El trabajo de la UCN en la cancha de reguladores de las Empresas Productivas del Estado

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Por Marcos Ávalos *

Este artículo está elaborado estrictamente con opiniones
a título personal y de ninguna manera refleja el punto de
vista de la Secretaría de Economía.

 

El pasado 8 de septiembre, México Evalúa, asociación civil dirigida por la muy respetada y querida Edna Jaime —de quien tengo la dicha ser amigo— dedicada a realizar evaluaciones y recomendaciones para mejorar políticas públicas en regulación, educación, seguridad, justicia y corrupción, publicó el estudio: “Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas”.

En esta publicación fueron mapeados los entes reguladores de la administración pública con atribuciones en el funcionamiento de las Empresas Productivas del Estado. Revisó y analizó, entre otras, a la CRE, CENACE, COFECE, CNH, SE, CENEGAS y SENER como parte de la constelación reguladora que las rodea. El propósito de ese estudio fue hacer una descripción de las entidades del Estado mexicano que conforman el ecosistema regulatorio aplicable a PEMEX y CFE.

Sin duda coincidimos en la relevancia de la independencia de los órganos reguladores económicos, los operadores y las entidades de monitoreo como árbitros en la procura del piso parejo en la que interactúan los jugadores del mercado energético en un contexto con presencia de empresas nacionales.[1]

Sin embargo, debo decir que el estudio de México Evalúa, para el caso de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el Sector Energético (UCN) de la Secretaria de Economía, omitió revisar las acciones que hemos llevado a cabo durante un poco más de un año. Aprovecho este espacio como nota aclaratoria sobre las acciones impulsadas, en atención a completar el análisis hecho en el rubro de interés antes mencionado.

Efectivamente, el contenido nacional es el porcentaje del valor de un proyecto que se invierte en mano de obra nacional, bienes y servicios nacionales, transferencia tecnológica, capacitación e infraestructura en territorio nacional derivado de un contrato o asignación para el desarrollo de actividades en hidrocarburos. El contenido nacional tiene impacto más allá de solo uno económico, pues también cumple con el propósito de promover la integración de empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría para la consolidación y/o desarrollo de bienes y servicios. Esta es una política de largo plazo que requiere de diálogo y compromiso entre la industria, las empresas nacionales, la academia y los reguladores.

Este diálogo, ahora reactivado, se está llevando a cabo en los Consejos Consultivos y grupos de trabajo. Tan solo en 2020 se han realizado dos sesiones ordinarias del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos e Industria Eléctrica Nacional y varias sesiones de grupo de trabajo. Estas sesiones contaron con la presencia de los principales actores de la industria de hidrocarburos y eléctrica, a las que asistieron representantes de diferentes dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, Empresas Productivas del Estado, sector académico, sector privado o de la industria, cámaras y organizaciones empresariales, por nombrar algunas.

En ese sentido, además de la publicación del Acuerdo para la Verificación[2] y la reactivación de los consejos consultivos —sumamente importantes para la definición de las estrategias de Fomento Industrial de Cadenas Productivas del sector energético—, también publicamos un Acuerdo para la entrega de información sobre contenido nacional.[3] Por un lado, como bien se menciona en el estudio, el Acuerdo para la verificación tiene por objeto establecer los mecanismos a través de los cuales se verificará el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional a Asignatarios y Contratistas, estableciendo la verificación de la medición del porcentaje de contenido nacional (conforme a la metodología correspondiente).

Por otro lado, el Acuerdo para la entrega de información de contenido nacional establece que los Permisionarios ya no tendrán que informar quinquenalmente el contenido nacional de las actividades que estén llevando a cabo; sino que únicamente estarán obligados a presentar información si se lo requiere la UCN a través de la Dirección General de Contenido Nacional. Asimismo, este acuerdo establece a los particulares cinco años como periodo de conservación de la información sobre contenido nacional. Posterior a su publicación, también fue expedida la metodología de selección para la verificación.[4]

La metodología de selección para la verificación le otorga un identificador de verificación único a cada uno de los obligados, el cual corresponde al grado de anomalías detectadas en su informe de contenido nacional. A menor número de anomalías detectadas, menos posible es que sea verificado, mientras que un número superior indica que podría ser verificado. Estos indicadores también están ponderados, por lo que el cumplimiento en obligaciones de menor relevancia no asegura la exención de la verificación de gabinete. Entonces, ambos instrumentos legales: tanto el de verificación como el de entrega de la información, acompañado de la metodología para la selección, transparentan la toma de decisión sobre el proceso de verificación del contenido nacional, así como dan certeza jurídica sobre la metodología vigente.

Además de la publicación de ambos acuerdos y de la metodología, recientemente publicamos la nueva Guía para la presentación de los Programas de Capacitación y Transferencia de Tecnología.[5] Esta es una herramienta que transparenta los elementos que serán considerados en la aprobación de los planes de Exploración y Producción; pero más allá de ello, son recomendaciones para asegurar una transferencia de tecnología y capacitación efectiva con indicadores de desempeño, visión de beneficios, cronogramas, proyecciones y propone la colaboración instituciones de educación superior y centros de investigación.

Algo que también se omitió señalar en el estudio de México Evalúa fue que posterior al cambio de administración y en atención al fortalecimiento de las capacidades, la UCN integró dentro de su equipo de trabajo por primera vez a ingenieras e ingenieros petroleros, abogadas y abogados, geólogos, una geofísica, economistas especializados en el sector energía, entre otras expertas y expertos en el tema, atendiendo equidad en la representatividad del género.

En aras de la transparencia, así como de atender a la realidad de las prioridades de la política energética de la administración actual, en la cual, se destaca el fortalecimiento a la proveeduría de Pemex y CFE, también fueron modificadas las reglas de operación del Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. No es menor mencionar que también están en rediseño las Estrategias para el Fomento a la Industria de Hidrocarburos y Eléctrica, próximas a publicarse. En fin, estos elementos cumplen con la función de hacer más transparentes los criterios que norman nuestras decisiones, así como hacer claras y certeras las reglas del juego a todos los participantes del sector. Ambos elementos contribuyen a la certeza y a evitar la corrupción.

Es clara que la línea de prioridad del Presidente es que las empresas del sector energético se conviertan en las palancas de desarrollo. En ese sentido, el trabajo de la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaria de Economía es, como bien menciona en el documento, cumplir con la responsabilidad de habilitar un buen funcionamiento del sector energético y, por ello me permito, desde el ámbito de nuestras atribuciones y contribuciones, complementar la información que, de manera desafortunada, pareció omitirse.

 

* El Dr. Marcos Avalos Bracho es Jefe de la Unidad de Contenido Nacional y Sector Energético de la Secretaría de Economía. Doctor en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, Maestro en Economía por el CIDE y Licenciado en Economía por la UNAM. Ha sido Consultor para varios organismos internacionales, entre los que destacan OCDE, BID, ONU, CEPAL, SIECA y la UNCTAD.

 

[1] Como ocurre en diversos países que poseen una National Oil Company. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos Brasil y Colombia, con Petrobras y Ecopetrol, respectivamente.

[2] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584610&fecha=23/01/2020

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584609&fecha=23/01/2020

[4] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565853/2._Metodolog_a_Selecci_n_Final_24072020.pdf

[5] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566276/Gu_a_para_Presentaci_n_de_Programas_de_Capacitaci_n_y_Transferencia_de_Tecnolog_a.pdf