Por Elías Gallardo Palma*
En colaboración con Emilio Ruvalcaba Ornelas
En los primeros años de John D. Rockefeller como empresario petrolero, una de sus principales preocupaciones sobre el futuro de la industria petrolera era que dicha industria resultara efímera y terminaría solo en pozos descubiertos en la Oil Region, de Pensilvania EEUU. Evidentemente, la historia disipó tal duda y encontró en el petróleo una materia prima digna de dar funcionalidad al mundo entero. Hoy, por otras razones, surge una preocupación similar a la de Rockefeller en relación con la industria petrolera: ¿cuánto tiempo más durará la industria petrolera en un mundo con cada vez mayor tendencia al uso de energía proveniente de fuentes limpias y renovables?
Los efectos de la pandemia generada por el Covid-19 han puesto la lupa sobre la transición energética y el creciente sentido de urgencia que existe a nivel internacional para migrar de una generación energética fósil a una basada en fuentes de energía limpia. Basta con revisar las estadísticas para llegar a esta conclusión. La disminución acelerada e histórica en la demanda global de energía (1), en el precio del crudo (llegando por primera vez, a precios negativos), así como en las emisiones globales de CO2 (2) (la cual implica resultados positivos en el medio ambiente nunca antes vistos) han sido interpretados por entidades internacionales como la AIE y Vivid Economics como oportunidades únicas para impulsar tanto la transición energética como la recuperación económica a través de estímulos fiscales y promoción de inversiones para el desarrollo de este tipo de proyectos. No obstante, si bien la inercia global nos lleva a la transición energética, la realidad política es distinta. Actualmente, a nivel mundial existe una proactividad gubernamental favorable a la reactivación económica a través del apoyo a empresas con procesos productivos altamente contaminantes.
En el caso de México, el Gobierno Federal ha declarado su interés en fortalecer a sus dos empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (“ Pemex”) y la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”), como principal eje de su política energética. No obstante, concretamente en materia de hidrocarburos, los efectos del Covid-19, han sido traducidos en mínimos históricos, los cuales parecen obstaculizar la viabilidad de la estrategia energética del Gobierno Federal: (i) en abril, el precio del crudo mexicano alcanzó un casi incomprensible $-2.37 dpb, y (ii) en julio, la producción de crudo mexicano alcanzó su punto más bajo en 41 años.
De la mano de la preocupación por las bajas del sector, la mirada internacional se situó sobre la Secretaria de Energía, quien manifestó ante la OPEP, la no conveniencia de disminución de los niveles de producción propuestos por la organización para estabilizar los precios del crudo a nivel internacional. Respecto de este último punto, cabe aclarar que la posición de la Secretaria de Energía encuentra una justificación práctica y positiva para las finanzas del país. Pues a pesar de que los precios de la mezcla mexicana se vieron afectados, México cuenta con una póliza de cobertura petrolera (estimada en $49 USD por barril) que le permite, en cierta medida, blindar sus ingresos ante la caída de los precios del petróleo. Actualmente, el precio del petróleo está aún por debajo del precio garantizado por la cobertura, por lo que, en tanto el precio no sea mayor, el gobierno de México seguirá teniendo ganancias con la comercialización del crudo cubierto por la póliza. Ante este contexto, cabe preguntarse: ¿el fin justifica los medios?
El Gobierno Federal, ha decidido continuar la tradición petrolera y eléctrica nacional, y ha dejado, por el momento, en segundo plano el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia (e, incluso, ha postergado el cumplimiento de compromisos legales en materia de transición energética establecidos en la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París). En la perspectiva económica desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con información de Vivid Economics, los estímulos fiscales otorgados en México alcanzan los 28 mil millones de dólares. Alrededor del 15% de este monto ha sido destinado al sector energético, con un sesgo favorable a la producción de energía a través de fuentes no renovables (3).
Desde el punto de vista regulatorio, el Gobierno Federal ha publicado diversos acuerdos tendientes a fortalecer su estrategia energética, entre los cuales destacan: (i) el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)” (el “Acuerdo de Eficiencia”); y (ii) el “Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación de la Secretaría de Energía ” (el “ Acuerdo de Importación”). Inclusive en últimas fechas, el Gobierno Federal ha anunciado que trabaja en una iniciativa para integrar los Organismos Autónomos dentro de la estructura de la Administración Pública Federal centralizada, en virtud de que los mismos implican erogación adicional de recursos y no justifican su existencia. Si bien es cierto, aun no se mencionan expresamente los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía, es una realidad que habrá un esfuerzo para integrarlos dentro de la estructura de la propia Secretaría de Energía. Ello con todos los efectos que dicha decisión acarrea en materia de regulación técnica independiente, de competencia económica y de fijación de tarifas de mercado por los servicios cuya prestación quedo abierta en la reforma constitucional.
Respecto del primero, publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) a mediados de mayo, se debe mencionar que, en opinión de diversos sectores de la industria, se obstaculiza el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a través de fuentes de energía limpia. Derivado de ello, a finales de junio, existían ya cerca de 172 demandas de amparo, de distintos actores, entre los que se encuentran, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quienes consiguieron el pasado noviembre la suspensión definitiva del Acuerdo de Eficiencia.
Por otro lado, respecto del Acuerdo de Importación, publicado en el DOF el 26 de diciembre, de acuerdo con un dictamen emitido por la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), éste presenta elementos que afectan la libre competencia e implican el retroceso hacia un monopolio de Estado. Es por ello que se ha quedado abierta la puerta a impugnaciones en el corto plazo por parte de los actores del sector que resultan directamente afectados por este Acuerdo. De acuerdo con la COFECE, algunos de los elementos problemáticos del Acuerdo de Importación son que propicia condiciones que desfavorecen la competencia económica del sector de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos; y que presenta condiciones que inhiben la participación de terceros, distintos a PEMEX, en materia de importación de petrolíferos, por lo que pudiera perjudicar afectar al consumidor final.
En este contexto, el panorama energético nacional e internacional implica interesantes retos para el 2021. No obstante, lo vivido en el 2020 ha dejado importantes enseñanzas que pudieran sin duda alguna, ser de utilidad para replantearnos, aun de manera oportuna, el diseño de un política energética e industrial más eficiente y comprometida con el medio ambiente. Finalmente, no es óbice mencionar que, aún en el nuevo contexto nacional en materia de energía, y ante los retos que hemos apuntado de las nuevas políticas públicas del sector energético, México es un país que ofrece importantes oportunidades para la inversión, tanto en el sector hidrocarburos como en el de energía eléctrica. Por ello, recomendamos conocer el contexto y alcances de las nuevas políticas públicas y de la regulación que deriva de ellas, con una adecuada asesoría de carácter preventivo que permita garantizar certeza a las inversiones en nuevos proyectos.
(1) La cual, la Agencia Internacional de Energía –“AIE”- estima en -5.3% para el 2020.
(2) La AIE estima en -6.6% para el 2020.
(3) La ratio actualizada al 2 de diciembre es de aproximadamente 3.3 a 1 en favor de las energías fósiles.
*Asociado Principal en el Área de Energía y Recursos Naturales Cuatrecasas
