El Senado de Estados Unidos se prepara para votar sobre la posible anulación del mandato de California que prohíbe la venta de vehículos exclusivamente a gasolina a partir de 2035, una medida que ya ha sido adoptada por 11 estados.

La iniciativa, respaldada por el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, busca revertir la autorización concedida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 2023, que permitía a California exigir que al menos el 80% de los vehículos vendidos fueran eléctricos para esa fecha.

Mientras que California defiende la regulación como esencial para reducir la contaminación, los principales fabricantes de autos han advertido sobre los desafíos operativos y económicos que representa la transición acelerada. «Las automotrices podrían verse obligadas a reducir la cantidad de vehículos en el mercado para cumplir con los objetivos eléctricos», alertó la Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a General Motors, Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre otras compañías.

Las regulaciones de California han sido adoptadas por estados como Nueva York, Massachusetts y Oregón, lo que abarca casi el 40% del mercado automotriz estadounidense. Sin embargo, Vermont y Maryland han postergado su implementación, reflejando las dudas sobre la viabilidad del mandato.

La administración de Trump y el Departamento de Transporte también avanzan en la revisión de las regulaciones de eficiencia de combustible, con el argumento de que el gobierno de Biden excedió su autoridad al considerar los vehículos eléctricos dentro de los parámetros normativos.

El futuro del mandato de California y su impacto en la transición hacia la movilidad eléctrica se encuentra en el centro del debate político y económico, mientras el Congreso analiza su viabilidad y consecuencias en la industria automotriz.