Por César Solano, Consultor de Energía y Cambio Climático.

El presidente López Obrador se comprometió a incrementar la inversión estatal en energías renovables, con la participación de la inversión privada, pero con la rectoría del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener).

Nada extraño en el discurso del presidente López Obrador, desde que inició su administración nos ha dejado claro que pretende estatizar el sector energético sin importar quien se atraviese. Incluso, en su discurso, el presidente se atrevió a comparar los hechos actuales con el antecedente histórico de la expropiación petrolera. Comparación errónea y exagerada, pues los momentos históricos no se asemejan en lo absoluto, aunque su verdadero objetivo fue mandar un mensaje al presidente Biden: “Roosevelt respetó nuestra soberanía, respete usted Sr. Presidente”.

Una vez más, y como dijimos en la columna anterior, el discurso de la soberanía energética le importa más que una estrategia de seguridad energética, aunque en el proceso de defender la soberanía se vea socavada la seguridad energética.

La competitividad no quedó fuera
El presidente López Obrador reconoció la importancia de la cooperación económica entre ambos países e instó al presidente Biden a apoyar la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Un acuerdo neoliberal por cierto, y que iniciando su administración buscó firmar de inmediato.

Asimismo, en su mañanera del 14 de julio, el presidente López Obrador destacó que el acuerdo haría posible que la CFE exporte energía renovable a estados fronterizos de la unión americana. Hecho nada nuevo, y que desde la reforma energética de 2013 se considera posible implementar en la franja fronteriza.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, la inversión privada en generación de energía renovable destinada al sector manufacturero ya consideraba exportar electricidad a empresas situadas en El Paso Texas. De hecho, recuerdo haber hablado del tema con desarrolladores, quienes me expusieron la oportunidad que entre los tratados de libre comercio y la reforma energética de 2013 representaba para los proyectos solares en estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas.

Sin embargo, con su discurso nacionalista y políticas energéticas podríamos anticipar que lo dicho por el Presidente se quede solo en “política ficción”, pues el hecho que proyectos de este tipo se lleven a cabo bajo la rectoría de la CFE y la Sener, no garantizan que los costos por consumo energético sean bajos, pese a que su generación sea de bajo costo. Por lo que terminarían minando o limitando la competitividad de las empresas receptoras de la energía y la participación de los privados en el mercado eléctrico nacional y binacional.

Asimismo, desde el 20 de julio pasado, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer de manera formal que iniciaría una etapa de consultas para valorar qué tanto el gobierno mexicano ha violado el T-MEC, hecho al cual Canadá se ha sumado, pues aseguran que México ha dado preferencia la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), limitando la participación privada discrecionalmente.

Leña al fuego
Las consultas promovidas por Estados Unidos y Canadá, son combustible para el discurso de la soberanía energética del presidente López Obrador. Asimismo, pone a su base electoral de su lado, aunque dicha base sea quien sufra directamente el alza en el precio de la electricidad y de los combustibles.

Asimismo, le permite proyectar sus famosas “corcholatas” quienes darían continuidad a su lucha por recuperar la soberanía energética. De hecho, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya ha declarado que defenderá al Presidente y a México con argumentos y convicción ante los procesos de consulta.

Por otro lado, la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier ha declarado que con su política energética, México no ha violado el capítulo 8 del T-MEC. Y efectivamente, México no ha lo ha violado; el argumento de Estados Unidos y de Canadá es que México se ha valido de este capítulo para violar otros capítulos dentro del mismo tratado.

En el marco del capítulo 8, podemos afirmar que la soberanía sobre los hidrocarburos en ningún momento se ha visto vulnerada, por ello es que Pemex y la firma estadounidense New Fortress han llegado a un acuerdo para desarrollar el campo de gas no asociado Lakach. Hecho que no habría sido posible sin la reforma energética de 2013, dicho sea de paso.

Asimismo, el derecho soberano sobre reformar la constitución tampoco se ha visto amenazado; sin embargo, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) limita la competencia en el mercado eléctrico, por lo tanto los capítulos de competencia dentro del T-MEC. De hecho, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es explícita sobre si la reforma a la LIE es constitucional, pues solo se acordó que no es inconstitucional.

Reivindicando la soberanía energética
El juego político en México es un peligro para el sector energético, la competitividad, la lucha contra el cambio climático y la transición energética. No basta solo hacer declaraciones conjuntas un día y al otro sentirse Lázaro Cárdenas defensor de los mexicanos. La soberanía se reivindica haciendo de las instituciones nacionales más fuertes y eficientes a través de la autonomía y la institucionalidad, no por medio del centralismo y la nacionalización.

El potencial energético mexicano es muy grande, no solo por el potencial para desarrollar proyectos de renovables, sino por los vastos recursos por explotar, como el gas de cuenca de burgos, o los yacimientos en agua profundas, que, en un contexto de alta demanda y altos precios a nivel internacional podrían captar una buena cuota de mercado del gas y petróleo ruso, fortaleciendo a la economía mexicana y apuntalando con esos recursos la transición energética con una CFE como actor, no como juez del mercado eléctrico nacional.

Esperemos que la reivindicación de la soberanía energética que lleva el gobierno de la 4T no repercuta más en contra de la economía de los mexicanos, ni en contra de la inversión privada. Esperemos que las elecciones de noviembre en Estados Unidos no deriven en acciones más drásticas, pues como han dicho actores como el miembro de alto rango del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin Brady, el gobierno de Joe Biden hasta ahora no se ha centrado temas que afectan a los agricultores, trabajadores, empresas e inversionistas estadounidenses.

Y es que en Estados Unidos la relación con México puede no ser tan mediática, pero dentro de las altas esferas del gobierno estadounidense las consultas del T-MEC resuenan fuerte frente a las elecciones. México y América Latina están en el ojo del huracán cuando de recursos energéticos se trata y cuando la inversión estadounidense se ve amenazada.

Acciones como las nacionalizaciones y los cambios regulatorios no son bien vistos y de acuerdo con personajes como Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, socavan la democracia de Estados Unidos y la de los países en
donde se aplican dichos cambios.

Finalmente, esperemos que las consultas en torno al T-MEC no sirvan de pretexto para las facciones más radicales en Estados Unidos. Y, aunque es poco probable, esperemos que esas facciones no quieran compartirnos un poco de su democracia, si saben a lo que me refiero.

César es un Internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con una maestría en Política Energética y Derecho por parte de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Tiene más de cinco años de experiencia en proyectos de sostenibilidad y desempeño social para los sectores de renovables, así como para los sectores de upstream y downstream de hidrocarburos. Asimismo, ha participado en investigación para la reducción de riesgos de desastres y adaptación sostenible e incluyente al cambio climático dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas.