Por Javier H. Estrada Estrada

El término “seguridad energética” suele usarse con significados diversos o disímbolos. Comúnmente se refiere a la certidumbre sobre la disponibilidad del suministro de energía, su acceso, calidad y predictibilidad de precios. Para la sociedad y la economía, la energía es un insumo esencial y una materia prima, tal vez disponible en el país. Su producción o importación, procesamiento, transporte y distribución, son inversiones intensivas en capital que responden a economías de escala o de alcance, por lo que sus mercados tienden a estar dominados por una o pocas empresas, por lo que requieren de regulación.

Al crecer la demanda y la especialización en el consumo de los energéticos, el país debe propiciar aumentar las inversiones en infraestructura e instalaciones abastecedoras de energía por encima de su natural ciclo de vida, o de la reposición de los recursos no renovables, o en ahorro energético, o en energéticos de sustitución, además de sistemas de distribución a los usuarios. La regulación busca asegurar el crecimiento de la oferta al usuario, anticipando la demanda, con costos razonables, menor impacto ambiental posible, sin sobredimensionamiento o utilidades excesivas.

Algunas acepciones de la “Seguridad Energética” tienen mayor aplicación, por ejemplo: La disponibilidad física de los suministros de energía para satisfacer la demanda; Los efectos nocivos que la escasez de energía o su volatilidad de precios tienen sobre la economía, el bienestar social o el medio ambiente; La interrupción de los suministros por fallas en la infraestructura y equipos; La paralización de fuentes de suministro por desastres naturales, disturbios sociales, acción política o por daños colaterales de actos criminales; o cuando la incertidumbre de abasto pone en riesgo la actividad económica o social de la nación y se transforma en tema de seguridad nacional o de política exterior. 

Así, la seguridad energética podría definirse como “la disponibilidad de energía utilizable de suministros, en el punto de consumo final, a precios económicos y en cantidades y oportunidad suficientes para que, considerando la eficiencia energética, el desarrollo económico, social y ambiental de un país no se vea limitado materialmente”[1].

La vulnerabilidad

Durante décadas México no ha sufrido de desabasto de energía que afecte su crecimiento económico, aunque no siempre los energéticos han llegado a toda la población. Sin embargo, desde 2014 el sistema energético nacional sí ha aumentado su nivel de vulnerabilidad y de riesgos. La vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser incapacitado para resistir cuando se presenta una adversidad, o se reducen los recursos para responder. En nuestro caso, la vulnerabilidad es el daño que el sistema energético nacional puede sufrir al enfrentar peligros inminentes, sean desastres naturales o cambios drásticos en el abasto de energía por causas económicas, políticas o ambientales.

La vulnerabilidad del sistema energético se incrementa cuando: Se tiene alta dependencia de una fuente de suministro (i.e. gas natural) o de un energético o de varios, pero dependientes entre sí (i.e. petróleo y su gas asociado); Se cuenta con nula o limitada capacidad para responder a la escasez o para mitigar aumentos de precios (falta de almacenamiento e inventarios, limitado mallado de las redes, pocos puertos calificados); Los usuarios carecen de capacidades para sustituir con energéticos de calidades distintas; Se opera con costos de energéticos superiores al de empresas con las que se compite; Se tiene limitada capacidad de inversión para solucionar la escasez.

La resiliencia

La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual. A fin de reforzar la resiliencia o de reducir las afectaciones, o adaptarse, es necesario contar con un sector energético funcional y en renovación. En cada empresa se deberán implementar medidas, y para México, en el Plan Nacional de Desarrollo se deberán incluir, entre otros, los objetivos siguientes:

• Actualizar la eficiencia legal, normativa y de las agencias del sector para que se envíen señales de precios adecuadas y acelere la adaptación.
• Fortalecer la inversión y los presupuestos para la renovación del sector energía.
• Contar con acuerdos internacionales de cooperación energética.
• Disponer de mecanismos de cobertura de precios a todos los niveles.
• Contar con centros de investigación de tecnologías aplicables al sector energía.
• Aumentar las reservas de hidrocarburos, en particular de las probadas, encima de los niveles de reposición y de la capacidad de producción.
• Diversificación geográfica de la cadena de valor para cada energético, con nuevas provincias productoras o centros intermedios.
• Contar con dualidad operativa de consumo energético y/o de fuentes de suministro.
• En el sector eléctrico, contar con una amplia mezcla de energéticos y renovar el parque de generadores.
• Mantenimiento operativo o de restitución de las instalaciones a fin de conservar su capacidad operativa luego de sufrir insuficiencias de energéticos o de calidad.
• Mantener bajos costos unitarios de los energéticos a fin de controlar el precio del producto en caso de escasez energética.
• Mejora constante en la calidad de los combustibles y de los energéticos.
• Promover las energías renovables o alternativas (GNC, hidrógeno, biomasa, nuclear).
• Desarrollar puertos para la importación de energías primarias, procesamiento de secundarias, interconexiones a ductos, transporte por ruedas y redes eléctricas.
• Ampliar la capacidad de almacenamiento de energéticos y de inventarios disponibles.
• Mejorar el mallado de las redes de transporte de combustibles y de electricidad

Seguridad nacional.  En México podemos distinguir dos casos para el sector energía. Uno se refiere a personas que atentan intencionalmente a reducir el suministro de energía o dañar su funcionamiento, tales como terrorismo, boicots, ataques, robos, criminalidad, secuestros, embargos, intervenciones, escasez geopolítica de energía causada por guerras. El otro se refiere a riesgos naturales que pudieran causar muertes, daños a personas, grupos sociales, medio ambiente, regiones, o instalaciones del sector. 

Soberanía. En la reflexión nacional, la memoria histórica revive las pérdidas de territorio e invasiones hasta hace 100 años, definiendo a la industria energética como un bastión de la soberanía nacional. El territorio incluye al subsuelo y sus riquezas, como los minerales e hidrocarburos, propiedad de la nación. Las empresas energéticas del Estado y sus actividades se traducen en instrumentos de protección nacional. Así mismo, su industria y aprovechamiento son vistos como palanca de desarrollo y bienestar, con efectos de promoción industrial y social. A pesar de ello, si bien durante décadas los hidrocarburos permitieron el financiamiento del gobierno, y de infraestructura, instituciones, bienes y servicios de utilidad pública, también recientemente, la dependencia en la riqueza petrolera y en las empresas energéticas del Estado se ha traducido en deuda, obsolescencia, baja inversión y vulnerabilidad del sistema energético.

Desde 1994 la reflexión nacional sobre la fortaleza y eficiencia del país nos ha impulsado a construir un Estado de derecho robusto, un gobierno con la capacidad de dirigir las políticas públicas, un marco legal y regulatorio funcional, sistemas de supervisión efectivos, mecanismos de intervención de la autoridad. Bajo ese entorno, en México la inversión privada y sus operaciones son un complemento para el desarrollo del sector energía, ratificado en 2013. Los tratados y acuerdos comerciales hoy firmados parten de nuestra capacidad nacional para coordinarnos con otros países. También nos hemos comprometido a disminuir nuestras emisiones de carbón y otros gases contaminantes.

Hoy, México cuenta con 13 Tratados de Libre Comercio, con 46 países, además de Acuerdos sobre la reciprocidad de las inversiones, Acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, y la membresía en el Tratado de Asociación Transpacífico.México en el comparativo internacional. En el análisis entre países, para el Consejo Mundial de la Energía[2], la Seguridad Energética es un componente central acompañado otros dos: la equidad energética en el acceso a la población, y la sustentabilidad ambiental que incluye la eficiencia y a las renovables. Los tres elementos ajustados por la funcionalidad de la economía, México ocupa el lugar 43 entre 127 países. Para Global Energy Institute[3], en un análisis similar, México ocupa el lugar 11 entre 25 países.

[1] Javier Estrada, socio director de Analítica Energética SC, economista, 40 años de experiencia en el sector energético internacional, ex comisionado de la CRE y CNH.
[2] Ver también, George Kowalski y Sead Vilogorac, “Energy Security Risks And Risk Mitigation: An Overview”. 2008 https://unece.org
[3] World Energy Council. https://trilemma.worldenergy.org/#!/energy-index
[4] Global Energy Institute. International Index of Energy Security Risk. https://www.globalenergyinstitute.org