Con el objetivo de atender el daño continuo e irreversible que se ocasiona al bienestar del consumidor nacional de gas licuado de petróleo (LP) debido a los altos precios del combustible, derivado de los altos márgenes de ganancia que se obtienen en la comercialización y distribución por parte de las empresas que dominan el mercado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federació la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo.

En dicho documento, la Sener determina que en un plazo no mayor a tres días, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá establecer precios máximos para la venta de gas LP a los consumidores, con el fin de garantizar el bienestar de las familias mexicanas y no fomentar la riqueza de un sector de la industria a costa del “daño a otro.

La dependencia a cargo de Rocío Nahle García considera que el gas LP es un componente importante en las canastas de consumo de las familias mexicanas y forma parte de los elementos a considerar en la medición de la pobreza, por lo que, los altos precios injustificados del combustible, también afectan gravemente a grupos de la población de menores ingresos. Asimismo, los altos precios del gas LP también generan un problema de salud pública en dicho sector de la población, pues al no contar con recursos económicos suficientes para acceder al gas LP, su sustituto natural sería el uso de leña y carbón.

En relación a las causas que provocan la problemática de emergencia a atender por la Directriz, la Sener constata que las condiciones actuales de los grupos dominantes que controlan las actividades de distribución de gas LP, han propiciado un perjuicio en el público en general y en particular en las clases más desfavorecidas, al generar un nivel elevado de concentración que no garantiza que las ventas al consumidor final reflejen condiciones competitivas de mercado y los costos reales de suministro al consumidor final. De la misma manera, se constata que la concentración en el mercado tampoco ha propiciado un suministro eficiente y competitivo que aumente la cantidad de participantes en materia de distribución del gas LP o la inversión en infraestructura de los canales de distribución.

“El marco normativo actual es insuficiente para eliminar el daño al bienestar de las familias mexicanas ocasionado por la problemática de precios excesivamente altos en el gas LP. A pesar de haber transcurrido varios años desde la liberalización de precios del gas LP, el esquema regulatorio vigente no ha mejorado el bienestar en los consumidores del energético, y no se vislumbran incentivos para alcanzar dicho resultado. Por otra parte, las condiciones de abuso por los comercializadores o distribuidores de gas LP han provocado que el margen entre el precio de referencia internacional y el precio promedio al consumidor final, casi se haya triplicado a partir de la liberalización del precio del gas LP. De la misma manera, se constata que las variaciones a la baja en el precio de los insumos del gas LP no se han trasladado de manera inmediata y en similar magnitud a los precios del consumidor final”, señala el documento.

Con la emisión de la Directriz, se permitirá la existencia de un mecanismo normativo respaldado institucionalmente que: (i) Garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un combustible de consumo básico en los hogares; y (ii) No fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro.