La Barra Mexicana, Colegio de Abogados consideró que la “Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural”, implementada por la Secretaría de Energía (Sener), “atenta contra los principios de libre concurrencia y competencia, que rigen al sector y establecen el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio, y violentan el funcionamiento eficiente del mercado del gas natural, el principio de rectoría económica del Estado por la competitividad y fomento al crecimiento económico, y el principio de legalidad y el derecho humano a la seguridad jurídica”.

A través de un comunicado, la asociación civil expresó su preocupación sobre los impactos que la Estrategia tiene en la libre competencia, así como en la autonomía técnica y jurídica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

Esto, al imponer a organismos gestores independientes el deber de modificar “de oficio” los Términos y Condiciones para la Prestación de los Servicios de Gestión Independiente, “crea barreras al acceso abierto y efectivo a la infraestructura de ductos a todo interesado que lo requiera, y que se garantice que los servicios sean prestados en igualdad de circunstancias a todos los usuarios”, se detalla en el comunicado.

El pasado 13 de junio, la Sener emitió la mencionada Estrategia. Como respuesta, la CRE modificó los Términos y Condiciones de la prestación de sus servicios, y el Cenagas solicitó a los usuarios del Sistrangas acreditar que el suministro de gas natural venía de alguna de las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), o sus empresas subsidiarias o filiales.

Asimismo, el 27 de junio el Cenagas señaló los puntos de entrega y reiteró la obligación de los usuarios, instruida en la propia Estrategia, con lo que se actualizó la afectación al esquema de acceso abierto efectivo al Sistema.

Frente a esto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, destacó que la Estrategia y sus oficios de implementación violentan los principios constitucionales y derechos fundamentales en el sector de transporte y almacenamiento de gas natural, “incumpliendo con los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en diversos Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las inversiones vigentes”.

Finalmente, exhortó al gobierno mexicano a revisar que la Estrategia cumpla con las obligaciones constitucionales y legales vigentes, “sin prejuicio de seguir impulsando el mandato constitucional previsto para fortalecer a las empresas productivas del Estado”.