Los nuevos esquemas de asociación con privados buscan acelerar la construcción de centrales eléctricas sin incrementar el endeudamiento de la empresa pública. Especialistas advierten que los costos de interconexión, los riesgos contractuales y la capacidad de ejecución serán determinantes para concretar las inversiones previstas hacia 2030.
El financiamiento privado se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ampliar su capacidad de generación renovable sin comprometer su estabilidad financiera. La ejecución de los proyectos abre interrogantes sobre la distribución de riesgos, los costos de interconexión y la capacidad de la infraestructura eléctrica para acompañar el crecimiento previsto hacia 2030.
La empresa pública busca movilizar recursos mediante sociedades de inversión mixta en las que conserva una participación mayoritaria, mientras los socios privados aportan el financiamiento, en un modelo que permite reducir las necesidades inmediatas de capital de la CFE y establecer contratos de compraventa de electricidad de largo plazo, aunque su viabilidad dependerá también de los costos que surjan durante la construcción y operación de las centrales.
Durante el taller Energías Renovables e Inversión en el Marco de la Estrategia de la CFE, organizado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar en la Cámara de Diputados, directivos de la empresa, representantes del sector privado y especialistas financieros analizaron los mecanismos que respaldan esta estrategia. Aunque reconocieron avances en el diseño de los contratos, coincidieron en que la siguiente etapa exigirá resolver desafíos técnicos y económicos que podrían condicionar los resultados del programa.
Un modelo para movilizar capital sin ampliar la deuda
El director de Finanzas de la CFE, Eugenio Amador Quijano, explicó que la empresa enfrenta el desafío de financiar un programa de expansión estimado en 740,000 millones de pesos, manteniendo al mismo tiempo su calificación crediticia y la política de no incrementar las tarifas eléctricas por encima de la inflación. «Tenemos el enorme reto de encontrar un equilibrio de poder invertir en esta dimensión de tal forma que podamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento», señaló.
Y precisó que «el 57% de los recursos necesarios para llegar a la meta de generación proviene precisamente del esquema mixto, que es un esquema donde repartimos riesgos entre sector privado y sector público».
Daniel Marroquín García Vallejo, director general de Generación Industrial, consideró que «este esquema ha sido el detonador o el catalizador de la inversión», y que el mecanismo permite equilibrar los intereses de ambas partes, ya que «le garantiza al privado recuperar su capital y una tasa de inversión, y a su vez los activos se revierten, al finalizar este retorno al privado, a la propia Comisión Federal de Electricidad».
Uno de los elementos fundamentales para la viabilidad financiera es el compromiso de compra de electricidad. «El 70% lo adquiere CFE en un contrato a largo plazo, lo cual garantiza el repago a los inversionistas y a los bancos nacionales e internacionales», explicó Marroquín, quien destacó que esta condición ha sido recibida favorablemente por las instituciones financieras.
Desde la perspectiva jurídica, el director Jurídico de la CFE, José Manuel Calva Merino, sostuvo que el diseño contractual busca ofrecer certidumbre sin trasladar directamente a la empresa pública las obligaciones financieras de los inversionistas. «Sin contratos no hay certeza jurídica. Me parece que los socios privados están conformes, están contentos de que hay una regla de juego clara: nosotros sabemos cómo vamos a actuar, cómo vamos a financiar los proyectos, en qué momento ellos van a recuperar las inversiones que están haciendo», afirmó.
Calva detalló que cada proyecto contempla cinco instrumentos: inversión mixta, fideicomiso, prestación de servicios de administración, operación y cobertura eléctrica. «El privado financia la totalidad del proyecto; la CFE lo que hace es proporcionar temas normativos, permisos, todo lo relacionado con el tema de la situación de carácter de autorizaciones normativas», agregó el funcionario, puntualizando que «una cosa que nos encargó el doctor Eugenio Amador fue cuidar mucho de no afectar el techo presupuestal de la CFE y no afectar la integración de la deuda de CFE».

Interconexión, contratos y costos ponen a prueba la ejecución
Rodrigo Esparza, especialista en el sector eléctrico, señaló que uno de los principales desafíos será determinar quién absorberá los costos asociados a la conexión de las centrales con la red y cómo se distribuirán esas obligaciones entre los participantes. «Quizá hay todavía asteriscos e interrogantes sobre los precios asociados a la interconexión y la red: ¿quién los va a asumir?, ¿cuánto va a salir?, ¿de qué tamaño va a ser el retorno para el privado?», planteó.
El especialista advirtió que estos costos «tienen que transferirse a la tarifa eléctrica, y hay una política de mantenerla; si estos costos no pueden impactarse en la tarifa, lamentablemente termina asumiéndolos contra balance la CFE». Desde su perspectiva, este escenario podría afectar los esfuerzos realizados para preservar los indicadores crediticios de la empresa, especialmente si los proyectos requieren inversiones adicionales en redes y equipamiento que no fueron consideradas inicialmente.
La disponibilidad de infraestructura de transmisión constituye otro factor determinante. Esparza explicó que «si no hay suficiente transmisión y equipo accesorio para que esta energía sea despachada al lugar donde se necesita durante la vida útil de estos contratos, puede ser que la energía no llegue».
Además de la asignación de riesgos, los especialistas identificaron oportunidades para fortalecer la rentabilidad de la empresa mediante nuevos mecanismos comerciales. Esparza propuso desarrollar esquemas de trazabilidad de energía limpia que permitan acreditar su origen y ofrecer productos específicos a los consumidores industriales. «Que puedan ofrecer tarifas verdes reguladas, darle esta opcionalidad al usuario industrial que además lo está pidiendo», planteó, al señalar que las cadenas globales de suministro requieren cada vez más electricidad con atributos ambientales verificables.
Esta preocupación se suma a las dificultades financieras, regulatorias y operativas que enfrenta la expansión eléctrica. Aunque los esquemas mixtos permiten movilizar capital y compartir responsabilidades, el cumplimiento de las metas hacia 2030 dependerá de que los proyectos alcancen sus cierres financieros, puedan construirse dentro de los plazos previstos y cuenten con infraestructura suficiente para transportar la electricidad.
Para la CFE, el desafío será convertir los compromisos de inversión en capacidad efectiva de generación y suministro, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera que busca proteger mediante el nuevo modelo de asociación público-privada.






