El gobierno interino de Venezuela oficializó la publicación de un nuevo reglamento petrolero de 29 páginas en el Boletín Oficial, una medida jurídica que pone fin de manera efectiva al monopolio e intervención operativa que la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ejerció durante décadas sobre el sector energético nacional.

El documento normativo, que representa la primera regulación integral en materia de hidrocarburos implementada en el país sudamericano desde 1943, omite por completo la mención de la petrolera estatal, cuya infraestructura y capacidad financiera sufrieron un severo deterioro tras años de corrupción y deficiencias en su gestión administrativa.

La firma del estatuto fue realizada por la presidenta interina de la administración respaldada por Estados Unidos, Delcy Rodríguez, vinculando este paso a una reforma histórica de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero pasado. Si bien la corporación estatal ya había transferido el control administrativo de la producción de crudo a firmas privadas como Chevron a partir del año 2022, las nuevas directrices amplían sustancialmente el margen de maniobra de la iniciativa privada.

Bajo este esquema actualizado, las corporaciones internacionales y locales quedan facultadas para coordinar de forma independiente toda la cadena de valor, abarcando desde la refinación, comercialización y distribución, hasta los procesos que van desde la bocana del pozo hasta el surtidor final de combustible.

Los lineamientos publicados establecen además las condiciones fiscales del sector a través de una gama de impuestos estructurados con base en el perfil de riesgo de los activos, diferenciando las tasas de tributación aplicables a operaciones en alta mar (offshore) de aquellas situadas en yacimientos terrestres o zonas contaminadas.

Los objetivos centrales del Gobierno se orientan a dinamizar las operaciones logísticas y captar capitales extranjeros con carácter de urgencia en el marco del levantamiento de sanciones por parte de EE. UU. Esta necesidad de financiamiento se intensificó tras el impacto del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio, desastre natural cuyas labores de reconstrucción e infraestructura pública pretenden ser financiadas mediante los recursos fiscales captados por la nueva apertura energética.