La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas luego de recibir los votos favorables de 22 congresos estatales. Con esta decisión, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasan a ser empresas públicas del Estado, eliminando el marco establecido por la reforma energética de 2013.
Entre los estados que votaron a favor se encuentran Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Baja California. Las modificaciones afectan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, eliminando la categoría de «empresas productivas del Estado» para Pemex y CFE, devolviéndoles su estatus como entidades estratégicas bajo control estatal.
Durante la sesión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna presidió la lectura oficial de la declaratoria de reforma constitucional. Entre los cambios aprobados, se establece que las empresas públicas no podrán ser superadas en prevalencia por particulares en el sector eléctrico.
En cuanto a hidrocarburos, la reforma permite la celebración de contratos con particulares, pero prohíbe otorgar concesiones. Además, otorga al Estado la exclusividad en la exploración y extracción de litio, cerrando la posibilidad de concesiones a privados.
El Congreso de la Unión contará con 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en las leyes secundarias. Esta reforma elimina el marco regulatorio establecido en 2013-2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que permitía mayor participación privada en la industria energética.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) permitirá la participación de la iniciativa privada en la exploración y producción durante este sexenio, anunció su director general, Víctor Rodríguez en conferencia telefónica para explicar los resultados financieros del tercer trimestre del año. Esta estrategia busca compartir riesgos e impulsar el intercambio de tecnología en el sector energético.
Rodríguez mencionó que «se tendrá que abrir a la participación privada» y que en el corto plazo se darán a conocer «un conjunto de reglas claras que den certeza y conlleven a un reparto equitativo de riesgos y beneficios tanto para PEMEX como para los terceros». Entre los proyectos mixtos que se desarrollarán con el sector privado se encuentran campos de crudo pesado, gas natural y petróleo en aguas profundas.
Además, el director general destacó que «la exploración y extracción de gas natural es clave para reducir las importaciones y los riesgos asociados».
Las actividades aguas abajo seguirán abiertas a la inversión privada, especialmente en proyectos de cogeneración y energía limpia. También se prevé que la construcción de proyectos de almacenamiento estratégico para mejorar la seguridad energética involucre a inversionistas privados.
Finalmente, Rodríguez afirmó que el marco jurídico de PEMEX se está transformando, permitiendo que la empresa retorne a su figura de empresa pública del Estado mexicano, garantizando así una mayor eficiencia y rentabilidad social. Se anticipa que un nuevo plan de negocios, que detallará estas iniciativas, sea presentado pronto.
BP registró una utilidad neta de 2,340 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa una caída del 84.2% frente al mismo periodo del año anterior. La petrolera atribuyó este descenso a la debilidad en el mercado del crudo y a menores ingresos operativos, según su comunicado a la Bolsa de Valores de Londres.
El beneficio antes de impuestos también reflejó el impacto de los precios más bajos, alcanzando los 7,285 millones de dólares, un 67.8% menos respecto al 2023.
Los ingresos totales de BP se ubicaron en 146,541 millones de dólares, un 8.6% menos en comparación con el año anterior. La empresa enfrenta un entorno desafiante marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y la evolución de la demanda global.
BP señaló que está ajustando su estrategia para adaptarse a este contexto, enfocándose en la diversificación de ingresos y explorando nuevas fuentes en medio de la incertidumbre en los mercados de hidrocarburos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) está considerando la creación de dos nuevas filiales: Pemex Litio y Pemex Energía Verde, según informó su director general, Víctor Rodríguez Padilla, en una llamada con inversionistas tras presentar el reporte financiero del tercer trimestre.
Estrategia inicial y colaboración con LitioMx
Rodríguez Padilla detalló que ambas filiales iniciarán con un enfoque interno. La consolidación de estos proyectos determinará si evolucionan en filiales independientes.
“Por ahora no habrá una filial específica para litio; diseñaremos la estrategia y, según los resultados, se formalizará como empresa filial. Lo mismo aplica para Pemex Energía Verde”, comentó Rodríguez Padilla en respuesta a Grupo REFORMA.
También aseguró que Pemex trabajará en colaboración con LitioMx, siguiendo la instrucción de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y en conjunto con la Secretaría de Economía y el Sistema Geológico Mexicano.
Alcances previstos para Pemex Litio
Una presentación interna de septiembre señala que Pemex Litio tendrá a cargo la exploración, explotación y gestión de la cadena de valor del mineral en territorio nacional. Contará con una estructura operativa que incluye áreas como Planeación Estratégica, Manufactura, Administración y Finanzas, y un Órgano Interno de Control.
Retos en la extracción del litio en México
El pasado 21 de octubre, Grupo REFORMA destacó los desafíos que enfrenta México para la extracción de litio debido a la presencia del mineral en arcilla, lo que complica su aprovechamiento y eleva los costos.
El especialista en energía Gonzalo Monroy advirtió que Pemex carece de experiencia en la extracción de litio en arcilla, tecnología que aún no ha sido desarrollada plenamente a nivel global. Monroy también señaló que la petrolera enfrenta retos financieros y limitaciones presupuestarias en exploración, cuestionando la capacidad de Pemex para diversificar su negocio.
“Pemex no está para diversificar, sino para reducir costos”, concluyó Monroy.
Pemex ha publicado sus resultados para el tercer trimestre de 2024, destacando que la producción promedio de hidrocarburos líquidos fue de 1,764 miles de barriles diarios (Mbd), de los cuales el 31% proviene de nuevos desarrollos. El proceso de crudo en las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación promedió 962 Mbd, y al considerar la refinería de Deer Park, el total alcanzó 1,258 Mbd, lo que representa un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La empresa reportó un rendimiento bruto positivo de 45 mil millones de pesos durante este trimestre. Sin embargo, se registró una pérdida cambiaria de 130 mil millones de pesos, resultado de la depreciación del peso frente al dólar, así como un deterioro de activos por 34 mil millones de pesos. Estos conceptos no generaron salidas de efectivo ni afectaron el desempeño operativo de PEMEX. Como resultado, se observó una pérdida neta contable de 161 mil millones de pesos.
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de la deuda de PEMEX se situó en 97.3 mil millones de dólares, un nivel no observado desde 2016. La empresa planea actualizar su Plan de Negocios en colaboración con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de fortalecer su operación y posición financiera. Se anticipa que la reforma energética permitirá a PEMEX recuperar eficiencias técnicas, operativas y financieras.
Sempra Energy, a través de su holding Energía Sierra Juárez, construirá una nueva planta fotovoltaica en Tecate, Baja California, con sistema de almacenamiento en baterías y conexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El 14 de octubre, la empresa presentó el proyecto ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) bajo el nombre «Proyecto Rumorosa Solar II», que será más grande que la planta actualmente operativa en La Rumorosa. La nueva instalación tendrá una capacidad de generación de 59 MW y hasta 72.096 MW pico en corriente alterna.
El desarrollo abarcará 155 hectáreas ubicadas en el kilómetro 42 de la carretera Mexicali-Tijuana. Incluirá una subestación elevadora y una conexión con la línea de transmisión ya existente, permitiendo evacuar energía hacia la subestación Rumorosa, propiedad de CFE.
Contexto y expansión de Sempra en la región
La planta Rumorosa Solar original, inaugurada en noviembre de 2019, tiene una capacidad instalada de 41 MW y actualmente abastece a 70 mil hogares en California. Como parte del crecimiento en la zona, Sempra también instalará 64 aerogeneradores adicionales en La Rumorosa, dentro del proyecto Cimarrón, fase tres del complejo eólico Energía Sierra Juárez.
Las primeras embarcaciones con componentes eólicos llegaron recientemente al puerto de Ensenada para su traslado a La Rumorosa, donde se generarán 319 MW de energía con el viento.
Aunque la energía producida por Sempra en Baja California es exportada mayormente a Estados Unidos, el nuevo proyecto fotovoltaico incluirá, por primera vez, una conexión con la infraestructura de CFE.
La caída en la producción y precios del petróleo, sumada a la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), ha disminuido la relevancia de los ingresos petroleros en las finanzas públicas de México. Esto afecta especialmente a Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, que dependen en gran medida de estos recursos.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el 80.3% de los ingresos petroleros se integra a la Recaudación Federal Participable (RFP). Entre 2015 y 2023, Campeche y Tabasco enfrentaron caídas del 12.5% y 3.9% en sus participaciones federales. Durante este periodo, los ingresos petroleros disminuyeron del 2.2% al 1.1% del PIB nacional.
Aunque el Fondo de Extracción de Hidrocarburos sufrió una caída superior al 50% en todas las entidades analizadas, Tamaulipas y Veracruz lograron aumentar sus ingresos totales en 11.3% y 19.3%, respectivamente. Esto se debe al crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, vinculado a la recaudación local.
La transición energética plantea nuevos desafíos para las finanzas estatales, advirtió el CIEP. En este contexto, es crucial fortalecer los ingresos propios para reducir la dependencia de los recursos petroleros.
Una de las opciones sería impulsar la recaudación de impuestos verdes, que actualmente representan solo el 3.5% de la recaudación tributaria en los estados que los aplican, y apenas el 0.27% de los ingresos totales subnacionales.
Doctor en Derecho Energético (Universidad Panamericana). Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales, University of Exeter (Inglaterra). Leading Lawyer, Energy & Natural Resources, Legal 500, Chambers & Partners Latin America, Global Chambers, Who’sWho Legal. Coordinador de Asuntos Internacionales, Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE).
Primero, lo ya conocido. Las recientes reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, otorgando al Estado la responsabilidad de la transición energética hacia fuentes renovables, y estableciendo que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a considerarse empresas públicas estatales, eliminando con ello las etiquetas de ‘empresas productivas del Estado’. Además, se establece que “en ningún caso”, las empresas privadas prevalecerán sobre la estatal en diversas actividades de la industria eléctrica. Por supuesto, queda esperar la modificación en consecuencia a la Ley de la Industria Eléctrica que implementen un 54% para el sector público y un 46% para el sector privado en generación eléctrica. La forma en que eso realmente tomara forma, está aún por verse.
No obstante, poco o nada se ha hablado de lo que probablemente seguirá quedado plasmado en el marco jurídico federal. En concreto, me refiero a una disposición que, junto con la propia promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos el 11 de agosto del 2014, reformó discretamente (en la última página del extenso decreto), el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas para quedar establecido en los siguientes términos:
Artículo 10. Los esquemas de asociación público-privada regulados en la presente Ley son opcionales y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado.
El cambio frente a la versión original de dicho artículo es sutil pero importante ya que la propia Ley de la Comisión Federal de Electricidad y Ley de Petróleos Mexicanos, también promulgadas el 11 de agosto del 2014, establecen expresamente la posibilidad de alianzas y mecanismos participativos con el sector social y privado (sean empresas ahora empresas productivas del Estado o no). Más claro, imposible.
Promulgada en 2012, Ley de Asociaciones Público Privadas, reformo o adiciono diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Expropiación; la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, brindando al gobierno la posibilidad de resolver necesidades diversas a través de un esquema de negocio rentable, bajo la figura de una colaboración público-privada, tomando riesgos y aptitudes emprendedoras e innovadoras. Con ello, se regulan los intereses entre el sector público y el inversionista privado, la contratación de infraestructura, los alcances de los proyectos a realizarse por las Asociaciones Público-Privadas son diversos, proporcionando una herramienta para su evaluación e implementación.
En este sentido, la ley define a los proyectos de Asociación Público-Privada, como “aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país”, así como los que se realicen bajo cualquier esquema de asociación orientada a desarrollar proyectos de inversión productiva. Recordemos que CFE vuelven a tomar un rol de servicio público – social al eliminarse su categoría de empresas productivas del Estado.
En resumen, las Asociaciones Público-Privadas permiten hacer frente a las limitaciones de recursos públicos, al hacer una distribución de riesgos en actividades que generalmente quedan históricamente a cargo del Estado. De esta forma, para efectos de lo que queremos plasmar ahora, imaginemos que CFE Transmisión requiere aumentar el Sistema Eléctrico Nacional para dar cabida a nueva demanda regional. Siendo el área de transmisión y distribución un área reservada al Estado, la opción natural es que sea CFE y solo ella, la que ejecute los trabajos con la correspondiente carga financiera. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad expresamente la autoriza para celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular, conforme a las disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración. Leído lo anterior con la reforma al artículo 10 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas ya comentada, no se deja mucho a la imaginación.
Así, el proyecto de transmisión puede ser implementado bajo el esquema APP sin vulnerar jamás que la operación y propiedad de la infraestructura quede en manos del Estado, estableciendo CFE los parámetros de construcción y mantenimiento y sin causar impacto frente a las limitaciones de recursos públicos. Mismo ejemplo puede hacerse en materia de generación, por supuesto. Un esquema básico quedaría plasmado de la siguiente forma:
Finalmente, no olvidemos que la Ley de Asociaciones Publico Privadas incorpora un concepto innovador que se denominan ‘propuestas no solicitadas’ estableciendo para ello mecanismos para su presentación, análisis, revisión, concurso y adjudicación, lo que abre la posibilidad de que sean los privados los que presenten propuestas a CFE para su integración en las matrices como el PRODESEN bajo el esquema de APP.
¿Qué puede implicar todo lo anterior?
Frente a la aparente apertura sectorial bajo reglas de generación porcentual específicas, por un lado, y la creciente necesidad de infraestructura, proyectos, interconexión, transmisión, renovables, almacenamiento y demás actividades propias del sector energético, todas ellas fundamentales para hacer frente a fenómenos demandantes de energía como Data Centres, Nearshoring, cadena de suministros – transportes, por el otro, es fundamental no solo respetar lo que no vaya a ser modificado (ie. Mercado Eléctrico Mayorista), sino buscar esquemas que alienten la participación público – privada.
Y no puede ser de otra forma frente a la incertidumbre que todavía presenta la forma en que ese porcentaje de participación va a ser implementado. ¿Se negarán permisos cuando sean muchas las solicitudes? ¿Se seguirá abandonando la necesaria infraestructura de interconexión? ¿Se seguirán construyendo solo plantas de CFE y se negarán interconexiones a los privados? Frente a una necesidad regional concreta, ¿pueden los privados atenderla o tienen que esperar a que CFE la descarte primero?
Ideal sería que, habiendo obtenido el porcentaje que buscaron, el Estado sea pragmático y encuentre en su frase sexenal de ‘Prosperidad Compartida’ un ejemplo de colaboración. Las necesidades de energía de México solo seguirán creciendo y el fracaso de la política energética previa es un costo que muchas empresas que buscan a México como país de inversiones, no están dispuestas a pagar. Independiente de los cambios al marco judicial que las inversiones por supuesto analizan, se tienen ya las herramientas en el marco federal (aun con las reformas Constitucionales ya aprobadas la semana pasada), para lograr la tan anhelada coparticipación de la prosperidad sectorial.
Y esto no es académico, la semana pasada la Dra. Claudia Sheinbaum, Presidente de México, hablo expresamente de la revisión de los esquemas de Asociaciones Publico Privadas (asumo que ‘lato sensu‘ pues no hizo una referencia expresa a la ley en la materia (que sería ‘stricto sensu’), pero en todo caso, se estima que el sector eléctrico requiere de 50 Billones de Dólares para lograr la anhelada meta de 45% de generación renovable para el 2030. Con el enorme déficit fiscal que ha heredado esta administración, las necesidades industriales y tecnológicas, México simplemente no puede seguir erogando las cantidades previas en intentar una ideología onerosa. Un reciente estudio de Morgan Stanley arroja que, únicamente los Data Centers, donde Querétaro se ha posicionado exitosamente en el mapa global, consumirán el 4% de la energía global en el 2030.
Y siendo totalmente transparentes, las Asociaciones Publico Privadas no están libres de pecado, pues la experiencia ha demostrado que tienen fallas cuando no son debidamente instrumentadas. El andamiaje es complejo pues requiere mecanismos que faciliten la continuidad de recursos financieros durante la vida del contrato (situación que no es sencilla en el mundo de las finanzas públicas), esquemas de garantías, fideicomisos, registros federales y autorizaciones presupuestales complejas. Coincidimos en resumen que vale la pena una revisión de los esquemas como lo propone la Dra. Claudia Sheinbaum.
El ejercicio permitirá contar con un mecanismo que libere al Estado de la carga financiera que impone el crecimiento sectorial energético en México y no distraer recursos a otros sectores prioritarios como salud, seguridad pública, educación, servicios básicos, entre otros. Lo hemos dicho antes, la soberanía energética y el costo directo e indirecto que ello ha implicado, puede considerarse anti-soberana cuando no permite que el Estado cumpla cabalmente con las actividades y servicios que si le corresponden de forma exclusiva, ni cumplir con el compromiso constitucional de crecimiento económico, sustentabilidad y competitividad plasmado en su artículo 25.
Frente a la eliminación de etiqueta de ‘empresas productivas’ que ha sido instrumentado con la reciente reforma Constitucional y la muy posible erosión financiera que ello causara a las arcas de CFE y PEMEX (sea por subsidios a tarifas o ineficiencia, falta de rentabilidad o improductividad en los proyectos), me pregunto si la hostilidad a las inversiones privadas en el sector, seguirán teniendo cabida cuando ya existe el marco idóneo para que los privados participen bajo las nuevas reglas porcentuales que el propio Estado quiere mantener. Opciones fundadas y motivadas, existen.
Claro está, siempre y cuando se respeten las reglas y el estado de Derecho. Al tiempo.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha autorizado el regreso de Iberdrola al mercado energético nacional bajo un esquema regulatorio renovado. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las empresas privadas podrán invertir en el sector, pero deberán acatar «reglas claras» que garanticen estabilidad técnica y operativa.
«Esta idea de que Iberdrola entra como antes, pues no necesariamente. Sí habrá espacio para inversión privada, pero con ciertas reglas», afirmó la mandataria.
La participación de Iberdrola en México había sido complicada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En febrero de 2024, el Estado mexicano adquirió 13 plantas eléctricas de la empresa española por 6.200 millones de dólares, consolidando su control en el sector.
Nueva oportunidad con energías renovables y baterías
Con la aprobación de normas sobre baterías de almacenamiento de energía en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Iberdrola ha identificado una nueva oportunidad para incursionar en el mercado mexicano. Estas baterías son esenciales para evitar interrupciones y mejorar la integración de fuentes renovables.
Sheinbaum detalló que entre las nuevas condiciones se encuentra la obligación de contar con bancos de baterías y sistemas que garanticen la constancia del voltaje, evitando problemas técnicos. Además, enfatizó que el Estado continuará como proveedor del 54% de la energía nacional, dejando el resto a la iniciativa privada bajo los nuevos lineamientos.
Reforma energética y rescate de Pemex
La presidenta también destacó que la reforma busca devolver el control de los recursos energéticos a las empresas estatales, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Es una reversión de la privatización de Pemex y CFE que se inició con la reforma de 2013», comentó Sheinbaum.
Sheinbaum reiteró su compromiso con el rescate de Pemex. Además, reafirmó su meta de aumentar la participación de energías renovables al 45% para 2030.
Las plantas de BMW Group en Dingolfing y Regensburg generarán electricidad mediante sistemas fotovoltaicos instalados en sus propios techos. Esta iniciativa busca cubrir parte de sus necesidades energéticas a partir de energías renovables y entrará en operación en 2025.
El proyecto cuenta con la colaboración de Sunrock Holding Deutschland GmbH, que arrendará los techos de ambas plantas para instalar los paneles solares. La electricidad generada se suministrará directamente a las instalaciones mediante contratos de suministro.
La planta de Dingolfing contará con un sistema fotovoltaico con una capacidad de 11.1 MWp, uno de los más potentes de Alemania, cubriendo más de 100,000 m² de superficie en el «Centro de Dinámicas». En Regensburg, se utilizarán otros 25,000 m² de techos logísticos para alcanzar una capacidad adicional de 2.9 GWh al año.
En total, ambos sistemas generarán 14 MWp y producirán cerca de 11.3 GWh y 2.9 GWh anuales, respectivamente. Esta energía será equivalente al consumo de miles de hogares.
Nicole Haft-Zboril, directora de Gestión Inmobiliaria de BMW Group, destacó que este proyecto no solo representa un avance hacia la sostenibilidad energética, sino que también aprovecha las instalaciones industriales para la generación de electricidad renovable.
El inicio de operaciones está previsto para la primavera de 2025 en Regensburg y en otoño de 2025 en Dingolfing. Los trabajos de instalación comenzarán en los próximos meses.
