década de 1970, cuando la crisis del petróleo afectó a las poblaciones más vulnerables de Europa. En la década de 1980, Brenda Boardman definió la pobreza energética como la situación en la que un hogar gasta más del 10% de sus ingresos en energía para mantener una temperatura adecuada, principalmente en invierno. Esta definición impulsó políticas públicas en el Reino Unido para garantizar el acceso a energía asequible.
Desde entonces, el concepto ha evolucionado y la pobreza energética se entiende hoy desde múltiples dimensiones, como el acceso a energía, la calidad de los servicios recibidos, la eficiencia energética del hogar y la capacidad de pagar sin comprometer otros aspectos básicos del bienestar. La pobreza energética es un fenómeno multidimensional que requiere un enfoque integral. Aunque existen diferentes formas de abordar este fenómeno, en este artículo se aborda la pobreza energética desde la perspectiva del acceso, sin restar importancia a otras formas de entender esta problemática.
Según datos del Banco Mundial, la mayoría de los países desarrollados ya han resuelto completamente el acceso de sus ciudadanos tanto a la electricidad como a energías modernas para el uso doméstico. Por otro lado, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Latinoamérica aún el 6% de la población no tiene acceso a electricidad, y el 19% carece de acceso a energías modernas en el hogar (como gas LP o gas natural) para cocinar y calentar agua sanitaria.
La población latinoamericana asciende a 624 millones, lo que significa que más de 150 millones de personas en la región aún no tienen acceso a energía en sus viviendas. Además, cálculos con datos institucionales indican que el acceso a la energía en Latinoamérica está moderada o fuertemente correlacionado con indicadores clave como la supervivencia infantil, la esperanza de vida al nacer y la tasa de finalización de la educación primaria.
La falta de acceso a la energía contribuye en parte a las variaciones en dichos indicadores en la región. Por tanto, en Latinoamérica el acceso a la energía es una cuestión de vida o muerte, especialmente para la población infantil. Este acceso influye desde el nacimiento y a lo largo de la adolescencia, impactando no solo la esperanza de vida, sino también la capacidad de finalizar la educación primaria.
Hasta ahora, México ha logrado una electrificación del 99.2% de la población y una cobertura del 84.7% en energías modernas para cocinar y calentar agua en los hogares. Esto implica que un millón de personas siguen sin acceso a electricidad y 20 millones carecen de energía moderna en sus viviendas, en una población estimada de 132 millones en 2024, según el CONAPO.
Aunque la electrificación ha avanzado notablemente desde el 2000, alcanzando el 99.2% desde el 94.5% inicial gracias a los esfuerzos de la CFE, el progreso en energía moderna para cocinar ha sido lento, aumentando apenas del 82.6% al 84.7% en más de dos décadas. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares de 2018, el 11% de los hogares aún utilizan leña para cocinar, el 79% usan gas LP y el 7% gas natural, mientras que el resto emplea energía eléctrica para estas necesidades. La Prospectiva de Gas Natural 2023-2037 de la SENER proyecta pocos cambios en la demanda de combustibles residenciales para los próximos 15 años. Dado que la tendencia no cambiará, la reducción de la pobreza energética requiere de una intervención decidida.
En México, la investigación sobre pobreza energética es limitada en comparación con la extensa producción en Europa y Asia. Los estudios existentes provienen de investigadores de diversas disciplinas, trabajando de forma independiente o en colaboración con instituciones como El Colegio de la Frontera Norte, el ITESM, la UANL, México Evalúa y, más recientemente, la Universidad Anáhuac México. Es crucial aumentar la cantidad de investigadores, instituciones académicas, empresas comprometidas con la responsabilidad social corporativa. Además, se deben crear más espacios de reflexión que profundicen en la pobreza energética en México.
El acceso a la energía debería considerarse un derecho humano en nuestros países desde el nacimiento, dado su impacto en la mortalidad infantil y la expectativa de vida en Latinoamérica. También es necesario reconocer legalmente las diversas manifestaciones de pobreza energética en México, que varían por estado y municipio. Este reconocimiento facilitaría la justicia distributiva, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a la energía, y la justicia procedimental, permitiendo la participación social en la formulación de políticas y decisiones.
La mitigación de la pobreza energética también debería integrarse en los grandes proyectos energéticos del país, tanto públicos como privados, enfocándose en mejorar las condiciones de vida mediante políticas sociales y programas de responsabilidad corporativa que aseguren un retorno social de la inversión. Además, esta manifestación de pobreza debería incluirse en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), para que el CONEVAL la evalúe como una dimensión propia. Lo que no se mide, no se mejora, y es esencial que abordemos esta dimensión de la pobreza en México.
En el ámbito de la energía moderna para la vivienda, donde el progreso ha sido lento, tenemos la oportunidad de mitigar la pobreza energética mediante políticas públicas que promuevan la distribución del gas natural en áreas urbanas y el desplazamiento del gas LP hacia zonas rurales que aún dependen de la leña y quedan lejos de infraestructura moderna.
En México, enfrentamos grandes desafíos en el sector energético, con una notable ausencia de la pobreza energética en las agendas del sector público y privado. La falta de acceso a energía eléctrica y moderna (gas LP, gas natural) para cocción de alimentos y agua sanitaria está vinculada con la mortalidad infantil, la expectativa de vida y la finalización de la educación primaria, según datos internacionales para Latinoamérica. Esto debe impulsar al sector público, la iniciativa privada y la academia a analizar las causas y consecuencias de la pobreza energética.
Necesitamos una política pública que desarrolle infraestructuras energéticas con enfoque social para mitigar este problema en nuestro país. Es esencial que las políticas energéticas se integren con las de desarrollo social y que los programas de responsabilidad social corporativa aseguren retornos sociales significativos. Millones de mexicanos esperan acceso a servicios energéticos que les permitan desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida. Gobierno, empresas y academia tienen un papel crucial en la solución. Es momento de actuar desde nuestras posiciones para mitigar la pobreza energética y fomentar un futuro más próspero para México.
