Por Marcos Avalos · Director de Proyectos Estratégicos, TUVANSA

En septiembre de 2026, Toronto fue sede de la primera Cumbre de Inversión de Canadá, un encuentro en el que el gobierno federal presentó su cartera de proyectos ante más de un centenar de los mayores inversionistas del mundo, con alrededor de 120 billones de dólares en capital bajo administración. En unas 270 reuniones individuales, el mensaje fue claro: el país busca 300 mil millones de dólares para el sector energético —repartidos entre generación convencional, energía limpia y servicios públicos— y 40 mil millones para centros de datos.

Figura 1. Inversión en Canadá y centros de datos en Alberta

Detrás de esta apuesta hay una lógica que va más allá de la infraestructura. Para Canadá, almacenar y procesar datos en su propio territorio es un pilar de soberanía en la era digital. El país tiene una larga tradición de liderazgo intelectual en inteligencia artificial, que se remonta a la década de 1970, y los centros de datos son la extensión natural de esa capacidad: no basta con desarrollar los modelos, también hay que contar con la infraestructura para ejecutarlos. De ahí el impulso al llamado cómputo soberano, que permite a desarrolladores y empresas operar con mayor autonomía y seguridad, y a la formación de centros de excelencia que atraen especialistas en IA, técnicos en refrigeración y emprendedores.

Para hacer atractiva la cartera, el gobierno anunció una deducción de productividad que permite deducir de inmediato el 100 % de la inversión en la mayoría de los activos productivos. Para las empresas de petróleo y gas, el flujo de caja mejoraría entre 6 % y 7 %, lo que coloca al régimen fiscal canadiense entre los más competitivos del G7.

Alberta concentra buena parte del interés. Ofrece gas natural abundante, clima frío que reduce el costo de enfriamiento, un mercado de generación privado y amplias extensiones de tierra con baja densidad de población. La demanda potencial es enorme: la cola de interconexión suma cerca de 20 gigawatts, frente a un consumo promedio de unos 10 gigawatts. Por ello, la primera etapa limitó el acceso a la red a 1,200 megawatts, y el nuevo marco regulatorio da prioridad a los proyectos que aportan su propia generación.

Los riesgos no son menores. El efecto en las tarifas es incierto: los costos de transmisión pueden repartirse entre más usuarios, pero si la demanda llega antes que la nueva generación, los precios suben, como ocurrió en el mercado de capacidad de PJM en Estados Unidos. A ello se suman el consumo de agua, la escasez de transformadores y turbinas de gas, y la falta de un regulador único. El rechazo al proyecto Synapse en Olds, los desafíos legales del proyecto Wonder Valley y las exigencias de consulta de las Primeras Naciones muestran que la licencia social pesa tanto como el capital.

Reflexión para México

México vive su propio auge de centros de datos, sobre todo en el Bajío, impulsado por la relocalización de cadenas productivas. La experiencia canadiense ofrece tres lecciones. Primero, la soberanía digital empieza por la soberanía energética: sin generación suficiente y una red de transmisión robusta, los centros de datos compiten con hogares e industria por la misma electricidad. Segundo, vincular cada proyecto con su propia fuente de energía —aprovechando el gas natural importado y los esquemas de autoconsumo previstos en el nuevo marco eléctrico— reduce la presión sobre el sistema y sobre las tarifas. Tercero, el agua y la consulta comunitaria deben resolverse desde el diseño, no después.

Hay, además, una oportunidad industrial. Cada centro de datos demanda tubería, válvulas, sistemas de protección contra incendio, subestaciones y obra civil. Si la política pública acompaña la atracción de inversión con reglas de contenido nacional y certidumbre regulatoria, México no solo albergará servidores: integrará a su industria en la cadena de valor de la economía digital.