Sobre el autor:
Norma Álvarez Girard se especializa en temas de energía, regulación, ESG, tanto en el sector privado, como en el público. Resulta relevante su paso por la CRE, en donde formó parte del grupo asesor de la Reforma Energética, siendo responsable del diseño e implementación de los Certificados de Energía Limpia. Fue nominada como Candidata a Comisionada de la CRE. En el ámbito privado, fue responsable de regulación de una de las principales compañías eléctricas y como asesora jurídica de diferentes empresas. Actualmente, es consultora independiente en materia energética, ambiental y de sostenibilidad.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha pasado a ocupar el papel de actor preponderante en el sector eléctrico, un cambio derivado del mandato legal establecido por la Reforma Constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas. Esta posición central de la CFE implica que sus acciones y decisiones resultan fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
Para cumplir con este mandato, la CFE requiere necesariamente la colaboración del sector privado. A su vez, para que el sector privado logre un crecimiento significativo, es imprescindible que la empresa estatal también crezca. De esta interacción surge una coincidencia de intereses, en la que el Estado reconoce implícitamente el papel del sector privado como apoyo para el fortalecimiento de la CFE. Por ello, se han creado mecanismos de participación público-privada orientados a alcanzar los objetivos de generación y crecimiento planteados por la Administración actual en el marco de la planeación vinculante.
En este contexto, surge la convocatoria para los Proyectos Mixtos de generación eléctrica junto a la CFE con el objetivo de incorporar 6500 MW a la matriz de generación en proyectos de generación en donde CFE sea titular del 54% del Proyecto en sociedad con el Privado participante, quien seré el titular del 46% del Proyecto a pesar de que tiene que poner todos los recursos para el desarrollo del proyecto.
Inicialmente, la participación en el nuevo esquema de generación puede parecer poco atractiva para los actores privados. Sin embargo, si se analiza detenidamente y se considera el punto de convergencia de intereses mencionado anteriormente, surge una oportunidad interesante: contar con la empresa estatal como socio puede ser una vía efectiva para apalancar un proyecto de generación eléctrica.
Este esquema se materializa a través de la firma de un contrato de compraventa de electricidad, en el que se establece que el 70% de la generación será adquirido por la empresa estatal durante un periodo inicial de 25 años a un precio fijo. Además, existe la posibilidad de obtener ingresos adicionales mediante la comercialización del 30% restante de la energía en el Mercado, lo que ofrece una estructura de ingresos diversificada y potencialmente atractiva para los participantes privados.
Al analizar el esquema de contratación mixta desde esta perspectiva, se observa que, pese a los posibles inconvenientes o incentivos no determinados, la participación en este modelo resulta menos descabellada de lo que podría parecer. Uno de los factores determinantes ha sido el significativo retraso en el otorgamiento de permisos de generación desde el sexenio anterior, lo que ha limitado las oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos por parte de actores privados. Así, aquellos proyectos que lograron avanzar en la obtención de permisos, licencias y autorizaciones aplicables fueron precisamente los que pudieron superar la primera etapa dentro del proceso de contratación mixta. Este contexto explica por qué, independientemente de posibles riesgos o incertidumbre, la participación en estos esquemas aparece como una opción viable y casi necesaria para quienes buscan operar y crecer en el sector eléctrico bajo las condiciones actuales.
Con independencia de lo anterior, formar parte como socio de la empresa estatal representa una oportunidad valiosa para los participantes privados en proyectos de generación eléctrica. Este posicionamiento resulta especialmente atractivo cuando se cuenta con mecanismos sólidos que aseguren el retorno de inversión y se establecen garantías de seguridad jurídica.
La presencia de estos elementos es fundamental para que los proyectos alcancen su culminación de manera exitosa, ya que los inversionistas podrán operar en un entorno de certidumbre y minimizar riesgos asociados a la inversión. De este modo, la relación con la empresa estatal no solo fortalece la viabilidad financiera de los proyectos, sino que también contribuye a su desarrollo sostenible y a la consolidación de alianzas estratégicas en el sector eléctrico.
En el marco de la Contratación Mixta, las reglas establecidas en la convocatoria determinan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asume la responsabilidad de realizar aportaciones líquidas para el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica. Estas incluyen elementos intangibles, derechos comunes y un apoyo integral en la obtención de permisos y gestiones ante las autoridades correspondientes.
La participación de la CFE en estos aspectos resulta fundamental para que los proyectos puedan avanzar, ya que facilita su construcción y posterior puesta en operación. El soporte institucional y operativo que brinda la empresa estatal garantiza que los procedimientos administrativos y regulatorios se lleven a cabo de manera eficiente, reduciendo los obstáculos para la comisión de nuevas plantas de generación.
En este entorno de colaboración entre la CFE y el sector privado, resulta esencial que la estructura corporativa que se establezca para los Proyectos Mixtos esté diseñada específicamente para responder a las particularidades de este modelo. Es fundamental que dicho diseño corporativo asegure un esquema de gobernanza robusto, capaz de garantizar transparencia, certidumbre y eficiencia en la toma de decisiones conjuntas entre las partes involucradas. Para lograr esto, tanto la constitución de los vehículos jurídicos encargados de operar el esquema de desarrollo mixto, como los acuerdos y contratos celebrados entre la CFE y los actores privados, deberán reflejar claramente los mecanismos de gobernanza, la distribución de responsabilidades y la alineación de intereses. Además, este marco de gobernanza debe estar presente no solo en el ámbito jurídico y contractual, sino también en los aspectos técnicos y operativos del proyecto, de modo que se consolide una cooperación efectiva y se minimicen los riesgos asociados. Así, la fortaleza del diseño institucional y la claridad en los instrumentos legales serán determinantes para el éxito y la sostenibilidad de los proyectos de generación eléctrica bajo el esquema de contratación mixta.
Uno de los principales desafíos en materia de gobernanza dentro de los esquemas de contratación mixta radica en la necesidad de garantizar la transparencia en todos los procesos y decisiones que involucran tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a los actores privados.
Además, resulta indispensable asegurar la certeza regulatoria, es decir, que el marco normativo y las reglas del juego permanezcan estables y sean aplicadas de forma consistente a lo largo de toda la vida del proyecto. Este aspecto cobra especial relevancia dado el papel preponderante de la CFE en el sector eléctrico, pues como actor dominante, sus decisiones y acciones impactan directamente en el rumbo de los proyectos y en la percepción de seguridad por parte de los inversionistas privados.
Finalmente, es fundamental que los elementos jurídicos reflejen una correcta distribución de riesgos entre las partes. La adecuada asignación de riesgos permite atraer inversión privada, ya que brinda seguridad jurídica y financiera a los participantes. Al mismo tiempo, se asegura la sostenibilidad de los proyectos al minimizar los factores de incertidumbre y promover un entorno propicio para la operación y el crecimiento del sector eléctrico bajo el esquema de contratación mixta.
Actualmente, el esquema de desarrollo mixto se encuentra en etapa de arranque, y el siguiente paso consiste en observar cómo avanza su ejecución, siendo relevante identificar cuántos proyectos serán asignados como resultado de la primera convocatoria, lo que permitirá evaluar el alcance inicial de esta modalidad.
Las bases para la implementación del esquema de contratación mixta ya están establecidas, y, según lo anunciado recientemente con la presentación del Plan México, tanto este modelo contractual como los proyectos derivados de las convocatorias de la planeación vinculante continúan su curso. Además, existe la posibilidad de que estos esquemas se ajusten desde el ámbito jurídico y técnico según sea necesario, lo que facilita su adaptación a las circunstancias y necesidades del sector eléctrico.
