México busca disminuir su dependencia del gas proveniente de Estados Unidos mediante esquemas de colaboración entre el sector público y privado en tecnologías de extracción. El panorama energético nacional atraviesa un proceso de cambio orientado a la autosuficiencia, impulsado por la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reactivar la fracturación hidráulica bajo un modelo que integre a empresas privadas junto con Pemex.

En este contexto, la estrategia energética se centra en el aprovechamiento de recursos no convencionales para sustituir las importaciones de gas natural. El país enfrenta el desafío de producir internamente el 75% del gas que actualmente adquiere del exterior, principalmente de Estados Unidos, lo que representa miles de millones de pies cúbicos diarios y ejerce presión sobre la industria y el sistema eléctrico. El marco legal ha facilitado este nuevo enfoque mediante contratos mixtos, permitiendo que Pemex incorpore capital y tecnología privada en el desarrollo de infraestructura estratégica.

El gobierno promueve un modelo de “fracking sustentable”, apoyado en innovaciones como el reciclaje de agua y una supervisión técnica más estricta, con el objetivo de reducir los impactos ambientales históricamente asociados a esta práctica. Este giro refleja un cambio en la dirección de la política energética, donde el impulso a la producción nacional no solo responde a necesidades económicas, sino también a una lógica geopolítica que busca proteger al sector frente a la volatilidad de precios internacionales y posibles interrupciones en el suministro.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos por parte de especialistas y grupos ambientalistas, quienes advierten sobre riesgos como las emisiones de metano y posibles afectaciones a la salud, señalando que incluso con nuevas tecnologías, los efectos de la perforación intensiva son difíciles de eliminar por completo.

En este escenario, la fracturación hidráulica se perfila como una herramienta estratégica para el posicionamiento económico del país, en la que reducir la dependencia externa implica una coordinación entre la capacidad operativa de Pemex y la eficiencia tecnológica del sector privado.

De este modo, la incursión en el fracking no solo busca recuperar la producción de hidrocarburos, sino también redefinir la soberanía energética de México, marcando una nueva etapa en la relación entre el Estado y la iniciativa privada.