Representantes de las dependencias energéticas de Jalisco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán plantearon las directrices de la economía circular durante el VI Foro Nacional de Biogás, organizado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Las mesas de diálogo expusieron el potencial técnico para generar dicho combustible mediante el aprovechamiento sistemático de residuos orgánicos y agroindustriales en el país.

La articulación de esta estrategia responde a la urgencia de reducir los déficits de generación eléctrica estatales y mitigar de forma acelerada las emisiones contaminantes. Las administraciones locales buscan transformar pasivos ambientales de alto riesgo en activos energéticos mediante modelos de negocios sostenibles y cadenas de valor documentadas.

“Necesitamos tener una línea base, necesitamos conocer otros indicadores, las materias primas que tenemos para poder producirlo. Porque muchas veces estamos muy animados en hacer las cosas, pero no tenemos los indicadores o no conocemos los números”, advirtió Mirelle Segovia Martín, directora de Transición y Eficiencia Energética de la Agencia de Energía de Yucatán.

La entidad, al posicionarse como el tercer productor nacional en granjas porcícolas, enfrenta el reto operativo de procesar 6,250 toneladas diarias de estiércol. Este volumen representa un riesgo directo de filtración de líquidos contaminantes hacia más de 6,000 cenotes y mantos freáticos interconectados, lo que obliga a tecnificar el manejo del sector.

Para financiar la remediación ambiental, el estado cuenta con un impuesto a las emisiones y a las descargas al subsuelo. La política pública busca transitar hacia la producción de biometano, integrando a los pequeños productores que actualmente incineran sus residuos y pierden la materia prima con valor energético.

“Si le llegas a una granja porcícola, vamos a cambiar todo el sistema, a producir energía, a producir este biometano. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está la inversión? ¿Cuál es la motivación? Es importante y lo estamos haciendo con esta ruta crítica”, detalló la vocería yucateca.

Por su parte, Jalisco registra un déficit de generación eléctrica de 35%, lo que demanda de forma imperativa nuevas fuentes de abasto para la industria. A la par, el estado produce 6,400 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos e intenta elevar sus fuentes limpias de 42 a 60%.

Las autoridades jaliscienses crearon ocho grupos de trabajo para diseñar un plan de desarrollo energético sustentable, priorizando abatir ocho megatoneladas de dióxido de carbono en cinco años. El objetivo técnico incluye desarrollar microrredes de generación para 40 comunidades originarias aisladas que enfrentan condiciones de pobreza energética.

“Hay una gran oportunidad para la generación y ahora lo que queremos es alinearlo a una política pública tanto de generación como en la parte de ecosistema, que creemos que es el valor que el Estado tiene que aportar”, explicó la agencia energética de Jalisco.

En el caso de Campeche, el estado del sureste avanza en la industrialización de su sector agrícola, donde destaca un proyecto consolidado de combustible sostenible para la aviación. Esta iniciativa de escala industrial contempla 12,000 hectáreas de caña de azúcar, de las cuales 6,000 ya operan bajo procesos de valoración energética.

A la par, el ingenio azucarero La Joya obtuvo un permiso de autoconsumo eléctrico de 30 megawatts, lo que permitió reducir su tarifa comercial a cero. Este caso documenta la rentabilidad operativa de aprovechar la biomasa frente a los altos costos del suministro convencional, sirviendo de ancla para futuros Polos de Bienestar.

“Lo que quiere hacer Campeche es industrializarse. Somos un estado con poca producción de ganado, pero no valorizamos los residuos porque falta mucho conocimiento; no sabemos qué es el biogás ni cómo producirlo”, precisó Carlos Adrián García Basto, titular de la Agencia de Energía del Estado.

Incertidumbre regulatoria y viabilidad financiera

Sin embargo, el desarrollo de la bioenergía en México enfrenta graves barreras debido a la falta de armonización administrativa entre la Federación y los gobiernos locales. Los municipios, epicentros logísticos de los proyectos, carecen de criterios homologados para el cobro de licencias de construcción o derechos de uso de suelo, advirtieron los panelistas.

Esta desarticulación gubernamental ralentiza el despliegue de las inversiones en infraestructura, debido a que el capital privado exige certeza jurídica inquebrantable. Las entidades concluyeron que resulta prioritario integrar a la Secretaría de Hacienda y a la banca de desarrollo para habilitar financiamientos institucionales estables.

“La Federación tiene el espacio normativo de las leyes, pero hay que tocar base con todos los territorios. Si la Federación da el acceso al sistema energético, en el territorio es donde ocurren los proyectos”, sentenció Walter Julián Ángel Jiménez, funcionario del gobierno de Tamaulipas.

La viabilidad operativa de la transición energética requiere la integración inmediata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La representación de Yucatán enfatizó que el modelado técnico es insuficiente sin una estructura financiera gubernamental que respalde la nueva infraestructura.

“Me gustaría poner sobre la mesa, por supuesto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito, porque el financiamiento es vital. A los técnicos nos encantan los números, pero cuando lo tenemos que implementar, ¿cómo se pone el dinero?”, cuestionó la funcionaria estatal.

La dependencia yucateca precisó que acceder a fondos nacionales e internacionales resulta imperativo para cumplir los compromisos ambientales de México. Procesar las 6 mil 250 toneladas diarias de residuos orgánicos exige una inyección de capital inasumible sin la participación directa de la banca de desarrollo.