Por Diego Aguilar

El sector energético en México requerirá inversiones estimadas de entre 9,690 y 18,000 millones de dólares hacia el año 2030, provenientes de esquemas de financiamiento públicos y privados, para desplegar la infraestructura de Sistemas de Almacenamiento de Energía que exige el Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo con Ayalli Gurría Gallardo, Directora Comercial de la empresa almacenados de energía Quartux.

Esta inyección de capital resulta indispensable para integrar, de manera segura y eficiente, la nueva capacidad de generación de fuentes renovables contemplada en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. El despliegue de esta tecnología permite mitigar la intermitencia inherente a estas fuentes de energía y garantiza la estabilidad operativa de la red nacional ante las crecientes demandas de consumo industrial y residencial.

«Los Sistemas de Almacenamiento Energético (SAE) actúan como el puente técnico y financiero entre el objetivo de inversión anunciada por la Presidencia y la realidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional«, afirmó Ayalli Gurría Gallardo en entrevista con Global Energy.

Quartux es una empresa especializada en el almacenamiento energético en México, la cual opera mediante sistemas avanzados de baterías de ion-litio y un software propio impulsado por inteligencia artificial. La compañía se dedica a ofrecer soluciones integrales de seguridad energética, eficiencia operativa y descarbonización, enfocándose principalmente en atender las necesidades de empresas de alto consumo eléctrico que buscan optimizar sus procesos productivos y reducir sus emisiones contaminantes.

Los escenarios técnicos vinculados al plan gubernamental indican que el país tiene la urgencia de incorporar entre 8 y 12 gigavatios de capacidad de almacenamiento basada en fuentes renovables durante la actual administración. Esta infraestructura de respaldo debe contar con una capacidad de duración promedio de dos a cuatro horas, lo que equivale a un requerimiento de entre 16 y 40 gigavatios hora de energía almacenada para satisfacer las exigencias operativas del mercado eléctrico y evitar fallas en las líneas de transmisión.

«Se estima un Costo de Capital en el rango de entre 1,938 y 2,401 millones de dólares para el despliegue de un gigavatio de almacenamiento para gran escala«, detalló Gurría Gallardo.

Participación mixta y regulación del mercado

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con la capacidad institucional para asumir diversos roles dentro de este esquema de expansión energética. La empresa productiva del Estado puede participar como inversionista estratégico en nodos críticos de la red, como operador o integrador asociado a las líneas de transmisión, e incluso como cliente directo en proyectos híbridos de generación renovable a gran escala.

El modelo de negocio proyectado como el más viable para el país consiste en un esquema público-privado de naturaleza híbrida. En esta estructura financiera, las empresas privadas asumen la responsabilidad de aportar el capital, la tecnología de almacenamiento y la experiencia operativa. Por su parte, el sector público mantiene el compromiso estricto de asegurar la integración sistémica y liderar la planeación general de la red eléctrica.

«Podemos apostar por proyectos en corredores estratégicos y modelos de financiamiento mixto que alinean inversión pública y privada, reduciendo tiempos de implementación y riesgos técnicos«, subrayó la directiva.

Para otorgar certeza jurídica y viabilidad financiera a estas inversiones, la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo A/113/2024. Este documento normativo establece las disposiciones administrativas, define las modalidades de incorporación y detalla los requisitos técnicos indispensables para que los activos de almacenamiento puedan participar formalmente y recibir remuneración dentro de las operaciones del mercado eléctrico mayorista.

La matriz actual de generación de electricidad en el territorio nacional mantiene una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, los cuales representan cerca de 75% de la producción total, mientras que más del 60% proviene de la quema de gas. Esta configuración evidencia la urgencia de implementar baterías a gran escala como herramienta técnica para acelerar la transición hacia fuentes limpias, sin comprometer el suministro ininterrumpido a los usuarios.

«Bajo el contexto actual y los planes de inversión, en Quartux vemos un importante despegue de las soluciones integradas con baterías de gran escala«, anticipó la experta del sector.

Eficiencia operativa y mitigación de riesgos

La incorporación masiva de estas tecnologías aporta servicios esenciales para la estabilidad del sistema nacional, tales como la regulación de frecuencia, la reserva operativa, la gestión eficiente de los picos de demanda y el arbitraje de energía. A mediano plazo, estas funciones permiten optimizar el despacho eléctrico y disminuyen los costos derivados de la congestión en las líneas de transmisión.

La evidencia obtenida en mercados internacionales respalda la viabilidad financiera de estas inversiones. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, el despliegue a gran escala de sistemas de almacenamiento ha demostrado su capacidad para disminuir el costo total de operación, reducir la volatilidad de precios y abrir la posibilidad de registrar bajas significativas en las tarifas eléctricas para el sector industrial y residencial.

Para dimensionar el ritmo de adopción de esta tecnología, el informe Energy Storage Market Outlook indicó que en Estados Unidos «las instalaciones de almacenamiento estacionario de energía en baterías superaron los 57 gigavatios hora, un aumento interanual del 29%«. El mercado a gran escala impulsó el crecimiento con California, Texas y Arizona representando 74% de la capacidad instalada.

El avance de la tecnología de baterías a nivel nacional enfrenta riesgos técnicos relacionados con la coordinación del almacenamiento. Los operadores del sistema requieren una gestión y control en tiempo real precisos para almacenar y descargar energía de manera eficiente. A la par, el sector productivo necesita fortalecer la capacitación técnica del personal encargado de la operación y mantenimiento rutinario de estos equipos.

En el ámbito regulatorio, el desafío principal radica en lograr una implementación efectiva del marco normativo definido por las autoridades energéticas. Los inversionistas exigen certeza en las reglas de operación y claridad en los mecanismos de pago por servicios conexos, elementos fundamentales para asegurar el retorno de las inversiones en infraestructura de largo plazo.

«La demanda energética del país tendrá la necesidad de sumar decenas de miles de megavatios en los próximos años para garantizar confiabilidad; en ese marco, iniciativas coordinadas entre autoridades, CFE y privados son indispensables«, concluyó Ayalli Gurría Gallardo.