El gobierno federal aprobó un decreto que modifica 11 leyes del sector energético, incluyendo la expedición de ocho nuevas normativas y cambios en tres leyes existentes. En el 87º aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este decreto con el objetivo de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otorgándoles un nuevo régimen de operación y mayor autonomía en la gestión de sus recursos.

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que este paquete de reformas otorga a Pemex y CFE el carácter de empresas públicas reguladas por derecho público, permitiendo la integración vertical y eliminando la separación legal que las hacía operar de manera independiente. Además, sus actividades ya no serán consideradas monopólicas.

En el sector eléctrico, la CFE tendrá prevalencia en la generación y distribución de energía, con el derecho de inyectar al menos el 54% de la electricidad a la red. También se establecen compromisos para mantener las tarifas sin aumentos por encima de la inflación y se reconoce su responsabilidad social.

El decreto también introduce cambios en el Mercado Eléctrico Mayorista, optimizando su funcionamiento y reforzando la rectoría de la Secretaría de Energía (SENER) en la planificación del sector. Asimismo, se mantienen esquemas de participación privada bajo regulación específica.

En materia de hidrocarburos, la SENER adquiere nuevas facultades para la supervisión del mercado, se fortalecen los mecanismos de trazabilidad para combatir la venta ilegal y se establece un nuevo esquema fiscal para Pemex, reduciendo su carga impositiva para mejorar su rentabilidad.

Según González Escobar, estas modificaciones buscan garantizar la soberanía energética, impulsar la transición hacia energías limpias y asegurar que los recursos naturales estén al servicio del desarrollo nacional.

Las leyes incluidas en el decreto abarcan áreas clave como electricidad, hidrocarburos, biocombustibles y geotermia, además de modificaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estos cambios, el gobierno federal argumenta que se fortalece el papel del Estado en la planificación energética y se establecen mecanismos para reducir la pobreza energética en el país.