Por Dip. Hernán Salinas Wolberg (*)
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo» es una frase de Albert Einstein que se ha convertido en un mantra. En ninguna parte del mundo se ha obtenido éxito repitiendo fórmulas que han fracasado. Las experiencias fallidas y los errores sirven para corregir y eventualmente llegar al resultado esperado con éxito. El método científico reconoce la posibilidad de errores pero conlleva el análisis y corrección, en su caso, de lo que haya sido erróneo, para modificarlo en el siguiente intento. De nada sirve el rigor de estudiar y conocer la historia, si se repiten las decisiones que sabemos son desatinadas y llevan al fracaso.
Después de este elemental razonamiento, no entendemos el memorándum energético de la Presidencia de la República a los “servidores públicos e integrantes de los órganos reguladores del sector energético” del 22 de julio de 2020, del que se conoció su contenido a principios de agosto y que nadie ha negado su contenido en forma alguna.
En su muy particular estilo, el Presidente estima que la participación de actores privados en el sector constituye una “política de pillaje” al amparo de la reforma energética. Una vez más, se unge como acusador, sin aportar prueba alguna. Afirma categóricamente que “todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos”. Ese simplismo presidencial implica que “todo” lo realizado a raíz de la reforma energética es en contubernio con “políticos corruptos”, como si estos fueran omnipresentes en todos y cada uno de los asuntos, trámites, y empresas de todas las vertientes del sector energético. Esto es falso. El Presidente no ha sostenido sus dichos cuando se ha reunido con empresas energéticas en su despacho ni ha presentado denuncia alguna. Como ya lo hemos dicho antes, si hay evidencias o casos sólidos, se debe acudir a las instancias de procuración de justicia, y no conducir al país con base en amenazas, elucubraciones y parafernalia sin sentido.
López Obrador señala que “lo fundamental” en su planteamiento “consiste en regresar […] a la política que aplicaron en su tiempo los presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos”. Para supuestamente ser un estudioso de la historia nacional, el Presidente hace gala de un desconocimiento histórico una vez más con matices anacrónicos, lejos de la visión de futuro que debe tener el país. Cárdenas realmente no prohibió la participación privada en el segmento energético, durante su gobierno inclusive había privados ofreciendo el servicio de energía eléctrica; y López Mateos sentó las bases de la fallida compañía Luz y Fuerza del Centro comprando a The Mexican Light and Power Co.
Las políticas energéticas de la 4T no tienen cabida hoy por la realidad que vivimos en el 2020. Las necesidades y realidades de ahora no pueden resolverse apostando a un pasado muy pasado. La apuesta Presidencial acentúa las pifias que condujeron a la precaria realidad de Pemex y CFE y exhibe la incapacidad del Ejecutivo de establecer las bases para un sector energético competitivo y dinámico al que debe aspirar el país. Intenta esconder su incapacidad para establecer las bases para el crecimiento de una nación económicamente sólida en señalamientos huecos que sirven para hacer cortinas de humo mediáticas pero que están lejos de atender y resolver los problemas de fondo del país.
Aparentemente el Presidente no ve la pérdida de recursos que CFE y Pemex han sido para el país, misma que tiene sus raíces históricas en las condiciones que tanto añora. La pérdida de Pemex y CFE no es producto de la reforma energética, esta se debe a un diseño institucional y operativo anacrónico que poco o nada he hecho el Presidente por modificar.
“Recuperar el pleno dominio del petróleo y de la industria eléctrica”, no sirve para absolutamente nada si no hay cambios sistémicos de fondo en CFE y Pemex. Ese “rescate a Pemex y a la CFE” que contempla el Ejecutivo vía una “nueva reforma energética” es una condena al fracaso para el país ya que primero se debería partir de un análisis de lo que se debe corregir para hacerlas más eficientes y productivas.
Debemos añadir otro componente de presión sobre las finanzas públicas; el retroceso económico que ha tenido el país en este sexenio agravado por las complicaciones del COVID-19. La reducción de la actividad económica, la contracción de la producción, el aumento en la pobreza y la pérdida de empleos formales son realidades que no deben ignorarse. Ante las estimaciones, como la de CITI, que hasta el 2025 volveremos a los niveles de bienestar y crecimiento del PIB del 2018; lo último que debe hacer este gobierno es desperdiciar dinero que no existirá. Las malas decisiones para enfrentar las consecuencias económicas de esta pandemia nos sumirán en un espiral de contracción económica y hacen aún más difícil materializar los erróneos mandatos de ese fatídico memorándum.
Los mexicanos y el país tenemos muchas necesidades que deben ser atendidas primero, no cabe espacio para el despilfarro de dinero como con la cancelación del NAIM; las directrices de ese memorándum tienen un tufo a improductivo derroche.
Hoy no es momento de dilapidar recursos que debemos usar para palear el desastre económico del país que se avecina. El capital privado en el sector energético puede, con orden y apego a derecho, convertirse en palanca de crecimiento económico, creación de empleos y en general de mejoramiento de la calidad de vida de todos.
Si bien el Ejecutivo se escuda en que la gente votó por su proyecto, lo cierto es que no votaron por este discurso ambivalente y mucho menos, para que nos condene a la pobreza y estancamiento económico. Nadie le dio el mandato para trastocar la confianza en el país al pisotear el estado de derecho a través de acuerdos, directivas o lineamientos que claramente contravienen la Constitución y las leyes en la materia.
Las malas decisiones reflejadas en los 17 puntos de su memo son más un manifiesto ideológico que un dictado de política pública. Entre esos puntos, destaco de forma particular los puntos 10, 12, 14 y 17. Mención aparte merece el párrafo introductorio.
En su introducción a los 17 puntos del manifiesto, señala como lo ha dejado entrever el director de la CFE y la propia titular de la Secretaría de Energía, que los entes reguladores deben ser comparsas suyos y que lejos de procurar las salvaguardas esenciales y al adecuado funcionamiento del sector energético, deben ser meros aplaudidores y levanta dedos de lo que el Presidente y su gabinete energético disponga.
Lamentablemente la CRE ya está operando de esta forma ya que su órgano máximo ha sido cooptado por sus incondicionales y algunos, lamentablemente, no calificados.
Entendiendo corrupción, conforme a la literatura especializada, como el uso de un poder adquirido para la obtención de un beneficio indebido. ¿Si alguien coloca a personas no calificadas o las propone a sabiendas de ello, para que estos operen como “levantadedos” a voluntad del mandante, hay corrupción? ¿Si uno se sabe incompetente o no preparado para asumir una responsabilidad retribuida, es corrupción aceptarla? Son preguntas que nos debemos hacer.
Lo vertido en el manifiesto ideológico disfrazado de inocente memorándum reniega del futuro, en pro de un capricho que ya sabemos todos que no funcionará y destruirá la confianza en el país en el peor momento histórico para ello. Hoy, México debe tener visión de futuro que genere certeza y confianza; no lanzar señales de humo con combustóleo para comunicar en morse que su capitán le apuesta a un pasado muy pasado.
* Hernán Salinas Wolberg
Es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Maestro en Administración Pública por parte del London School of Economics de Inglaterra y tienes estudios de doctorado en Políticas Publicas por la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tec de Monterrey.
Actualmente es Diputado Federal por Nuevo León de la 64ª Legislatura, y funge como secretario de la Comisión de Energía y de la de Medio Ambiente e integra la de Economía y Competitividad. Anteriormente fue Diputado Local de la 74ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León en la cual presidió la Comisión de Puntos Constitucionales. Previo a esto, se desempeñó como Secretario de Administración del municipio de San Pedro Garza García, y Secretario de Ayuntamiento del mismo municipio. Del 2009 al 2012, fue diputado Local de la 72ª Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León y fungió como coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
