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Nuevos fallos judiciales frenan el proyecto AMIGO GNL en Sonora

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Un juez del Poder Judicial Federal en Sonora otorgó una nueva suspensión definitiva que frena temporalmente el inicio de obras del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) AMIGO GNL, previsto en Guaymas, Sonora.

La medida deriva de un juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C., que cuestiona el proceso de evaluación ambiental y la Autorización de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la ASEA.

La suspensión impide el inicio de obras terrestres o marítimas mientras se resuelve la legalidad del procedimiento ambiental. El proyecto contempla infraestructura para licuar gas natural proveniente de Estados Unidos y, en su segunda fase, exportar hasta 7.8 millones de toneladas anuales hacia mercados asiáticos.

Organizaciones ambientales y más de 100 científicos nacionales e internacionales han expresado preocupaciones sobre posibles impactos en el ecosistema del Golfo de California, relacionados con el tráfico marítimo, ruido submarino, emisiones y afectaciones a especies marinas.

El fallo se suma a otras acciones legales impulsadas contra proyectos de infraestructura de GNL en la región, mientras continúa el proceso judicial sobre el futuro de AMIGO GNL.

Polonia busca socios mexicanos para escalar tecnologías verdes

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Por Kathya Santoyo

Una misión empresarial de Polonia integrada por 12 compañías especializadas en tecnologías verdes y soluciones innovadoras visita México con el objetivo de establecer contactos comerciales y explorar oportunidades de inversión en el sector ambiental. La misión llega después de una visita previa que ya produjo un resultado concreto en el país: la transferencia de un biorreactor hidrófito que hoy opera en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en Morelos.

Durante su recorrido, la delegación combina la participación en las ferias Aquatech e Intersolar con reuniones B2B y encuentros institucionales ante Semarnat y otras entidades. Al respecto, la embajadora de Polonia en México, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, atribuye el interés de estas empresas a la posibilidad de replicar en México ese tipo de resultados, dentro de un programa gubernamental llamado GreenEvo que impulsa la internacionalización de compañías polacas en tecnologías verdes.

«Lo que distingue a las tecnologías de Polonia es que, además de ser muy innovadoras y positivas para el medio ambiente, su implementación resulta relativamente accesible en términos de competitividad«, señala en entrevista para Global Energy.

La diplomática detalló que GreenEvo ha visitado 70 países y ha transferido tecnologías en distintos mercados, adaptándolas a las condiciones locales de cada uno. Frydrychowicz-Tekieli atribuye el regreso de la misión al potencial que Polonia identifica en el mercado mexicano. «México es una de las principales economías de América Latina, con una sólida base industrial y manufacturera, pero al mismo tiempo enfrenta retos ambientales como la gestión del agua y el tratamiento de aguas residuales«, afirma.

Soluciones para agua y economía circular

Entre las empresas participantes, la embajadora destaca a Ecopolplast, que desarrolla una tecnología patentada para transformar residuos de caucho y plástico reciclado en termoplásticos de alto rendimiento reutilizables en la industria avanzada. Otras compañías de la misión ofrecen soluciones para mejorar la seguridad del agua potable y para eliminar olores y corrosión en redes de alcantarillado, además de propuestas de eficiencia energética y almacenamiento de energías renovables.

La embajadora subraya la coincidencia entre estas soluciones y los objetivos del Plan México en materia de saneamiento de ríos, gestión del agua potable y disponibilidad del recurso, y señala que espera que los contactos establecidos durante la visita se traduzcan en proyectos piloto o esquemas de cooperación.

La transición energética es, según la embajadora, un terreno de coincidencia estratégica entre ambos países. Polonia redujo su dependencia histórica del carbón y actualmente alrededor del 50% de su capacidad eléctrica corresponde a energía renovable, mientras que uno de cada diez hogares polacos cuenta con instalaciones fotovoltaicas propias.

«Esto demuestra que no se trata solo de la política del gobierno, sino que la gente entiende la necesidad de desarrollar estas fuentes renovables», explica. La diplomática señala también que Polonia dejó de importar energía de Rusia y que sus compras actuales provienen de países socios, un proceso que describe como una transición acelerada por el contexto geopolítico europeo.

En ese marco, ubica a las baterías de iones de litio entre los principales productos de exportación polacos hacia México, con un papel directo en el desarrollo de la electromovilidad. «Polonia tiene la mayor capacidad de producir baterías de iones de litio y en este sentido también aportamos en el desarrollo de electromovilidad en México», indica.

Las claves para atraer inversión polaca a México

Sobre los mecanismos para atraer inversión, la embajadora explica que el interés comercial suele preceder al financiamiento, y que las empresas de la misión priorizan validar la viabilidad de sus soluciones mediante proyectos piloto e investigación conjunta. Entre las fuentes de financiamiento disponibles menciona el programa Global Gateway de la Unión Europea, el acceso a bancos europeos y un banco polaco que destina recursos específicamente a este tipo de inversiones.

En el plano institucional, indica que existe disposición por parte de Semarnat para firmar un memorando de entendimiento con el Ministerio de Clima de Polonia, un acuerdo que calificó como una novedad en la relación bilateral.

Para la embajadora, el atractivo del mercado mexicano es en sí mismo el principal argumento para captar el interés de las empresas polacas, más allá de incentivos adicionales. «El mercado mexicano es tan atractivo que esto es suficiente, hay mucho interés, las empresas mexicanas son muy atractivas y atraen mucha atención del mundo, Polonia incluida», concluye.

Japón acelera la producción de combustibles sintéticos para la neutralidad de carbono

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Empresas energéticas de Japón, lideradas por ENEOS, avanzan en el desarrollo de combustibles sintéticos (e-fuels) elaborados a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO₂) capturado, con el objetivo de contribuir a la descarbonización del transporte.

Una de las principales ventajas de estos combustibles es que pueden utilizarse en motores de combustión e infraestructura de distribución existentes, sin requerir el reemplazo inmediato de la flota vehicular.

El proyecto busca avanzar de las etapas de demostración hacia una producción de hasta 10,000 barriles diarios, aunque su expansión enfrenta retos como los altos costos actuales y la gran cantidad de electricidad renovable necesaria para producir hidrógeno y mantener un balance climático favorable.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Japón para desarrollar alternativas que permitan reducir las emisiones del transporte mientras se aprovecha parte de la infraestructura energética existente.

Shell vende activos del Golfo de México por 840 millones de dólares

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Shell plc completó la venta de sus participaciones no operadas en la plataforma Na Kika y el campo Coulomb, en el Golfo de México, a filiales de Talos Energy y Ridgewood Energy.

La operación generó un ingreso inicial en efectivo de aproximadamente 840 millones de dólares, dentro de una contraprestación total acordada de 1,700 millones de dólares, sujeta a ajustes y pagos futuros vinculados al desempeño de los activos.

La desinversión forma parte de la estrategia de Shell para optimizar su portafolio Upstream, mediante la venta de activos maduros y la reasignación de capital hacia proyectos de mayor escala y rentabilidad.

Al cierre de 2025, Na Kika y Coulomb contaban con reservas probadas de 4.3 y 7.2 millones de barriles equivalentes de petróleo, respectivamente, y una producción conjunta de alrededor de 37,000 barriles equivalentes diarios.

Los compradores asumirán las obligaciones relacionadas con el desmantelamiento de las instalaciones, mientras que Shell conservará derechos para comercializar parte de la producción. La operación tampoco representa la salida de Shell del Golfo de México, región que continúa siendo estratégica para sus operaciones de aguas profundas.

México avanza hacia el cobro digital en gasolineras: Peña Merino

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Por Ángel Velaiz

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino, mencionó que la mayoría de las gasolineras en México cuentan con mecanismos de cobro digital. Aproximadamente, 95% de las estaciones de servicio de combustible cuenta con una terminal punto de venta (TPV). Además, dijo que las casetas en carreteras también estarían listas para el pago 100% digital, ya que las 32 entidades federativas cuentan con sistemas de identificación automática de vehículos, según Identificación Automática de Vehículos (IAVE).

Como parte de la Ley de Economía Digital, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la 89.ª Convención Bancaria, que busca avanzar en la digitalización económica junto con el pago digital en gasolineras y casetas, José Peña Merino informó sobre los avances que se han tenido en materia de digitalización de pagos tanto en casetas como en gasolineras.

“En agosto se concluyó la sustitución total de todo el hardware, de toda la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los tags”, mencionó José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante una reunión con funcionarios públicos en la Cámara de Diputados.

En el análisis realizado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que la cobertura de conectividad en estaciones de servicio de combustible alcanza el 98.45% de zonas con cobertura garantizada, mientras que 174 no cuentan con cobertura garantizada y 57 estaciones se encuentran en zonas sin cobertura.

José Peña Merino señaló que se tiene que hacer un esfuerzo adicional para garantizar la cobertura de todas las estaciones y proporcionar a los usuarios opciones de pago electrónico.

La iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, aún existe una brecha en el número de personas que no hacen uso de los pagos digitales.

El reto no está en la infraestructura, sino en la adopción de estos métodos de pago. A pesar de que el uso de transferencias creció tres puntos porcentuales entre 2021 y 2024, el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en transacciones por debajo de 500 pesos, donde el 85% de estos pagos se realizan en efectivo. Esto representa que ocho de cada 10 mexicanos hacen pagos en efectivo, señaló José Peña Merino.

También señaló que la conectividad rutinaria entre 2015 y 2025 pasó de 55% a 86%. En cuanto a cobertura, 119 millones de mexicanos y mexicanas viven en zonas con cobertura, lo que representa 94% de la población. El objetivo de la Agencia de Transformación Digital es alcanzar 98% e incluir a las personas adultas mayores.

El grupo en el que más ha crecido el uso de internet es el de los adultos mayores. Entre las personas de 60 a 64 años, el 76% utiliza diariamente un teléfono celular con conexión a internet. La dependencia busca mejorar la experiencia de usuario para avanzar hacia una ley más inclusiva.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, y busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y las autoridades, reconociendo que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos.

Contener la inflación cambia la ecuación para Pemex y el mercado de combustibles

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Evaluar a Petróleos Mexicanos únicamente a partir de sus ganancias, pérdidas o participación de mercado deja fuera una parte fundamental de su función dentro del sistema energético mexicano. En momentos de presión internacional sobre los combustibles, Pemex compite con otros proveedores y está siendo utilizada como una herramienta para contener precios, asegurar el suministro y reducir el impacto de la energía sobre la inflación.

Para Alejandro Montufar Helu, director general de PetroIntelligence, esa diferencia resulta central para entender lo que está ocurriendo actualmente en el mercado y también para dimensionar correctamente el costo de las decisiones que se están tomando. “Pemex no es una empresa, es un brazo estatal. La misión de Pemex no es hacer dinero, es, desde mi punto de vista, brindar seguridad nacional a través de la seguridad energética y combatir la inflación”, afirma en conversación con Global Energy.

Durante los últimos meses Pemex ha recuperado una participación dominante en el mercado mayorista, de acuerdo con los datos de PetroIntelligence. Al cierre de junio la petrolera concentraba 91% del mayoreo de gasolina y 82.2% del diésel, una proporción muy distinta a la observada cinco años atrás.

Claramente, parte de ese avance se explica por la diferencia entre sus precios y los de los importadores privados. Frente al encarecimiento internacional, estos últimos no tienen la misma capacidad para contener sus precios, mientras Pemex ha mantenido condiciones más competitivas en el contexto del pacto voluntario.

Pero interpretar este fenómeno solo como una política de precios subsidiados también sería incompleto. El ejecutivo sostiene que existe otro elemento menos visible: la integración de funciones que antes estaban distribuidas entre distintas subsidiarias habría permitido disminuir costos administrativos y comerciales.

Por eso, PetroIntelligence considera, respecto a la participación conquistada, que “sí va a perder por supuesto una parte porque los importadores, cuando pase esta crisis de precio global, van a poder competir, pero Pemex no va a regresar a los márgenes que tenía anteriormente”.

Para Montufar, una parte del sector todavía interpreta el avance de Pemex como un fenómeno estrictamente coyuntural, ya que “la crisis de precios no permitió observar la reingeniería de procesos que se están llevando a cabo de manera interna, que sí están sucediendo”.

Contener la inflación también tiene un costo

La otra cara de la estrategia aparece cuando se observa el efecto financiero que implica utilizar a Pemex para amortiguar el precio de los combustibles. PetroIntelligence calcula que, considerando las reducciones de costos asociadas a la reorganización interna, la petrolera está dejando de obtener alrededor de 1,700 millones de pesos mensuales. Una primera estimación superaba los 5,000 millones, pero fue corregida al incorporar el efecto de esas eficiencias.

“Lo que Pemex está perdiendo, yo no lo visualizo como una pérdida, lo veo como un pago por mantener la inflación y mantener la gobernabilidad”, señala Montufar sobre una comparación que ya no sería solo sobre cuánto podría ganar Pemex vendiendo los combustibles a otro precio, sino cuál sería el costo económico y social de permitir que toda la presión internacional se trasladara directamente al consumidor. “Combatir la inflación cuesta. No es algo gratis”, advierte.

Eso sí, “hay que tener cuidado qué tanto estiramos la liga”, insiste Montufar, principalmente porque Pemex arrastra desde hace décadas una posición financiera vulnerable y, si bien puede abastecer una proporción considerable del mercado, necesita complementariedad privada para alcanzar determinadas regiones. El crecimiento reciente de su participación ha producido retrasos en algunas entregas y reubicaciones de los puntos donde las estaciones deben cargar producto.

“No hay desabasto. Hay quien ha comentado que Pemex no tiene producto. Realmente no es eso. Sí hay un retraso de algunos días en las entregas, pero es porque no estaban acostumbrados a esta demanda. Es un tema de planeación”, precisa.

La paradoja es que la propia política destinada a contener el precio al consumidor puede generar mayores costos logísticos dentro de la cadena. “Si tienes estados completos que no cumplen por los fletes de última milla y a Pemex le está costando, tú como Sener tendrías que estar sacando más permisos”, argumenta.

El riesgo está en lo que ocurre después

La presión contingente no se concentra únicamente en Pemex. El mercado de estaciones de servicio también está comenzando a mostrar señales que, según PetroIntelligence, pueden comprometer la inversión futura. El margen necesario para una estación, considerando IVA, costos operativos, regulación, impuestos y rendimiento sobre la inversión, se ubica alrededor de 2.80 pesos por litro. Bajo las condiciones actuales, identifica una insuficiencia cercana a 50 centavos en gasolina y de un peso en diésel.

En gasolina regular, sostiene, muchas estaciones estarían operando prácticamente en el punto de equilibrio. “No están generando recursos que den el rendimiento de la inversión, solamente operativos”, explica. La situación resulta más compleja en diésel, donde la insuficiencia podría alcanzar no solamente la rentabilidad esperada, sino incluso una parte de los costos vinculados al cumplimiento regulatorio.

Las señales de menor interés por nuevos proyectos también comienzan a aparecer en los datos que analiza PetroIntelligence. Montufar señala una disminución en las solicitudes de apertura y anticipa que, si las condiciones se mantienen, el siguiente año podría profundizarse. “Estás llevando a cabo estrategias de corto plazo para contener los precios, pero como no estás cuidando otros aspectos, vas a generar precios altos en el mediano plazo”, advierte.

Menor inversión significaría, eventualmente, menos infraestructura, menor competencia y menor diversidad de productos. Y ahí la discusión vuelve al punto de partida: la seguridad energética, donde el desafío no consiste en elegir entre Pemex o los privados, sino en reconocer que ambos forman parte del mismo sistema.

“Si tú quitaras a Pemex, pues el país entra en crisis porque ¿quién va a llevar el combustible? No hay forma que lo puedas quitar. Es más importante que un tema de negocio”, afirma. El mismo razonamiento, sostiene, debe extenderse a la inversión privada. Pemex necesita distribuidores, transportistas, terminales, estaciones y otros participantes capaces de complementar su infraestructura. “Hoy sí se acepta y se comunica que Pemex solo no puede y necesita a la iniciativa privada”.

El reto será definir hasta dónde puede utilizarse a la petrolera como mecanismo de contención sin comprometer su capacidad futura y, simultáneamente, mantener condiciones que permitan al capital privado continuar participando. “También falta comunicar que Pemex es una herramienta de seguridad nacional y no solo una empresa”, cerró.

Delcy Rodríguez y Donald Trump se reúnen por primera vez

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Por: Itzel Alaniz

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, sostuvieron su primer encuentro este martes en el Lotte New York Palace Hotel, en Nueva York, a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. La reunión ocurrió en medio del acercamiento entre ambos gobiernos, marcado principalmente por los nuevos acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos.

El encuentro también marcó la primera reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Venezuela desde el breve encuentro entre Barack Obama y Nicolás Maduro en 2015.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad”, publicó Rodríguez en su cuenta de X.

Cronología de acuerdos petroleros

A partir de la llegada de Delcy Rodríguez al poder, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Venezuela comenzó a abrir nuevamente su industria petrolera a empresas extranjeras, en particular estadounidenses, después de años de restricciones, expropiaciones y mayor control estatal durante el chavismo.

Enero de 2026: Estados Unidos y Venezuela acordaron la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, cuyos ingresos quedaron bajo control estadounidense.

Febrero-marzo: Washington amplió las licencias para permitir nuevas operaciones de empresas estadounidenses en Venezuela y facilitar transacciones con PDVSA.

31 de agosto: Ambos gobiernos anunciaron un acuerdo para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en unos 64 mil millones de barriles. Algunos términos del proyecto todavía estaban en definición.

2 de septiembre: Chevron anunció una inversión superior a 7 mil millones de dólares para ampliar su producción en Venezuela.

16 de septiembre: Continental Resources firmó un memorando con PDVSA para desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco. Ese mismo mes, ExxonMobil avanzó en negociaciones para regresar a Venezuela, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

María Corina Machado intenta ingresar tres veces a Venezuela en un día

Mientras Delcy Rodríguez participa en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sostiene reuniones privadas en Nueva York, la opositora venezolana María Corina Machado, quien permanece exiliada en Panamá, intentó regresar a Venezuela en tres ocasiones el 22 de septiembre.

El primer intento ocurrió por vía marítima, con una ruta desde Panamá hacia el Caribe y Venezuela, pero el viaje se canceló por presuntas fallas en uno de los motores de la embarcación. Después, Machado intentó viajar en avión con destino a Aruba, el cual se ubica entre 25 a 30 kilómetros de Venezuela, pero no pudo concretar el aterrizaje. Finalmente, se desvió hacia Curazao, ubicado a 50 kilómetros del territorio venezolano, aunque tampoco logró ingresar.

Protestas fuera de la ONU

“Delcy no representa a Venezuela”, “Justicia democrática y libertad”, “Delcy arrodillada ante el imperio” y “¡Democracia ya! No más dictadura!” fueron algunos de los mensajes en los carteles que llevaron venezolanos a las protestas frente a la ONU durante la tarde.

Los manifestantes expresaron su rechazo al gobierno de Delcy Rodríguez y al sistema chavista que representa, después de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

California y Nueva York demandan al gobierno de Estados Unidos por proyectos eólicos marinos

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California y Nueva York, junto con otros estados, presentaron nuevas demandas contra el gobierno de Donald Trump para frenar acuerdos federales destinados a cancelar proyectos de energía eólica marina mediante la recompra de sus arrendamientos.

Las acciones legales cuestionan acuerdos con empresas como Invenergy y Bluepoint Wind, que contemplan pagos por alrededor de 1,400 millones de dólares para cancelar diversos proyectos. A nivel nacional, la administración federal ha comprometido cerca de 4,000 millones de dólares en este tipo de operaciones.

Nueva York sostiene que las cancelaciones podrían limitar nueva capacidad de generación en un momento de crecimiento de la demanda eléctrica, mientras que California cuestiona la legalidad de los acuerdos y su impacto sobre las inversiones realizadas para desarrollar la industria eólica marina.

A las acciones encabezadas por Nueva York se sumaron Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont. California presentó una demanda separada relacionada con la cancelación de un arrendamiento de Invenergy frente a su costa.

Del porcentaje a las capacidades: el siguiente paso del contenido nacional en México

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La política de contenido nacional implementada en México a partir de la Reforma Energética de 2013 e incorporada al nuevo marco regulatorio, particularmente a través de la Ley de Hidrocarburos de 2014, representó uno de los esfuerzos de política pública más ambiciosos para vincular la apertura del sector petrolero con el desarrollo económico nacional. Su propósito era claro: aprovechar la inversión, la tecnología y la experiencia de los operadores petroleros extranjeros para que la actividad petrolera generara beneficios permanentes para el país, más allá de la extracción de hidrocarburos.

Leticia Cienfuegos Especialista en Contenido Nacional y académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 9 años de experiencia en el sector energético. Participó en el diseño e implementación de los primeros procedimientos de verificación de Contenido Nacional en hidrocarburos y cuenta con experiencia en medición, cumplimiento y estrategia regulatoria.

Oscar A. Gomez Comisionado de la CNA y académico de la Facultad de Economía de la UNAM con más de 10 años de experiencia en el sector energético. Participó en el diseño de políticas de fomento industrial para el sector energético y en los procedimientos de verificación de contratos en materia de hidrocarburos.

Para alcanzar este objetivo, el marco normativo estableció que el cumplimiento de las obligaciones de contenido nacional se determinaría mediante seis variables fundamentales: bienes nacionales, servicios nacionales, mano de obra nacional, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura local y regional. Sin embargo, desde su diseño, estas variables respondían a objetivos distintos.

Mientras los bienes, servicios y mano de obra nacional buscaban incrementar la participación económica de empresas y trabajadores mexicanos en la actividad petrolera; la capacitación y la transferencia de tecnología pretendían contribuir al desarrollo de capacidades nacionales, entendidas como los conocimientos, habilidades y tecnología que permanecen en el país y permiten fortalecer la competitividad, generar mayor valor agregado y participar progresivamente en actividades de mayor complejidad. Finalmente, la infraestructura local y regional perseguía un tercer objetivo: generar beneficios permanentes en zonas de influencia de los proyectos. Más de una década después, el resultado fue un claro predominio de las variables de participación económica.

El cumplimiento se concentró principalmente en bienes, servicios y mano de obra nacional, mientras que la capacitación, la transferencia de tecnología y la infraestructura local y regional permanecieron como variables marginales dentro de la estrategia de cumplimiento de los operadores. Esta experiencia permite identificar una lección relevante: el problema no fue que la política de contenido nacional careciera de instrumentos para generar capacidades y beneficios de largo plazo, sino que su diseño permitió cumplir las metas regulatorias sin necesidad de utilizarlos.

La estructura de incentivos: por qué dominaron las variables de participación económica

Desde una perspectiva económica, este comportamiento no resulta sorprendente. Los operadores petroleros responden a incentivos, por lo que, cuando existen múltiples mecanismos para cumplir una obligación regulatoria, los agentes racionales elegirán aquellos que impliquen menores costos, menor incertidumbre y mecanismos de acreditación más sencillos. En la práctica, los operadores concentraron su estrategia de cumplimiento, en este orden, en la contratación de servicios nacionales, el empleo de mano de obra mexicana y la adquisición de bienes nacionales, es decir, en conceptos inherentes al desarrollo de cualquier proyecto de exploración y extracción.

Estas tres variables representan aproximadamente el 98 % del gasto susceptible de ser reconocido como contenido nacional. Considerando que las metas contractuales alcanzan como máximo el 35%, bastaba con que una fracción relativamente reducida de ese gasto correspondiera a bienes nacionales, servicios nacionales y mano de obra nacional para cumplir con las obligaciones previstas en los contratos, sin necesidad de recurrir a la capacitación, la transferencia de tecnología o la infraestructura local y regional. En contraste, la capacitación, la transferencia de tecnología y la infraestructura local y regional implicaban inversiones adicionales, procesos de planeación más complejos, criterios de acreditación menos definidos y una mayor incertidumbre respecto de su reconocimiento para efectos del cumplimiento regulatorio.

Esto, en un contexto en el que la mayoría de los contratos se encontraban en periodo de exploración o evaluación, periodos de corta duración que no hacen redituable la inversión más allá del cumplimiento regulatorio. Paradójicamente, las variables concebidas para generar los beneficios de largo plazo de la política terminaron siendo las menos utilizadas del sistema.

Más allá de la participación económica: un potencial desaprovechado

Entre todas las variables del contenido nacional, la que tenía mayor potencial transformador era la transferencia tecnológica. Su incorporación respondía a una lógica ampliamente utilizada en países productores de hidrocarburos: aprovechar la participación de empresas internacionales para acelerar la transferencia de conocimientos técnicos especializados, fortalecer capacidades nacionales y acumular experiencia operativa en la industria local. La transferencia tecnológica requiere, por su propia naturaleza, la existencia de un emisor y un receptor del conocimiento. En este sentido, el diseño original de la reforma contemplaba a Pemex como posible receptor, al prever la participación del Estado en los contratos cuando existieran oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología para el desarrollo de sus capacidades. Esta lógica generaba un canal natural para el intercambio de experiencias, procesos y tecnologías.

Sin embargo, la mayoría de los contratos adjudicados durante las rondas petroleras fueron desarrollados sin participación conjunta de Pemex como empresa productiva del Estado. Así, la transferencia tecnológica quedó sin un receptor natural claramente identificado y, desde la perspectiva de una empresa privada, evitó transferir tecnología “de manera gratuita” a un potencial competidor desalineando los incentivos entre la política pública y los económicos. Por su parte, la capacitación enfrentó dos limitaciones: una conceptual y otra relacionada con su cumplimiento regulatorio. Desde el punto de vista conceptual, la Metodología establecía que esta variable era aplicable únicamente a la capacitación del personal contratado directamente por los operadores petroleros. Sin embargo, los Programas de Capacitación y Transferencia de Tecnología ampliaban su alcance al permitir actividades dirigidas a estudiantes y personal subcontratado, mediante cursos, seminarios, talleres, capacitaciones operativas y eventos de difusión técnica.

Desde el cumplimiento regulatorio, el soporte documental requerido para reconocer las actividades de capacitación se definió con mayor precisión durante los procesos de verificación de gabinete, cuando muchas de estas actividades ya habían sido realizadas. En consecuencia, parte de la documentación generada al momento de su ejecución resultaba insuficiente para acreditar posteriormente su cumplimiento ante la autoridad. En la práctica, una parte importante de las actividades reportadas se concentró en programas de corto plazo y cumplimiento mínimo que podían contribuir a la operación cotidiana de las empresas, pero difícilmente se traducían en el desarrollo de capacidades nacionales permanentes. En consecuencia, la capacitación podía convertirse en una variable reportable, pero difícilmente evaluable en términos de impacto.

Por su parte, la infraestructura local y regional buscaba convertir parte de la inversión petrolera en beneficios permanentes para las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos petroleros. La lógica era consistente con experiencias internacionales. La explotación de recursos naturales genera impactos territoriales significativos y, por tanto, una parte de los beneficios debe traducirse en mejoras visibles para las comunidades, tales como la construcción y mantenimiento de carreteras, caminos, puentes y vías de transporte público; la construcción de hospitales, escuelas, viviendas, sistemas de suministro de agua potable, saneamiento y drenaje, parques públicos y deportivos que beneficien a la comunidad. Sin embargo, la política de contenido nacional nunca desarrolló mecanismos claros para su implementación, ya que no existieron procedimientos específicos de validación, criterios robustos de elegibilidad o una estrategia institucional para promover su utilización.

En la práctica, la infraestructura resultaba prescindible para alcanzar las metas de contenido nacional, lo que contribuyó a que su utilización fuera excepcional. En conjunto, la transferencia de tecnología, la capacitación y la infraestructura local y regional compartieron una misma limitación estructural. Aunque las dos primeras estaban orientadas al desarrollo de capacidades nacionales y la tercera a generar beneficios territoriales permanentes, las tres enfrentaron una fuerte desventaja frente a las variables de participación económica para efectos del cumplimiento regulatorio.

La Guía de 2020: un esfuerzo por corregir el diseño

Ante estas dificultades, en 2020 la Secretaría de Economía emitió la Guía para la presentación de los programas de capacitación y transferencia de tecnología solicitados en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, con el propósito de establecer criterios para el reconocimiento de actividades relacionadas con la capacitación y la transferencia de tecnología. Su emisión representó un avance importante porque atendió una realidad que el propio sector ya había identificado: persistían vacíos y criterios poco claros para el reconocimiento de estas variables. La Guía amplió las posibilidades para que los operadores canalizaran recursos hacia universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y otros organismos especializados, reduciendo la dependencia de la interacción con Pemex como canal para la transferencia tecnológica.

Sin embargo, su carácter orientativo y no vinculante permitió aclarar conceptos y reducir parte de la incertidumbre interpretativa, pero no modificó la estructura de incentivos que había llevado a los operadores a privilegiar las variables de participación económica. Mientras el cumplimiento de las metas regulatorias pudiera alcanzarse principalmente mediante bienes, servicios y mano de obra nacional, la capacitación y la transferencia de tecnología continuarían desempeñando un papel secundario.

Del cumplimiento regulatorio al desarrollo de capacidades nacionales

Después de más de una década de implementación, la principal lección es clara: uno de los principales desafíos del contenido nacional se encuentra en la estructura de incentivos sobre la que fue diseñado el sistema. Mientras ese diseño permita alcanzar las metas regulatorias principalmente mediante bienes, servicios y mano de obra nacional, las variables concebidas para generar beneficios de largo plazo seguirán desempeñando un papel secundario. Por ello, la discusión ya no debería centrarse únicamente en cuánto contenido nacional se reporta, sino también en qué capacidades se desarrollan y qué beneficios permanentes quedan en el país una vez que concluye la inversión petrolera.

El desafío para los próximos años consiste en evolucionar desde un modelo centrado en la medición de porcentajes hacia uno capaz de evaluar también los beneficios de largo plazo generados por la política. Ello implica incorporar mecanismos que permitan determinar no solo cuánto contenido nacional se genera, sino también en qué medida la capacitación y la transferencia de tecnología fortalecen el capital humano, la competitividad, la innovación y la integración de las cadenas de suministro, y qué beneficios permanentes genera la infraestructura local y regional en las zonas de influencia de los proyectos.

No bastará con reconocer estas variables dentro de la metodología; será necesario desarrollar indicadores capaces de medir sus resultados y vincularlos a un esquema de incentivos que premie efectivamente su implementación. En el caso de la capacitación y la transferencia de tecnología, esos indicadores deberían evaluar el desarrollo de capacidades nacionales; en el de la infraestructura local y regional, los beneficios permanentes generados en las zonas de influencia de los proyectos.

Una nueva generación del contenido nacional La siguiente etapa de esta política debería orientarse a construir un sistema capaz de medir no solo cuánto contenido nacional participa en la actividad petrolera, sino también qué beneficios de largo plazo es capaz de generar y preservar una vez que la inversión concluye.

Solo así el contenido nacional dejará de entenderse como una obligación de cumplimiento para consolidarse como un verdadero instrumento de política industrial, capaz de fortalecer la competitividad, la innovación y el desarrollo económico del país. Porque, al final, los porcentajes terminan cuando concluye un proyecto. Las capacidades nacionales y los beneficios permanentes generados por la infraestructura, en cambio, pueden trascenderlo.

¿Qué debería definir el éxito del contenido nacional: el porcentaje que se alcanza o el legado que permanece?

Vestas destaca el valor de la energía eólica en el Sistema Eléctrico Mexicano

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Vestas presentó el análisis “No toda la intermitencia es igual: El valor sistémico de la energía eólica en la planeación y la operación del Sistema Eléctrico Mexicano”, en el que examina el papel de la energía eólica ante el crecimiento de la demanda eléctrica impulsado por la industrialización, el nearshoring y los centros de datos.

El estudio señala que la generación eólica puede complementar a otras fuentes renovables debido a sus distintos patrones de generación. En México, la producción eólica aumenta alrededor de 17% entre las 15:00 y las 19:00 horas, periodo que coincide con las horas de mayor demanda eléctrica.

Vestas también destaca que la energía eólica puede compensar la menor generación hidroeléctrica durante la temporada seca y ayudar a reducir los efectos de la llamada “curva del pato”, asociada a una elevada concentración de generación solar durante el día.

Finalmente, el análisis plantea que, pese al avance de los sistemas de almacenamiento de energía, la eólica terrestre mantiene ventajas de costo frente al almacenamiento en baterías de cuatro horas, por lo que podría desempeñar un papel relevante en la expansión de capacidad eléctrica de corto plazo en México.