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Tope a precios de combustibles choca con altos costos logísticos y sobrerregulación

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Diego Aguilar
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Las políticas gubernamentales para contener el precio de los combustibles enfrentan un límite logístico que amenaza la operatividad de las estaciones de servicio. Directivos del sector analizaron este panorama durante el 4.° Foro Nacional IMEF Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, que se llevó a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

La exigencia federal de mantener el diésel y la gasolina en parámetros de economía social omitió la estructura de gastos corporativos. Factores como las largas distancias logísticas y las estrictas cargas normativas suman hasta 60 centavos de costo adicional por cada litro de hidrocarburo.

“Es muy importante ver la viabilidad financiera de las empresas para poder sostener este tipo de acuerdos. Los números no mienten, los números son reales y habrá algunas regiones del país que pueden cumplir temporalmente”, aseguró Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

La situación es crítica en zonas periféricas como las penínsulas de Baja California y Yucatán, donde el transporte terrestre encarece el producto. Cumplir un tope tarifario nacional es insostenible cuando los fletes de distribución añaden hasta 80 centavos al costo en terminales.

Al obstáculo geográfico se suma el peso normativo, obligando a los concesionarios a inyectar recursos permanentes en actualizaciones. El sector privado exige a las autoridades agilizar los trámites para evitar que la presión por mantener precios bajos provoque el colapso financiero de las empresas.

“Entendemos cuál es el tema y sabemos que se tiene que vender una gasolina a un nivel competitivo, pero también tenemos que ponernos del lado de los gasolineros y saber que es una cadena de valor compleja”, afirmó Estela Campuzano, directora legal en Energía Regional.

Inspecciones y riesgo de clausuras

Por otro lado, sobre la carga operativa, mencionaron que esta  empeora debido a las severas auditorías ambientales ejecutadas por dependencias federales. Tras el ajuste legal que centralizó facultades en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), miles de instalaciones antiguas quedaron en un estatus de incumplimiento técnico involuntario.

Aunque la mayoría del sector se inscribió al programa de regularización, las verificaciones punitivas continúan. Las agrupaciones gasolineras demandan una tregua operativa, señalando que la suspensión de actividades durante la actualización de expedientes conduce a la quiebra comercial definitiva.

“Si hay un programa de regularización, pues que haya una tregua. Si la clausuras por meses, lógicamente a una empresa se le va a complicar mucho su regularización porque un cierre es la muerte”, advirtió el titular de Onexpo Nacional.

Claroscuros en la regulación administrativa

Para mitigar la saturación de procesos, el Estado proyecta activar un expediente corporativo único digital. Esta herramienta tecnológica impedirá que las entidades entreguen los mismos documentos notariados ante diferentes ventanillas gubernamentales para renovar licencias o certificar sus operaciones en el mercado energético.

Los corporativos respaldaron la iniciativa oficial para estandarizar reportes. Pese a estos avances tecnológicos, las empresas denuncian que la Comisión Nacional de Energía (CNE) mantiene lineamientos opacos, retrasando la publicación de acuerdos y excediendo los plazos normativos de respuesta.

«No tenemos la certeza de que sí sesionan esos días. Hay partes en las que sí tienen muchos temas que mejorar. La verdad, extraño mucho las sesiones públicas; no hay manera transparente de saber el estatus», indicó Campuzano sobre el ente regulador.

La consolidación del andamiaje legal dependerá de la certeza institucional otorgada a los inversionistas. Confirmar la vigencia de los permisos es un requisito técnico fundamental para bloquear transacciones ilícitas en el sector y permitir la expansión de la infraestructura logística privada.

La reciente digitalización del registro público permite a las operadoras auditar comercialmente a sus proveedores en tiempo real. Esta visibilidad aísla a las empresas irregulares, fomenta la competencia equitativa y asegura la total legalidad en cada eslabón de la cadena de valor.

«Una de las cosas que no puedes hacer es tener tratos con personas que deberían tener permisos y no los tengan. Esa es la columna vertebral y ya nos dieron la herramienta para saber si está en orden», concluyó Julia González Romero, abogada en Valero México.

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Pemex está en un callejón sin salida; necesita capital privado 

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Diego Aguilar
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El Gobierno federal agotó su capacidad financiera para sostener las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que la participación de capital privado es indispensable para evitar el colapso de la empresa. Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, expuso esta crisis presupuestal durante el 4.° Foro Nacional IMEF Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Explicó que la necesidad de financiamiento externo responde a que las finanzas públicas de México  enfrentan restricciones inflexibles debido al pago de pensiones, programas sociales y el servicio de la deuda nacional. 

«El gobierno federal enfrentará en los próximos años restricciones presupuestales, así que no nos queda más remedio de recurrir a la participación del sector privado para complementar las inversiones públicas», afirmó Barnés.

Durante el sexenio pasado, el Estado inyectó recursos presupuestales históricos a la petrolera; sin embargo, casi la totalidad de este capital se destinó al gasto corriente de la compañía. De cada diez pesos aportados para sanear sus finanzas, nueve se utilizaron en rubros operativos y apenas un peso logró mejorar el perfil de deuda estructural.

Además de las deudas financieras, el contrabando de combustibles comerciales y el robo de hidrocarburos impactan directamente en la recaudación federal. Las estimaciones oficiales indican que este impacto le cuesta a la Secretaría de Hacienda decenas de miles de millones de pesos anuales por las mermas tributarias.

«Estamos en una de las peores condiciones de Pemex en su historia, a pesar de la importante reducción de los derechos de producción y de los cuantiosos recursos que aportó la pasada administración», advirtió el exfuncionario.

El alto costo de la refinación

La política de incrementar el procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación generó severas mermas económicas y presiones medioambientales, indicó el experto. Las plantas actuales operan con niveles de conversión deficientes, produciendo un alto volumen de combustóleo, un derivado que carece de un mercado rentable a nivel global.

Dijo que la división industrial encargada de este proceso registró una destrucción de valor financiero sin precedentes en la última administración. Mientras la extracción de crudo crudo generó ingresos al Estado, la actividad operativa de las refinerías anuló por completo estos márgenes de ganancia.

«En los seis años de la última administración, Pemex Transformación Industrial perdió 1.6 billones de pesos. El país tuvo que sacar dinero de otras fuentes para hacer frente a las pérdidas», precisó el especialista.

La calidad del crudo pesado que se suministra y la falta de catalizadores adecuados provocan que la recuperación de gasolinas y diésel vaya a la baja. A la par, las deficiencias constantes en el mantenimiento de los equipos detuvieron las plantas recuperadoras de azufre en los complejos.

Esta falla industrial disparó las emisiones contaminantes que dañan el medio ambiente y la salud pública de manera directa. Los datos operativos confirman que la empresa está liberando los contaminantes a la atmósfera sin los procesos de mitigación obligatorios.

«Las seis refinerías emitieron el año pasado 730 toneladas y los tres centros de procesamiento de gas del sureste 870 toneladas, una cantidad que por hace mucho tiempo no veíamos en este país», detalló Barnés.

Gas natural, el factor crítico

La dependencia externa de gas natural representa el riesgo técnico más grave para la nación. Barnés comentó que las reservas probadas de este hidrocarburo mantienen una tendencia decreciente y garantizan el suministro de consumo por menos de una década.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector industrial mexicano dependen de manera absoluta de las importaciones que provienen de Texas. Mientras esto ocurre, la petrolera nacional continúa quemando grandes volúmenes del gas extraído o consumiéndolo de forma ineficiente en sus procesos internos.

«Hoy el único combustible que realmente pone en riesgo la seguridad energética del país e inclusive la soberanía nacional es el gas natural, al que tenemos que prestarle debida atención», sentenció el académico.

Destacó que el desarrollo tecnológico global obligará a México a modificar su consumo de hidrocarburos en el mediano plazo para ser competitivo. La demanda de gasolinas se reducirá de forma gradual, mientras que los requerimientos técnicos de gas para generación eléctrica base aumentarán.

La viabilidad de los proyectos y la mitigación del riesgo económico dependerán de mantener reglas institucionales invariables para las corporaciones. Los bancos internacionales exigen planes de transición estructurados como un requisito indispensable antes de otorgar nuevas líneas de crédito.

«Esto requiere establecer mecanismos adecuados y adoptar reglas para garantizar a los inversionistas un esquema que permita recuperar la inversión con seguridad razonable y garantías suficientes de que se respetarán las condiciones», concluyó.

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Bruselas propone reducir impuestos eléctricos y reforzar la protección social ante la crisis energética

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La Unión Europea se enfrenta a un nuevo episodio de tensión energética derivado del encarecimiento de los combustibles fósiles y la inestabilidad geopolítica, lo que ha llevado a las instituciones comunitarias a plantear un conjunto de medidas orientadas a mitigar el impacto sobre ciudadanos y empresas. En este contexto, la Comisión Europea ha presentado el paquete “AccelerateEU”, una iniciativa que combina alivio inmediato con reformas estructurales para fortalecer el sistema energético europeo.

Uno de los pilares fundamentales del plan es la reducción de la carga fiscal sobre la electricidad, permitiendo a los Estados miembros aplicar rebajas impositivas, subsidios directos y mecanismos de apoyo como bonos energéticos y tarifas sociales. Asimismo, se abre la puerta a la implementación de medidas excepcionales, como la prohibición temporal de cortes de suministro para consumidores vulnerables, garantizando el acceso a la energía en un contexto de creciente presión económica.

El impacto de la actual crisis ha sido significativo: según datos comunitarios, el aumento de los precios energéticos ha generado un sobrecoste de aproximadamente 24,000 millones de euros en solo 52 días. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo más autosuficiente y sostenible.

En este sentido, la vicepresidenta Teresa Ribera ha enfatizado la importancia de acelerar la transición energética, destacando que la electrificación y el uso de fuentes renovables son esenciales para mejorar la seguridad económica y energética de la región. Actualmente, más del 70% de la electricidad en la UE ya proviene de fuentes limpias, lo que demuestra el avance en este ámbito.

El paquete también incluye incentivos para la adopción de tecnologías eficientes, como bombas de calor, sistemas solares y almacenamiento energético, con el objetivo de reducir el consumo y las facturas de los hogares. Se estima que estas medidas podrían generar ahorros de hasta un 25% en determinados casos, especialmente en viviendas con mejoras en aislamiento y eficiencia energética.

En el plano industrial, la Comisión prevé establecer un marco temporal de ayudas estatales que permita a los gobiernos apoyar a sectores intensivos en energía, mitigando el impacto del aumento de precios y evitando pérdidas de competitividad.

Por otro lado, la estrategia europea pone especial énfasis en la seguridad de suministro. En este ámbito, se propone coordinar el llenado de los almacenamientos de gas de manera progresiva para evitar tensiones en el mercado, una lección aprendida tras la crisis energética de 2022. El comisario Dan Jørgensen ha señalado que esta coordinación será clave para prevenir incrementos abruptos de precios.

Adicionalmente, se plantea la creación de un sistema de monitoreo de combustibles que permita analizar en tiempo real la producción, importación y distribución de recursos clave como el diésel y el queroseno, sectores donde la dependencia externa sigue siendo elevada.

Desde una perspectiva estratégica, el plan “AccelerateEU” refleja una respuesta integral a la crisis energética, combinando medidas de protección social, incentivos económicos y reformas estructurales. En un entorno donde la volatilidad de los mercados energéticos se ha convertido en la norma, la Unión Europea busca consolidar un modelo más resiliente, basado en la electrificación, la eficiencia y la sostenibilidad.

Diésel en México se mantendría por debajo de 30 pesos con acuerdo de Claudia Sheinbaum

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El mercado de combustibles en México atraviesa un momento de alta sensibilidad debido a la volatilidad internacional en los precios del petróleo. En este contexto, el gobierno federal ha alcanzado un acuerdo con concesionarios de estaciones de servicio para establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel, una medida orientada a contener el impacto económico en sectores clave como el transporte y la logística.

La decisión se tomó tras una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que participaron representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos y empresarios del sector gasolinero. El acuerdo, aunque no formalizado mediante un documento legal, implica un compromiso de colaboración para mantener el precio en niveles estables.

El objetivo principal de esta medida es evitar un efecto dominó en la economía, ya que el diésel es fundamental para el transporte de mercancías. Un incremento en su precio podría traducirse en mayores costos logísticos y, en consecuencia, en aumentos generalizados en los precios al consumidor.

Para facilitar este control, el gobierno ha implementado reducciones en el IEPS, buscando compensar el incremento en los precios internacionales del crudo. Sin embargo, datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indican que aproximadamente el 34% de las estaciones no estaban cumpliendo con el precio sugerido, lo que llevó a intensificar el diálogo con el sector.

Además, las autoridades han anunciado revisiones fiscales en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria para identificar posibles irregularidades en la comercialización del combustible. Estas acciones buscan garantizar transparencia y evitar prácticas que distorsionen el mercado.

El contexto internacional también juega un papel determinante. Las tensiones en Medio Oriente han generado incertidumbre en el suministro global, afectando rutas clave como el estrecho de Ormuz y elevando la volatilidad de los precios del petróleo. Este escenario ha obligado a los gobiernos a tomar medidas para proteger sus economías internas.

Desde una perspectiva estratégica, el acuerdo refleja un enfoque de política pública que combina incentivos fiscales, supervisión regulatoria y coordinación con el sector privado. En un entorno donde los precios energéticos pueden fluctuar rápidamente, este tipo de mecanismos permite mitigar impactos y preservar la estabilidad económica.

La apuesta de Blue Energy 380 millones de dólares para innovar en reactores nucleares

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El sector energético global enfrenta una presión creciente derivada del aumento de la demanda eléctrica, impulsada por tendencias como la electrificación del transporte, la digitalización y la expansión de centros de datos asociados a inteligencia artificial. En este contexto, la energía nuclear vuelve a posicionarse como una alternativa clave para garantizar un suministro estable y libre de emisiones, aunque con desafíos históricos relacionados con costos y tiempos de construcción.

En respuesta a estas limitaciones, la empresa emergente Blue Energy ha desarrollado un modelo innovador basado en la fabricación de reactores nucleares en astilleros. Para avanzar en esta estrategia, la compañía ha asegurado una financiación de 380 millones de dólares, combinando inversión de capital y deuda, con el respaldo de fondos como VXI Capital y otras firmas especializadas en tecnología e infraestructura.

El primer proyecto de la compañía contempla el desarrollo de una central de 1.5 GW en Texas, una capacidad suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares. A diferencia de otras startups del sector nuclear que apuestan por nuevos diseños de reactores, Blue Energy se enfoca en optimizar el proceso constructivo mediante la industrialización y estandarización de componentes.

El enfoque consiste en trasladar la mayor parte de la construcción a un entorno controlado como los astilleros, donde se pueden gestionar grandes estructuras metálicas con mayor precisión y eficiencia. Una vez ensamblados, los módulos serán transportados por vía marítima o fluvial hasta su ubicación final, reduciendo significativamente la complejidad de las obras en sitio.

Este modelo presenta ventajas clave: por un lado, permite reducir los tiempos de construcción hasta en un 50%, replicando estrategias utilizadas en la industria del gas natural licuado. Por otro, facilita la automatización de procesos como la soldadura, lo que contribuye a disminuir costos y mejorar la calidad.

Según Jake Jurewicz, el principal obstáculo para la expansión de la energía nuclear no es tecnológico, sino económico. En las últimas décadas, los costos de construcción de centrales nucleares han aumentado considerablemente, afectando su competitividad frente a otras fuentes de generación. Por ello, lograr procesos más predecibles y eficientes es fundamental para atraer financiamiento y escalar proyectos.

El interés mostrado por grandes bancos y fondos de infraestructura refuerza la viabilidad del modelo, especialmente en un contexto donde la necesidad de energía firme y baja en carbono es cada vez más urgente. Además, el enfoque geográfico basado en el acceso a vías navegables permite cubrir regiones donde se concentra gran parte del crecimiento de la demanda eléctrica a nivel mundial.

En términos estratégicos, la propuesta de Blue Energy podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la energía nuclear, alineándola con principios de manufactura moderna y escalabilidad industrial. En un escenario donde la transición energética requiere soluciones confiables y de gran capacidad, la combinación de innovación en procesos y financiamiento adecuado será clave para redefinir el futuro del sector.

Pemex instala su Comisión Consultiva del Petróleo para fortalecer la estrategia del sector energético

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La industria de hidrocarburos en México entra en una nueva fase de análisis y planeación estratégica con la instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo, un órgano impulsado por Petróleos Mexicanos con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y futuras del sector energético. La primera sesión se llevó a cabo el 21 de abril de 2026, consolidando una iniciativa anunciada apenas un mes antes.

Este consejo está presidido de manera honoraria por Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras más influyentes en la historia política y energética del país, quien a sus 91 años aporta una visión histórica clave para el análisis de la soberanía energética y el desarrollo del sector petrolero.

La comisión fue presentada oficialmente el 18 de marzo por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, quien destacó que su propósito principal es generar recomendaciones estratégicas basadas en el análisis de tendencias globales, condiciones del mercado y perspectivas a largo plazo. Este enfoque cobra especial relevancia en un entorno caracterizado por la volatilidad de los precios del petróleo, la transición hacia energías limpias y los cambios en la demanda global.

El grupo está conformado por expertos en distintas áreas, incluyendo economía energética, regulación pública, lo que permite abordar los desafíos del sector desde una perspectiva integral. Esta diversidad de perfiles es fundamental para diseñar estrategias que respondan tanto a las necesidades internas de Pemex como a las dinámicas internacionales del mercado energético.

Desde el ámbito gubernamental, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la iniciativa, subrayando la importancia de fortalecer la soberanía energética y construir políticas basadas en el conocimiento técnico y la experiencia acumulada. La participación de Cárdenas en este consejo también tiene un componente simbólico, al representar una continuidad en la defensa de los recursos energéticos nacionales.

En términos estratégicos, la creación de esta comisión responde a la necesidad de anticipar escenarios futuros en un sector que enfrenta múltiples desafíos: desde la presión por reducir emisiones hasta la necesidad de mantener la producción y rentabilidad en el corto plazo. Aunque no se han definido cifras específicas de impacto, el fortalecimiento de la gobernanza y la planificación podría traducirse en decisiones más eficientes y sostenibles para la empresa.

Además, esta iniciativa se alinea con una tendencia global en la que las empresas energéticas, especialmente las estatales, buscan incorporar mecanismos de asesoría externa para mejorar su capacidad de adaptación en un entorno altamente competitivo y en constante cambio.

En conclusión, la Comisión Consultiva del Petróleo se perfila como un instrumento clave para redefinir la estrategia de Pemex, integrando análisis técnico, visión política y experiencia histórica en un momento decisivo para el futuro energético de México.

México y Japón exploran ampliar el comercio energético ante la volatilidad global

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La dinámica energética internacional continúa reconfigurándose en respuesta a factores geopolíticos, económicos y ambientales. En este contexto, México y Japón han reforzado su diálogo bilateral con el objetivo de ampliar su cooperación en sectores clave como energía, inversión y sostenibilidad.

Tras una reciente conversación entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se planteó la posibilidad de incrementar las exportaciones de petróleo mexicano hacia Japón. Esta iniciativa surge en un momento en que los mercados energéticos enfrentan alta volatilidad debido a conflictos en Medio Oriente, lo que ha llevado a países importadores a buscar nuevas fuentes de suministro más estables.

Japón, una de las economías más dependientes de importaciones energéticas, busca reducir riesgos asociados a la concentración de proveedores. En este sentido, México se presenta como una alternativa estratégica, capaz de ofrecer recursos energéticos en condiciones competitivas y con menor exposición a tensiones regionales.

Más allá del petróleo, la relación bilateral se sustenta en una sólida base económica. Actualmente, más de 1,600 empresas japonesas operan en México, generando alrededor de 350,000 empleos directos, lo que convierte a Japón en uno de los principales inversionistas asiáticos en el país. Esta presencia ha sido clave para el desarrollo de sectores como la manufactura, la automoción y la tecnología.

En paralelo, la cooperación ambiental se ha consolidado como un pilar fundamental de la relación. Programas conjuntos han permitido avanzar en proyectos de reforestación, tratamiento de aguas y mejora de la calidad del aire, con el respaldo de agencias japonesas especializadas. Estos esfuerzos reflejan un enfoque integral que combina crecimiento económico con sostenibilidad ambiental.

Desde el punto de vista estratégico, el fortalecimiento de esta alianza responde a tres objetivos principales: asegurar el suministro energético en un entorno incierto, impulsar la inversión extranjera directa y acelerar la adopción de tecnologías sostenibles. En un escenario donde la transición energética avanza de forma desigual, este tipo de regulaciones permiten equilibrar las necesidades inmediatas con los compromisos climáticos de largo plazo.

En definitiva, la posible ampliación del comercio petrolero entre México y Japón no solo responde a una coyuntura específica, sino que se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación, cooperación y fortalecimiento de relaciones internacionales en un mundo cada vez más interdependiente.

El Gas y la Generación Eléctrica

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Por: Manuel Rodríguez González

La relevancia de la presentación que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el comité de científicos y especialistas que analizarán la posible explotación sustentable de gas natural en yacimientos no convencionales es estratégica. El objetivo es claro: fortalecer nuestra soberanía energética. Esta decisión se fundamenta en tres realidades innegables:

Primero, más del 60 por ciento de la electricidad que consume la industria, los servicios y los hogares del país se genera a partir de gas natural; segundo, importamos el 75 por ciento de la molécula que consumimos diariamente; y tercero, de estas importaciones, que ascienden a 6,800 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), el total proviene de los Estados Unidos.

Para dimensionar este escenario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señala que la matriz global se proyecta hacia la “era de la electricidad”. Prevé que la demanda mundial crezca a un promedio anual del 3.6% entre 2026 y 2030, impulsada por la electromovilidad, los centros de datos, los sistemas de aire acondicionado y el consumo industrial.

En este periodo, las energías renovables y la nuclear, junto con el gas natural, atenderán la demanda adicional. La AIE prevé que la generación eléctrica a partir de gas crezca un 2.6% anual hasta 2030, una tasa significativamente mayor al 1.4% registrado en el último lustro.

Sin embargo, la disponibilidad de gas barato estadounidense es frágil. Como indica Rystad Energy en su reporte sobre el conflicto en Medio Oriente, aunque la industria estadounidense se ha mantenido estable pese a las sacudidas en el Estrecho de Ormuz, el Gas Natural Licuado (GNL) de EE. UU. no podrá compensar una eventual pérdida del suministro proveniente de Catar. Ante un escenario así, el mercado global tendría que reequilibrarse mediante una reducción forzada de la demanda.

Ante este problema estructural de dependencia y el complejo contexto geopolítico, resulta oportuna la decisión de la Presidenta Sheinbaum. Con visión de Estado, ha conformado un grupo de expertos de la UNAM, UAM, IPN, UANL, UAdeC, IMTA, IMP e ICAyCC para orientar la posible explotación sustentable de yacimientos no convencionales.

Es alentador lo expresado por el Dr. Luis Fernando Camacho, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien destaca que, tras 22 años de estudio sobre la industria en Estados Unidos, se cuenta con el conocimiento sobre la evolución de tecnologías y técnicas hoy mucho más estables y eficientes. México camina así hacia una ruta donde la ciencia guía la seguridad energética.

Manuel Rodríguez González
www.manuelrodriguez.mx

Turquía impulsa las energías renovables como solución estratégica frente a crisis energéticas globales

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La transición energética global continúa consolidándose como una prioridad estratégica en un contexto marcado por inestabilidad geopolítica, volatilidad en los precios de la energía y crecientes riesgos climáticos. En este escenario, Turquía ha reforzado su apuesta por las energías renovables como elemento clave para garantizar seguridad energética, estabilidad económica y desarrollo sostenible a largo plazo.

Durante el 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg en Berlín, el ministro de Medioambiente turco, Murat Kurum, destacó que la diversificación del mix energético mediante fuentes limpias constituye una de las principales lecciones derivadas de las recientes crisis energéticas. Según señaló, el sistema energético mundial enfrenta actualmente su segunda gran crisis en menos de cuatro años, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los modelos basados en combustibles fósiles.

El ministro subrayó que la dependencia de estas fuentes tradicionales no garantiza la seguridad del suministro, sino que, por el contrario, incrementa la exposición a fluctuaciones de precios, tensiones geopolíticas y riesgos asociados al cambio climático. En este sentido, defendió que las energías renovables representan una alternativa más estable, resiliente y alineada con los objetivos globales de descarbonización.

No obstante, también reconoció que la coyuntura actual ha obligado a varios países a ralentizar temporalmente sus inversiones en energías limpias, recurriendo nuevamente a combustibles fósiles para asegurar el abastecimiento energético. Aun así, insistió en que esta situación debe interpretarse como una medida transitoria dentro de una tendencia estructural hacia la sostenibilidad.

En el ámbito internacional, Turquía se prepara para desempeñar un papel relevante en la próxima COP31, que tendrá lugar en Antalya en noviembre. Esta cumbre marcará un hito al inaugurar un nuevo modelo de gobernanza, en el que Australia asumirá la presidencia de las negociaciones climáticas, mientras Turquía liderará aspectos clave de la agenda política y de acción.

Uno de los principales objetivos será reforzar el compromiso con el Acuerdo de París, especialmente en un contexto donde algunos actores internacionales han replanteado su participación. Asimismo, se espera avanzar en la financiación climática mediante iniciativas como la tercera reposición del Fondo Verde para el Clima y el fortalecimiento del Fondo para Pérdidas y Daños, instrumentos esenciales para apoyar a países vulnerables frente a los impactos del calentamiento global.

Desde una perspectiva estratégica, el posicionamiento de Turquía refleja una tendencia global en la que la transición energética no solo responde a compromisos ambientales, sino también a la necesidad de reducir riesgos sistémicos y aumentar la autonomía energética. La inversión en renovables, junto con el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y redes inteligentes, se perfila como un factor clave para garantizar sistemas energéticos más robustos y adaptables.

En un entorno donde las crisis energéticas se han vuelto recurrentes —dos en menos de cuatro años—, la diversificación basada en fuentes limpias emerge como una solución estructural que permite reducir la dependencia de recursos limitados y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, competitivo y seguro.

Pemex ante una transición energética marcada por retos financieros y operativos

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El sector energético mexicano atraviesa una etapa de alta complejidad, donde los desafíos estructurales de Petróleos Mexicanos reflejan las tensiones propias de la transición hacia modelos más sostenibles. La empresa productiva del Estado se encuentra en una coyuntura crítica que combina limitaciones operativas, presión financiera y exigencias ambientales crecientes.

Desde el punto de vista de recursos, las reservas probadas de hidrocarburos presentan una disminución sostenida. Actualmente, el petróleo disponible tiene una vida estimada menor a una década, mientras que el gas natural se encuentra en una situación similar. Este escenario se agrava con la caída en la producción: tan solo en 2025, la extracción de crudo disminuyó en aproximadamente 120 mil barriles diarios.

En paralelo, el desempeño del gas natural muestra señales de deterioro. La producción de gas seco se ha reducido de manera significativa, operando los complejos de procesamiento a cerca del 40% de su capacidad instalada. Además, una proporción creciente del gas producido no puede ser aprovechada eficientemente debido a su composición, lo que ha incrementado la quema y reinyección.

En términos de dependencia energética, el país enfrenta un riesgo relevante: más del 90% del gas utilizado por la industria y el sistema eléctrico proviene de importaciones, lo que expone a México a vulnerabilidades en el suministro externo.

El panorama financiero tampoco resulta favorable. Los rendimientos operativos han mostrado una caída pronunciada en la última década, mientras que las pérdidas acumuladas se mantienen en niveles cercanos a los 2 billones de pesos por periodo sexenal reciente. A pesar de las transferencias gubernamentales que superan el billón y medio de pesos, la mejora en el patrimonio ha sido marginal.

A nivel industrial, el sistema de refinación ha incrementado su procesamiento hasta alcanzar cerca de un millón de barriles diarios, aunque esto ha venido acompañado de mayores pérdidas por barril procesado, reflejando problemas de eficiencia estructural.

El impacto ambiental también es significativo. Las emisiones de dióxido de azufre superaron el millón y medio de toneladas anuales, considerando refinerías y complejos de gas, evidenciando rezagos en mantenimiento y control de emisiones.

En este contexto, la transición energética representa tanto un riesgo como una oportunidad. Mientras que la demanda de combustibles tradicionales tenderá a disminuir, el gas natural continuará creciendo como energético clave, impulsado principalmente por el sector eléctrico.

El reto para Pemex será implementar una transformación profunda que incluya modernización tecnológica, reducción de emisiones, fortalecimiento financiero y una estrategia clara de largo plazo que le permita adaptarse a un mercado en rápida evolución.

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