El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, propuso realizar una venta de derechos de perforación de petróleo y gas en el Golfo de México el próximo 10 de diciembre, según informó la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM).
La subasta abarcaría 80 millones de acres —equivalentes a unos 324,000 kilómetros cuadrados— y sería la primera de tres contempladas en el programa quinquenal de perforación en alta mar aprobado durante la administración de Joe Biden, que incluyó el menor número de subastas de este tipo en la historia reciente.
La propuesta contempla la oferta de 15,000 bloques sin arrendar, ubicados entre 4.8 y 372 kilómetros mar adentro. El BOEM estableció un canon del 16.67%, el más bajo desde 2007, lo que ha generado cuestionamientos sobre los incentivos fiscales ofrecidos a la industria energética en un contexto de transición hacia fuentes más sostenibles.
“El petróleo y el gas en alta mar desempeñan un papel vital en la cartera energética de nuestro país, ya que el Golfo de América suministra 14% del petróleo producido en el país”, declaró Matt Giacona, subdirector principal del BOEM. El gobierno ha rebautizado recientemente esta región como el “Golfo de Estados Unidos”.
La venta se enmarca en un momento de alta volatilidad energética y geopolítica, con tensiones en Medio Oriente y fluctuaciones en los precios internacionales del crudo. Aunque el programa fue diseñado originalmente con un número limitado de subastas, la actual administración busca reactivar la exploración en alta mar como parte de su estrategia para reforzar la producción nacional de hidrocarburos.
Apenas unos 39 kilómetros de ancho en su punto más angosto, el Estrecho de Ormuz representa uno de los pasajes marítimos más estratégicos del planeta. Por este corredor transita aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo y cerca del 25% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL), consolidándolo como un verdadero cuello de botella para la seguridad energética global.
En un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, amenazas de Irán y un mercado energético aún volátil por los efectos de la guerra en Ucrania y los esfuerzos de transición energética, un posible cierre –incluso temporal– del Estrecho de Ormuz tendría consecuencias profundas para los precios, las cadenas de suministro y la estabilidad geopolítica.
Este artículo explora la importancia estratégica del estrecho, examina los riesgos reales de su cierre y analiza las implicaciones globales para la seguridad energética, el comercio internacional y la arquitectura geopolítica emergente.
El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y, por extensión, con el Océano Índico. Separa a Irán al norte de Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Su importancia radica en que es la única salida marítima para muchos de los mayores productores de petróleo del mundo, incluyendo Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar y los Emiratos Árabes.
Según datos de la Agencia de Información Energética de EE.UU. (EIA), más de 17 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho diariamente en 2023. Además, Catar –el mayor exportador mundial de GNL– también depende de esta vía para movilizar su gas.
Esto convierte al Estrecho de Ormuz no solo en una ruta comercial crítica, sino en una pieza clave en la estabilidad de los mercados energéticos globales.
Un cierre efectivo del Estrecho de Ormuz –aunque fuera por días o semanas– causaría un choque súbito en los precios del petróleo y el gas natural. Se estima que el barril de Brent podría superar los $150 USD en cuestión de días, según analistas de JP Morgan y Goldman Sachs, en ausencia de alternativas logísticas inmediatas.
Este aumento tendría un efecto dominó en la cadena global de suministros: los costos de transporte marítimo se incrementarían, las primas de seguros sobre cargamentos energéticos escalarían, y las industrias intensivas en energía (como la petroquímica, la manufactura pesada y la producción de alimentos) enfrentarían mayores costos operativos.
Ilustración 1. Precio de Crudo BRENT
Asimismo, el acceso limitado a gas natural licuado y derivados del petróleo afectaría directamente a países que dependen de la generación térmica para su sistema energético, como India, Japón o varios países del sudeste asiático. En estas economías, la cogeneración (gas + vapor) es crítica para la industria, por lo que los incrementos en el costo de la energía impactarían tanto en la competitividad industrial como en los precios al consumidor.
Ilustración 2. Precio de Gas Natural
El cierre del estrecho sería especialmente perjudicial para China y otras economías asiáticas que dependen en gran medida del petróleo crudo y el gas natural transportados a través de esta vía. Según estimaciones de la U.S. Energy Information Administration (EIA), el 84 % del petróleo crudo y el 83 % del gas natural licuado (GNL) que transitaron por el Estrecho de Ormuz en 2024 se destinaron a mercados asiáticos, principalmente China, India, Japón y Corea del Sur.
Ilustración 3. Cuellos de botella en la Península Arábica
Este nivel de dependencia energética convierte a Asia en una de las regiones más vulnerables ante disrupciones en el estrecho. Las consecuencias no se limitan al suministro energético doméstico, sino que se extienden a la industria manufacturera, la producción química, el sector tecnológico, y otros motores económicos regionales, los cuales sufrirían un incremento directo en los costos de operación debido al encarecimiento del combustible y la electricidad.
Asimismo, un incremento sostenido en el precio del crudo a nivel global tendría un efecto inmediato sobre la industria logística internacional. El transporte marítimo, terrestre y aéreo, altamente dependiente de los derivados del petróleo, enfrentaría aumentos en los costos de operación que se trasladarían al precio final de los productos. Esto afectaría la eficiencia de las cadenas de suministro y podría generar inflación generalizada, especialmente en economías importadoras netas de energía.
El cierre del estrecho no solo afectaría los precios de forma inmediata, sino que obligaría a los estados y empresas a redibujar su mapa de riesgos energéticos. Países como Arabia Saudita han invertido en oleoductos alternativos como el Petroline, que conecta sus campos del este con el Mar Rojo. Sin embargo, estas rutas no tienen la capacidad suficiente para reemplazar el volumen total que cruza por Ormuz.
Además, este tipo de amenazas podrían acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías de almacenamiento de energía, no por razones ambientales, sino por razones de seguridad nacional.
El Estrecho de Ormuz expone una de las principales vulnerabilidades del sistema energético internacional: su dependencia de rutas marítimas estrechas y geopolíticamente frágiles. En respuesta, muchas economías están fortaleciendo sus reservas estratégicas, promoviendo acuerdos bilaterales de seguridad y desarrollando planes de contingencia logística.
No obstante, la resiliencia energética no puede limitarse al petróleo. Debe incluir la seguridad de las cadenas de suministro de gas, refinados, minerales críticos, y tecnologías renovables. La diversificación, la cooperación internacional y la inversión en infraestructura resiliente son hoy más urgentes que nunca.
En este contexto, los planes de resiliencia operativa se convierten en una prioridad estratégica para las organizaciones que integran la infraestructura crítica global. No se trata solo de mantener la continuidad de los procesos ante una interrupción, sino de transformar dichos procesos para que sean más eficientes, más precisos, y sostenibles en el largo plazo.
Aquellas empresas que adopten una visión proactiva basada en resiliencia, eficiencia y sostenibilidad estarán mejor posicionadas para competir y liderar en un entorno internacional altamente volátil e incierto. La capacidad de adaptarse con agilidad, optimizar el uso de recursos y garantizar la continuidad de servicios esenciales es hoy un diferenciador crítico.
En el caso de México, a pesar de contar con una producción de gas natural, la economía nacional depende en gran medida de las importaciones para cubrir su demanda interna. En 2024, las importaciones de gas natural desde Estados Unidos alcanzaron niveles récord, con un promedio de 6,537 millones de pies cúbicos diarios, según datos publicados por El Economista. Esta dependencia refuerza la necesidad de estrategias de seguridad energética integradas que contemplen tanto la producción nacional como la diversificación de fuentes y rutas de suministro.
El Estrecho de Ormuz expone una de las principales vulnerabilidades del sistema energético internacional: su dependencia de rutas marítimas estrechas y geopolíticamente frágiles. En respuesta, muchas economías están fortaleciendo sus reservas estratégicas, promoviendo acuerdos bilaterales de seguridad y desarrollando planes de contingencia logística.
No obstante, la resiliencia energética no puede limitarse al petróleo. Debe incluir la seguridad de las cadenas de suministro de gas, refinados, minerales críticos, y tecnologías renovables. La diversificación, la cooperación internacional y la inversión en infraestructura resiliente son hoy más urgentes que nunca.
En este contexto, los planes de resiliencia operativa se convierten en una prioridad estratégica para las organizaciones que integran la infraestructura crítica global. No se trata solo de mantener la continuidad de los procesos ante una interrupción, sino de transformar dichos procesos para que sean más eficientes, más precisos, y sostenibles en el largo plazo.
Aquellas organización que adopten una visión proactiva basada en resiliencia, eficiencia y sostenibilidad estarán mejor posicionadas para competir y liderar en un entorno internacional altamente volátil e incierto. La capacidad de adaptarse con agilidad, optimizar el uso de recursos y garantizar la continuidad de servicios esenciales es hoy un diferenciador crítico.
El Estrecho de Ormuz no es solo una vía marítima: es un termómetro de la estabilidad energética global. Su potencial cierre representa un riesgo estructural que requiere atención constante de gobiernos, corporaciones energéticas y organismos multilaterales.
Las represalias dados los hechos ocurridos desde el dia domingo 22 de Junio, más allá de ser exclusivamente militares, pueden manifestarse a través de mecanismos logísticos (geo-estratégicos), económicos o incluso cibernéticos. Este panorama exige una visión más integral de la gestión de riesgos energéticos y geopolíticos, donde la anticipación y la resiliencia deben estar en el centro de las decisiones estratégicas.
Más allá del impacto económico inmediato, el cierre del estrecho podría ser un catalizador para replantear la arquitectura energética: más descentralizada, más resiliente y menos vulnerable a los vaivenes geopolíticos. En un mundo interdependiente, asegurar el libre tránsito por Ormuz es mucho más que una prioridad regional. Es una garantía de estabilidad y seguridad para toda la economía global.
La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, continúa operando por debajo de su capacidad instalada, según los datos más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante mayo de 2025, la planta produjo 43,400 barriles diarios de gasolinas, lo que representa apenas el 25% de su capacidad total, estimada en 170,000 barriles por día. Aunque se registró un incremento mensual del 3%, el avance sigue siendo limitado frente a las metas planteadas desde su inauguración en 2022.
En contraste, la producción de diésel alcanzó los 50,200 barriles diarios, con un aumento mensual del 123%. Sin embargo, la producción total de gasolinas en las seis refinerías restantes de Pemex cayó 5%, situándose en 327,600 barriles diarios, cifra que cubre solo la mitad de la demanda nacional, estimada en 754,000 barriles por día.
El desempeño de Dos Bocas ha estado marcado por retrasos operativos y sobrecostos, con un presupuesto que pasó de 8,000 millones a más de 20,000 millones de dólares. La Agencia Internacional de Energía (IEA) prevé que la refinería alcance su capacidad máxima en 2026, aunque también anticipa que México podría convertirse en importador neto de petróleo hacia el final del actual sexenio.
La refinería forma parte de la estrategia del gobierno federal para lograr la autosuficiencia energética, una meta reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, Pemex enfrenta desafíos estructurales: su producción petrolera creció apenas 0.5% en mayo, mientras que su deuda asciende a más de 101,000 millones de dólares, la más alta entre las petroleras estatales a nivel global.
A pesar de un repunte del 3% en las exportaciones de crudo, la empresa continúa enfrentando adeudos con proveedores y contratistas, en un contexto de presión financiera y operativa. La refinería de Salina Cruz lideró el procesamiento de crudo en mayo, aunque el volumen total refinado por Pemex cayó 4% respecto al mes anterior.
Audentis Energy informó sobre intentos recientes de suplantación de identidad mediante el uso de un correo electrónico y dominio que no pertenecen ni están vinculados a la organización. La empresa advirtió que se han detectado comunicaciones fraudulentas que buscan hacerse pasar por su área de compras, lo cual representa un riesgo para sus operaciones y relaciones comerciales.
En su mensaje institucional, la compañía solicitó ignorar cualquier mensaje sospechoso que no provenga de sus canales oficiales y recomendó reportar este tipo de incidentes a través de sus medios de contacto autorizados. “Hemos activado las acciones correspondientes para proteger nuestras operaciones, marca y relaciones comerciales”, señaló.
Este tipo de prácticas se enmarca en un contexto creciente de fraudes digitales que afectan tanto a empresas como a usuarios, mediante el uso indebido de nombres, dominios o identidades corporativas. La suplantación de identidad puede derivar en pérdidas económicas, afectaciones reputacionales y riesgos legales. Audentis Energy reiteró su compromiso con la seguridad de la información y exhortó a su red de colaboradores y socios a mantenerse alerta ante cualquier intento de engaño.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de talento especializado en el sector energético nacional. El acuerdo contempla estancias académicas, prácticas profesionales, servicio social y participación en proyectos estratégicos vinculados a las operaciones de la empresa productiva del Estado.
Durante la ceremonia, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que el convenio será “un instrumento constructivo y transformador” que abrirá oportunidades para jóvenes, investigadores y trabajadores. Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la Universidad contribuirá activamente al desarrollo del país en un contexto donde la transición energética y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales exigen soluciones interdisciplinarias.
El acuerdo permitirá desarrollar proyectos conjuntos en áreas como exploración, refinación, petroquímica, energías alternativas, eficiencia energética e ingeniería logística. También se prevé el intercambio de materiales científicos, la coedición de publicaciones técnicas y la suscripción de convenios específicos para cada iniciativa.
Ambas instituciones coincidieron en que la ciencia, la educación pública y el trabajo colectivo son pilares fundamentales para construir un México más justo, soberano y competitivo. El convenio estará vigente hasta 2030.
La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) advirtió que México podría convertirse en un importador neto de petróleo crudo para 2030, debido a una caída sostenida en su producción nacional. En su más reciente informe, el organismo proyecta que el país perderá alrededor de 680,000 barriles diarios, lo que reduciría su producción a 1.29 millones de barriles por día, la mayor disminución estimada a nivel global.
La demanda interna, estimada en 1.7 millones de barriles diarios durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, superaría ampliamente la oferta nacional. “Esto podría llevar al país a convertirse en un importador neto en cerca de 500.000 barriles diarios para 2030”, señaló la IEA. El informe también destaca que, pese a una breve estabilización entre 2021 y 2023, la reducción de inversiones durante la pandemia y la concentración en yacimientos terrestres y de aguas someras han limitado las opciones de crecimiento para Pemex.
La petrolera estatal enfrenta además una deuda financiera superior a los 101,000 millones de dólares, la más alta entre las compañías del sector a nivel mundial. Aunque existen proyectos clave como Trion, Zama y la expansión de Ku-Maloob-Zaap, la ventana de producción para algunos de ellos “se está agotando”, advirtió la agencia. A esto se suman los recortes presupuestarios, adeudos con proveedores y una reducción drástica en el número de plataformas activas, que pasaron de 50 a menos de 20 en seis meses.
En cuanto a la infraestructura de refinación, la IEA reconoció que la refinería Olmeca (Dos Bocas) podría representar un hito si logra alcanzar su capacidad total de 340,000 barriles diarios hacia 2026, aunque actualmente opera por debajo de ese nivel. El organismo concluyó que, incluso con avances en refinación, la caída en la producción nacional podría restringir el suministro de crudo pesado para refinerías clave en la región del Golfo de México.
Las empresas que almacenan o utilizan gas natural o petrolíferos para operar maquinaria, flotas o instalaciones —aunque no los comercialicen— deben cumplir con lo establecido en el Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta obligación aplica a todos los esquemas de autoconsumo y su incumplimiento puede derivar en multas de hasta cinco millones de pesos, suspensión de actividades económicas, clausuras e incluso sanciones penales.
El Anexo 30 exige que las compañías cuenten con sistemas informáticos certificados para controlar y reportar el volumen de gas utilizado. Estos sistemas deben almacenar registros confiables sobre compras, consumos y dictámenes técnicos, además de garantizar la seguridad e integridad de la información. También deben estar respaldados por un tercero autorizado y mantener coherencia entre los reportes volumétricos y los CFDI relacionados.
Muchas empresas desconocen que el autoconsumo está sujeto a regulación fiscal y no implementan controles adecuados. Sin embargo, cada litro o metro cúbico utilizado debe estar debidamente medido, validado y reportado. La omisión de estas obligaciones no solo representa un riesgo fiscal, sino que puede comprometer la credibilidad del contribuyente ante clientes, proveedores y entidades financieras.
El SAT ha reiterado que el cumplimiento del Anexo 30 no es opcional, y que la falta de controles volumétricos —incluso en operaciones internas— puede derivar en consecuencias legales y operativas que afecten la continuidad del negocio.
Con una trayectoria consolidada en el ámbito empresarial y tecnológico, Ángela Gómez Aiza ha sido nombrada nueva socia del International Women’s Forum México (IWF), una red global que agrupa a más de 8,000 mujeres líderes en 33 países. Su incorporación representa un nuevo paso en el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión estratégica, tanto en México como a nivel internacional.
Gómez Aiza cuenta con más de 25 años de experiencia en sectores como tecnología, consumo y sostenibilidad. Actualmente se desempeña como COO de Grupo Axo y es CEO y cofundadora de SOS-TechIA-bility, firma enfocada en soluciones tecnológicas aplicadas a la sostenibilidad. Fue la primera mujer en presidir SAP México, donde lideró procesos de transformación digital en más de 25 industrias. También forma parte de los consejos de administración de Grupo Herdez y Mendel, y preside el Consejo de la AMITI desde 2023.
El nombramiento se da en un contexto donde la participación femenina en consejos de administración en México aún es limitada, con apenas un 13 % de representación, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En este escenario, la integración de perfiles como el de Gómez Aiza al IWF refuerza la necesidad de visibilizar referentes y construir redes que impulsen la equidad en el liderazgo corporativo.
Por Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky
El reciente apagón que afectó a España, Portugal y Francia durante 24 horas no sólo reveló la fragilidad de las infraestructuras críticas en Europa, sino también un riesgo global latente: el colapso de sistemas altamente interconectados. Este tipo de eventos ya no son simples fallas técnicas, sino oportunidades que los actores maliciosos aprovechan para explotar vulnerabilidades. La ciberseguridad, en este contexto, pasa de ser un complemento a una defensa esencial.
En México, particularmente en regiones industriales como el Bajío, donde la digitalización avanza a gran velocidad, el riesgo es igual de tangible. Basta recordar los apagones registrados el año pasado por la sobrecarga energética. Una interrupción eléctrica puede ser el detonante perfecto para ataques cibernéticos: los sistemas se reinician de forma desordenada, las defensas digitales quedan temporalmente fuera de línea y los equipos pueden recurrir a accesos de emergencia que no siempre están bien protegidos. En estas condiciones, las brechas de seguridad, los accesos mal gestionados o sistemas sin parches actualizados facilitan intrusiones con las que se paralizan fábricas, se pierde información valiosa y se compromete la seguridad operativa.
Ante estos riesgos, preocupa que muchas organizaciones aún no cuentan con estructuras sólidas para gestionar incidentes críticos. Según datos de Kaspersky, aunque el 64% de las empresas industriales en la región aspira a alcanzar un nivel de digitalización total en los próximos dos años, casi la mitad identifica la ciberseguridad como el principal obstáculo para lograrlo. Entre los desafíos más citados se encuentran la falta de presupuesto y personal especializado (53%), medidas de seguridad inadecuadas en su infraestructura actual (48%) y la compleja integración entre los entornos de TI y OT (47%).
Los ciberdelincuentes suelen aprovechar escenarios vulnerables como los que generan las interrupciones eléctricas. Un corte puede paralizar hospitales, detener fábricas, interrumpir servicios de emergencia y poner vidas en riesgo. Aunque las infraestructuras críticas modernas cuentan con sistemas de respaldo, no siempre resisten acciones humanas deliberadas. A diferencia de una falla eléctrica accidental, un ataque intencional busca generar el mayor daño posible, afectando no sólo el suministro energético, sino también sistemas interconectados como transporte, comunicaciones o producción industrial. Evaluar los riesgos en este contexto implica considerar que alguien, con los medios y la intención, puede provocar un apagón como parte de una agresión dirigida.
Seguridad desde el diseño: la respuesta ante entornos industriales vulnerables
La manera en que están organizadas y gestionadas las infraestructuras es un frente igual de crítico. Una de las principales vulnerabilidades en la protección de instalaciones industriales es la falta de una asignación clara de responsabilidades en materia de ciberseguridad. Estos entornos complejos involucran a múltiples actores —desde proveedores de software e integradores de sistemas, hasta operadores— que suelen trabajar de forma aislada y sin coordinación. Ante una falla o ataque, es común que cada parte se deslinde, argumentando que la seguridad no estaba especificada en el contrato o que no era de su competencia. Esta fragmentación facilita que los atacantes tomen ventaja de errores acumulados o desatendidos, convirtiendo la indefinición de responsabilidades en una amenaza por sí misma.
Además, las brechas de seguridad rara vez se originan por una sola causa. Por el contrario, son el resultado de una combinación de fallos descuidados o mal gestionados que los atacantes saben aprovechar muy bien. Cuando un fallo es masivo, se convierte en un blanco aún más atractivo. Es lo que se conoce como el modelo del queso suizo: cuando varios errores se alinean, permiten que una amenaza atraviese todos los niveles de protección.
Esta acumulación de vulnerabilidades deja claro que la continuidad operativa no puede depender únicamente de la reacción ante incidentes, sino que debe construirse desde una visión preventiva. Es aquí donde cobra relevancia el enfoque de Security by Design o Seguridad desde el Diseño: una estrategia que propone integrar la seguridad desde la concepción de un sistema, no como un añadido posterior. Se trata de anticipar y desarrollar sistemas con “ciberinmunidad”, es decir, infraestructuras capaces de resistir desde adentro, frente a errores humanos, fallas accidentales y ataques deliberados. Sin este enfoque, los apagones del futuro podrían tener consecuencias mucho más graves que simplemente quedarse sin luz.
Aplicar la seguridad desde el diseño implica definir, desde el inicio, cómo debe comportarse un sistema tanto en condiciones normales como críticas. No se trata únicamente de evitar que “algo malo pase”, sino de garantizar que “todo funcione como debe” incluso en escenarios adversos. Es, en esencia, el equivalente digital del sistema inmunológico humano: una estructura preparada para detectar, responder y adaptarse ante amenazas emergentes.
Para que este enfoque funcione, empresas y gobiernos deben trabajar de manera coordinada. Las autoridades deben establecer leyes y regulaciones claras que definan responsabilidades y obligaciones específicas para cada actor en la cadena de suministro digital. Al mismo tiempo, las organizaciones deben dejar de ver la ciberseguridad como un gasto y empezar a asumirla como una inversión crítica para su sostenibilidad.
No podemos seguir esperando tragedias para actuar. La digitalización de zonas industriales en el país y la región debe ir acompañada de una visión integral de seguridad. Esto implica formar talento especializado, invertir en tecnología confiable y adoptar soluciones que protejan desde el núcleo. Tecnologías de monitoreo en tiempo real, herramientas que brinden visibilidad completa del entorno digital y mecanismos automatizados de respuesta ante incidentes deben convertirse en parte esencial de la infraestructura. Y, por supuesto, la colaboración público-privada debe ser una prioridad urgente.
Los apagones son una advertencia para prepararse ante un evento de gran magnitud. Si asumimos la ciberseguridad como una condición desde el diseño, y no como una reacción tardía, podemos construir sistemas más robustos, resilientes y seguros. Esta se alcanza cuando el costo de promover un ciberataque es más alto que el beneficio que se podría obtener del mismo. Recordemos que la pregunta no es si volverá a pasar, sino si estaremos preparados cuando suceda. El momento de actuar es ahora.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) formalizó este 24 de junio la entrada en vigor de las Reglas de Operación de su Comité Técnico, tras su aprobación unánime en sesión extraordinaria celebrada el pasado 11 de junio. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento con lo establecido en la nueva Ley de la Comisión Nacional de Energía, derivada del decreto presidencial del 18 de marzo.
El Comité Técnico, órgano colegiado encargado de transparentar el otorgamiento de permisos y la emisión de regulación en el sector energético, estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía, unidades técnicas de la Comisión y tres personas expertas designadas por el Ejecutivo federal. También contará con invitados permanentes y una Secretaría Técnica responsable de la organización administrativa.
Las reglas establecen que el Comité deberá sesionar al menos una vez al mes, de forma presencial, semipresencial o telemática, y que sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos, sin posibilidad de abstención salvo excusa justificada. Las personas expertas técnicas deberán asistir de forma obligatoria y no podrán ser suplidas.
Entre sus atribuciones se encuentra analizar, dictaminar y aprobar actos jurídicos o administrativos en el ámbito de competencia de la CNE, así como instruir a las unidades administrativas para ejecutar los acuerdos adoptados. Las sesiones podrán incluir asuntos urgentes no previstos en el orden del día, siempre que cuenten con la aprobación del pleno.
El documento también contempla disposiciones sobre quórum, votación, recesos, suspensión de sesiones y elaboración de actas, así como mecanismos para justificar inasistencias y modificar las reglas mediante consenso unánime.
Las nuevas disposiciones buscan fortalecer la legalidad, objetividad y transparencia en la toma de decisiones regulatorias del sector energético, en línea con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la normativa en materia de acceso a la información.
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