Por: Miriam Grunstein

Sharm el Sheij es un paraíso submarino. Sus arrecifes, y en torno a ellos, concentran más vida y color que un rascacielos en Manhattan. Sería más que justo que el último no representara un costo de oportunidad para el primero. En aras de mantener un estilo de vida urbano –con grandes y pequeños lujos de marcas variablemente “sustentables”—ponemos en riesgo este torbellino vital que se arremolina en, dentro y fuera de estos castillos coralinos.

A la postre de la COP27, celebrado en este oasis egipcio, esperaríamos que, además de las emisiones que expelieron los vuelos privados en los que llegaron varios participantes, hubieran quedado propuestas mejor forjadas que las de los años anteriores. Para no variar, sin embargo, esta Cumbre se calificó por expertos y medios de comunicación “como un avance más, sin que se hayan logrado pasos contundentes”. Eso se dice siempre, sea en Cancún –hace 11 años—o en Sharm el Sheij, hace tan sólo unos días, tal parece que a las naciones involucradas les gusta más andar por la superficie, que meterse de lleno en las profundidades del problema.

La renuencia de este año está más que justificada. Desde la guerra de Yom Kippur (en la cual casual e irónicamente estuvo en medio este territorio ahora egipcio) no había cursado el mundo una crisis energética tan severa como la actual. Sería necesaria una cara muy dura para firmar compromisos de reducción de emisiones con sangre, mientras los máximos apóstoles verdes andan tiznados de carbón. La receta global de las COPS se cocina con agua tibia. México, mientras tanto, suele ponerse como agua para chocolate cuando lo que realmente ofrece son raspados.

Veamos cómo y por qué: Marcelo Ebrard, nuestro Secretario de Buenas Intenciones, clamó un incremento en la reducción de emisiones de 22% a 35% para 2030, cuando tan sólo el 8 de octubre de este año, la SEMARNAT había actualizado la proyección de esta meta a 30%. Pero en la subasta diplomática para el abatimiento del calentamiento global, la puja de México siempre es entusiasta. Ya si cumplimos en pagar el precio es otra cuestión.

Como sea, estas son las medidas que, en su caso, tendría que costear México por levantar la manita en la subasta. Se trata, en términos generales, de una mayor protección a los recursos naturales, transporte de bajas emisiones y la generación de electricidad con fuentes renovables y limpias.

Curiosamente, el tronco de la política de protección a los recursos naturales es el programa “Sembrando Vida” al que se le dotará de un presupuesto de 37 mil 137 millones de pesos durante 2023 para la siembra de 100 millones de arbolitos –casi uno por cada mexicano. De esta siembra viviente se espera una reducción anual de 4 millones de dióxido de carbono. Sin embargo, lo poco que se sabe de este programa es desesperanzador: el IMCO reporta que, durante el primer año de este programa, tan sólo sobrevivió el 7% de los arbolitos.

Mientras tanto, la propuesta de transporte, aspira a remover 30 MtCO2 de la atmósfera. Sin embargo, según el IMCO, para respirar menos dióxido de carbono, por gracia de la electromovilidad, habría que vender como mínimo 600 de estos vehículos por año. La duda aquí es cómo lograrlo cuando México transita por un rumbo contrario a la atracción de inversión.

Y si de caminos hablamos, la medida más chocante es la pretensión de expansión de las energías renovables, hasta llegar a 40 de GW de capacidad de solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Este compromiso es dudoso a la luz del repudio de este gobierno –y particularmente de CFE—a este tipo de fuentes y la regulación cada vez más restrictiva de la CRE para el otorgamiento de permisos. Según el IMCO esta meta está asociada con un proyecto con los Estados Unidos del cual se obtendría una inversión de 48 mil millones de dólares.  ¿No le dará frío a nuestro vecino ahora que las consultas se extienden y no se ve nada claro en el frente norte?

Lo único claro es que seguimos dando vueltas en nuestra pecera en contrasentido a sanar la fiebre del mundo.