La Comisión Nacional de Energía anunció la próxima implementación de un Programa de Registro temporal y excepcional para personas físicas y morales que almacenan petrolíferos destinados exclusivamente a procesos industriales, productivos o de transformación.
El mecanismo busca identificar las instalaciones existentes y establecer una etapa de transición regulatoria mientras se desarrolla el esquema para obtener permisos definitivos, conforme a lo previsto en la Ley del Sector Hidrocarburos y su Reglamento.
El nuevo registro complementará al programa publicado el 11 de agosto para el despacho de petrolíferos destinados al autoconsumo. Mientras este último contempla el suministro directo a flotas vehiculares propias, el nuevo esquema estará enfocado en el almacenamiento de combustibles para operaciones industriales. Las empresas que realicen ambas actividades deberán contar con los dos registros.
La CNE aclaró que ninguno de estos mecanismos autoriza la venta, comercialización o suministro de combustibles a terceros. La medida busca actualizar el padrón de instalaciones, brindar mayor certeza jurídica a los usuarios y reforzar la trazabilidad y supervisión del origen lícito de los petrolíferos en México.
Lo que la expansión del almacenamiento en China anticipa para el resto del mundo
Por Marcos Avalos | Director de Proyectos Estratégicos, Tuvansa
Buena parte de la conversación sobre transición energética sigue midiéndose en megawatts instalados. Es una métrica incompleta. Un parque solar que produce a su máxima capacidad al mediodía no resuelve por sí solo la demanda de las siete de la tarde, y una red que no puede mover esa energía en el tiempo termina desperdiciándola. El cuello de botella dejó de ser la generación: hoy es la flexibilidad. Y la flexibilidad, cada vez más, se llama almacenamiento en baterías.
China ofrece el mejor laboratorio disponible para observar cómo se resuelve ese problema a escala industrial. Cuatro dimensiones bastan para entender su expansión: el ritmo de crecimiento, el viraje regulatorio, el papel de las baterías dentro del sistema y los modelos de ingreso que las hacen viables.
La expansión del almacenamiento de energía en baterías en China.
Las cuatro apuntan en la misma dirección. El crecimiento tiene destino: una meta de 300 GW a 2030 inscrita en el 15° Plan Quinquenal, sostenida por costos a la baja. Ese despliegue viene acompañado de un cambio regulatorio de fondo, que sustituye los mandatos de coubicación por mecanismos de mercado: el Documento 114 establece tarifas de capacidad para el almacenamiento independiente y las reformas provinciales abren espacio para que estos activos participen por derecho propio.
En operación, las baterías funcionan como multiherramientas que aportan flexibilidad y estabilidad al sistema. Y en lo económico, se sostienen sobre ingresos apilados: arbitraje de energía, pagos por capacidad y servicios auxiliares.
Ese viraje del mandato al mercado no es un matiz administrativo, y hay evidencia dura para sostenerlo. De acuerdo con el análisis de Ember sobre datos del Consejo de Electricidad de China, durante 2025 los proyectos de almacenamiento independiente realizaron en promedio cien ciclos más al año que las baterías coubicadas con generación renovable. La misma tecnología, instalada en el mismo país, trabajando a ritmos marcadamente distintos.
La explicación es de diseño institucional, no de ingeniería. Los sistemas coubicados nacieron en su mayoría de un requisito obligatorio, y las empresas los trataron en consecuencia: como un costo de entrada para poder construir el parque renovable, no como un activo destinado a operar. Los proyectos independientes, en cambio, tienen un papel definido en el mercado eléctrico y responden a señales de precio y a mecanismos de ingreso que premian el uso frecuente. A eso se suman restricciones técnicas y operativas que dificultan el despacho eficiente de las baterías coubicadas; el gobierno chino está impulsando su conversión a esquemas independientes, pero no siempre es técnicamente viable y suele ser caro.
De ahí que el dato más relevante no sea la meta de 300 GW, sino los 23 TWh adicionales que podrían desplazarse durante 2025 con solo optimizar lo ya instalado. Buena parte de ese potencial ocioso está precisamente en la flota que se construyó para cumplir una norma. La lección es incómoda y útil: una regulación mal diseñada no impide que se instale capacidad, pero garantiza que trabaje a media máquina.
Para quienes desarrollamos proyectos de infraestructura, la implicación es directa. Un sistema de almacenamiento no debe concebirse como una obra que se entrega y se olvida, sino como un activo con un modelo de ingresos que hay que diseñar desde la factibilidad. Eso obliga a hacer diligencia regulatoria antes que ingeniería de detalle, a dimensionar por caso de uso y no por capacidad nominal, y a construir el caso de negocio sobre los flujos que el marco local realmente permite cobrar. Corregirlo después, como muestra la experiencia china, es mucho más costoso que preverlo.
China no es un modelo replicable tal cual, pero sí es un adelanto de las preguntas que todos los mercados tendrán que responder. La primera no es cuántas baterías instalar, sino qué se les va a pagar por hacer. Quien resuelva esa pregunta primero, construirá con ventaja.
Iberdrola mantiene una perspectiva positiva para el cierre de 2026, respaldada por el buen desempeño de sus negocios de redes eléctricas en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, así como por el aumento de la generación en España. La dirección de la compañía revisó en Bilbao el avance de sus principales proyectos estratégicos y confirmó la fortaleza de sus perspectivas financieras.
En Reino Unido, Iberdrola avanza con nuevas líneas de transmisión submarinas dentro del marco regulatorio 2026-2031, que contempla inversiones por 15.000 millones de euros, después de integrar su distribuidora del Noroeste de Inglaterra. En Estados Unidos, continúa el despliegue de capital en redes de transporte y distribución y destaca la puesta en operación de su parque eólico marino en Massachusetts, con una inversión de 4.000 millones de euros.
La compañía también sigue de cerca las autorizaciones para adquirir Caruna, distribuidora eléctrica de Finlandia, en una operación valorada en aproximadamente 5.000 millones de euros. Con esta estrategia, Iberdrola refuerza su apuesta por activos regulados y generación renovable de gran escala en mercados internacionales.
La Central Solar Fotovoltaica TAI Anáhuac ingresó a evaluación ante la Semarnat mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-R). El proyecto se ubicará en el ejido Anáhuac, en Concepción del Oro, Zacatecas, y contempla una capacidad de 249.9 MWp (226.2 MW nominales) sobre 403.16 hectáreas.
El complejo contará con 367,500 módulos bifaciales de aproximadamente 680 W, instalados sobre seguidores de un eje. La energía será recolectada a 34.5 kV, elevada a 400 kV mediante una subestación propia y posteriormente conectada a la subestación El Salero de CFE Transmisión a través de una línea de 200 metros.
El proyecto contempla cinco años para su preparación y construcción y una vida útil de 25 años. Como parte de las medidas ambientales, se prevé el rescate de flora en 97.8 hectáreas, la reforestación compensatoria de 55.2 hectáreas y obras de conservación de suelo e infiltración hídrica.
Especialistas del sector advirtieron en el GLP Summit 2026 que la acumulación de obligaciones, la falta de reglas específicas y los cambios frecuentes en componentes del precio máximo pueden desalentar nuevas inversiones. Con una capacidad de almacenamiento estimada en apenas dos días, plantearon además la necesidad de recuperar el diálogo entre industria y autoridades.
La regulación del gas licuado de petróleo (LP) enfrenta un problema de diseño que comienza a trasladarse a la operación cotidiana de las empresas, la inversión y la capacidad del sector para cumplir con nuevas exigencias. Durante el GLP Summit 2026, especialistas coincidieron en que el desafío pasa por construir reglas específicas, aplicables y compatibles con las características de una industria de la que dependen más de 100 millones de mexicanos.
Luis González Esquivel, abogado especialista en el sector energético, aseguró que se trata de regulaciones hechas en el escritorio. El problema, explicó, surge cuando las obligaciones se diseñan sin verificar que existan las condiciones técnicas y administrativas necesarias para cumplirlas.
“Queremos cumplir el marco regulatorio, pero la misma regulación te pone ciertas trabas”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó los requisitos para registrar unidades vehiculares y acreditar el cumplimiento de normas de seguridad cuando todavía pueden existir limitaciones en la disponibilidad de unidades de inspección o especialistas capaces de realizar algunas de las pruebas exigidas.
El abogado aclaró que sus comentarios no proponen no regular, sino hacerlo de una manera más eficiente en beneficio del sector energético nacional. Señaló que parte del problema se originó cuando el gas LP quedó incorporado dentro de disposiciones generales para petrolíferos, pese a que su almacenamiento, transporte y distribución presentan características diferentes a otros combustibles.
“No puedes comparar un proyecto de exploración y explotación con un proyecto de entrega de última milla y no puedes pretender regular con la misma ley a todo. Eso no debe pasar”, sostuvo.
En tanto, Fernando Gracia, director general de Enerpres Group, coincidió en que el desafío regulatorio adquiere una dimensión especial por la escala y la importancia social del mercado mexicano.
En el país se movilizan más de 700,000 toneladas mensuales de gas LP y alrededor de 27 millones de viviendas utilizan cilindros o tanques estacionarios.
“El gas LP es más que un combustible en México y en América Latina. Es hablar de bienestar social, impulso económico y seguridad energética”, afirmó.
Ampliar almacenamiento con mejora de certidumbre
Uno de los principales rezagos identificados durante el panel está en la infraestructura. Aunque México cuenta con 34 instalaciones de almacenamiento de gas LP, Gracia consideró que la capacidad disponible continúa siendo reducida frente al tamaño de la demanda.
“Tenemos sólo dos días de almacenamiento, cuando deberíamos tener al menos unos siete u ocho días como mínimo para prevenir cualquier posible contingencia, desabasto o situación de infraestructura que comprometa el suministro constante a la población”, señaló.
El especialista planteó que ampliar la capacidad a través de inversión pública y privada permitiría amortiguar disrupciones y episodios de volatilidad. Añadió que se tiene que diversificar los orígenes del combustible y “no depender de una sola fuente de suministro”.
El transporte por ducto representa otro pendiente. Frente a una operación apoyada fuertemente en miles de unidades terrestres, Gracia describió como limitada la infraestructura disponible y señaló que sistemas como el ducto Cactus-Guadalajara requieren nuevas inversiones y ramificaciones para complementar la logística nacional.
Eso sí, la posibilidad de ampliar infraestructura depende también de mayor previsibilidad económica. En ese terreno, una de las principales críticas se dirigió al esquema de precios máximos y particularmente a la variación frecuente de algunos de sus componentes.
“Cada semana, en función de ciertas variables, hoy es un valor, la semana entrante es otro. Creemos que eso definitivamente no ayuda a estimular inversión”, afirmó Gracia, que además reconoció el objetivo gubernamental de proteger al consumidor y contener presiones inflacionarias, pero consideró que determinados componentes deberían mantenerse estables durante periodos más largos y modificarse únicamente cuando existan condiciones extraordinarias.
La incertidumbre económica también puede terminar conectándose con un problema de seguridad. Rosanety Barrios, actual analista independiente, explicó que toda regulación debe equilibrar dos objetivos que permanentemente están en tensión: proteger económicamente al consumidor y mantener estándares adecuados de calidad y seguridad.
“Si un regulador aprieta el lado económico, entonces de manera natural una industria va a buscar disminuir costos para mantener margen”.
Esa búsqueda de eficiencias tiene un límite, porque “disminuir un costo puede implicar que se corre el enorme riesgo de quitarle calidad al servicio o producto que se ofrece. Y si pierde calidad, entonces entramos en el terreno, en este caso, de la inseguridad”.
Para Barrios, la intervención actual del Estado debe entenderse dentro de una política energética cuyo eje de bienestar tiene un peso central. En ese contexto, el gas LP difícilmente puede quedar fuera de la atención gubernamental por su penetración entre los hogares mexicanos.
La industria ya no puede depender solo del volumen
Barrios identificó también un cambio estructural en el negocio. A diferencia de otros mercados de consumo, “el gas LP se vive como un genérico en todo el país y al usuario final le da exactamente igual quién le va a llevar el producto a su casa”.
Esa característica ha contribuido a una relación distante entre consumidores y distribuidores, pero también abre espacio para una transformación.
“La industria tradicional, la industria tal y como se vino desarrollando en el pasado, creo que entró ya en un punto de inflexión y hay que actuar, hay que adelantarse a esos cambios que vienen”, afirmó la especialista, quien advirtió que el crecimiento futuro difícilmente podrá construirse solo aumentando los volúmenes comercializados.
La alternativa, explicó, es “pensar en dar un servicio mucho más completo para ir ganando lealtad en el usuario que hoy no la tiene”.
Así, oportunidades en tecnología, digitalización y nuevas herramientas de logística aparecen para modernizar la distribución, aunque Gracia advirtió que incorporar nuevos requerimientos tecnológicos desde la regulación debe hacerse con proporcionalidad.
“Tenemos que tener mucho cuidado de no perder de vista la premisa de toda regulación, que son las condiciones mínimas y no las óptimas”, sostuvo.
La distancia entre autoridades y empresas apareció como otro punto de coincidencia entre los participantes. Barrios advirtió que la falta de conocimiento mutuo puede alimentar un círculo regulatorio difícil de romper.
Aseguró que mientras se mantenga dicha desconexión con la autoridad, el único lado a donde se continuará dirigiendo la situación es al incremento de la desconfianza.
Por eso, su recomendación al sector fue anticiparse, pues antes de que exista una mayor regulación por parte de la autoridad, las empresas deben “autorregúlense” y mejorar sus condiciones antes de que sea una obligación.
En tanto, Fernando Gracia también consideró necesario reconstruir canales institucionales de comunicación y recordó la experiencia de los comités consultivos nacionales de normalización, donde industria y autoridades podían discutir requerimientos desde etapas previas a la publicación formal de una regulación.
“Hay una responsabilidad compartida entre regulador y sector privado. Si logramos una agenda común, podemos consolidar un sector más seguro, competitivo y, sobre todo, sostenible a largo plazo”, concluyó.
Gustavo Baquero dejará en noviembre la dirección general de Harbour Energy en México para dedicar su siguiente etapa profesional a la reconstrucción del sector energético de Venezuela.
Tras más de 25 años de trayectoria internacional en la industria de Oil & Gas, con experiencia en ExxonMobil, Repsol, bp, Equinor y Harbour Energy, Baquero anunció que pondrá sus conocimientos y experiencia al servicio de la recuperación energética de su país.
Desde México, donde ha encabezado el desarrollo de los proyectos Zama y Kan, cerrará una etapa que, según señaló, deja en manos de un equipo de primer nivel.
Su siguiente reto estará en Venezuela, donde buscará contribuir a la reconstrucción de un sector que, en sus palabras, requiere rigor operativo y técnico, capital, confianza institucional y, sobre todo, el talento de los venezolanos.
Tamaulipas se encuentra ante una oportunidad estratégica para fortalecer su papel dentro del sector energético nacional. Su ubicación fronteriza, su salida al Golfo de México y la infraestructura que conecta sus regiones productivas con Estados Unidos y Canadá colocan al estado en una posición privilegiada para atraer inversión y desarrollar nuevos proyectos.
La visión del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, coincide con una etapa de expansión de la infraestructura tamaulipeca. Carreteras, ferrocarriles, puertos, cruces fronterizos y redes de energía están configurando una plataforma que puede potenciar al estado como uno de los principales nodos logísticos, industriales y energéticos del país.
Entre los proyectos que destacan se encuentra Campo Trión, en aguas ultraprofundas frente a las costas de Tamaulipas, con una inversión superior a los 10 mil millones de dólares y producción prevista a partir de 2028. A este desarrollo se suman proyectos de gas natural y la modernización de infraestructura energética en Reynosa y Altamira.
La dimensión logística también resulta fundamental. El Corredor del Golfo Norte, el tren Saltillo–Nuevo Laredo, el fortalecimiento de los cruces fronterizos y el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros amplían las posibilidades de conectar la actividad energética e industrial tamaulipeca con los mercados de Norteamérica.
El CIET 2026 llega en un momento estratégico
Las perspectivas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el potencial de Tamaulipas se dan en el marco de la celebración del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, un encuentro que pondrá en el centro de la conversación los retos, proyectos y oportunidades del sector energético.
Del 27 al 29 de octubre, Expo Tampico reunirá a especialistas, empresas, inversionistas y líderes de la industria en un espacio diseñado para generar conocimiento, negocios y nuevas conexiones.
El programa contempla:
Más de 6,000 m² de exposición comercial.
Conferencias magistrales.
Paneles y debates.
Rondas de negocios.
Networking entre empresas y líderes del sector.
El Congreso cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Desarrollo Energético, además de la participación de empresas aliadas de la industria.
El momento resulta especialmente relevante: mientras Tamaulipas fortalece su infraestructura y amplía su capacidad energética e industrial, el sector tiene la oportunidad de encontrarse en un mismo espacio para analizar hacia dónde se dirige esta transformación.
Tamaulipas tiene los recursos, la ubicación y los proyectos para convertirse en un actor cada vez más relevante de la energía en México. El CIET 2026 será el punto de encuentro para conocer y conectar las oportunidades que vienen.
📅 27 al 29 de octubre de 2026 📍 Expo Tampico 🎟️ Registro: www.ciet.mx
ARC Resources informó que el Gobierno de Canadá aprobó su plan de arreglo con Shell plc y Shell Canada Limited bajo la Investment Canada Act. Con este aval, la transacción supera uno de sus principales requisitos regulatorios y avanza hacia su etapa final de cierre.
La aprobación se suma a los permisos obtenidos previamente bajo la Competition Act, la Canada Transportation Act y la legislación antimonopolio de Estados Unidos. El acuerdo también cuenta con el respaldo de los accionistas de ARC y con la aprobación de la Corte del Banco del Rey de Alberta, otorgada el 15 de julio de 2026.
Las compañías esperan completar la operación el 2 de septiembre de 2026 o en fechas cercanas, una vez cumplidas las condiciones habituales de cierre. El acuerdo representa una reestructuración relevante de la participación de Shell en el mercado energético norteamericano.
La compañía de servicios petroleros SLB firmó un acuerdo con el Gobierno venezolano para realizar estudios de yacimientos en el país.
«El objetivo del acuerdo es ayudar a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y al Ministerio de Petróleo a digitalizar y consolidar todos los datos de la industria petrolera«, dijo una de las fuentes a la agencia de noticias Reuters.
Añadió que el contrato también incluye transferencia de tecnología y capacitación y aseguró que si una nueva empresa interesada en un yacimiento necesita datos sobre el mismo, podrá obtenerlos desde la nube y la tecnología de SLB.
«La funcionalidad se está recuperando, pero se perdió una gran cantidad de datos debido a daños en los servidores. Parte de la información deberá reconstruirse a partir de copias en papel”, añadió una de las fuentes.
William Antonio, responsable de SLB para México, Centroamérica y Venezuela, declaró la semana pasada en una conferencia en Houston que el contrato con PDVSA entró en vigor inmediatamente tras su firma.
Por su parte, Carmen Rando Béjar, presidenta de SLB, comentó recientemente que el futuro de la industria energética de Venezuela se construirá sobre la tecnología, la innovación y el desarrollo del talento local.
Señaló que al combinar el liderazgo tecnológico global con la experiencia local, ayudarán a acelerar la producción, mejorar el rendimiento operativo, maximizar la recuperación y desarrollar aún más las capacidades digitales.
“Lo mejor está por venir”, destacó la presidenta. Por su parte, el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, afirmó que aproximadamente la mitad de la producción petrolera venezolana se está exportando actualmente a su país.
Genux obtuvo la adjudicación de los proyectos fotovoltaicos Lagartija y Ocelote en el Estado de México, como parte del proceso de Planeación Vinculante. Ambos parques sumarán 201 MWp de capacidad solar e incorporarán sistemas de almacenamiento BESS, con una inversión estimada de US$165 millones.
Una vez en operación, los proyectos tendrán una generación aproximada de 490 GWh al año, equivalente al consumo de más de 150,000 hogares, además de evitar alrededor de 250,000 toneladas de CO₂ anuales. La empresa aún no ha precisado cómo se distribuirá la capacidad entre ambos parques ni las dimensiones de sus sistemas de baterías.
La adjudicación busca impulsar proyectos de generación e interconexión alineados con las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. Con estos nuevos activos, Genux —joint venture entre Exus Management Partners y Glencore— fortalece su presencia en México y amplía su cartera de proyectos renovables en el país.
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