El pasado 14 de julio, la Unión Europea presentó un ambicioso paquete de medidas para la reducir las emisiones contaminantes, que incluye la prohibición efectiva de la venta de nuevos automóviles de gasolina y diésel a partir de 2035, con el objetivo de acelerar la comercialización de vehículos eléctricos.

En este sentido, la Comisión Europea, propuso un recorte del 55% de las emisiones de CO2 de los automóviles para 2030 respecto a los niveles de 2021, muy por encima del objetivo actual de reducción del 37.5% de las emisiones de CO2 para esa fecha, así como un recorte del 100% de las emisiones de CO2 para 2035, lo que imposibilitaría la venta de nuevos vehículos impulsados por combustibles fósiles en el bloque de 27 países.

«La ciencia nos dice que tenemos que reducir las emisiones a la mitad para 2030, así que para el transporte por carretera la solución es sencilla: deshacerse del motor de combustión interna», dijo Helen Clarkson, directora ejecutiva de Climate Group, un grupo sin ánimo de lucro que trabaja con empresas y Gobiernos para hacer frente al cambio climático.

Para impulsar las ventas de vehículos eléctricos, Bruselas también propuso una legislación que obligará a los países a instalar puntos de recarga públicos a lo largo de las principales carreteras con una distancia máxima de 60 kilómetros entre ellos para 2025.

Se espera que el despliegue de los vehículos eléctricos crezca a 3.5 millones de estaciones públicas de recarga para automóviles y furgonetas en 2030, y que esa cifra aumente hasta los 16.3 millones en 2050.

Todas las propuestas de la Comisión deberán ser negociadas y aprobadas por los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, lo que podría llevar unos dos años.

El fin de la producción de coches diesel o gasolina es una de las medidas clave pero no la única del vasto paquete bautizado como ‘Fit for 55’ con el que el Ejecutivo comunitario quiere allanar el camino al objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 (con respecto a los registros de 1990), que incluye también iniciativas que afectarán a los sectores aéreo y marítimo.

A Bruselas le preocupa también la falta de compromiso en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, por lo que plantea también un sistema de comercio de emisiones paralelo para la distribución de combustible en estos dos sectores.