El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, una estrategia que busca garantizar el derecho humano al agua y transformar su gestión a nivel nacional. Este plan se basa en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y gestión integral y transparente.

El proyecto plantea una inversión de 20 mil millones de pesos en 2025 y contempla acciones como la tecnificación del riego agrícola, el saneamiento de cuerpos de agua clave y el desarrollo de infraestructura hídrica en regiones prioritarias. También se anunció la implementación del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que será firmado el próximo 25 de noviembre con la participación de sectores gubernamentales, industriales y comunitarios.

Sin embargo, este anuncio ocurre en medio de una polémica por la propuesta de recortar más del 40% del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2025, que pasaría de 62 mil 674 millones de pesos a 37 mil 119 millones de pesos. Expertos advierten que esta disminución afectará programas de inversión en infraestructura hídrica, agua potable, alcantarillado y riego, comprometiendo el acceso al agua para más de 10 millones de mexicanos.

El agua no solo es un recurso esencial para el consumo humano y la agricultura, sino también un pilar fundamental en la generación de energía, como en las plantas hidroeléctricas y mini-hidroeléctricas. Su correcta gestión impacta directamente al sector energético, ya que garantiza el suministro para la producción sostenible de ciertas energías renovables, clave en los objetivos de desarrollo del país.

El director general de Conagua, Efraín Morales López, detalló que el plan incluye proyectos estratégicos como la construcción de presas, acueductos y saneamiento de ríos, además de reformas legales y administrativas para una gestión más eficiente y transparente del recurso hídrico.

El Consejo Consultivo del Agua y otras organizaciones del sector han hecho un llamado urgente al Congreso y a la presidenta Sheinbaum para reconsiderar el recorte presupuestal, subrayando que la gestión del agua debe ser una prioridad nacional.