Al participar en el Foro 14 “Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC vs Reforma Eléctrica”, del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa del Ejecutivo, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Raúl Jiménez Vázquez, indicó que la reforma constitucional planteada por el Presidente de la República cumple con una responsabilidad política, social, jurídica e histórica de orden superior; garantiza los intereses supremos de la nación y asegura una vida digna; es necesaria e impostergable; está alineada a los principios vertebrales del constitucionalismo social y, de ninguna manera, contraviene el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Detalló que en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, se establece que: “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”, esto significa que la propuesta constitucional no está constreñida por el ámbito de aplicación de materia del T-MEC.

Tal exclusión, añadió, anula cualquier intento de poner en entredicho su validez a la luz del tratado comercial y, no obstante, estas circunstancias “de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta; el gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre las plantas de generación y tampoco hay expropiación indirecta”.

Resaltó que el tema de los energéticos no forma parte ni del capítulo 8 ni de ninguno de los capítulos del T-MEC; el tema energético está fuera del tratado.

Aclaró que, si bien está el precepto 27 de la Convención de Viena, de que los pactos deben ser respetados, “y en el capítulo 8 tenemos un pacto puntual de que Canadá y Estados Unidos se comprometieron a respetar la soberanía legislativa de México para modificar la Constitución; no veo dónde pudiese haber conflicto entre la propuesta del Ejecutivo y el T-MEC, porque el sector energía está fuera del T-MEC”.

Por su parte, Almudena Otero de la Vega, abogada del departamento de Arbitraje de la CFE, dijo que la reforma constitucional es compatible con las obligaciones del T-MEC. Puntualizó que no tiene efectos discriminatorios ni favorece a inversiones de un país en particular, por lo que éstos tienen las mismas circunstancias independientemente de su nacionalidad.

Subrayó que los términos en los que está planteada la reforma en los artículos 25, 27 y 28 no violan el principio de trato nacional. “Los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46 por ciento disponible en la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico”.

Estimó que para verificar la compatibilidad de la reforma del T-MEC, se debe evaluar el trato que se otorgará a los inversionistas. Reiteró que ésta no viola los principios de nación más favorecida, de trato nacional y el de nivel mínimo de trato.

Dijo que la reforma establece los principios esenciales en los que se basarán las leyes secundarias, tales como seguridad energética y nacional, abastecimiento continuo, planeación y control. Respecto de la transición energética, puntualizó que la CFE tiene mucha energía hidroeléctrica, geotérmica y nuclear, que son energías limpias, “no veo cómo no podamos cumplir con el 35 por ciento de energías limpias”.

Puntualizó que la reforma es una respuesta para resolver la crisis energética. Afirmó que se tiene que hacer un análisis cuidadoso sobre cuál será el efecto que se tenga en la competencia. Ante la pregunta de qué es el tratamiento especial a inversionistas privados, mencionó que la reforma establece emparejar el piso de competencia y dejar claras las reglas del juego al dividir los porcentajes.