Bajo la responsabilidad como Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Conferencia Nacional de Gobernadores y como integrante de la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lanzó un posicionamiento sobre la nueva política energética del Gobierno federal.
“Le pido al Presidente de la República considere la decisión que ha tomado. Con la publicación de este acuerdo se le está haciendo un daño al país, que nos exhibe ante el mundo y que compromete la salud de la generación presente y las futuras”, expone el Mandatario en el documento.
Alfaro Ramírez aseveró que el combate a la corrupción no debe ser contrario a una agenda que promueva las energías limpias y coincidió en que se sancione a quienes hayan incurrido en corrupción por recibir contratos leoninos, pero que esto no debe reflejarse en la cancelación de una política energética sustentable.
Esto, después del acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía, en el que las energías limpias quedan en un segundo plano, priorizando los combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo, que busca usarse en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad.
“Debemos visibilizar los grandes riesgos en materia ambiental, climática y de salud pública, derivados de esta decisión de la Federación de dar la espalda a las energías renovables. Desde los estados hemos considerado que necesitamos aumentar de manera significativa el nivel de ambición de las metas climáticas. Las metas actuales de nuestro país (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) quedan cortas ante el compromiso global que requiere la emergencia climática”, expone el posicionamiento del Mandatario.
“Los gobiernos subnacionales y locales también tenemos un compromiso moral para reducir las emisiones contaminantes, pero el Acuerdo nos impide promover las acciones para garantizarlo”.
Asimismo, explicó que ante la situación de pandemia que vive México y el mundo, la resiliencia debe tomar una posición importante en las políticas nacionales, principalmente en la energética, con miras en asegurar el derecho a la salud, ya que los altos niveles de azufre en el combustóleo mexicano vulneran a los ciudadanos y al medio ambiente.
