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Diputados aprueban reforma para eliminar “pensiones doradas”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor la reforma al artículo 127 constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas como Pemex y la CFE. La medida establece que las jubilaciones no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.

El dictamen también dispone que la reforma será retroactiva, por lo que las pensiones actuales que superen ese límite deberán ajustarse. Esta disposición generó debate en el recinto, pues algunos legisladores advirtieron que podría abrir la puerta a litigios masivos por violar el principio de retroactividad de la ley.

El diputado Alejandro Domínguez (PRI) señaló que la iniciativa es “selectiva y discrecional”, ya que no afecta a todos los beneficiarios por igual. “El ministro Arturo Saldívar conservará sus privilegios, los ministros en retiro conservarán sus privilegios… eso convierte a esta reforma en una reforma clasista”, afirmó.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar (PT) defendió la medida al asegurar que las pensiones excesivas fueron producto de actos de corrupción. “Solamente en Luz y Fuerza del Centro hay 3,504 personas que reciben más del salario de la presidenta; en Pemex son 22 mil y en CFE una cifra similar”, expuso.

Desde el PAN, Cristina Márquez criticó que el gobierno federal destine más recursos a Cuba que los que pretende ahorrar con la reforma. “México requiere recursos, pero no a costa de derechos laborales adquiridos”, dijo. En tanto, la diputada Maricela Silva (PVEM) consideró que las pensiones millonarias son “una bofetada al pueblo” en un país marcado por la desigualdad.

Finalmente, la legisladora Claudia Ruiz Massieu (MC) advirtió que el verdadero objetivo de la reforma es obtener recursos para las finanzas públicas. “Al obligar que las jubilaciones otorgadas conforme a leyes vigentes se ajusten retroactivamente, se dinamita la certidumbre jurídica y se desprecia el compromiso del Estado con quienes le sirvieron durante décadas”, señaló.

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