Air Liquide ha anunciado la construcción de un proyecto para suministrar 25,000 toneladas anuales de hidrógeno verde a una biorefinería de TotalEnergies en el sur de Francia. El proyecto, que tendrá un costo de 150 millones de euros, se llevará a cabo en la biorefinería de La Mede, cerca de Marsella, y producirá hidrógeno renovable a partir de subproductos biogénicos reciclados en lugar de utilizar hidrocarburos fósiles como materia prima. Se espera que la producción comience en 2028.
Air Liquide está invirtiendo más de 80 millones de euros en este proyecto, mientras que TotalEnergies cubrirá el resto del costo. Por separado, TotalEnergies y Engie desarrollan un proyecto solar de hidrógeno verde llamado Masshylia, anunciado en 2021, que suministrará 10,000 toneladas anuales de hidrógeno renovable a la misma biorefinería. Se espera que la primera etapa de este proyecto, una electrolizadora de 20 MW, comience a operar en 2029, sujeto a la confirmación de subsidios europeos y permisos públicos necesarios.
Las nuevas normativas de la Unión Europea, que entraron en vigor el año pasado, exigen que los refinadores de petróleo, como TotalEnergies, obtengan al menos el 42% de su hidrógeno de fuentes verdes para 2030. Esto se aplica a todos los usos de hidrógeno, excepto cuando se utiliza como combustible de transporte, en cuyo caso se debe cumplir con el mandato del 1% de energías renovables para 2030.
Vincent Stoquart, presidente de refinación y químicos de TotalEnergies, afirmó: “Casi 10 años después del anuncio de su conversión, la plataforma de La Mede continúa su transformación y se convierte en un centro de producción de hidrógeno de baja emisión, contribuyendo así a la ambición de descarbonización de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul”.
Air Liquide también suministrará 10,000 toneladas anuales de hidrógeno verde a la refinería de TotalEnergies en Normandía, en el norte de Francia, a partir de su proyecto Normand’hy de 200 MW a partir del segundo semestre de 2026. No se ha aclarado todavía cómo se utilizará el hidrógeno restante o cuándo se tomará una decisión final de inversión sobre este proyecto.
En el marco de Expogas Ciudad de México 2024, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de los consumidores, ante los cambios que representa la desaparición de los órganos autónomos en el sector energético.
Alicia Zazueta, Presidenta de AMPES, comentó que en estos tiempos de cambios en la industria del combustible es necesario incentivar las inversiones.
«No importa quién regule, buscamos que la actividad continúe en el sector, evitar incumplimiento y adaptarnos a los cambios».
Expogas Ciudad de México reúne este día a los principales proveedores de servicios y equipos para gasolineras. Este evento adquiere relevancia ya que entre Ciudad de México y el Estado de México existen alrededor de 1,300 estaciones de servicio, lo que representa 11% de las gasolineras que operan en el país.
El pasado viernes, directivos de Pemex y la CFE sostuvieron una reunión con Shelly Shetty, directora ejecutiva de Fitch Ratings, para dialogar sobre el Plan Nacional de Energía y las perspectivas para las empresas públicas. En el encuentro participaron el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y los directores de finanzas de Pemex y CFE.
Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), destacó en sus redes sociales la importancia de este tipo de encuentros, los cuales buscan analizar el desempeño y las proyecciones del sector energético mexicano.
Fitch Ratings, que a principios de octubre publicó tres escenarios distintos para Pemex, expresó que una mejora en la calificación de la petrolera dependerá de la evolución tangible de sus resultados financieros. Adriana Eraso, directora de Corporativos de Latinoamérica de Fitch Ratings, explicó que, aunque las proyecciones de crecimiento son positivas, la agencia solo tomará una acción positiva cuando se evidencie una mejora en términos de flujo de efectivo, coberturas, endeudamiento y rentabilidad.
Este encuentro se da en un contexto de interés por parte de las agencias calificadoras sobre la situación financiera de Pemex, cuyos resultados influirán en las decisiones estratégicas y de inversión de la empresa en los próximos años.
La Constitución Mexicana ha sido modificada en sus artículos 25, 27 y 28 para imponer un nuevo cambio en el sector energético en México. No repetiré lo que varias otras opiniones han dicho sobre los detalles. Lo que está claro es que la instrumentación en las leyes secundarias aún está por verse y es ahora momento de hacer varias sugerencias, exponer algunas ideas y externar preocupaciones serias.
Primero
Las leyes (principalmente la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reglamentos, entre otras) deben incluir reglas claras sobre la cooperación público-privada ya anunciada, incluyendo en su caso, nociones del clausulado básico de los contratos en los que la asignación de riesgo y la estructura de financiamiento sean claras pues son cruciales para atraer interés, si es que lo hay. En todo caso, el estado de derecho siempre estará presente para una adecuada bancabilidad, por lo que deben considerarse mecanismos alternativos de resolución de disputas.
Segundo
También se ha anunciado un contrato de compraventa de energía a largo plazo con la CFE y se ha prohibido cualquier participación de privados en la transmisión y distribución. Sin embargo, en el primer caso, con las subastas eléctricas expresamente prohibidas, el mecanismo para encontrar contrapartes privadas aún está por verse. En el segundo caso, mi interpretación es que dicha prohibición se refiere obviamente a la participación privada en la operación y supervisión del SEN (donde la participación privada está prohibida incluso antes de la Reforma Energética de 2013), pero esto podría abrir colaboraciones ‘llave en mano’ para su construcción utilizando como ejemplos el modelo OPF que alguna vez se utilizaron con éxito en México. Mi interpretación, nuevamente, es que son los esquemas BOO, BOT los que no tienen cabida.
Tercero
El Mercado Eléctrico Mayorista permanece en su lugar, pero los jugadores necesitan que las Resoluciones y Acuerdos previos se mantengan como están (o mejorados para el beneficio de la nueva relación entre la nueva CFE y los jugadores privados) aún más con la CRE integrada a la Secretaria de Energía. Cualquier efecto retroactivo (amen de contrario al artículo 14 Constitucional) a futuras reglas secundarias enviará señales muy negativas tanto al mercado existente como a las nuevas inversiones. El transparente acceso al mercado debe seguir siendo una regla (si bien lleva seis años siendo la excepción), evitando restricciones o cambios artificiales a los costos, condiciones, precios y productos. Nuevamente, con una CRE integrada a la Secretaria de Energía, esto seguirá siendo un desafío.
Cuarto
Se deben evitar más cambios que afecten derechos previos, incluidos cambios negativos tanto en el acceso al mercado como a la interconexión a las redes de transmisión y distribución. Las reglas sobre Generación Distribuida (ahora hasta 0.7 MW) y Abasto Aislado (No Interconectado) hasta 20 MW, son cambios positivos. Sin embargo, aunque la ‘ventanilla única’ parece como una buena idea, prevemos complejidad (y tiempo) en su implementación y, peor aún, no ofrece transparencia alguna con un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública recientemente extinto. Esto podría afectar potencialmente el respeto a las reglas de prioridad y acceso a la interconexión, como una condición fundamental de certeza para nuevos desarrollos de generación de energía privada. Esperemos no se caiga en el ‘amiguismo’ que algunos ya presumen abiertamente.
Quinto
La reforma impone un requisito mínimo de respaldo del 30% para nuevos desarrollos y la continuidad del Código de Red 2.0. Sin embargo, los cambios secundarios deben ser claros sobre los costos de los requisitos de capacidad como servicios conexos o infraestructura de almacenamiento físico. Imponer costos extravagantes a los esfuerzos privados, pero eximirlos expresamente a los proyectos de la CFE va en contra de las reglas de libre competencia, considerando además que la COFECE también fue recientemente extinta. Recordemos que la generación y comercialización no quedan amparados bajo reglas monopólicas expresas. Si un 54% ideológico de control público del mercado de generación ya está en su lugar y la CFE deja de ser una empresa productiva del Estado, al menos el 46% en manos de privados debe contar con reglas de competencia justa. Repito, al menos.
Sexto
Toda vez que también se han anunciado algunos estándares de Transición Energética (con reglas poco claras sobre el efecto negativo de PEMEX en los resultados finales de los esfuerzos de descarbonización) y el control de ella en manos del Estado, todos los temas adicionales actuales como captura de carbono, desmantelamiento, electrificación de nueva infraestructura y créditos de carbono deben ser analizados en leyes y reglamentos secundarios permitiendo la colaboración público – privada. Una legislación moderna debe incluir esos temas y productos que agreguen valor adicional a la propia reforma y un atractivo adicional para nuevos proyectos y negocios.
No menos importante, con una profunda reforma judicial ya aprobada, se deben promover mecanismos alternativos de resolución de disputas como juntas de resolución de disputas, mediación, determinación de expertos, cláusulas de resolución de disputas multinivel e incluso el compromiso comunitario. Si fallan, los tratados internacionales, incluidos por supuesto los tratados de libre comercio y protección de inversiones, son parte del sistema legal mexicano con el mismo nivel de la propia Constitución Mexicana. Esto significa que incluso con cambios en la Constitución, los tratados internacionales de protección de inversiones pueden activarse en caso de que dichos cambios afecten o puedan afectar el entorno legal de negocios de dichas inversiones, porque consideraron tales condiciones al elegir a México como país anfitrión. Por supuesto, esto incluye el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, como continuación del TLCAN), que será revisado bajo Donald Trump como presidente de Estados Unidos como contraparte.
En resumen, los controles internacionales pueden limitar la implementación final de los cambios constitucionales y en el caso del T-MEC, esto ‘servirá’ como un estándar común de control para todos y cada uno de los demás acuerdos de libre comercio, incluidos los vigentes con países europeos o con la Unión Europea.
En conclusión, todos los cambios ya promulgados necesitan una implementación eficiente y libre de ideologías. De hecho, algunos cambios se basan simplemente en posiciones ideológicas (54%, soberanía energética, empresas estatales no productivas liderando el sector) pero sería costoso incluirlos expresamente en una legislación secundaria seria, ya que los costos directos e indirectos de una instrumentación ineficiente afectarán directamente a la economía mexicana de manera expansiva.
Por último, pero no menos importante. Con la implementación de la reforma en las leyes secundarias, sabremos quién es el presidente de México (o si líderes anteriores aún están en control deteriorando el sector energético por razones ideológicas) o podremos confirmar que, de hecho, una líder independiente y pragmática está en control de un país tan importante como México. Al tiempo.
Con el objetivo de impulsar la economía en los estados del sureste del país, la Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) busca atraer inversiones que diversifiquen la oferta industrial de ese estado, a través de sus operaciones en el sector logístico.
El Foro Atracción de Inversión en Materia Portuaria es un evento organizado por Oil and Gas Alliance y la APICAM, y busca detonar a los puertos de Campeche como puntos estratégicos para el desarrollo industrial, energético y logístico de la región.
En conferencia de prensa, Adán Aguilar Marentes, director de Desarrollo de Negocios de la APICAM, destacó la importancia de mantener una interrelación entre empresas inversionistas extranjeras y nacionales, para que las operaciones del puerto de Seybaplaya se diversifiquen a diversas industrias, como la energética, logística, de transporte y otras industrias.
“Queremos poner a Campeche como punta de lanza, pionero en atraer nuevas inversiones en diferentes sectores para diversificar el desarrollo económico del estado. El objetivo del foro es tener una interrelación entre empresas en diferentes líneas de negocio, como terminales de petrolíferos, contenedores, carga, construcción de embarcaciones en astilleros; también sentar en la mesa temas de cruceros, industrias minerales y agrícolas, líneas de negocio en las que Campeche tiene potencial que todavía no está desarrollado”.
Por su parte, el ingeniero Agapito Ceballos Fuentes, director general de la APICAM, destacó que el estado de Campeche tiene el interés de sumarse al desarrollo de proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Tren Maya, ya que estos contemplan un desarrollo relevante para la zona en la que tienen presencia.
“No podemos quedar aislados de esos grandes proyectos, tenemos que ir en búsqueda de potencializar los puertos que tenemos en el estado, para dinamizar la economía con ese sector. Se necesita más inversión en los diferentes sectores que tiene”, explicó.
De acuerdo con las autoridades de la APICAM, el puerto de Seybaplaya cuenta con una ubicación geográfica estratégica, ya que se conecta con la infraestructura del CIIT y permite una conexión con los puertos del sur de Estados Unidos, una ruta igual de importante para las exportaciones hacia Europa.
“Hay proyectos en puerta, los puertos son grandes inversores y se debe dinamizar y aprovechar en beneficio del estado y de la península del sureste. Tenemos que proyectar los puertos de Campeche para generar negocios y más empleos para el estado”.
Tras el cierre de la gira de Oil and Gas Alliance y APICAM por Asia, las autoridades portuarias destacaron que la visita al puerto de Singapur generó interés en crear inversiones para los puertos de Campeche; de esta forma, la relación comercial con esa región se fortalece a través de la industria marítima y logística en ambas direcciones.
La APICAM ha invertido más de 190 millones de pesos en obras que aseguran la operatividad del Puerto de Altura y Cabotaje de Seybaplaya, en donde se han destinado 17.5 millones de pesos al mantenimiento y conservación de los calados oficiales, mediante trabajos de dragado, para asegurar la profundidad necesaria que requiere el tránsito seguro de embarcaciones.
Asimismo, la obra de construcción de un muelle de cinco metros de profundidad, con tres posiciones de atraque para embarcaciones tipo barcaza de hasta 9,000 toneladas de desplazamiento, tiene una inversión de 169 millones de pesos y está conformado por 10 duques de alba en la parte oeste de la plataforma 2, tres plataformas, tres pasarelas de acceso y pasarelas peatonales para unir las plataformas a los duques.
El Foro Atracción de Inversión en Materia Portuaria permitirá acceder a más de 200 hectáreas disponibles para el desarrollo industrial, tener acceso directo a rutas marítimas internacionales, conocer infraestructura en crecimiento para proyectos de energía y logística, y brindará ventajas fiscales y oportunidades para inversionistas extranjeros. El evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en el Centro de Convenciones Campeche XXI.
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) ha solicitado a Pemex el pago de deudas atrasadas que ascienden a 103,600 millones de pesos (5,114 millones de dólares). En una carta enviada el 15 de noviembre a autoridades como la Secretaría de Energía y el director general de Pemex, la AMESPAC expresó su confianza en que el nuevo régimen fiscal anunciado para la empresa estatal permita hacer frente a estos compromisos a corto plazo.
La deuda de Pemex con varias empresas de servicios petroleros incluye 50,458 millones de pesos en compromisos a corto plazo y 53,144 millones de pesos adicionales correspondientes a trabajos ya entregados, pero no registrados. La AMESPAC indicó que esta situación ha generado un impacto negativo en las finanzas de las empresas y en las regiones donde operan, por lo que solicitó una programación confiable de pagos para cubrir los adeudos pendientes.
Pemex, que enfrenta una deuda financiera superior a los 97,000 millones de dólares, ha acumulado pasivos en los últimos años, a pesar de haber anunciado planes para saldar estas deudas. En su último informe financiero, la empresa reportó una deuda con proveedores de 20,500 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, en colaboración con gobiernos estatales y empresarios, con el objetivo de garantizar el acceso al agua en México, especialmente en zonas que actualmente enfrentan escasez del recurso.
Durante la firma del acuerdo, Sheinbaum destacó que uno de los ejes principales del mismo es la revisión y ordenamiento de las concesiones de agua. Se buscará un registro único de concesiones para asegurar que cumplan con las disposiciones legales y evitar que existan concesiones no utilizadas que impidan su aprovechamiento para necesidades esenciales.
El acuerdo también establece como prioridad la tecnificación del riego agrícola, ya que este sector representa el 70% del consumo de agua en el país. Para ello, se destinarán 9 mil millones de pesos con el fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua en las actividades agrícolas, promoviendo la modernización de los sistemas de riego para aumentar la productividad con un menor consumo de este recurso.
Sheinbaum enfatizó que el agua debe ser reconocida como un bien nacional y no como una mercancía, lo que permitirá que todos los mexicanos tengan acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente. Además, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con los distintos actores sociales, privados y públicos para enfrentar la crisis hídrica, especialmente en el norte del país.
El acuerdo se llevará a cabo mediante cuatro ejes fundamentales:
Ordenamiento de las concesiones de agua.
Racionalización del uso del agua en la agricultura.
Saneamiento de ríos en el país.
Uso eficiente del agua en la industria, promoviendo el uso de agua tratada.
Este esfuerzo busca asegurar un uso sustentable del agua, no solo para el corto plazo, sino con una visión a futuro, garantizando que todos los sectores, incluidos los empresariales y agrícolas, se sumen al compromiso de una gestión más eficiente del recurso hídrico.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que otorga a Petróleos Mexicanos (Pemex) un crédito fiscal del 100% sobre la actualización y los recargos relacionados con el pago de derechos de extracción de hidrocarburos de agosto de 2024. Además, el pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) correspondiente a octubre de 2024 se diferirá hasta el 27 de noviembre.
El decreto establece que el crédito fiscal será aplicable si el monto del derecho de extracción de hidrocarburos de agosto se paga en una sola exhibición a más tardar el 27 de noviembre.
Este tipo de estímulos no son nuevos para Pemex. Durante 2024, la petrolera estatal recibió otras exenciones y prórrogas, incluyendo el diferimiento del pago del DUC de mayo, junio y julio bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, en septiembre, se aplazó el pago de derechos de extracción de agosto hasta el 30 de octubre.
La política de apoyo a Pemex mediante la reducción de su carga fiscal ha estado vigente desde el sexenio pasado, llevando la renta petrolera a mínimos históricos. Esto incluyó el recorte de la tasa del DUC de 65% a 30% entre 2019 y 2024, así como la implementación de créditos fiscales y diferimientos.
Según Diego Díaz, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Federación dejó de ingresar más de 750,000 millones de pesos entre 2019 y 2023 debido a estas medidas. Aún faltan por contabilizar las cifras del 2024, que se publicarán en el reporte anual de Pemex. Estos apoyos buscan dotar a la empresa de mayor liquidez para enfrentar sus retos financieros y aumentar su producción petrolera.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que la reciente aprobación de la reforma constitucional para eliminar organismos autónomos representa una amenaza para la democracia, la transparencia y los derechos ciudadanos. Según la organización, la extinción de estos organismos y la transferencia de sus funciones a la Administración Pública Federal abriría la puerta a la opacidad, la corrupción y la concentración de poder, afectando áreas clave como la competencia económica, la protección de datos y el acceso a la información.
Entre los organismos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y otros. Su eliminación podría debilitar la rendición de cuentas, incrementar riesgos de monopolios, alzas de precios y desabasto, además de comprometer compromisos internacionales como el T-MEC.
COPARMEX subrayó que estos organismos no sólo son técnicos, sino contrapesos democráticos esenciales que permiten decisiones imparciales y protegen derechos fundamentales. Además, su costo presupuestario es mínimo comparado con su impacto en el desarrollo institucional.
Detalles adicionales sobre las posibles afectaciones:
INAI: Su desaparición podría limitar el acceso a información pública y aumentar los riesgos de corrupción.
CONEVAL: La falta de evaluación de políticas sociales afectaría a los ciudadanos más vulnerables.
IFT: Sin regulación, se anticipan aumentos en costos de telecomunicaciones y reducción en la calidad del servicio.
CRE y CNH: Se pondría en riesgo la estabilidad de los mercados energéticos, con impactos en precios y suministro.
COFECE: La falta de supervisión incentivaría prácticas monopólicas, afectando a consumidores.
COPARMEX hizo un llamado al Senado y a los actores políticos a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones, destacando que un debilitamiento de las instituciones autónomas afecta la estabilidad económica e institucional del país. La organización reiteró su compromiso con una democracia robusta, instando al fortalecimiento de los contrapesos necesarios para garantizar transparencia y bienestar común.
El Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán ha iniciado su ampliación, con una inversión total de 63 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos y privados. Este proyecto incrementará significativamente la capacidad del actual puerto, que abarca 450 hectáreas, a 1,880 hectáreas, posicionándose como uno de los más grandes de América Latina y entrando al top 15 de los puertos marítimos con mayor capacidad del mundo.
La obra fue inaugurada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio el banderazo de arranque del nuevo recinto portuario. El proyecto incluye la instalación de seis grúas eléctricas con capacidad de 65 toneladas y una termoeléctrica propia, con la previsión de concluirse al final del sexenio de la presidenta. Además, la expansión del puerto se complementará con una mejora en la infraestructura vial, que incluye un segundo acceso al Puerto de Manzanillo y la ampliación de la autopista Colima-Manzanillo, con el fin de facilitar el flujo de mercancías.
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destacó que este proyecto impulsará el desarrollo económico de la región y fortalecerá la conectividad con Estados Unidos, haciendo del Puerto de Manzanillo una puerta clave para el comercio internacional.
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