Por Leticia Villeda Suárez, empresaria y especialista en derecho energético.
El tráfico ilegal de combustible se ha convertido en un riesgo para la seguridad nacional, entendida como la “condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacional, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”, tal y como se define en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de México.
Bajo esta perspectiva, el robo de combustible y el delito o simulación fiscal que conlleva el tráfico ilegal del combustible conocido como huachicol, representan una amenaza al Estado mexicano, porque el delito fiscal que acompaña al huachicol es una acción ilegal que hace posible la sustracción de un activo estratégico de la nación como son los combustibles, que mantiene una relación directa y de manera particular con la seguridad energética del país.
En el marco de las acciones que se deben de instrumentar para proteger al país de los riesgos y amenazas tanto externas como internas, podemos afirmar que el huachicol y todo su entramado de carácter delincuencial y los delitos fiscales que se llevan a cabo para su operación, han tenido un crecimiento y expansión sin medida, que desafortunadamente sus efectos y consecuencias han escalado hasta el grado de considerarse una variable que afecta al ámbito de la seguridad nacional, desde varias vertientes.
En primer lugar, sobre las acciones que deben de instrumentarse para preservar la soberanía nacional y defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional, el huachicol en su modo de contrabando de combustible y esquema de evasión fiscal se ha convertido en uno de las principales objetivos del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), cuya misión es precisamente promover la seguridad nacional estadounidense con el uso estratégico de las facultades y la inteligencia financiera para salvaguardar su sistema financiero frente a actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en su comunicado del 30 de junio de 2026, en el que emite una alerta sobre el contrabando de combustibles y los esquemas de evasión fiscal de los cárteles en su frontera sur, señala que los cárteles mexicanos y otros actores delincuenciales tienen como la fuente más importante de sus ingresos las actividades relacionadas con el huachicol, que abarcan el robo de combustible y petróleo en México, el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos y el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión fiscal en el territorio mexicano, lo que se denomina robo fiscal de combustible o mejor conocido como huachicol fiscal.
También el Departamento del Tesoro estadounidense señala los diversos métodos para robar combustible y petróleo crudo a Petróleos Mexicanos, que se expende en el mercado negro y es introducido de contrabando a Estados Unidos bajo otra denominación para evitar controles, regulaciones e impuestos; y de manera inversa, del lado mexicano, huachicoleros contrabandean petrolíferos desde Estados Unidos mediante la frontera sur o puertos estadounidenses hacia México, a través de intermediarios que emiten facturas falsas para legitimar y comercializar el combustible ilícito.
Este entramado de ilícitos es un problema binacional y el mismo Departamento del Tesoro de nuestro vecino del norte, lo reconoce al señalar que distribuidores estadounidenses son cómplices de esta trama, al aprovechar sus relaciones con importantes refinerías y distribuidores de combustibles en territorio estadounidense para comprar y desviar combustibles a redes interconectadas de empresas fachada y empresas fantasmas estadounidenses y mexicanas en los sectores de transporte de mercancía, logística y otros, antes de ser introducidos a México, donde el Departamento del Tesoro estadounidense sugiere que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito.
Hasta aquí podemos apreciar que el huachicol en sus diferentes vertientes y, sobre todo, el huachicol fiscal, es un problema binacional, en que Estados Unidos no solamente lo considera como un asunto de seguridad nacional, sino que también está enfrentando este problema de manera interinstitucional, pues además de sus agencias de seguridad como la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento del Tesoro juega un papel clave en las acciones de inteligencia financiera para combatir los esquemas de contrabando de combustible.
Desde el lado mexicano, consideramos pertinente, que además de las tareas y el esfuerzo que llevan a cabo las distintas instituciones de seguridad y judiciales para enfrentar al huachicol en sus diferentes modalidades, es importante fortalecer las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de regulación de los controles volumétricos, que están establecidos en los anexos 21, 22 y 23 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal, haciendo de la medición un aliado fundamental para la lucha y prevención de la evasión fiscal y el huachicol.
El objetivo principal es llevar un control claro y transparente de los combustibles, a fin de saber exactamente cuánto combustible entra, cuánto sale y cuánto queda almacenado, con su respectiva relación con las facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Esto permite evitar errores, pérdidas y actividades ilegales como la evasión fiscal y el huachicol.
Cabe destacar que estos trabajos de medición se deben de llevar a cabo por empresas de reconocida experiencia, amplia trayectoria y respaldo técnico para garantizar el cumplimiento de la norma y evitar riesgos mayores.
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