La propagación del COVID-19 no sólo ha significado una crisis sanitaria, sino que también ha tenido implicaciones económicas serias a nivel mundial. En marzo, los precios del petróleo registraron caídas históricas como resultado de la negativa del Ministro de Energía ruso, Alexander Novak, a la propuesta de unirse al recorte colectivo de la producción petrolera, sugerida durante una reunión de la OPEP+ en Viena con la finalidad de amortiguar la caída de la demanda, provocada por el brote y propagación del virus.
A raíz de esta negativa, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, decidió aplicar el recorte más alto de las últimas dos décadas sobre sus precios de venta al extranjero, ofreciendo descuentos sin precedentes a Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, a fin de que las refinerías recurran a la compra de su crudo. Las consecuencias de todo esto se han visto reflejadas sobre el costo de la mezcla mexicana, que al día de hoy se sitúa en 10.61 dólares por barril.
Ante estas circunstancias, es preciso entender que este es un momento crucial para México en el que necesita una mayor diversificación de su matriz energética, pues si bien la economía requiere de la energía, es imposible que un Gobierno pueda garantizar la totalidad de la oferta que se precisa solamente con dos paraestatales.
Así lo manifestó el Dr. Gabriel Farfán Mares, Presidente de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública y Consultor en materia de Presupuesto y Gestión Pública del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el panel “El Impacto Económico del COVID-19 y la Guerra del Petróleo en México y el Mundo”, que se transmitió como parte de la Expo Virtual Oil and Gas México, la primera expo-petrolera virtual del país.
Resaltó que la caída de los precios nos ha tomado por sorpresa y las finanzas públicas, que dependen en gran medida de los ingresos petroleros, tienen un gran reto por delante, pues habrá que comenzar a recaudar recursos del resto de las actividades económicas y tener en cuenta que «este podría ser el fin del sector petrolero como palanca del desarrollo nacional».
En este contexto, durante su intervención, el Ingeniero Régulo Salinas, Presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que, efectivamente, nuestro país tendrá que cambiar el paradigma de dependencia económica hacia el sector petrolero, ya que sus posibilidades de exportación en este sentido se verán aún más disminuidas.
Señaló que esta crisis nos encontró en medio de una contracción económica y en un momento de inversiones privadas reducidas, que son fundamentales para la reactivación económica, por lo que el apoyo al empresariado será un elemento decisivo para que, al término de estas circunstancias, puedan ayudar a la recuperación nacional. «No pedimos subsidios, sino solidaridad fiscal», subrayó.
Para la Maestra Soraya Pérez Munguía, Diputada Federal por el estado de Tabasco, Secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e Integrante de la Comisión de Energía, este problema de inestabilidad empezó en 2019, cuando se tomaron decisiones legislativas que no han ayudado a la actividad económica del país, provocando que el fondo de estabilización hoy se encuentre desgastado, porque ante la incertidumbre, las inversiones han disminuido.
Recalcó que «el Gobierno de México tiene que regresar la confianza y pensar en el largo plazo, porque las repercusiones de la caída en los precios del petróleo, derivadas de la propagación del COVID-19, nos perseguirán por un largo tiempo. En este sentido, el modelo energético será determinante».
Para concluir, la Maestra Abril Moreno, Directora General de la empresa Perceptia21 y Consultora de Asuntos Públicos y Energía, dijo que es urgente frenar la caída drástica del empleo, crear paquetes fiscales para ayudar a los empresarios y, consecuentemente a la población, a salir adelante, así como buscar una transición energética para amortiguar el impacto económico de la situación por la que atraviesan los hidrocarburos y combustibles el día de hoy.
