Especialistas, industria y legisladores analizaron el papel del gas no convencional frente a la dependencia de importaciones y los desafíos regulatorios que enfrenta su desarrollo en México.

Por Rocío Novoa Valdebenito

En el marco de un taller técnico realizado en la Cámara de Diputados, al cual Global Energy tuvo acceso exclusivo, especialistas, representantes de la industria y legisladores analizaron la viabilidad del fracturamiento hidráulico en México, en un contexto marcado por la creciente dependencia de gas natural importado y las limitaciones estructurales para desarrollar recursos propios.

Durante la sesión se planteó que el gas no convencional ya es un componente crítico del sistema energético nacional, aunque su desarrollo permanece rezagado frente a otros mercados. “México no tiene un problema con los no convencionales; nuestra dependencia del 75% del gas de Estados Unidos lo refleja”, afirmó Merlin Cochran, Director General de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXHI.
El peso del gas en la economía energética fue uno de los puntos centrales del análisis.

Actualmente, el 61% de la electricidad en el país se genera con este combustible, lo que lo convierte en un insumo estratégico para la industria. “El gas es vital para industrias como acero, cemento y cal”, señaló la diputada Rocío Abreu, representante de Campeche y presidenta de la Comisión de Energía.

Potencial disponible y recursos sin desarrollar

El diagnóstico técnico coincide en que el país cuenta con una base relevante de recursos no convencionales. De acuerdo con información presentada durante el taller, más de la mitad de los recursos prospectivos de México corresponden a este tipo de yacimientos y una parte significativa permanece sin asignación o desarrollo.

A nivel geológico, estudios realizados por Pemex han estimado recursos en lutitas por alrededor de 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con áreas de interés concentradas en cuencas como la Tampico-Misantla. “El potencial no está en la sierra afectando poblaciones indígenas, sino en zonas ya explotadas por más de 130 años”, explicó el ingeniero José Antonio Escalera, especialista técnico en materia petrolera.

Por su parte, el principal desafío identificado es la viabilidad económica frente a mercados más desarrollados. México compite contra el gas shale de Estados Unidos, producido en condiciones de mayor certidumbre regulatoria, infraestructura consolidada y menores costos operativos.
En contraste, el desarrollo de no convencionales en México enfrenta sobrecostos derivados de la complejidad regulatoria, la falta de infraestructura, condiciones de seguridad en zonas operativas y restricciones en el acceso a insumos críticos como el agua.

Los tiempos de ejecución reflejan este entorno. “Tomaría siete años de pura papelería poder empezar a producir”, advirtió Alfonso Reyes, especialista de AMEXHI, al comparar los procesos nacionales con otros países donde la perforación puede iniciar en plazos significativamente menores.

A ello se suma la curva de aprendizaje. De acuerdo con los participantes, los primeros desarrollos en México podrían presentar costos entre 250% y 300% superiores a los de Estados Unidos, afectando la competitividad de los proyectos en sus fases iniciales.

Regulación, fiscalidad y operación

El entorno regulatorio fue señalado como uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del sector. Las presentaciones mostraron que el proceso completo, desde exploración hasta producción, puede extenderse por varios años debido a la acumulación de trámites, autorizaciones y requisitos técnicos.

Por ello, el grupo espera que instancias de aprendizaje como éstas den origen a “una regulación con dientes, no de papel”, planteó Escalera, al referirse a la necesidad de contar con marcos efectivos sin generar cargas administrativas que retrasen la ejecución.
En el ámbito fiscal, los especialistas coincidieron en que los esquemas actuales no reflejan la naturaleza de estos proyectos, caracterizados por inversiones intensivas y recuperación acelerada de producción. “Si estamos en tasa cero de recaudación es porque no estamos produciendo”, sostuvo la diputada Abreu, al señalar la necesidad de ajustar el tratamiento fiscal del gas frente al petróleo.

Además de los aspectos técnicos y económicos, el desarrollo del fracturamiento hidráulico (fracking) enfrenta desafíos sociales y operativos. Entre ellos destacan la obtención de licencias sociales, los procesos de ocupación superficial y las condiciones de seguridad en determinadas regiones.

“De nada sirve hablar de bondades si no se genera confianza social”, se advirtió durante la sesión, junto con señalar limitaciones operativas vinculadas a condiciones de seguridad que pueden afectar la continuidad de procesos técnicos.
En paralelo, se abordaron aspectos técnicos relacionados con el impacto ambiental de esta alternativa anunciada hace algunas semanas por la Presidenta Sheinbaum. De acuerdo con los especialistas, los diseños de perforación contemplan sistemas de aislamiento para proteger acuíferos y el consumo de agua representa una proporción acotada frente al uso total en las regiones donde se desarrollaría la actividad.

El consenso entre industria y legisladores apunta a que el desarrollo de recursos no convencionales en México es viable, pero requiere condiciones habilitantes claras como la simplificación regulatoria, un régimen fiscal competitivo, el desarrollo de infraestructura, la disponibilidad de agua y un entorno de seguridad adecuado.
La experiencia internacional muestra que estos procesos implican periodos de maduración prolongados.

En países como Argentina, el desarrollo de yacimientos no convencionales tomó más de una década para consolidarse como una actividad competitiva. “Tenemos 30 años diciendo que lo vamos a hacer y no hemos hecho nada; es prioritario”, concluyó Escalera.