Entre enero y septiembre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 73,519.9 millones de pesos mediante auditorías a contribuyentes del sector hidrocarburos, una cifra que representa 4.5 veces más que la meta inicial de 16,162.5 millones de pesos. Este resultado, de acuerdo con los informes de Finanzas y Deuda Pública entregados al Congreso, constituye el mayor cumplimiento entre todos los rubros de fiscalización del SAT, con un avance de 454.9% respecto al objetivo previsto.
El desempeño sobresaliente se atribuye a las investigaciones sobre contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, así como a la detección de discrepancias entre ingresos reportados y contribuciones declaradas. Mientras que el SAT estimaba recuperar 116 millones de pesos por cada acto de fiscalización, los resultados reales superaron los 302 millones de pesos por caso.
El sector energético se ha convertido en una fuente estratégica de ingresos adicionales para el fisco. En 2024, las auditorías generaron 211,517.7 millones de pesos, frente a una meta de apenas 18,246.3 millones. En 2023, la recaudación alcanzó 80,403.5 millones, también muy por encima de los 16,704.4 millones previstos.
En total, entre 2019 y septiembre de 2025, la fiscalización a empresas del sector —que abarca desde Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta gasolinerías y firmas de logística— ha generado 538,431.6 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo proyectado originalmente.
Este desempeño coloca al sector hidrocarburos como uno de los principales motores de recaudación fiscal, sólo comparable con la fiscalización a grandes contribuyentes, definidos como aquellos con ingresos anuales superiores a 1,500 millones de pesos. La tendencia refuerza el papel del SAT en la vigilancia tributaria estratégica y en el combate a prácticas que afectan la integridad del sistema fiscal.
Durante octubre, Cotemar se sumó a la conmemoración del Mes Rosa con actividades enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama. La empresa facilitó la realización de 180 mastografías gratuitas, de las cuales 110 se realizaron en sus instalaciones para colaboradoras y familiares, y 70 fueron destinadas a mujeres de la comunidad mediante una alianza con el Instituto Municipal de la Mujer de Carmen (INMMUCAR).
A través de un comunicado, Cotemar compartió que organizó espacios de sensibilización como el webinar “Mitos y realidades del cáncer de mama”, impartido por el cirujano oncólogo Daniel Abelardo López Vallejo, con participación de personal de tierra y a bordo. El encuentro abordó temas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
“La salud de nuestras colaboradoras, sus familias y las comunidades donde operamos es una prioridad constante”, señaló la compañía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 el cáncer de mama fue la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, con una tasa de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años. El 99.2% de los casos ocurrieron en mujeres.
En el comunicado, Cotemar igualmente reafirmó su compromiso con la salud a través de iniciativas concretas, alianzas locales y acceso gratuito a servicios médicos.
Casi 600 empresas del sector energético estadounidense, representadas por el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), presentaron un escrito ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en el que acusan al Gobierno de México de violar de forma persistente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La solicitud se enmarca en las consultas previas a la revisión formal del acuerdo comercial en 2026.
Según el documento, las compañías —que incluyen a ExxonMobil, Chevron, Shell, Halliburton, Baker Hughes y SLB, entre otras— consideran que sus inversiones en México están en riesgo. Estas inversiones abarcan desde la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustible. “México se ha convertido en un lugar mucho más difícil para hacer negocios”, señaló el API, aludiendo a las contrarreformas en el sector energético durante los últimos cinco años.
El API argumenta que el trato preferencial hacia Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado condiciones de competencia desleal. Por ello, propone incluir un Mecanismo de Respuesta Rápida en el tratado, que permita resolver quejas por discriminación en un plazo máximo de un año y que contemple penalizaciones en caso de incumplimiento.
“La experiencia de la industria del petróleo y gas natural muestra que México ha violado sus compromisos del T-MEC de forma impune y persistente”, afirmó el API. La organización considera que la revisión del tratado representa una oportunidad para endurecer sus disposiciones y garantizar que se respeten los compromisos adquiridos.
Las empresas también expresaron preocupación por el impacto que estas prácticas podrían tener en la integración energética regional, uno de los pilares del T-MEC. En su escrito, el API insistió en que se requiere una respuesta firme para evitar que las condiciones actuales se perpetúen y afecten la competitividad del sector en América del Norte.
El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó los objetivos del Congreso Internacional de Energía 2025, destacando que se trata del primer foro público tras la emisión de los nuevos reglamentos derivados de la reforma constitucional energética de octubre de 2024.
De acuerdo con el funcionario, el encuentro busca posicionar al estado como referente nacional en transformación energética, con un enfoque en gobernanza, planificación vinculante y justicia energética.
Durante su intervención, Ángel Jiménez subrayó que el sistema energético debe responder a las necesidades de los sectores históricamente marginados. “La justicia energética no es más ni menos que el sistema tenga presencia para los sectores más desprotegidos y ayude a superar condiciones de abandono y rezago”, afirmó. También anunció la participación de figuras clave como Altagracia Gómez Sierra, asesora económica de la presidenta Claudia Sheinbaum; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; y las senadoras Beatriz Silva y Olga Patricia Sosa Ruiz, integrantes de la Comisión de Energía.
La agenda temática del congreso fue detallada por Magaly Terraza Ramírez, secretaria particular de la Secretaría de Desarrollo Energético, quien explicó que se abordarán temas como biocombustibles, electromovilidad, equidad de género en el sector energético, impacto social de los proyectos, agua y energía, y desarrollo eólico. También se presentarán los proyectos estratégicos del estado y el Sistema de Información Energética de Tamaulipas.
Por su parte, Zaira Caballero Díaz, secretaria técnica de la dependencia, informó que de manera simultánea se realizará una feria industrial con más de 60 expositores confirmados, entre ellos ENGIE, SLB, Pemex y Woodside Energy. La feria busca fomentar el intercambio de soluciones tecnológicas y la vinculación entre sectores público, privado y social.
La logística del evento fue presentada por Matilde Genoveva Alemán Chapa, jefa del Departamento de Seguimiento a Entidades, quien señaló que Expo Tampico cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a los asistentes. Se espera una afluencia de entre 6,000 y 7,000 personas durante los tres días. El registro será gratuito y con transmisiones en vivo de las conferencias principales.
Del 24 al 26 de noviembre, el estado de Tamaulipas albergará el Congreso Internacional de Energía 2025, en la Expo Tampico, con la participación de autoridades federales, especialistas, académicos y representantes del sector privado.
Hablar de inteligencia artificial (IA) hoy nos resulta muy familiar: basta con echar un vistazo a las redes sociales para descubrir los cientos de programas que ofrecen sus diferentes cualidades a quienes buscan eficiencia y calidad en sus trabajos. De hecho, ya son comunes los videos que retan nuestra capacidad de distinguir entre realidad y ficción.
Pero las bondades de la IA no se limitan solo a generar contenido humorístico o a facilitarnos la redacción de tareas básicas. Su potencial y el de la inteligencia artificial generativa (GenIA) va mucho más allá, al grado de que podemos ver sus resultados en cuatro dominios donde impulsa la transformación industrial: agentes virtuales en entornos productivos, modelos de lenguaje multimodales que combinan distintos tipos de datos, inteligencia de borde que opera al margen de la nube en tiempo real, y hardware especializado que habilita cargas de trabajo exigentes.
En el primer caso, las empresas pueden apoyarse en agentes virtuales o “agentes de IA industrial” que automatizan procesos sin necesidad de invertir en prácticas físicas o experimentales de alto costo. Por ejemplo, un artículo reciente sobre «IA agentica industrial y modelado generativo en sistemas complejos” explica cómo estos agentes integran modelos generativos dentro de sistemas de control en entornos productivos para ofrecer supervisión, inferencia y actuación en tiempo real.
Las compañías manufactureras ya están viendo resultados: un informe de Google Cloud muestra que el 78% de los ejecutivos señaló que su organización ya está obteniendo retornos derivados de inversiones en GenIA, y que los agentes de IA especializados son un diferenciador clave. Gracias a estos agentes es posible aumentar la productividad hasta en un 50%, estudios de la industria señalan que las oportunidades de mejora son de alto impacto, aunque varían según el contexto. Por ejemplo, el mercado global de IA industrial (incluye GenIA) alcanzó 43.6 mil millones de USD en 2024 y se estima que crecerá hasta 153.9 mil millones de USD para 2030 con una tasa anual compuesta de aproximadamente 23%.
En segunda, contamos con los modelos de lenguaje grande multimodales (LLM), que combinan texto, imágenes y video para ayudar a las máquinas a comprender e interactuar de mejor manera con el mundo real. Gracias a la fusión de texto, elementos visuales y datos, estos modelos pueden interpretar contenido visual, seguir instrucciones complejas y optimizar tareas como el reconocimiento de objetos y el análisis de escena, lo que los hace útiles en áreas como la robótica, los vehículos autónomos y la automatización industrial.
Claro, la creación de estos modelos implica desafíos inherentes debido a la demanda de conjuntos de datos extensos y meticulosamente etiquetados, lo que deja la posibilidad de que se produzca un sesgo. Es por ello por lo que como solución para este obstáculo, es necesario implementar un preentrenamiento exhaustivo, lo que ayudará a minimizar el esfuerzo necesario para la aplicación al usuario final.
En cuanto a la implementación de IA en tiempo real, existe lo que denominamos inteligencia de borde o Edge, y que implica ubicar sistemas de IA cerca de donde se generan los datos, como en las plantas de producción o dentro de las máquinas, en lugar de enviar todo a la nube. Gracias a esto, se mantienen los algoritmos dentro de las redes locales, lo que a su vez refuerza la seguridad y la protección de datos al evitar riesgos de exposición durante su procesamiento en la nube.
Gracias a esta medida, la IA de borde permite una toma de decisiones más rápida, ya que los datos se procesan en tiempo real dentro de la fuente, lo que se convierte en una ventaja cuando se trata de escenarios donde la velocidad y la eficiencia son cruciales, reduciendo la latencia e incrementando rapidez de respuesta.
Finalmente tenemos el hardware especializado, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU) o los dispositivos de borde habilitados con unidades de procesamiento de lenguaje (LPU), en donde la IA procesa las cargas de trabajo directamente en el borde, de manera que el trabajo se hace en tiempo real sin depender de la infraestructura de la nube.
Gracias al desarrollo de la IA a través de estos cuatro campos, los expertos se han atrevido a predecir que para el año 2030 la IA industrial podría evolucionar de sistemas de asistencia a sistemas de operación totalmente autónomos. De esta manera, en industrias como la manufacturera podremos ver cómo los sistemas de IA serán capaces de supervisar y analizar, así como controlar de forma independiente procesos complejos en tiempo real, optimizando las operaciones sin intervención humana.
Desde luego, esta transformación requerirá generar confianza en el rendimiento y la fiabilidad de la IA, ya que los fabricantes deben sentirse seguros de delegar el control de sus operaciones a sistemas autónomos capaces de gestionar procesos flexibles, personalizados y de alta velocidad. Si lo vemos fríamente, podemos afirmar que el futuro de la IA generativa se torna interesante y prometedor.
Con el respaldo del 100% de los votos emitidos y un quórum del 84.3%, los accionistas de COX aprobaron la adquisición de Iberdrola México, una operación que la empresa calificó como transformacional y que consolida su posición como utility global en agua y energía.
La compañía informó que, tras la compra, accede a una plataforma de 2,600 megavatios (MW) de capacidad instalada operativa, convirtiéndose en la mayor suministradora privada de electricidad en México, con una cuota de mercado del 25% y más de 20 teravatios hora (TWh) distribuidos entre 500 clientes industriales y comerciales.
Durante la Junta General Extraordinaria, el presidente ejecutivo de COX, Enrique Riquelme Vives, señaló: “La integración de Iberdrola México es un paso decisivo en nuestra estrategia global. Refuerza nuestra presencia en un mercado clave, anticipa nuestros objetivos estratégicos y consolida a COX como un actor relevante a nivel mundial en los sectores del agua y la energía”.
La empresa indicó que esta operación forma parte de su estrategia de diversificación y crecimiento sostenible, con énfasis en fortalecer la seguridad energética, impulsar la transición hacia fuentes más limpias y contribuir al desarrollo económico de México mediante inversiones en infraestructura y tecnología avanzada.
COX compartió el anuncio en sus canales institucionales, destacando que la decisión fue aprobada por unanimidad en su Junta General y representa un avance estratégico para su expansión internacional.
Valia Energía fue reconocida en el reporte AmCham Valor Compartido 2025 por su participación en la plataforma AmCham–IPADE Impact Lab, que visibiliza buenas prácticas empresariales en sostenibilidad en México. La empresa presentó los proyectos Resiliencia Hídrica Comunitaria y Energía que Transforma, enfocados en eficiencia industrial y acción comunitaria.
El reporte, elaborado por la American Chamber of Commerce of Mexico y el CIRES del IPADE, analizó 136 proyectos de 74 organizaciones. “El 80% de los avances en sostenibilidad provienen del sector privado”, señaló Ana Cristina Dahik Loor, directora del CIRES. El proyecto de Valia fue uno de los nueve casos ilustrativos seleccionados.
Resiliencia Hídrica Comunitaria promueve la captación de agua pluvial en zonas vulnerables del Estado de México. En alianza con Isla Urbana, se instalaron 46 sistemas en escuelas y viviendas. Las soluciones implementadas en Atla y Jaltepec recolectan más de 2.5 millones de litros anuales, beneficiando a 1,400 personas y reduciendo 20,175 kg de CO₂ equivalente.
El programa Energía que Transforma optimiza el uso del agua en centrales de ciclo combinado. Una iniciativa reutiliza agua purgada de procesos térmicos; otra aprovecha condensación de aires acondicionados. En 2024 se reutilizaron 255,200 m³, equivalente al consumo anual de 475 hogares, con una reducción del 21.7% en descargas.
Valia Energía subrayó que la participación comunitaria y de sus colaboradores es clave para la sostenibilidad. “El compromiso empresarial debe ser proactivo, más allá del cumplimiento normativo”, afirmó Paulina Chávez, directora de Sostenibilidad. Ambos proyectos reflejan un modelo que vincula lo técnico con lo social y ambiental.
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, sostuvo una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para abordar oportunidades de cooperación en materia de biocombustibles, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible entre ambos países.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Sener y contó con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asistieron la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el subsecretario para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Luke J. Lindberg. “Conversamos sobre oportunidades de cooperación en materia de biocombustibles para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo sostenible de ambos países”, expresó González en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con la Sener, esta reunión forma parte de una serie de encuentros bilaterales sostenidos en los últimos meses. En julio, González se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para discutir oportunidades regionales en el sector energético. También sostuvo un diálogo con el secretario de Energía de EU, Chris Wright, durante el foro CERAWeek en Houston.
La dependencia federal señaló que el desarrollo sostenible implica promover iniciativas financieramente viables, eficientes en el uso de recursos naturales, y orientadas a reducir los impactos ambientales de las actividades productivas, como la generación de energía eléctrica.
Este enfoque será relevante en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, donde se abordarán temas como la participación de empresas públicas y la ausencia de órganos reguladores autónomos tras la extinción de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Aunque no se anunciaron acuerdos específicos, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener un diálogo técnico continuo que permita identificar áreas de colaboración en el contexto de la transición energética. La Sener reiteró que estas acciones buscan consolidar una relación bilateral basada en el entendimiento mutuo y el beneficio compartido.
Perspectiva bajo la nueva Ley del Sector Eléctrico y su Reglamento
Introducción
Recientemente publiqué un pequeño artículo haciendo resaltar la importancia de entender los conceptos recientemente introducidos en el vocabulario del sector Eléctrico en México como parte fundamental de la obtención de permisos y desarrollo de los proyectos, proceso dentro del cual por supuesto se encuentra su financiamiento.
Los objetivos en materia Eléctrica están diseñados en la Ley del Sector Eléctrico, por supuesto, pero también en la Ley de Planeación y Transición Energética. Como hemos explicado y para mayor claridad de quienes no estén inmersos en el sector, muchos de los conceptos planteados han estado en los marcos jurídicos previos en México desde hace tiempo. Entre ellos podemos incluir a la matriz energética, la seguridad e integridad del sistema, la planeación, servicio público, la transición energética, la seguridad energética y la autosuficiencia. Otros son propios del marco vigente o del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2024 (en cuanto a prevalencia del Estado y justicia energética). Entre esos conceptos, tenemos a la soberanía energética, la prevalencia del Estado y la justicia energética.
En materia Eléctrica y para no repetir innecesariamente los cambios tanto a nivel Constitucional como las leyes promulgadas el 18 de marzo del 2025, así como los Reglamentos correspondientes el día 3 de octubre del 2025, creo que es importante entender dos componentes novedosos y fundamentales. El primero es por supuesto el concepto de prevalencia del Estado y el segundo es el de justicia energética. Ellos dos se conjugan en todos y cada uno de los esquemas de negocio y permisos regulados por la Ley del Sector Eléctrico y su Reglamento, en la inteligencia de que son los pilares sobre los cuales se organizará todo el crecimiento y desarrollo sectorial, por un lado, y por el otro, se constituyen como los racionales de decisión de las autoridades incluyendo a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, y complementan a otros racionales técnicos preexistentes.
En el contexto mexicano actual, con la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión recientemente publicada, prevemos por supuesto un incremento en la necesidad de ver la intersección entre las necesidades de potenciales nuevas construcciones y los principios torales sobre los cuales dicha Convocatoria se encuentra inmersa.
En el contexto internacional, la bancabilidad de los contratos de EPC (Engineering, Procurement and Construction) y esquemas similares como BOP (Balance of Plant) o EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Maintenance) es un elemento crucial para asegurar el financiamiento de proyectos de energía renovable y convencional. Esto no es nuevo para nadie. Lo que sí es relevante señalar ahora es que las nuevas consideraciones legales y regulatorias introducidas este año impactan directamente en los criterios de evaluación de los bancos de desarrollo y comerciales.
Este ensayo analiza los principales aspectos que debe incorporar un EPC para ser considerado bancable, haciendo énfasis en los mecanismos de mitigación de riesgos y su alineación con la nueva normativa vigente en México.
2. Definición de un EPC Bancable
Un contrato bancable (Graham Vinter, 2006) “es aquel que otorga certeza al prestamista de que la estructura del proyecto y las herramientas de mitigación de riesgo se encuentran disponibles a fin de establecer el retorno esperado del proyecto, lo cual toma relevancia particular cuando el retorno esperado provendrá del propio proyecto” (llamados ‘non-recourse financing’), pero por supuesto es aplicable a otros mecanismos o estructuras financieras y compone a todos los contratos y actos que conforman al proyecto.
Riesgo, por su parte, es definida por la literatura especializada como “la incertidumbre respecto al costo, pérdida o daño” que, por cierto, “el financiamiento de proyectos lo aborrece” (Hoffmann, 1957).
La existencia de bancabilidad, cuando se siguen los protocolos, proporciona certeza jurídica, técnica y financiera a los financiadores, reduciendo los riesgos asociados a la construcción y operación del proyecto.
Los bancos, tanto de desarrollo como comerciales, exigen que los contratos EPC asignen adecuadamente los riesgos, establezcan garantías robustas y aseguren el cumplimiento regulatorio, especialmente bajo el marco legal mexicano actualizado.
Como modelo existen muchos, así como estándares internacionales probados en campo bajo la más pura ‘lex mercatoria’, incluyendo a los modelos FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) ampliamente conocidos y existiendo siete modelos distintos (identificados por colores) y dependiendo de la necesidad de cada proyecto.
Sin pretender abundar en temas donde otros son mejores, quisiera repasar los riesgos comúnmente asociados y analizados para definir la bancabilidad de un proyecto, en general y de un EPC en particular, a la luz de los cambios regulatorios recientes.
Ese es el objetivo toral del presente.
3. Nuevos Elementos para Bancabilidad en México
Así, los riesgos generalmente asociados e identificados como: (a) costos, (b) de desarrollo, (c) legales, (d) regulatorios, (e) técnicos, (f) sociales, (h) políticos; y, (i) atrasos existen sin excepción en los proyectos y en particular en la etapa EPC, y todos son mitigables, pero solo en la medida en que sean debidamente identificados de forma correcta y en tiempo y forma.
Establecido las bases previas ya detectados de (a) a (i), quisiera hacer un ejercicio de intersecciones de esos incisos con los novedosos elementos de: (i) Justicia Energética, y (ii) Prevalencia del Estado, siendo entonces la pregunta la forma en que arrojan riesgos y, establecidos estos, establecer una matriz de riesgo y estrategias de mitigación.
Veamos, el Reglamento a la Ley del Sector Energético regula, entre otras disposiciones, cada uno de esos conceptos de forma clara y contundente, dejando claro que no son optativos sino, muy por lo contrario, constituyen elementos de análisis regulatorio y conductual importantes y que antes no existían, lo cual creemos justifica la importancia de las presentes líneas. Veamos:
“Artículo 33. La Justicia Energética debe ser considerada por las Integrantes del Sector Eléctrico, como principio fundamental en toda actividad relacionada con esta, desde la planeación hasta la operación y, en su caso, desmantelamiento y disposición final de proyectos, independientemente de su carácter público o privado.”
“Artículo 9. Para evaluar la no prevalencia de las personas particulares en la actividad de generación en el sector eléctrico, la Secretaría, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año, debe calcular la participación del Estado en dicha actividad conforme a la metodología que emita la propia Secretaría, la cual debe contener al menos lo previsto en el siguiente párrafo.
La participación del Estado en la generación de energía eléctrica se debe calcular de forma anual como el cociente resultante de dividir la Generación de Electricidad Inyectada por el Estado entre la Generación de Electricidad Inyectada Total, multiplicado por cien. Para las evaluaciones prospectivas se debe realizar el cálculo con la Generación de Electricidad Inyectada Total estimada, para lo cual se deben utilizar los escenarios de demanda del Sistema Eléctrico Nacional y la Generación de Electricidad Inyectada por el Estado estimada, que debe considerar los planes de expansión de generación, redes de transmisión, el avance de los proyectos y un factor de ajuste por riesgo de ejecución y retraso en entrada en operación de los proyectos de generación.
Con base en los resultados, la Secretaría debe identificar necesidades de capacidad adicional de generación, transmisión y demás infraestructura eléctrica a desarrollar por el Estado e incluirlas en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de los proyectos contemplados, los cuales no deben afectar el Despacho Económico de Carga, frenar la atención de la demanda o incrementar el costo del sistema”
De todo lo anterior, podemos concluir, haciendo una intersección legal entre lo establecido en la ley y los riesgos generalmente reconocidos en los proyectos, que inciden potencialmente de la siguiente forma (Tabla 1).
Por supuesto dicha tabla es meramente referencial, queriendo mostrar que las nuevas políticas tienen, o pudieran tener efectivamente, una injerencia potencial en los principales riesgos que la industria reconoce en la etapa de EPC (pudiendo por supuesto hacerse un ejercicio muy similar a la etapa operativa).
Así, por ejemplo, cómo afecta el concepto de Prevalencia del Estado una vez que se ha iniciado las obras y se detecta que el proyecto no pudiera estar satisfaciendo ese principio, o cómo mitigar riesgos no detectados provenientes del principio de Justicia Energética durante la etapa constructiva, son algunos ejemplos del impacto que pudieran arrojar dichas intersecciones.
Establecido lo anterior, lo importante es identificar igualmente la mitigación de esos riesgos identificados en las intersecciones para mitigarlos de forma preventiva y eficiente.
Para ello, en base a la experiencia y la literatura especializada (Hoffman, Bailey), podemos crear la siguiente Matriz de Riesgo en EPC (Tabla 2) que, de nuevo, alertamos su carácter referencial.
Por supuesto lo anterior debe seguir como guía y ajustarse siempre al caso concreto, pero de lo anterior, podemos establecer un catálogo de las principales estrategias de mitigación de riesgos que pueden implementarse a los riesgos generales, por supuesto, como a los riesgos particulares que pueden derivarse de los dos principios que hemos resaltado en el presente.
Habrán detectado los lectores lo que hemos denominado “Contratos Inter Gubernamentales”, que hemos explorado previamente y con más detalle en DWF (Search: “Intergovernmental Agreements: A tool for regulatory and stakeholder alignment on Latin American Energy projects?”), considerando que constituye un instrumento de relevancia para lo expuesto en el presente.
Ello es fundamental en el sector bajo las nuevas realidades y principios, incluyendo el desarrollo y construcción de los novedosos como Esquemas Mixtos, Inversión Mixta, Proyectos para el Mercado Eléctrico y Producciones de Largo Plazo, donde se plantean esquemas colaborativos novedosos entre el Estado y los particulares. No necesitamos alertar de la importancia de claridad en dichos esquemas incluyendo la etapa de construcción.
Para ello, como primer elemento fundamental, el contrato debe definir con precisión la asignación de riesgos entre el contratista, el gobierno bajo los principios torales que ahora existen en el sector, y el propietario del proyecto, incluyendo al contratista, pues los bancos priorizan que los riesgos de ingeniería, retrasos, sobrecostos y desempeño queden en su mayoría en manos del contratista, limitando la exposición del desarrollador, pero debiéndose reseñar de forma general para completar nuestro análisis y de forma analítica, además:
La inclusión de seguros integrales.
Es fundamental prever la posibilidad de eventos de fuerza mayor y cambios legislativos, definiendo cómo se repartirán los riesgos y las compensaciones en estos casos, en línea con la Ley y el Reglamento de 2025.
Los bancos de desarrollo, en especial, exigen que el EPC contemple medidas de mitigación ambiental y social, conforme a los estándares internacionales (IFC, Banco Mundial) y a la normativa mexicana, para evitar impactos negativos que puedan generar sanciones o retrasos.
Los EPC deben incluir procedimientos claros para renegociar términos ante cambios sustanciales (“change orders”) en el contexto legal o técnico, minimizando así el riesgo de incumplimiento.
Es esencial la inclusión de garantías bancarias (“performance bonds”), garantías de anticipo y retenciones, así como cláusulas de penalización por incumplimiento en plazo o calidad. Estas garantías protegen la inversión y son revisadas minuciosamente por los financiadores.
La existencia de un precio y plazo de entrega fijos (“lump sum”, “turnkey”) es fundamental para la bancabilidad. Los bancos evitan la exposición a incrementos de costos o extensiones de plazo no justificadas.
Bajo la Ley del Sector Eléctrico (2025) y su Reglamento, el EPC debe incluir la división explícita de las partes de obtener y mantener todos los permisos necesarios, cumpliendo con las disposiciones sobre interconexión, generación y despacho establecidas por la Comisión Nacional de Energía, México(CNE) y el Centro Nacional de Control de Energía(CENACE).
La inclusión de mecanismos efectivos y rápidos de resolución de controversias (arbitraje internacional, mediación) es valorada para evitar litigios prolongados que puedan afectar la viabilidad del proyecto y el repago del financiamiento.
Debida división entre controversias técnicas y controversias legales.
Para proyectos renovables y convencionales, la transferencia tecnológica y la capacitación del personal local favorecen la sostenibilidad y el cumplimiento de requisitos legales y sociales, especialmente bajo las nuevas exigencias de contenido nacional y desarrollo comunitario.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario relacionado con lo anterior.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la ejecución de 42,221 obras de electrificación en los 32 estados del país, como parte del Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025–2028. El plan contempla una inversión total de 18,916 millones de pesos, con recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía (Sener).
El objetivo principal es alcanzar a 295,000 habitantes que aún no cuentan con acceso a energía eléctrica, distribuidos en 4,473 comunidades rurales, indígenas y urbanas marginadas. La CFE señaló que estas acciones buscan reducir las brechas de desigualdad y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo. “La electricidad transforma la vida, permite mejorar servicios de salud, educación y conectividad digital”, indicó la empresa en un comunicado.
Durante 2025, se prevé la conclusión de 12,235 obras, con una inversión de 8,055 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.8%. En lo que va del año, se han beneficiado 93,000 personas mediante 10,421 obras concluidas, con recursos ejercidos por 7,142 millones de pesos, según cifras oficiales.
Cinco entidades concentran el mayor número de trabajos de electrificación: Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua y Chiapas, con 7,782 obras que beneficiarán a 138,000 habitantes. La inversión destinada a estas regiones asciende a 5,270 millones de pesos, de acuerdo con el desglose técnico del programa.
Una vertiente específica del plan corresponde a los Planes de Justicia de los Pueblos Originarios, que incluyen 1,079 obras en 14 estados, con una inversión de 982 millones de pesos. En este componente destaca el Convenio Específico CFE–INPI, que contempla la electrificación de comunidades O’dam, Wixárika y Mexikan en Durango, mediante 593 obras con recursos por 421 millones de pesos.
La CFE reportó avances visibles en localidades como El Realito, Sonora, y El Arroyo, Oaxaca, donde familias accedieron por primera vez al servicio eléctrico. La estatal eléctrica reiteró que el programa busca garantizar el derecho a una energía accesible, segura y continua, en línea con los principios de justicia energética definidos por el gobierno federal.
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