La Alianza Mexicana contra el Fracking rechazó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de analizar la explotación de recursos no convencionales con tecnologías menos contaminantes y consulta a comunidades. Para la organización, esta iniciativa contradice el compromiso de prohibir el fracking y refuerza la dependencia de combustibles fósiles.

En su comunicado, la Alianza acusó que “las políticas públicas se están alineando hacia un camino de no retorno”, colocando al gobierno como responsable de frenar la transición energética. Señalaron que la evidencia científica sobre los daños al agua es clara, citando el caso de Estados Unidos, donde tras dos décadas de explotación se requieren pozos cada vez más profundos y de gran escala, conocidos como monster fracks.

El grupo cuestionó la idea de que un “grupo de expertos” evalúe la viabilidad de producir gas no convencional con reciclaje de agua y químicos alternativos. “La ciencia ha demostrado que esta tecnología siempre conlleva graves riesgos”, afirmó la organización, al advertir que el tratamiento del agua contaminada es económicamente inviable y no puede reincorporarse al ciclo natural.

Además, alertaron sobre los impactos en la salud derivados de compuestos utilizados en el fracking, como benceno y formaldehído, considerados tóxicos y cancerígenos. Estos efectos, señalaron, afectan principalmente a las comunidades cercanas y vulneran a las infancias, lo que convierte al debate en un asunto no solo ambiental, sino también social.

El fracking ha sido prohibido en países como Francia, Alemania, Costa Rica y Uruguay por riesgos ambientales y de salud. En Estados Unidos, estados como Nueva York y California también lo han vetado. La discusión en México refleja la tensión entre reducir importaciones de gas y avanzar hacia una transición energética sostenible, en un contexto de creciente oposición social y científica a esta práctica.