Por Carlos Camacho Gaos, Director del Centro Anáhuac de Liderazgo en Política de la Universidad Anáhuac México

Ciertamente la reunión Cumbre de líderes de América del Norte que se celebró en la capital mexicana tiene consigo un interés particular sobre el derrotero que tomarán las conversaciones/discusiones sobre la posibilidad de que se llegue a establecer un panel de solución de controversias sobre la política energética de México en relación al tratamiento preferencial que se otorga a las empresas productivas del estado – Pemex y CFE-.

Bajo las reglas del T-MEC, después de 75 días de consultas, las partes pueden exigir la formación de un panel de resolución de controversias que eventualmente pudiera imponer aranceles compensatorios al daño argumentado, sin embargo, en octubre pasado los negociadores acordaron una extensión en el tiempo esgrimiendo que se habían reducido las diferencias entre las partes.

El pasado 12 de diciembre, las partes publicaron lineamientos para resolver asuntos pendientes y la Secretaría de Economía de México se comprometió a acelerar el proceso para dar certidumbre a los inversionistas, no se conoce sobre este último punto avances o información relacionada.

El cuestionamiento es si se generará alguna decisión en la celebración de la cumbre sobre este tema, lo cual no es claro al momento de escribir esta nota, pues en la reunión se tocarán muchos temas que tienen prioridad sobre el tema energético dada la situación política en los Estados Unidos y en Canadá, v.gr., el tema de migración y el tráfico del fentanilo, que en la agenda del presidente Biden tienen un peso muy particular.

Esto no quiere decir que en las reuniones bilaterales contempladas a celebrarse entre los países no se llegue a tratar el tema, por lo menos a señalarlo como un tema pendiente de importancia relevante para todos y de urgente resolución, pues las empresas demandantes de la acción punitiva en Estados Unidos y Canadá, no se quedarán tranquilas con la estrategia de prolongar los tiempos para la toma de decisiones.

Es opinión generalizada que el establecimiento de un panel de controversias sobre el tema tendrá como resultado una situación negativa para México por lo costoso que sería en términos de los aranceles que se impondrían a las exportaciones mexicanas, en particular a productos en los que nuestro país es especialmente competitivo.

La estrategia tiene un límite y en caso de darse el panel, se tendría una resolución hacia el tercer trimestre de 2023. ¿Es esto conveniente desde el punto de vista político en nuestro país?, una resolución desfavorable que incidiría necesariamente el proceso electoral de 2024, por lo que se tendrá que buscar una solución, a pesar de no estar alineada a la vigente política gubernamental.

Los costos de oportunidad  de mantener la situación vigente independientemente de la disputa comercial , resultan más que relevantes, ante una posibilidad real de incrementar los flujos de inversión extranjera – así como nacional- dado el fenómeno de “nearshoring”, México necesita expandir substancialmente la producción de energía eléctrica si quiere aprovechar la oportunidad del desplazamiento de un enorme número de empresas que buscan ya, una mejor geolocalización en cuanto a certidumbre jurídica, estabilidad política y acceso a energía limpia. Lo que puede darse, dado el interés de contar con una integración económica mucho más avanzada que la hasta hoy alcanzada y el proteccionismo comercial creciente de los EUA.

En la agenda de la cumbre sobresale la intención de establecer una plataforma trinacional para el desarrollo de semiconductores, de vehículos eléctricos y sus partes –con un plan de establecer la infraestructura de cargadores de estos bajo estándares operativos homogéneos-, con cadenas de valor integradas, el fortalecimiento de la manufactura y la innovación en América del Norte, la exploración y aprovechamiento de recursos minerales críticos, lo cual supone la existencia de  un sector energético sustentable y dinámico.

Se enfatiza adoptar medidas rápidas, coordinadas y ambiciosas para construir economías de energía limpia y responder a la crisis climática. Se busca comprometer mayores esfuerzos en la reducción de emisiones de metano, y la instrumentación de las mejores prácticas para electrificar y descarbonizar el transporte público. En el mismo sentido desarrollar un mercado de hidrógeno limpio en América del Norte.

Por lo que, si la agenda cubre estos temas, es insoslayable que se debe adoptar una solución oportuna y apropiada en las consultas sobre la política energética de México a la brevedad.

No sólo es deseable que se adopte una estrategia energética diferente, es necesario, dado que hay que tener en cuenta otros elementos que también influyen en el desarrollo del sector y de su potencial, como:

El precio de la mezcla mexicana se encuentra en uno de sus niveles más bajos desde diciembre de 2021, y no es previsible que se aumente la producción más allá de 1.7 mbd.

Existe nerviosismo en los mercados energéticos debido a la política monetaria de Estados Unidos y del mundo desarrollado en general y las condiciones financieras serán más restrictivas.

Venezuela y Chevron acordaron continuar la producción de petróleo, con previa aprobación de Washington para que la empresa estadounidense pueda retomar parcialmente sus actividades con la paraestatal PDVSA.

Si se reducen las sanciones a Venezuela, en un período corto podrían introducir una suma relevante de petróleo crudo al mercado que presionará los precios internacionales a la baja, además de desplazar significativamente a los competidores regionales. México podría verse afectado en términos de exportaciones de petróleo.

Por otro lado, la producción de gasolina de Pemex continúa cayendo, mientras que la producción de combustóleo se encuentra en los niveles más altos. Esta situación genera pérdidas de operación importantes y la solución prevista es la terminación y puesta en marcha de la nueva planta de coque en la refinería de Tula Hidalgo, sin embargo, estas obras concluirán en 2024 y no hay certeza de que esto reduzca pérdidas.

Por su parte la CFE, reportó una pérdida neta de operación de más de 3 mil millones de pesos mexicanos al cierre de septiembre. Estas ineficiencias resultaron en un incremento del pasivo del 7% respecto al cierre de 2021.

Pero por otro lado de manera ambivalente, gobierno ha dado algunas señales positivas en cuanto al interés de realizar alianzas público-privadas, un ejemplo es la firma de contratos y convenios por la NFE estadounidense y Pemex para la explotación de un campo de gas en aguas profundas y el acuerdo con la francesa Engie con CFE para el desarrollo de un gasoducto para el suministro de gas a dos plantas de ciclo combinado en la Península de Yucatán.

Se estima que Pemex tendrá 15% más de ingresos durante 2023, de lograrse este aumento en los ingresos, se puede suponer que el presupuesto federal, permitirá cumplir con diferentes obligaciones de deuda de la paraestatal, sin embargo, la situación de la empresa seguirá endeble y se hace cada vez más necesaria una reingeniería en la estrategia como pivote del desarrollo petrolero.

En el mismo sentido la situación de CFE se torna crítica y se agudiza aún más ante la creciente demanda de electricidad y la posible pérdida de oportunidades si no se atiende de manera eficiente y eficaz la infraestructura de transporte y distribución, por lo que es necesario aumentar las fuentes de energía renovables.