La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó que en la zona de Coatzacoalcos operara una refinería clandestina, como lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y aseguró que se trataba de una mezcladora de aceites, sin los procesos técnicos ni la estructura de una planta de refinación.
El pasado 18 de junio, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reportó el aseguramiento de un complejo industrial donde se localizaron 500 mil litros de crudo, cerca de la autopista con dirección a Villahermosa, Tabasco. La dependencia federal describió el sitio como una “refinería a pequeña escala” que representaba un riesgo para la población.
En conferencia de prensa, Nahle afirmó que “ni siquiera sabía” de la existencia de dicha instalación y sostuvo que “quienes sabemos de esto, sabemos que no es una refinería, es una mezcladora”. Añadió que el sitio no contaba con los procesos técnicos necesarios para ser considerado una planta de refinación.
La mandataria explicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), y que será esta instancia la que determine si hubo irregularidades. Evitó precisar si la instalación operaba con permisos municipales otorgados por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, encabezado por el morenista Amado Cruz Malpica, y señaló que la regulación de este tipo de actividades corresponde a la Secretaría de Energía o a la propia FGR.
Aunque la planta operaba bajo una fachada de mezclado de aceites, su funcionamiento se dio en total impunidad, lo que ha generado cuestionamientos sobre la supervisión local y federal en una región con alta concentración de infraestructura energética.
Durante el foro consultivo de Cenagas celebrado hoy en Tampico, Tamaulipas, autoridades estatales y federales destacaron una nueva etapa de inversión en infraestructura energética que tendrá como epicentro al estado. El evento reunió a representantes de la industria, funcionarios públicos y líderes del sector energético, donde se abordaron los planes estratégicos para consolidar a Tamaulipas como el nodo energético más relevante del país.
El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas está listo para convertirse no solo en un referente energético, sino en un polo integral de desarrollo. “Tenemos condiciones logísticas, industriales y energéticas únicas en el país. Contamos con litorales, zonas agrícolas, fronteras comerciales, puertos y, sobre todo, una gran vocación productiva y de colaboración”, señaló.
El Dr. Américo Villarreal anunció que la dependencia desplegará una serie de inversiones clave en la región, enfocadas en la rehabilitación y expansión de gasoductos, el desarrollo de almacenamiento estratégico de gas natural y el fortalecimiento de la seguridad energética del país.
Recordó que Tamaulipas ha sido históricamente una entidad energética: en la región se encuentra la primera refinería del país y fue aquí donde nació la industria petrolera mexicana. Hoy, explicó, esa vocación se proyecta al futuro con el desarrollo de nuevas tecnologías, energías limpias y almacenamiento estratégico. En este sentido, detalló que ya se están construyendo plataformas petroleras en Corea que llegarán a la costa de Tamaulipas en 2027 para operar pozos con una capacidad de hasta 130 mil barriles diarios, que serán recibidos a través del puerto de Matamoros.
Asimismo, el gobernador adelantó que próximamente se exportará desde este mismo puerto el primer cargamento de vehículos hacia América Latina, una muestra de cómo la infraestructura energética y logística del estado comienza a converger con nuevos sectores industriales.
“Estamos haciendo foros en los estados donde hay capacidad para desarrollar infraestructura de gas natural, y Tamaulipas es un eje central. Vamos a invertir donde existan condiciones y voluntad de avanzar, y eso se nota aquí”, afirmó el gobernador, quien destacó además la importancia de las cavernas naturales en el subsuelo tamaulipeco para proyectos de almacenamiento de gran escala.
Tamaulipas recibirá inversión millonaria para almacenamiento y transporte de gas natural
Por su parte, el Mtro. Cuitláhuac García Jiménez, director general de Cenagas, anunció que, en línea con la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum, el organismo priorizará inversiones en infraestructura de gas natural en regiones con alto potencial de desarrollo industrial.
“Estamos incrementando la capacidad del sistema, rehabilitando gasoductos clave que atraviesan Tamaulipas y reforzando la seguridad industrial. Estas obras son fundamentales para detonar el crecimiento en las zonas conurbadas, donde hay alta demanda energética y oportunidades de inversión”, puntualizó.
Al respecto, anunció que invertirán 12,800 millones de pesos en infraestructura, y enfatizó que Tamaulipas reúne todas las condiciones técnicas, logísticas y regulatorias para atraer inversiones. Destacó que la ubicación estratégica del estado, por donde pasan más del 80% del gas que ingresa al país, y el hecho de que cuenta con pozos agotados con potencial para convertirse en almacenamiento subterráneo, lo posicionan como una pieza clave para garantizar la seguridad energética nacional.
Entre los proyectos que el Cenagas está impulsando destacan:
· Rehabilitación de gasoductos existentes y ampliación de capacidad en coordinación con la nueva administración federal.
· Almacenamiento subterráneo estratégico de gas natural, con potencial para almacenar hasta 47 BTUs, lo que garantizaría el abasto nacional por varios días en caso de contingencia.
· Apoyo directo a inversiones privadas para infraestructura de licuefacción de gas, ya en operación frente a las costas de Altamira.
Durante su participación, el Ing. Walter Julian Angel Jimenez, secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, reafirmó el compromiso del estado con el desarrollo de proyectos energéticos alineados al bienestar social y la protección ambiental.
“Tamaulipas no solo es un referente: es ya el corazón energético del país. El 80% del gas natural que entra a México pasa por aquí, y contamos con cuadros técnicos de altísima especialización”, señaló.
Además, destacó la importancia de colaborar con el gobierno federal para eliminar trabas regulatorias que obstaculicen la llegada de inversiones. “La inversión no debe detenerse en ventanillas, debe encontrar respaldo técnico y acompañamiento desde el territorio”, dijo. Señaló también proyectos prioritarios para la administración estatal, como los polos de desarrollo en Altamira, Puerto Matamoros y Puerto Seco.
Los funcionarios coincidieron en que la nueva visión energética del país, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pone al territorio en el centro del desarrollo, y Tamaulipas será clave para detonar inversiones públicas y privadas con un enfoque de seguridad energética, justicia social y sostenibilidad.
“El gas natural no solo es una energía de transición: es una herramienta estratégica para el desarrollo regional”, concluyó García Jiménez, quien reiteró que las condiciones están dadas para que Tamaulipas levante la mano como socio estratégico de México en la nueva etapa energética que arranca con la administración 2024-2030.
La empresa mexicana Ursus Energy recibió la concesión del Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) Coatzacoalcos II, otorgada por la Junta de Gobierno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Con ello, la firma avanzará en la instalación de una planta de gas natural licuado (GNL) orientada a la exportación hacia mercados de América y Europa.
El proyecto, denominado Coatzacoalcos-Podebi LNG, contará con el respaldo financiero del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que mediante una carta de intención propuso una inversión inicial de 450 millones de dólares para su primera etapa. Este monto cubrirá compromisos financieros derivados de la concesión, así como tareas de preparación del sitio, instalación de plataformas, licenciamiento tecnológico y ejecución de obras de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC).
La planta se ubicará dentro del Podebi Coatzacoalcos II, en el estado de Veracruz, y tendrá como misión principal la exportación de GNL a países de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Europa. También contribuirá al abasto de gas natural en el Istmo y el sureste mexicano, aprovechando el ferrocarril transístmico operado por la Secretaría de Marina, mientras se desarrollan los ductos requeridos por empresas especializadas.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una propuesta para desarrollar una nueva central nuclear de al menos un gigavatio de capacidad, en lo que sería la primera gran planta de este tipo construida en Estados Unidos desde 2009. El proyecto, aún en fase de planeación, será liderado por la Autoridad de Energía de Nueva York y busca consolidar una red eléctrica más limpia, confiable y asequible.
La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la independencia energética del estado, especialmente ante el cierre progresivo de plantas de combustibles fósiles. Según Hochul, varias comunidades del norte del estado han manifestado interés en albergar la instalación, motivadas por el potencial de generación de empleos bien remunerados y de largo plazo.
Actualmente, Nueva York cuenta con tres plantas nucleares activas que aportan cerca del 20 % de la electricidad estatal. Con esta nueva propuesta, la capacidad total podría superar los 4.3 gigavatios, lo que permitiría atender la creciente demanda energética impulsada por sectores como la inteligencia artificial y los centros de datos.
Aunque algunos residentes han expresado inquietudes sobre la seguridad, la gobernadora aseguró que se trata de un diseño nuclear de nueva generación, con estándares actualizados y enfoque en cero emisiones.
Por Dr. Claudio Rodríguez-Galán, LL.M Co-Head of Latin American Practice Group at DWF (Londres)
Ante la ausencia de reglamentos, disposiciones, lineamientos y modelos contractuales claramente definidos (vamos tarde), aún estamos a tiempo para plantear de forma propositiva algunas líneas rectoras sobre los elementos esenciales de seguridad jurídica que los inversionistas serios y éticos deben poder esperar en contratos de participación conjunta o mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El concepto de prevalencia estatal instaurado en la Ley del Sector Eléctrico deja aún muchas incógnitas respecto a su implementación práctica y criterios de medición. Este primer paso resulta esencial para clarificar los límites (auto)impuestos a la participación privada —y al propio Estado, dicho sea de paso—. Lo anterior no solo es obvio, sino crucial, ya que introduce un mecanismo porcentual rígido que podría comprometer la visibilidad a largo plazo requerida por nuevas inversiones.
A ello se suma la reciente Reforma Judicial, que plantea dudas sobre si los nuevos juzgadores cuentan con la experiencia técnica, la voluntad o la conciencia del impacto de sus resoluciones en un sector tan especializado como el eléctrico. Esto añade incertidumbre en temas como la protección de inversiones, la defensa de los inversionistas y las múltiples barreras regulatorias.
Desde la experiencia adquirida en esquemas anteriores como PPAs, JDAs y PPPs, y considerando la imperiosa necesidad de certidumbre contractual, consideramos prioritario esbozar mecanismos contractuales capaces de mitigar los riesgos propios de asociarse en ambientes de desequilibrio económico, político o legal. Esta propuesta debe ir acompañada de obvias cláusulas escalonadas para la solución de controversias (mediación, peritaje, arbitraje) y de una saludable distinción entre aspectos técnicos y jurídicos. Esto no es nuevo.
Como he señalado en el Diplomado de Derecho Energético y en ensayos previos, tanto la nueva Ley del Sector Eléctrico como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Pública del Estado, ambas del 18 de marzo de 2025, mantienen disposiciones del marco jurídico anterior del 2013 y reconocen como supletorio al Código Civil Federal. Esto es significativo, pues además de excluirse las leyes federales sobre obras y servicios públicos, se abre la posibilidad de una confección contractual más flexible, clave para navegar la actual incertidumbre jurídica y brindar cierto grado de confianza a las nuevas inversiones en el sector.
Cláusula de Cambio Regulatorio Permite renegociar condiciones si un cambio legal o normativo afecta sustancialmente la ejecución del contrato. Puede contemplar revisiones tarifarias, ajustes de plazo o terminación anticipada.
Cláusula de Fuerza Mayor Ampliada Incorpora, además de los eventos típicos, actos u omisiones regulatorias como supuestos de fuerza mayor, permitiendo suspender o terminar obligaciones afectadas por nuevas normas.
Cláusula de Cumplimiento Normativo Obliga a las partes a adaptarse a las regulaciones actuales y futuras, incluyendo mecanismos de cooperación y disposiciones anticorrupción estilo FCPA para evitar figuras nocivas disfrazadas de asesores legales.
Cláusula de Asignación de Riesgos Regulatorios Establece cómo se distribuye el riesgo derivado de cambios normativos: asignación total, reparto proporcional o vía compensaciones. Debe incluir también salvaguardas anticorrupción para evitar a los traficantes de influencias sectoriales.
Cláusula de Participación Estatal Variable Frente a la exigencia legal de participación mayoritaria de la CFE (mínimo 54 %), se deben establecer mecanismos claros de gobernanza compartida, derechos de decisión y reglas de salida, con su respectiva compensación económica.
Cláusula de Flexibilidad en Permisos y Autorizaciones Reconoce la mutabilidad de permisos regulatorios, establece planes alternativos ante revocaciones, y distribuye responsabilidades mediante una Matriz Regulatoria que optimice las capacidades de cada parte.
Además de lo anterior, se sugiere incorporar mecanismos de ajuste contractual transparentes y eficaces que permitan adaptar las condiciones contractuales sin necesidad de activar procesos contenciosos costosos. Estos incluyen plazos de notificación, mesas técnicas de evaluación, revisión de garantías, ajustes tarifarios y mecanismos para preservar el equilibrio económico del contrato.
La opción nuclear sigue siendo la terminación anticipada del contrato. Aunque nadie desea llegar a ese escenario, es crucial regular con claridad sus causas fundacionales. Si el Estado exige prevalencia, debe también asumir mayores responsabilidades. Lo contrario implica aspirar a la mayoría de los beneficios sin aceptar las consecuencias.
Finalmente, aunque los foros internacionales de protección de inversiones ya existen por disposición de orden público, es saludable que ambos socios contractuales reconozcan su existencia expresamente. No debe haber sorpresas. Esas son —como suelo decir— las cartas sobre la mesa. Llegar a ellos ya no es opción nuclear, es un escenario post-apocalíptico.
Reflexión final
Es momento de replantear estrategias contractuales desde un enfoque realista y no puramente litigioso. La Reforma Judicial es el elefante en la sala, y pensar que el primer paso ante un nuevo proyecto sea el estudio de qué mecanismos de defensa activar es profundamente preocupante. Me lo han dicho fondos internacionales: “Nadie invierte en un país cuyo primer análisis es cómo protegerse de él”.
El reto entonces es diseñar contratos que respondan a esta nueva realidad jurídica e ideológica, incluso si ello implica incorporar cláusulas que antes de 2018 parecían obvias o innecesarias. Reconocer que los foros internacionales existen y que las defensas también. Leer las exposiciones de motivos para entender las clausulas, entender que la experiencia previa tiene mucho que aportar si lo sabemos ajustar al contexto vigente. Todos esos análisis hoy, son indispensables. Se requiere un nuevo planteamiento contractual brutalmente creativo y académico.
Y todos esos esfuerzos son para que absolutamente nadie —y cuando digo nadie, me refiero a nadie— se sienta sorprendido, engañado o vulnerado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial en el que advierte una falta estructural de debida diligencia por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la prevención del robo de hidrocarburos y la atención a comunidades afectadas por incidentes como el ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019. A más de seis años de la explosión que dejó 138 personas fallecidas, la Comisión sostiene que no se han implementado mecanismos efectivos para mitigar los riesgos ni reparar integralmente a las víctimas.
El documento señala que Pemex tiene conocimiento pleno del incremento exponencial de las tomas clandestinas, así como de los riesgos asociados al manejo inadecuado de hidrocarburos. Sin embargo, su estrategia se ha limitado a clausurar puntos detectados, sin adoptar medidas preventivas, protocolos de gestión de incidentes mayores ni campañas de concientización dirigidas a la población que habita cerca de los ductos.
Además, la CNDH identificó un deterioro en la infraestructura de transporte de hidrocarburos, con ductos en mal estado de mantenimiento y tecnología de detección obsoleta, lo que incrementa la exposición a riesgos ambientales y de seguridad. Entre 1997 y 2022 se registraron más de 14 mil accidentes en instalaciones de Pemex, principalmente en ductos, refinerías y terminales de almacenamiento y distribución.
El informe también denuncia la ausencia de un mecanismo de atención integral para las familias afectadas por la tragedia de Tlahuelilpan. La Comisión advierte que, en lugar de apoyo, las víctimas enfrentan estigmatización y trato discriminatorio por parte de las autoridades.
Finalmente, la CNDH recomendó fortalecer el “Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos”, armonizando esfuerzos entre Pemex, la SEDENA, la Guardia Nacional y autoridades locales. Desde una perspectiva de derechos humanos, considera urgente diseñar una estrategia integral que atienda las causas estructurales del huachicol, prevenga conflictos sociales y garantice la seguridad de las comunidades cercanas a la red de ductos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado restablecer al 100 % el servicio eléctrico a los más de 276 mil usuarios afectados por el paso del huracán Erick, que impactó como categoría 3 en los estados de Oaxaca y Guerrero.
El fenómeno meteorológico provocó daños en 35 circuitos de media tensión y en cinco líneas de transmisión de 115 kilovoltios (kV). De acuerdo con la CFE, cuatro de estas líneas ya operan con normalidad, mientras que una continúa en proceso de reparación. La empresa destacó que el restablecimiento fue posible gracias a un despliegue intensivo de personal técnico, brigadas de campo y el uso de helicópteros para maniobras clave, como el izado de postes de fibra de vidrio en zonas de difícil acceso.
“El trabajo en equipo y la organización son clave para devolver la energía a las comunidades afectadas por el huracán Erick”, señaló la CFE, que mantiene personal en la región para concluir reparaciones definitivas y atender posibles afectaciones derivadas de lluvias residuales.
El huracán Erick, el primero de la temporada en alcanzar categoría 3, tocó tierra en el litoral del Pacífico sur mexicano, dejando a su paso apagones, caída de infraestructura eléctrica y daños en viviendas. Municipios como Santiago Pinotepa Nacional, Ometepec y Tlacoachistlahuaca fueron de los más afectados.
La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a las instituciones que participaron en las labores de protección civil y recuperación del servicio, subrayando la importancia de la coordinación interinstitucional ante emergencias naturales.
La corporación japonesa Mitsubishi anunció una inversión de 3,900 millones de dólares para fortalecer su presencia en el sector de la energía solar en Estados Unidos, a través de su filial Nexamp, con sede en Massachusetts. El objetivo es ampliar su capacidad instalada hasta 2.9 gigavatios (GW) para 2028, lo que representa un crecimiento de más del 160 % respecto a los niveles actuales.
La estrategia contempla el uso de paneles solares fabricados en territorio estadounidense, como los de Silfab Solar, con el fin de evitar los aranceles aplicados a equipos importados. Este cambio también responde a una tendencia creciente de fortalecer las cadenas de suministro locales en el sector energético.
Nexamp, especializada en proyectos solares comunitarios, ha sido clave en la expansión de Mitsubishi en el mercado estadounidense desde que fue adquirida por su subsidiaria Diamond Generating Corp. en 2018. Actualmente, la empresa opera más de 1 GW de capacidad solar y planea diversificar su presencia en regiones como el suroeste y el medio oeste del país.
La inversión se produce en un contexto de creciente demanda eléctrica, impulsada por el auge de los centros de datos y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, que han elevado significativamente el consumo energético. Mitsubishi busca posicionarse como un actor relevante en esta transición energética, apostando por soluciones limpias y escalables.
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 23 de junio 2025. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública y Diana Aurora Correa, subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales en la Unidad de Memoria Histórica. Foto: Gabriel Monroy/Presidencia
En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con reservas suficientes y capacidad operativa para enfrentar posibles impactos en el mercado petrolero. Aunque reconoció que el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del crudo mundial— representa un riesgo geopolítico, subrayó que no se ha registrado un incremento sustantivo en los precios internacionales del petróleo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la operación de las ocho refinerías nacionales, incluidas Dos Bocas y Deer Park, permite al país producir prácticamente todo lo necesario para la elaboración de gasolinas y diésel. “La producción actual de Pemex es de 1.6 millones de barriles diarios, pero si se suma la producción de la iniciativa privada se alcanzan 1.8 millones”, puntualizó.
No obstante, la mandataria admitió que aún existen desafíos en la producción de turbosina y en la dependencia del gas natural importado, un rubro que calificó como prioritario para fortalecer la soberanía energética. “Particularmente se requiere trabajar a fondo en el gas natural porque en este rubro sí se importa mucho”, señaló.
Sheinbaum también defendió las reformas estructurales implementadas en el sector energético, al afirmar que Pemex opera ahora bajo un solo consejo de administración, lo que ha permitido mayor eficiencia y control. Además, indicó que se está diseñando un nuevo esquema financiero para fortalecer la empresa estatal frente a escenarios internacionales adversos.
En cuanto a la postura diplomática, reiteró que la política exterior mexicana se rige por los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, y evitó pronunciarse sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a un posible cambio de régimen en Irán.
El gobierno de Rusia expresó su disposición para suministrar gas natural licuado (GNL) a México y colaborar en el desarrollo tecnológico del sector energético, según informó la embajada rusa en México. El anuncio fue realizado por el ministro de Energía, Serguéi Tsiviliov, quien destacó que ya existen vínculos de trabajo con el país y que su nación está lista para compartir tecnologías en toda la cadena de producción.
“Ya estamos trabajando con México. Contamos con excelentes tecnologías en el ámbito del gas natural licuado”, afirmó Tsiviliov, al subrayar que el ofrecimiento incluye también conocimientos en extracción de petróleo en condiciones geológicas difíciles y en procesamiento eficiente del crudo. Además, Rusia manifestó interés en colaborar en la generación y transporte de energía eléctrica.
La propuesta ocurre en un contexto en el que Pemex busca reactivar pozos cerrados para alcanzar la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles diarios. Actualmente, la empresa estatal cuenta con más de 30,000 pozos, de los cuales un tercio permanece inactivo. El avance ha sido limitado por restricciones presupuestarias y el deterioro de la infraestructura.
Hasta el momento, Pemex no ha emitido comentarios sobre la oferta rusa.
México depende en gran medida del gas natural importado, con el 72% de la demanda cubierta por Estados Unidos, principalmente a través de gasoductos. Solo una fracción del suministro llega por vía marítima. Esta dependencia ha sido señalada como un riesgo estratégico, especialmente ante tensiones comerciales o interrupciones logísticas.
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