Por Brenda Ocampo

La integridad, entendida como la percepción pública sobre si las organizaciones actúan con ética, honestidad y transparencia, se colocó como el riesgo reputacional de mayor impacto para el sector energético mexicano, de acuerdo con Iván Pino Zas, socio y director general de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de la consultoría LLYC.

“Lo que nos dice el radar de riesgos que hemos realizado es que el riesgo con mayor impacto en los grupos de interés del negocio energético, desde consumidores, clientes, trabajadores y reguladores, hasta todos los actores que hay alrededor, tiene que ver con la dimensión de integridad, con las expectativas éticas de los grupos de interés, y está directamente relacionado con el cumplimiento”, afirmó Pino Zas.

De acuerdo con el informe “Análisis de Riesgos en México” de la firma, la dimensión de integridad concentra cerca de 30% de los asuntos de riesgo identificados en cada sector analizado.

“Por lo tanto, estamos hablando de algo que debería convertirse en una prioridad absoluta en la ejecución de todos los procesos, procedimientos, cambios culturales y medidas de control por parte de las compañías, para evitar que se materialice ese riesgo, porque efectivamente es uno de los que tienen mayor capacidad de convertirse en crisis”, señaló el directivo.

El análisis general identifica a la inseguridad, así como al fraude y la corrupción corporativa, como amenazas críticas comunes para los sectores Primario, Secundario y Terciario. En el caso del Sector Secundario, que incluye manufactura, construcción y generación de energía, se detectaron 30 asuntos de riesgo, de los cuales más de 60% fueron clasificados como críticos.

La transparencia gana peso frente al riesgo reputacional

La información señala que los temas con mayor rechazo en el Sector Secundario incluyen corrupción corporativa y lavado de activos, clima laboral, acoso y discriminación, además de seguridad y salud ocupacional. Estos asuntos alcanzan un porcentaje de detractores igual o superior al 95%, lo que los convierte en posibles detonantes de crisis reputacional.

Para mitigar ese escenario, Pino Zas planteó abandonar una respuesta meramente defensiva y avanzar hacia una gestión más anticipatoria. “Ahí hay que pasar del modo defensivo y reactivo al anticipatorio y decisivo. Hay que pasar de la resiliencia a lo que llamamos la antifragilidad”, sostuvo.

El especialista señaló que esta transformación requiere tres palancas. “La primera es una gobernanza visible, que esas políticas anticorrupción y de seguridad sean demostrables. No se trata solo de cumplir desde el tener procedimientos o documentos que lo acrediten, sino desde la activación visible, desde el hacer, desde un hacer que sea comprobable, que sea comunicable. Eso es lo que llamamos gobernanza visible”, explicó.

También destacó la importancia de comunicar antes de que una situación escale. “La segunda tiene que ver con la transparencia radical, una comunicación proactiva antes de que esto se convierta en algo crítico. Hay que tomar la iniciativa y enmarcar las acciones y las medidas de solución con liderazgo”, añadió.

Como tercer elemento, mencionó la necesidad de “construir una vinculación más sistémica con los grupos de interés que puedan estar afectados”, debido a que esta relación contribuye a reducir el impacto potencial de los riesgos.

En el caso de Pemex, Pino Zas sostuvo que una percepción desfavorable solo puede modificarse mediante hechos verificables. “La reputación se construye sobre las expectativas, y las expectativas ya son negativas. Todo aquello que hagas que confirme esa expectativa negativa lo que hace es consolidar un juicio crítico, desfavorable. Lo que necesitas trasladar son realidades que contradigan esa expectativa negativa. Poco a poco hay que ir deconstruyendo esa expectativa en contra, pero solo se puede ejecutar desde hechos comunicables y verificables”, afirmó.

El directivo añadió que, frente a actos asociados con corrupción, las empresas y autoridades deben demostrar cumplimiento legal mediante acciones concretas. “Tendría que haber una acción contundente de los políticos contra estos actos de corrupción para demostrar que sí hay confianza. Es decir, si estamos hablando de una conducta que se entiende que es punible, tendrá que pronunciarse la justicia en su caso, y los responsables de cada una de las organizaciones, sean las empresas o lo que sea, tendrán que tomar las medidas oportunas para demostrar que se está en cumplimiento de la ley”, expuso.

Seguridad laboral, ambiente y relación con comunidades amplían los desafíos reputacionales del sector energético

La gestión reputacional del sector energético también está relacionada con la seguridad laboral. Pino Zas advirtió que los riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional forman parte del juicio público sobre la conducta empresarial.

“Los riesgos que tienen que ver con seguridad y salud ocupacional también están relacionados con el cuidado de la gente y con la dimensión de integridad. Es el segundo de mayor impacto potencial en el sector, por debajo de los de integridad y cumplimiento. Y aquí nuevamente vamos a ver qué hace la empresa para evitar que eso ocurra. Los riesgos reputacionales y las crisis lo que juzgan es la conducta de las empresas”, señaló.

En ese sentido, apuntó que las compañías deben trabajar para sostener el beneficio de la duda ante incidentes o accidentes. “Por parte de las compañías, lo que queda es poder demostrar que hacen todo lo posible por evitar que estos incidentes ocurran, porque luego pueden ocurrir fatalidades. O sea, tienes que trabajar sobre el beneficio de la duda”, dijo.

Respecto al desempeño ambiental, Pino Zas vinculó la discusión reputacional con la transición energética y con la necesidad de evitar el greenwashing.

“Ahí hay un marco muy interesante, que es el de la transición energética. Todo lo que tiene que ver con la transición da un margen de maniobra muy interesante a todas las compañías, cualquiera de ellas, incluidas las de hidrocarburos. Parece que hay una comprensión de que esa transición tiene que ser justa y viable, pero también parece que hay cierto consenso en que es necesaria en cualquiera de los casos”, señaló.

El especialista añadió que la evaluación pública depende tanto de las acciones como de la forma en que se comunican. “Entonces, en ese riesgo juega mucho qué hace, qué no hace, qué comunica y qué no comunica cada una de las empresas en relación con eso, desde la evitación de lo que se llama greenwashing. Esto también está ahí. Es un riesgo en sí mismo, querer parecer más ambiental de lo que uno es en realidad”, afirmó.

En la relación con comunidades, el directivo subrayó la importancia de anticipar expectativas para evitar conflictos en etapas avanzadas de los proyectos. “Lo conveniente es entender sus expectativas y necesidades, y encontrar los puntos de encuentro con suficiente antelación. Si eso se ralentiza y se deja para la última gestión, puedes haber resuelto todo lo demás y, de repente, estar en contacto con una oposición que bloquea la operación”, afirmó.

También señaló que la gestión social debe ir más allá del cumplimiento formal. “Más allá de lo legal, más allá de las consultas obligatorias, hay que hacer un esfuerzo enorme para que todos los grupos de interés que estén involucrados en eso entiendan que les puede llegar a beneficiar. Desde luego que no les va a perjudicar”, agregó.

El aprendizaje para la alta dirección del sector energético, de acuerdo con Pino Zas, consiste en cambiar el marco mental con el que se enfrentan los riesgos.

“Yo diría que sería ese cambio de marco mental, entender los riesgos no desde la resiliencia defensiva y reactiva, que está respondiendo continuamente a las incidencias, sino desde un marco más sistémico, más anticipatorio y con cambios en la toma de decisiones, para evitar que esos riesgos, con la información que se tiene, se conviertan en crisis, al menos aquellos donde se puede intervenir”, concluyó.