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Gasolineras pierden hasta 35% de rentabilidad en medio de presión fiscal y competencia

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Por Itzel Alaniz

Las estaciones de servicio en México registraron una caída de hasta 35% en los márgenes de rentabilidad entre febrero y mayo de 2026 debido a un incremento de costos operativos, presiones regulatorias y la competencia dentro del mercado energético, explicó Enrique Quintana, economista y analista, durante la Primera Jornada de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y Diésel.

El sector gasolinero atraviesa un entorno complejo ya que solo la venta de combustibles no garantiza ganancias suficientes para los empresarios del sector. Aunado a esto, se suman factores como los costos de seguridad, el endurecimiento de las revisiones fiscales y ambientales y la creciente competencia entre las 400 marcas de combustibles que existen actualmente y que operan en el país.

“Si la venta de combustibles no está generando ese margen, hay que buscar otras cosas”, mencionó Quintana en referencia a la diversificación de servicios complementarios y sistemas de recarga para vehículos eléctricos.

Además, indicó que México afronta riesgos asociados al huachicol fiscal mediante una red que se intensificó en el 2019. El analista considera que el robo de combustible es un fenómeno afecta el mercado energético nacional. Con este panorama, la inseguridad representa un costo adicional para los empresarios, específicamente en entidades donde hay mayor extorsión y cobro de derecho de piso.

El factor internacional

Por otro lado, explicó que el panorama internacional continúa en incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas que persisten desde los últimos meses en Medio Oriente. Esto llega a afectar de manera significativa la infraestructura energética, de acuerdo con el analista.

Cuando inició el conflicto, se presentaron niveles altos en el precio de los combustibles a principios de año; conforme continuó, hubo una moderación. No obstante, la normalización de los precios se dará de manera gradual debido a factores como los costos de refinación, la recuperación de inventarios y la demanda estacional de Estados Unidos.

“Subieron los precios por elevador y van a bajar por escalera”, explicó.

En este sentido, la recuperación total del mercado energético dependerá de la estabilización de las rutas de suministro y de la reconstrucción de infraestructura afectada. Por lo que las consecuencias de los conflictos entre países podrían seguir presentes durante varios meses.

Estos comentarios coincidieron con los de Alejandra León, directora de Estrategia para Latinoamérica de S&P Global Energy, y Sergio Meana, Business Development Manager de Argus Media, quienes consideraron que si bien el Estrecho de Ormuz podría volver a aperturarse tras una firma de paz, los barcos petroleros podrían tardar de entre cuatro a seis meses en volver a transitar libremente y retomar sus rutas.

“Es difícil que lleguen a un acuerdo en 30 o 60 días”, revelaron en su participación. Si las negociaciones fracasan, el panorama para los precios del petróleo se complicaría, añadieron.

Además, también indicaron que el acuerdo de paz firmado en el Palacio de Versalles es “frágil”, y advirtieron que el acuerdo podría colapsar, ya que las tensiones geopolíticas continúan por el control de esa vía marítima, por donde circulan 21 millones de barriles diarios de petróleo.

“Los precios no alcanzaron el nivel que se esperaba cuando inició el conflicto, que era de 200 dólares por barril. Sin embargo, si el Estrecho de Ormuz vuelve a cerrar de manera total o parcial, el precio podría ubicarse entre 150 y 180 dólares por barril”, explicaron.

También detallaron que la guerra provocó una pérdida de entre 14 y 16 millones de barriles diarios de producción global de crudo, cifra que refleja la magnitud del impacto internacional del conflicto.

El impacto en México

En cuanto a México, señalaron que si el precio internacional del petróleo aumenta, el gobierno tendría pocas herramientas para evitar que ese incremento se refleje en el precio de las gasolinas.

Durante años anteriores, el gobierno podía reducir o eliminar de forma temporal el cobro de impuestos a los combustibles para contener las alzas de precios. Sin embargo, las finanzas públicas enfrentan mayores presiones, por lo que existe menos capacidad para otorgar esos apoyos fiscales.

Además, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera incertidumbre económica y obliga al gobierno a actuar con cautela en el manejo del presupuesto.

Por esa razón, resulta difícil aplicar subsidios amplios a los combustibles o regresar a mecanismos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) negativo, mediante los cuales el gobierno no solo dejaba de cobrar el impuesto, sino que incluso compensaba parte del costo de las gasolinas.

La Asociación de Industrias de Energía Solar demuestra la mínima huella territorial de los proyectos fotovoltaicos sobre los suelos agrícolas de alta productividad en los Estados Unidos

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El análisis de la ocupación del suelo para la instalación de infraestructura energética renovable ha tomado un papel central en las discusiones de planeación territorial y diseño de políticas públicas a nivel internacional. En la víspera de que el Senado de los Estados Unidos inicie la evaluación y debate en torno al proyecto de ley agrícola de 2026, la Asociación de Industrias de Energía Solar, conocida por sus siglas en inglés como SEIA, ha publicado un reporte estadístico detallado que demuestra que las plantas de energía solar a gran escala emplean únicamente el 0.07 por ciento de las tierras agrícolas consideradas de primera calidad en todo el territorio de la nación norteamericana.

Los resultados de este estudio sectorial pretenden aportar certidumbre técnica a un debate que con frecuencia se fundamenta en suposiciones sobre el desplazamiento de las actividades agropecuarias, evidenciando que la superficie destinada a la captación fotovoltaica es sustancialmente menor que el área absorbida por la expansión urbana periférica y los desarrollos recreativos residenciales en las diversas entidades del país.

A través del despliegue de una herramienta cartográfica interactiva desarrollada por la propia SEIA, se ha hecho evidente que incluso en las demarcaciones geográficas que registran los mayores índices de penetración y conectividad de energía solar a la red eléctrica, la proporción de suelos agrícolas de alto valor utilizados para este fin jamás excede el umbral del 0.5 por ciento del inventario disponible.

Al revisar los casos específicos de los estados con mayor densidad de infraestructura de conversión de potencia, destaca el caso de California, donde los parques solares ocupan 77.8 millas cuadradas de las 18,077.8 millas cuadradas de terrenos agrícolas de primera calidad existentes, lo que equivale a un marginal 0.43 por ciento de la superficie con aptitud productiva. Un comportamiento similar se observa en el estado de Rhode Island, donde la ocupación de celdas fotovoltaicas abarca 0.9 millas cuadradas de un universo de 213 millas cuadradas de tierras fértiles, representando el 0.42 por ciento de su territorio cultivable, una condición en la que el desarrollo suburbano y los complejos deportivos triplican con holgura el espacio ocupado por las centrales de generación de electricidad limpia.

La difusión oportuna de estos balances territoriales responde directamente a los esfuerzos de cabildeo e influencia regulatoria frente a las restricciones contempladas en la versión de la Ley Agrícola que fue aprobada de forma previa por la Cámara de Representantes. Dichas modificaciones normativas buscan bloquear los canales de financiamiento provenientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, afectando de manera específica a los subsidios e incentivos del Programa de Energía Rural para Estados Unidos de Norteamérica, conocido comúnmente como REAP, para todas aquellas instalaciones solares montadas sobre estructuras en suelo que posean una poligonal de afectación de 20.23 hectáreas o más en terrenos aptos para el cultivo.

El liderazgo corporativo de la SEIA, encabezado por su presidente y director ejecutivo Tim Pawlenty, ha argumentado de manera reiterada que este tipo de prohibiciones y límites normativos severos terminan por perjudicar la estabilidad financiera de los pequeños productores agrícolas independientes, dado que el arrendamiento de fracciones de terreno a empresas desarrolladoras de energía les proporciona una fuente de ingresos fijos, predecibles y de largo plazo que complementa los ingresos variables derivados de las cosechas tradicionales.

La gobernanza socioambiental de los grandes proyectos de infraestructura energética encuentra en los esquemas agrovoltaicos una solución técnica idónea para conciliar las metas de descarbonización con la preservación de los entornos rurales y las actividades comunitarias. Las investigaciones de mercado respecto a la opinión de la población civil muestran que las instalaciones fotovoltaicas utility-scale suelen generar una percepción ligeramente negativa cuando se plantea que sustituyen parcelas de cultivo tradicionales, sin embargo, el diseño híbrido que integra actividades de pastoreo, apicultura o agricultura de baja altura debajo de los módulos solares logra transformar los niveles de desaprobación en posturas neutrales o de aceptación, incluso entre los sectores más críticos de la población.

De este modo, la industria fotovoltaica busca demostrar que el uso inteligente del suelo permite equilibrar la producción de alimentos de alta calidad con la generación de electricidad asequible, el incremento en la recaudación fiscal de los municipios periféricos y el sostenimiento económico de las familias que habitan el sector rural del país.

México requiere fortalecer su seguridad energética y garantizar el abasto de combustibles: Onexpo

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Por Itzel Alaniz

El país necesita fortalecer su seguridad energética mediante un abasto oportuno de combustibles, mercados ordenados y mayor confianza en los actores formales que participen en la proveeduría del expendio de gasolina y diésel, comentó Enrique Felix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleos (Onexpo).

Durante su mensaje de bienvenida que ofreció en la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y Diésel, Felix Robelo dijo que el espacio de análisis podría generar visiones convergentes para el estudio de factores que inciden en el mercado nacional de las gasolinas y el diésel para fortalecerlo en seguridad en aspectos de abasto, suministro, distribución y expendio final de los combustibles.

“Venimos a escuchar, a compartir diagnósticos, a ordenar datos y elementos útiles que contribuyan a las soluciones que México necesita en este ambiente internacional e interno de alta volatilidad que no ha dado lengua desde hace algunos meses”, mencionó.

Esta jornada de análisis con los expertos del sector se dio mientras el mundo enfrenta un alza en los precios de sus combustibles. Una de las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, región por la que transita alrededor de 20% del petróleo global. Cabe recordar que esta zona resultó bloqueada por parte de Irán, país agredido por Estados Unidos e Israel.

En este sentido, el presidente de la Onexpo dijo que los asistentes forman parte de la cadena de combustibles amplia, compleja y esencial que pasa por los mercados internacionales de referencia, por las condiciones de suministro, de almacenamiento, de los costos logísticos como el transporte y la distribución que se elabora con la operación diaria de cada estación de servicio.

Asimismo, recordó que el sistema energético engloba a toda la población que requiere de él: familias, productores, comercio, industrias y servicios públicos. La importancia del sector es relevante, ya que repercute en la movilidad y en la vida diaria de millones de personas.

“Una cadena tan amplia requiere comunicación, información, confianza y disposición para encontrar puntos de convergencia, de diálogo y de compromisos compartidos”, detalló.

Enfatizó que esta primera jornada nacional pretende ser una aportación oportuna y valiosa, un punto de partida para ordenar la conversación, para escuchar a todos los eslabones, para reconocer la complejidad creciente del sector.

Además, mencionó que todo ello es en favor de la seguridad energética, el interés del consumidor y la certidumbre para que se cumpla desde la legalidad y la formalidad de la cadena de valor de las gasolinas y el diésel.

Irán formaliza la libre navegación comercial en el Estrecho de Ormuz bajo el pacto de distensión temporal pero rechaza las cláusulas de inspección atómica

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Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

El restablecimiento del tránsito seguro en los corredores marítimos de alta densidad de Medio Oriente representa una condición indispensable para la estabilización de los precios del crudo y la reducción de los costos logísticos en las cadenas de suministro de las economías occidentales. El embajador de la República Islámica de Irán ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, ratificó de manera formal que el Estrecho de Ormuz se encuentra completamente abierto para el paso de todas las embarcaciones comerciales de gran calado, una disposición operativa que se ejecuta en estricto apego a las cláusulas estipuladas en el acuerdo preliminar de paz bilateral alcanzado con la administración gubernamental de los Estados Unidos.

El representante diplomático detalló que las líneas navieras internacionales se verán exentas de realizar cualquier tipo de pago, arancel o contraprestación económica por el uso de esta vía acuática durante la vigencia del periodo de sesenta días fijado por las delegaciones oficiales para avanzar hacia la redacción de un tratado de paz definitivo.

La reactivación de las operaciones portuarias y de tránsito regular en el Golfo Pérsico no implica una restauración absoluta del orden geopolítico previo al estallido de las hostilidades en la región. Las autoridades de Teherán han manifestado que el destino del estrecho posterior al vencimiento del plazo de dos meses, incluyendo la eventual autorización para el cruce de contingentes y buques de guerra de armadas extranjeras, dependerá de manera directa del éxito y los consensos alcanzados en las mesas de negociación política en curso.

La diplomacia persa anticipó que la arquitectura de seguridad en Ormuz experimentará modificaciones estructurales debido a los aprendizajes estratégicos del conflicto, anunciando el inicio de un proceso de concertación bilateral con el Sultanato de Omán, nación con la cual comparte los derechos de soberanía territorial sobre las aguas del canal, para delimitar las nuevas disposiciones de control y los protocolos de inspección de carga que se implementarán de forma permanente.

En el plano de las salvaguardas internacionales y el control de tecnologías críticas, la postura oficial del gobierno iraní introduce un elemento de discordancia frente a los reportes previos difundidos por los departamentos económicos de Washington. El embajador Bahreini desmintió de forma categórica que su país haya otorgado el consentimiento técnico para que los delegados de la Agencia Internacional de Energía Atómica lleven a cabo misiones de verificación o inspecciones especiales dentro de la infraestructura de los centros de desarrollo nuclear del territorio iraní, sosteniendo que no se han entablado mesas de diálogo formal sobre dicha materia y catalogando como falsas las declaraciones que daban por hecho la entrada inmediata de los técnicos de las Naciones Unidas a sus complejos industriales.

Asimismo, la distribución y destino operativo de los recursos financieros internacionales representa un punto de desencuentro normativo entre las partes firmantes del alto el fuego. En referencia al desbloqueo de activos bancarios retenidos en el extranjero, cuyo valor asciende a 12,000 millones de dólares pagaderos en dos exhibiciones sucesivas de 6,000 millones de dólares cada una, la representación de Irán sostuvo que será la única entidad con la facultad legal de determinar el destino de dichos recursos monetarios, rechazando las afirmaciones del ejecutivo estadounidense que apuntaban a un esquema de fiscalización conjunta operado por el estado de Qatar para la adquisición exclusiva de granos y materias primas agrícolas procedentes del sector agropecuario de Norteamérica.

Las fases subsecuentes de la cumbre diplomática se estructurarán a partir del despliegue de dos comisiones técnicas de trabajo que sesionarán de manera simultánea, enfocándose de forma respectiva en el diseño del calendario para la anulación total de las sanciones económicas internacionales y en la delimitación de las capacidades operativas del programa atómico persa.

Chevron y Microsoft transforman el suministro eléctrico de la Inteligencia Artificial mediante un esquema cerrado de generación a gas natural en Texas

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El acelerado despliegue de la computación de alto rendimiento y el procesamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial exigen una reconfiguración profunda en las estrategias de abastecimiento energético de los grandes consorcios tecnológicos globales. La corporación energética Chevron Corp ha concretado un contrato comercial de 20 años con Microsoft Corp con la finalidad de suministrar energía eléctrica generada a base de gas natural a un complejo de centros de datos proyectado para edificarse en la región occidental del estado de Texas, una infraestructura que por su escala de diseño posee el potencial de consolidarse como uno de los centros de procesamiento de datos más grandes dentro del territorio de los Estados Unidos.

Este esfuerzo de infraestructura energética, denominado formalmente como Proyecto Kilby, será desarrollado de manera conjunta con el fondo de inversión Engine No. 1, estimándose que la toma de la decisión final de inversión por parte de los cuerpos directivos se verifique formalmente en el transcurso de los próximos meses del presente año.

Las previsiones técnicas provistas por la firma petrolera con sede en Houston señalan que las instalaciones de generación eléctrica comenzarán a entregar los primeros flujos de energía en el año 2028, iniciando un proceso de escalamiento paulatino que busca alcanzar una capacidad totalizada de 2.67 gigavatios con el paso del tiempo. Dicha capacidad nominal equivale al volumen necesario para respaldar la demanda residencial de más de 530,000 hogares en la entidad texana, una dimensión que refleja la magnitud del consumo requerido por las granjas de servidores destinadas al entrenamiento de algoritmos de lenguaje natural.

Para asegurar la viabilidad del suministro y mitigar los retrasos en las cadenas de proveeduría global, el consorcio desarrollador ya ha formalizado la adquisición y el pedido en firme de siete turbinas de gas natural de alta capacidad a la compañía industrial GE Vernova Inc, asegurando los activos críticos de generación frente a una cartera de pedidos de manufactura que suele registrar saturaciones de varios años de antelación.

La viabilidad financiera y la rentabilidad del Proyecto Kilby se sustentan en una ventaja geográfica y de costos sumamente específica vinculada al aprovechamiento del gas natural extraído de la cuenca del Pérmico, considerada la formación geológica y el yacimiento petrolífero más prolífico del continente americano. En esta zona geográfica, el gas natural es obtenido de manera masiva como un subproducto asociado a la extracción de crudo, generando volúmenes de producción que con frecuencia superan la capacidad de evacuación de los gasoductos existentes y obligando a los operadores a quemar el exceso como residuo industrial.

Esta condición de saturación del mercado local se traduce en precios deprimidos del gas en boca de pozo, un insumo de bajo costo que Chevron direccionará hacia el emplazamiento de generación eléctrica situado en las inmediaciones de la ciudad de Pecos, creando una demanda cautiva dentro de la propia cuenca que evita el desperdicio del recurso energético y optimiza el rendimiento económico de sus operaciones extractivas primarias.

La arquitectura de este acuerdo corporativo plantea un cambio de paradigma en la gobernanza energética al estructurarse como un sistema cerrado de autogeneración que entregará la electricidad de forma directa al complejo informático de Microsoft, operando al margen de la red eléctrica regulada y sin la intervención de las empresas de servicios públicos locales.

Esta decisión de diseño responde a las crecientes tensiones políticas y sociales derivadas de la expansión de los centros de datos en los Estados Unidos, cuya demanda combinada proyecta duplicar la capacidad requerida por el sector digital hasta alcanzar los 77 gigavatios para el año 2030 según los modelos analíticos de la firma BloombergNEF. El impacto de esta demanda concentrada sobre las redes de distribución convencionales ha comenzado a elevar los costos tarifarios para los consumidores residenciales finales, detonando una reacción regulatoria adversa que las empresas tecnológicas buscan eludir mediante el desarrollo de plantas de generación dedicadas que garanticen la continuidad absoluta de sus operaciones sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico comunitario.

La creación del Consejo de Planeación Energética y del Sistema Nacional de Información Energética establece las bases para la gobernanza energética de largo plazo en México

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La estructuración de una política energética integral y la correcta administración de los recursos estratégicos nacionales exigen la creación de plataformas de gobernanza corporativa e institucional que unifiquen los esfuerzos de las dependencias, organismos reguladores y empresas productivas del Estado.

En este contexto de fortalecimiento normativo, la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, presidió los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Planeación Energética, una instancia colegiada que asume la responsabilidad legal y operativa de coordinar, evaluar y dar un seguimiento sistemático a la planeación energética en todo el territorio de la República Mexicana. Este nuevo órgano de deliberación técnica reúne de forma directa a las instituciones fundamentales del sector, configurando un espacio de articulación que tiene como propósito diseñar la hoja de ruta que guiará las inversiones en infraestructura eléctrica, de hidrocarburos y de fuentes renovables con una perspectiva de seguridad y soberanía nacional.

El hito técnico más destacado de este encuentro extraordinario consistió en la presentación formal y el despliegue del Sistema Nacional de Información Energética, el cual se proyecta como el principal activo digital y la herramienta estratégica de análisis de datos para la toma de decisiones críticas de la administración pública y los participantes regulados.

Este nuevo sistema tecnológico tiene el mandato de integrar, procesar, actualizar y poner a disposición de los tomadores de decisiones un compendio analítico de información confiable, transparente y verificada bajo estándares de calidad internacional, permitiendo estructurar escenarios prospectivos de largo plazo que mitiguen los riesgos asociados a la oferta y la demanda de energía en el mercado nacional, al tiempo que dota de certidumbre jurídica y técnica a los planes de expansión del sistema eléctrico y de refinación.

La necesidad de contar con una base de datos centralizada e interinstitucional responde a las complejidades técnicas de la transición energética global y a la urgencia de coordinar de manera eficiente los planes de inversión de las agencias gubernamentales con las necesidades de consumo de los sectores productivos.

Los miembros del Consejo de Planeación Energética señalaron que el acceso a diagnósticos robustos es una condición indispensable para optimizar el aprovechamiento responsable de las reservas de la nación y para diseñar políticas públicas de largo aliento que promuevan la eficiencia operativa, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de las redes de transmisión, evitando la duplicidad de funciones en las agencias públicas y promoviendo una cultura de rendición de cuentas basada en métricas científicas y datos duros de libre acceso.

La consolidación de este marco institucional reafirma la posición del gobierno federal de situar al sector energético como el motor fundamental del desarrollo industrial y la principal palanca para asegurar el bienestar social de la población civil del país.

Los trabajos coordinados por Luz Elena González Escobar pretenden garantizar que la explotación, distribución y comercialización de los recursos energéticos se traduzcan en beneficios tangibles para la economía doméstica de las familias mexicanas, combinando la rectoría del Estado con la modernización tecnológica de los procesos informativos. Con la puesta en marcha de estas herramientas de planificación y el inicio de las sesiones formales de este consejo, el país establece un precedente de gobernanza digitalizada que asume los retos de la transición y la seguridad energética mundial desde una base científica, planificada y de estricto interés público.

Pemex y Petrobras firman acuerdo estratégico para impulsar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos

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Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras formalizaron este martes un Memorando de Entendimiento (MoU) que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación estratégica entre las dos principales empresas petroleras estatales de América Latina. El acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración técnica y estratégica para evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos en diferentes segmentos de la industria de los hidrocarburos.

La alianza contempla oportunidades de cooperación en exploración y producción de petróleo y gas, así como en actividades industriales relacionadas con refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y tecnologías orientadas a una operación más eficiente y con menor intensidad de carbono.

De acuerdo con Petrobras, el memorando representa una oportunidad estratégica con amplio potencial para fortalecer su presencia en México y consolidar nuevas áreas de colaboración con Pemex. Magda Chambriard, presidenta de la compañía brasileña, destacó el interés de Petrobras en participar en proyectos de exploración en el Golfo de México, incrementar la producción en campos maduros y colaborar en procesos industriales vinculados a refinación, petroquímica y fertilizantes.

“Este es un instrumento de cooperación estratégica con un potencial significativo para Petrobras. Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, señaló Chambriard.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, subrayó que el acuerdo abre nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación energética entre México y Brasil, al establecer un marco para desarrollar proyectos relacionados con nuevos descubrimientos, optimización de la producción y aprovechamiento de áreas con alto potencial petrolero.

Según explicó el directivo, la colaboración permitirá evaluar oportunidades en aguas profundas, zonas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y posibles desarrollos en áreas con potencial presal en el Golfo de México. Asimismo, se impulsarán iniciativas relacionadas con refinación, petroquímica y otros procesos industriales estratégicos.

Foco en aguas profundas y transferencia tecnológica

Dentro del segmento de exploración y producción, ambas compañías analizarán proyectos orientados a la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y nuevas oportunidades exploratorias en aguas profundas y ultraprofundas. El acuerdo también contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas operativas.

Uno de los aspectos más relevantes es que Pemex podrá aprovechar la experiencia acumulada por Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad, área en la que la empresa brasileña es considerada una referencia mundial por sus desarrollos en aguas profundas.

Cooperación en refinación, petroquímica y descarbonización

Además de las actividades upstream, el memorando incorpora oportunidades de colaboración en refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos. También incluye temas cada vez más relevantes para la industria energética, como eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y producción de combustibles con menor huella ambiental.

Las empresas también intercambiarán experiencias relacionadas con seguridad industrial, confiabilidad operativa, protección ambiental y marcos regulatorios e institucionales de los sectores de hidrocarburos de México y Brasil.

Acuerdo sin compromisos de inversión

El Memorando de Entendimiento tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. Sin embargo, las compañías aclararon que el acuerdo no constituye un compromiso vinculante de inversión ni implica la creación de una sociedad, consorcio o empresa conjunta.

Las oportunidades identificadas durante este periodo podrán convertirse en proyectos específicos mediante futuras negociaciones y estarán sujetas a estudios de viabilidad, aprobaciones corporativas y el cumplimiento de las normas de gobernanza aplicables a cada empresa.

Con este acuerdo, Pemex y Petrobras buscan sentar las bases para una colaboración de largo plazo que contribuya al fortalecimiento de la industria energética de ambos países y al desarrollo de proyectos estratégicos en exploración, producción y transformación de hidrocarburos.

Inversión, vivienda y sostenibilidad marcan la ruta de crecimiento de Holcim en México

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México se ha consolidado como el eje central para el gigante cementero Holcim. “Es el mercado más relevante que tiene hoy a nivel global”, afirmó su Director General en el país, Cristian Dedeu, al subrayar que también es “el mercado de mayor contribución para el grupo”. En ese contexto, lo define como “fundamental y crítico” y anticipa que “va a tener seguramente muchas inversiones para seguir creciendo”.

El desempeño del sector construcción explica esta apuesta. “El 60% del consumo de cemento viene de viviendas”, señaló, lo que posiciona a este segmento como el principal motor de demanda. Bajo esa lógica, destacó el impulso de la política pública. “Estamos muy esperanzados en lo que está haciendo el gobierno con sus proyectos de vivienda social en donde estamos participando”, puntualizó.

A la par, la infraestructura mantiene su relevancia, aunque con ajustes recientes. “El año pasado una caída importante en los proyectos de infraestructura hizo que el mercado de cemento se contrajera 6%”, explicó, aunque matizó que “ya este año estamos viendo que se está empezando a mover mucho más”.

Soluciones integrales y transformación del modelo

En este entorno, la compañía ha redefinido su modelo. “Holcim ya lleva unos años complementando su negocio principal del cemento, concreto y agregados con otras categorías de productos para poder dar soluciones integrales y completas a nuestros clientes”, afirmó Christian Dedeu. A ello se suma su red de retail, que modifica la relación con el usuario final, permitiendo “llegar en forma directa a quien usa nuestro cemento, entenderlos y poder dar soluciones integrales”. Actualmente, esta estrategia ya tiene escala, con 350 franquicias, “pero queremos por lo menos duplicarlo en el próximo año”.

La sostenibilidad se ha convertido en el eje estructural de la inversión de la compañía. “Por cada peso que nosotros invertimos, la mitad tiene que ver con proyectos de descarbonización y sustentabilidad”, indicó el Director General respecto a iniciativas como Geocycle, que son “parte fundamental de nuestra estrategia, porque queremos descarbonizar la industria”.

Las acciones abarcan desde la propia operación hasta la innovación tecnológica, junto con la incorporación de nuevas soluciones industriales. Entre los avances, destacó que “vamos a ser la primera empresa del grupo probablemente para fin de este año, en tener vehículos eléctricos autónomos para nuestras canteras”, además de proyectos como el uso de desechos. “Acabamos de inaugurar en nuestra planta de Colima un secador de residuos de bagazo que utiliza el calor de nuestras plantas”, reveló Dedeu.

Expansión, digitalización y metas hacia 2030

Las metas hacia 2030 reflejan esta dirección para Holcim. “Tenemos una meta de que el 70% de la energía térmica venga de residuos alternativos”, puntualizó Christian Dedeu junto con el compromiso de “bajar 25% nuestras emisiones de CO2”. Para el directivo, estos objetivos responden a una visión de largo plazo: “creemos que el futuro de la compañía y del sector tiene que ver con la sostenibilidad, con la descarbonización y con la reutilización de los productos”.

En términos operativos, la estrategia se centra en maximizar la infraestructura existente. “Hoy tenemos capacidad en nuestras plantas de cemento para abastecer lo que tenemos y más”, señaló. Sin embargo, “seguimos invirtiendo continuamente. Haces que las que ya tienes produzcan más”. Este enfoque acompaña un mercado que ha dejado de concentrarse en regiones específicas y “está creciendo más homogéneamente”.

La digitalización también forma parte de esta transformación. “Tenemos un proyecto que se llama “Plantas del Mañana”, implementado inteligencia artificial en todas las plantas”, explicó. Estas herramientas permiten anticipar riesgos operativos, ya que “predicen lo que puede suceder con el funcionamiento de las maquinarias”, mientras que, en seguridad, “cámaras pueden ir prediciendo posibles actos inseguros y, entonces, suenan alarmas”.

En el entorno regulatorio, la compañía se muestra alineada con la agenda ambiental. No obstante, identificó áreas de mejora. Por ejemplo, “en permisos nos gustaría que fueran mucho más ágiles”. De cara a la inversión, el mensaje es claro: “para inversiones de largo plazo, lo que uno espera son certidumbres y reglas de juego claras”.

A nivel interno, la transformación también se refleja en la cultura organizacional. “Buscamos darle a las personas la posibilidad de desarrollarse de forma autónoma”, detalló, con un enfoque en responsabilidad individual, donde se espera “que tengan mentalidad de dueño y se hagan cargo de las decisiones que toman”. Con una amplia plantilla, el objetivo es alinear capacidades, porque “cuando los 5,000 están apuntados y tienen un propósito común, es mucho más efectivo”.

Hacia adelante, la meta es contundente. “Tenemos una meta al 2030 de duplicar el negocio que teníamos en 2024”, afirmó Christian Dedeu. En ese horizonte, la compañía busca consolidar su liderazgo “en descarbonización, en sustentabilidad y ser los que logremos empujar al resto del sector”. En paralelo, proyecta su rol en el país, esperando “poder participar del crecimiento de México y ser actores relevantes en el desarrollo”.

Power Electronics expande su capacidad global a los 170 GW de potencia AC instalada y diversifica su portafolio hacia el almacenamiento y la infraestructura digital de centros de datos

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La transformación de los sistemas eléctricos contemporáneos hacia modelos más flexibles, descentralizados y resilientes requiere la adopción de tecnologías avanzadas de conversión de potencia que garanticen la estabilidad de la red y optimicen el rendimiento de las plantas de generación.

En este entorno de alta exigencia técnica, la compañía multinacional Power Electronics ha alcanzado la cifra de 170 GW de potencia AC instalada a nivel mundial, un hito corporativo que consolida su liderazgo sectorial en el desarrollo de electrónica de potencia de gran escala. Este avance operativo, que representa un incremento sustancial frente a los 150 GW registrados al cierre del periodo anual anterior, será el eje central de las demostraciones tecnológicas que la firma llevará a cabo durante la próxima edición del foro internacional The smarter E Europe 2026, espacio de encuentro industrial que se verificará en la ciudad de Múnich, Alemania, y donde la organización exhibirá sus más recientes innovaciones orientadas a satisfacer las demandas de los operadores de sistemas de transmisión y distribución en los cinco continentes.

El dinamismo comercial experimentado por la corporación se encuentra estrechamente vinculado al despliegue de soluciones de almacenamiento energético en mercados considerados clave por su madurez regulatoria y por la penetración de fuentes de generación intermitente. La empresa ha reforzado de manera decidida su posicionamiento en regiones de alta competitividad como los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, naciones que demandan de forma prioritaria sistemas capaces de aportar servicios de soporte de red y flexibilidad operativa.

Paralelamente, el mercado del continente europeo ha mostrado un comportamiento sumamente favorable para los activos de la firma, registrando tasas de adopción destacadas en países como España, Italia, Lituania y Polonia, demarcaciones geográficas en las que la resiliencia de la infraestructura, la predictibilidad de los flujos de potencia y la facilidad de integración técnica se configuran como las variables fundamentales para la autorización de nuevos desarrollos energéticos comerciales.

En la división de almacenamiento masivo de energía, los esfuerzos de investigación y desarrollo de la tecnológica se han concentrado en proveer soluciones especializadas en capacidades «grid-forming», una funcionalidad crítica que permite a los inversores actuar como fuentes de tensión independientes y dotar de robustez a la red eléctrica general de forma equivalente a las centrales síncronas tradicionales. Sus inversores de baterías de las series PCSM y Multi PCSM han sido concebidos específicamente para aplicaciones a escala «utility», integrando esquemas de conexión directa a redes de media tensión que simplifican las labores de ingeniería, montaje y comisionamiento de los activos.

La arquitectura modular adoptada en estos sistemas no solo eleva los índices de disponibilidad operativa mediante la redundancia de componentes, sino que facilita las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo a través del uso de unidades intercambiables en campo, asegurando una compatibilidad total con los diversos compuestos químicos de baterías existentes en el mercado actual.

La propuesta de valor para entornos híbridos y de co-ubicación tecnológica se complementa con herramientas avanzadas como el convertidor Freesun DC/DC, un desarrollo de ingeniería diseñado para plantas que emplean esquemas de acoplamiento en corriente continua. Esta solución avanzada permite enlazar la energía procedente de campos fotovoltaicos manteniendo una interconexión directa entre los bancos de almacenamiento de baterías y el inversor principal de corriente alterna, lo que viabiliza una operación bajo el modo «grid-forming» puro al tiempo que se mitigan los efectos de pérdida de energía por recortes de potencia o «clipping».

La multinacional traslada al mercado de la Unión Europea un bagaje técnico robusto acumulado en el ecosistema eléctrico de Australia, territorio donde este tipo de controles digitales ya desempeña un papel mandatorio para asegurar la viabilidad de la integración renovable de gran calado.

Como parte de sus vectores estratégicos de crecimiento a largo plazo, la organización ha incrementado sus inversiones y su presencia de mercado en el segmento de los Data Centers de alta densidad, una línea de negocio que experimenta una aceleración sin precedentes debido a la rápida expansión de los servicios basados en inteligencia artificial y las plataformas de computación de alto rendimiento.Para atender las rigurosas demandas energéticas de estas infraestructuras informáticas críticas, la compañía provee un ecosistema integrado que entrelaza la conversión de energía con el control de la refrigeración mediante el sistema AIPCS, un equipo de alimentación en media tensión que opera a 800 VDC y que disminuye drásticamente las pérdidas térmicas en los servidores de procesamiento de datos.

Esta arquitectura se complementa con variadores de frecuencia de media tensión del modelo XMV670, desarrollados para modular con alta precisión los flujos de los sistemas de enfriamiento industrial, garantizando la continuidad operativa y la resiliencia energética de los nodos digitales sin comprometer los indicadores de eficiencia del sistema eléctrico nacional.

La revocación de permisos ambientales de los parques solares Ticul A y B establece un precedente legal importante para el sector de energías renovables en México

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El diseño y la ejecución de la política de transición energética en la República Mexicana enfrentan el reto estructural de incorporar las dimensiones de justicia social, consulta indígena y preservación ecosistémica dentro de los modelos de planeación corporativa.

Las comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac, situadas en la región sur del estado de Yucatán, recibieron la notificación formal de la resolución administrativa que confirma la cancelación absoluta de los megaproyectos de generación fotovoltaica denominados Ticul A y Ticul B, cuya titularidad correspondía a las empresas Vega Solar 1, SAPI de CV y Vega Solar 2, SAPI de CV. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) comunicó que este desenlace jurídico representa la culminación de siete años de litigio estratégico en los tribunales federales, logrando que los órganos judiciales ordenaran el cese inmediato de los efectos legales de las autorizaciones otorgadas de forma previa por la administración pública para la construcción de dichos complejos eléctricos.

La planeación técnica de las centrales solares canceladas proyectaba una vigencia operativa de 40 años sobre una superficie geográfica de 767.23 hectáreas que abarcaba tierras ejidales y de propiedad privada dentro de los límites territoriales de los municipios de Muna, Sacalum y Ticul. Las especificaciones del proyecto contemplaban el desmonte y remoción de la cobertura vegetal en 603 hectáreas de selva media para dar paso a la instalación de un millón 183 mil 500 paneles fotovoltaicos que proveerían una capacidad nominal combinada de 310.5 megavatios de potencia eléctrica.

La infraestructura del complejo incluía de igual forma el desarrollo de una subestación eléctrica elevadora de voltaje, una línea de transmisión de alta tensión conectada a la red nacional, una red secundaria de conducción de energía y un edificio central destinado a las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de captación solar.

El argumento central que sustentó la protección constitucional de las comunidades indígenas radicó en que la Evaluación de Impacto Ambiental fue procesada y dictaminada por la autoridad de manera separada, fragmentando de forma indebida el análisis de las afectaciones ambientales, sociales y culturales que la operación simultánea de ambos complejos solares generaría sobre el ecosistema peninsular. Los peritajes presentados durante el juicio demostraron que la subdivisión del análisis omitía impactos críticos como la fragmentación del hábitat natural, la pérdida de los servicios ambientales que la selva media aporta a la flora y fauna nativa, los daños severos a especies protegidas bajo las normas oficiales mexicanas y la alteración de las funciones de polinización desarrolladas por las poblaciones locales de abejas y murciélagos.

Asimismo, el estudio de impacto detectó riesgos de desabasto y afectación en la recarga natural del acuífero subterráneo, el incremento del riesgo de erosión ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos, el aumento microclimático de la temperatura local, la generación de residuos de manejo peligroso y la restricción del acceso físico al territorio tradicional de uso comunitario.

La cronología de la resistencia legal detalla que las comunidades mayas iniciaron su organización y presentaron las primeras demandas de amparo en el transcurso del año 2019, logrando detener de forma precautoria el arranque de las obras civiles de desmonte mediante una suspensión definitiva otorgada por un tribunal colegiado.

Finalmente, en cumplimiento estricto del fallo judicial de fondo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales notificó las resoluciones administrativas definitivas que invalidan los oficios que contenían las Autorizaciones de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo. La resolución es considerada por las organizaciones civiles como una reivindicación del derecho fundamental a un medio ambiente sano y una advertencia para que las futuras inversiones del sector energético adopten esquemas de consulta previa, libre e informada que respeten la autonomía de los pueblos originarios y la integridad de los recursos naturales del país.