El Gobierno federal agotó su capacidad financiera para sostener las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que la participación de capital privado es indispensable para evitar el colapso de la empresa. Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, expuso esta crisis presupuestal durante el 4.° Foro Nacional IMEF Energía e Infraestructura en la Agenda Nacional, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Explicó que la necesidad de financiamiento externo responde a que las finanzas públicas de México  enfrentan restricciones inflexibles debido al pago de pensiones, programas sociales y el servicio de la deuda nacional. 

«El gobierno federal enfrentará en los próximos años restricciones presupuestales, así que no nos queda más remedio de recurrir a la participación del sector privado para complementar las inversiones públicas», afirmó Barnés.

Durante el sexenio pasado, el Estado inyectó recursos presupuestales históricos a la petrolera; sin embargo, casi la totalidad de este capital se destinó al gasto corriente de la compañía. De cada diez pesos aportados para sanear sus finanzas, nueve se utilizaron en rubros operativos y apenas un peso logró mejorar el perfil de deuda estructural.

Además de las deudas financieras, el contrabando de combustibles comerciales y el robo de hidrocarburos impactan directamente en la recaudación federal. Las estimaciones oficiales indican que este impacto le cuesta a la Secretaría de Hacienda decenas de miles de millones de pesos anuales por las mermas tributarias.

«Estamos en una de las peores condiciones de Pemex en su historia, a pesar de la importante reducción de los derechos de producción y de los cuantiosos recursos que aportó la pasada administración», advirtió el exfuncionario.

El alto costo de la refinación

La política de incrementar el procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación generó severas mermas económicas y presiones medioambientales, indicó el experto. Las plantas actuales operan con niveles de conversión deficientes, produciendo un alto volumen de combustóleo, un derivado que carece de un mercado rentable a nivel global.

Dijo que la división industrial encargada de este proceso registró una destrucción de valor financiero sin precedentes en la última administración. Mientras la extracción de crudo crudo generó ingresos al Estado, la actividad operativa de las refinerías anuló por completo estos márgenes de ganancia.

«En los seis años de la última administración, Pemex Transformación Industrial perdió 1.6 billones de pesos. El país tuvo que sacar dinero de otras fuentes para hacer frente a las pérdidas», precisó el especialista.

La calidad del crudo pesado que se suministra y la falta de catalizadores adecuados provocan que la recuperación de gasolinas y diésel vaya a la baja. A la par, las deficiencias constantes en el mantenimiento de los equipos detuvieron las plantas recuperadoras de azufre en los complejos.

Esta falla industrial disparó las emisiones contaminantes que dañan el medio ambiente y la salud pública de manera directa. Los datos operativos confirman que la empresa está liberando los contaminantes a la atmósfera sin los procesos de mitigación obligatorios.

«Las seis refinerías emitieron el año pasado 730 toneladas y los tres centros de procesamiento de gas del sureste 870 toneladas, una cantidad que por hace mucho tiempo no veíamos en este país», detalló Barnés.

Gas natural, el factor crítico

La dependencia externa de gas natural representa el riesgo técnico más grave para la nación. Barnés comentó que las reservas probadas de este hidrocarburo mantienen una tendencia decreciente y garantizan el suministro de consumo por menos de una década.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sector industrial mexicano dependen de manera absoluta de las importaciones que provienen de Texas. Mientras esto ocurre, la petrolera nacional continúa quemando grandes volúmenes del gas extraído o consumiéndolo de forma ineficiente en sus procesos internos.

«Hoy el único combustible que realmente pone en riesgo la seguridad energética del país e inclusive la soberanía nacional es el gas natural, al que tenemos que prestarle debida atención», sentenció el académico.

Destacó que el desarrollo tecnológico global obligará a México a modificar su consumo de hidrocarburos en el mediano plazo para ser competitivo. La demanda de gasolinas se reducirá de forma gradual, mientras que los requerimientos técnicos de gas para generación eléctrica base aumentarán.

La viabilidad de los proyectos y la mitigación del riesgo económico dependerán de mantener reglas institucionales invariables para las corporaciones. Los bancos internacionales exigen planes de transición estructurados como un requisito indispensable antes de otorgar nuevas líneas de crédito.

«Esto requiere establecer mecanismos adecuados y adoptar reglas para garantizar a los inversionistas un esquema que permita recuperar la inversión con seguridad razonable y garantías suficientes de que se respetarán las condiciones», concluyó.

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