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Reforma Energética 2025: entre la discrecionalidad estatal y los retos para la inversión privada

Por: Kathya Santoyo

En el contexto de la reciente aprobación de la reforma energética de Claudia Sheinbaum, Miriam Grunstein, Senior Partner de Brilliant Energy Consulting, y experta con décadas de experiencia en el sector, compartió un análisis detallado sobre sus implicaciones. La reforma, que modifica marcos constitucionales y legales, busca fortalecer el papel de PEMEX y CFE como actores preponderantes, aunque con resquicios para la participación privada bajo esquemas mixtos pero también independientes. 

Un modelo incómodo para la inversión privada 

Grunstein señaló que la reforma «pretende ser generosa, dentro de un contexto de limitaciones políticas».

A diferencia de la reforma de 2013, donde los contratos con privados eran la norma, ahora las asignaciones directas a Pemex y CFE son prioritarias: «antes los contratos eran la regla y las asignaciones excepción, ahora las asignaciones son la regla y los contratos serán la excepción».

Esto, advirtió, podría generar cuellos de botella en infraestructura y logística, ya que «la infraestructura de hidrocarburos queda en manos de Pemex, y el comercializador estatal tendrá un rol central». 

La experta subrayó que los esquemas mixtos —donde privados colaboran con el Estado— estarán sujetos a supervisión directa de Sener y las empresas estatales: «Ninguna empresa privada quiere tener al gobierno respirando en el cuello. Se sentirán vigiladas y controladas». Esto, agregó, limitaría el interés de grandes actores globales:

«Si tienen carteras internacionales diversificadas, ¿para qué exponerse a la discrecionalidad de Sener?». 

Regulación centralizada y pérdida de autonomía técnica 

Uno de los cambios estructurales es la absorción de órganos reguladores por parte de Sener.

Grunstein recordó que, “aunque organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) nunca fueron totalmente independientes y técnicos, ahora la centralización del controles explícita. Esto podría reflejarse en la planeación energética, que es  vinculante y dirigida por políticas industriales específicas». 

Antes, las empresas elegían dónde operar, ya fuera por procesos competitivos o por elección propia. Ahora, la recién conformada CNE (Comisión Nacional de Energía) priorizará zonas alineadas con políticas gubernamentales, explicó. Esto podría obligar a privados a asociarse con Pemex o CFE en proyectos de alta rentabilidad, o a invertir en regiones marginadas como parte de la «prosperidad compartida». 

Este concepto, que busca llevar servicios energéticos a zonas rurales, fue destacado por Grunstein como un objetivo loable pero complejo: «Compatibilizar política industrial con libertad de mercado es muy difícil».

Puso como ejemplo: «Si a una empresa le exigen construir un ducto en Guerrero o Chiapas —zonas de alto riesgo— en lugar de áreas rentables, probablemente declinará». 

Aunque celebró la intención de reducir desigualdades, advirtió que sin incentivos claros, el modelo podría ahuyentar inversiones: «Estamos en un entorno global competitivo. Guyana, Brasil y Europa ofrecen mejores condiciones comerciales para proyectos de energía”.

Incertidumbre jurídica y riesgos de discrecionalidad 

Sobre la certeza jurídica, Grunstein expresó escepticismo: «La reforma deja amplios márgenes de discrecionalidad. Hasta ver reglamentos y disposiciones administrativas de Pemex,  CFE y también las aplicables para proyectos probados, no habrá claridad».

Señaló que la planeación vinculante y los criterios de la CNE —dirigidos por Sener— podrían derivar en decisiones arbitrarias: «Si quieres operar en una zona rentable, es factible que te impongan a Pemex o CFE como socio. A nadie le gusta que le asignen parejas». 

Además, criticó la falta de independencia en la nueva CNE, que funcionará como órgano desconcentrado de Sener: «Será un comité técnico, pero sujeto a directrices políticas. La secretaria o presidenta definirán dónde y cómo se invierte». 

En sus conclusiones, Miriam Grunstein hizo un llamado a utilizar la reforma para beneficio nacional: «Espero que la discrecionalidad no favorezca a actores con buenas conexiones políticas, sino a empresas que aporten valor real». Reconoció la complejidad del momento geopolítico, con presiones comerciales desde Estados Unidos, pero insistió en la necesidad de equilibrio: «Debemos cerrar filas ante desafíos externos, pero mantener independencia técnica para evitar errores del pasado». 

Finalmente, subrayó que el éxito dependerá de implementar reglas claras: «No basta con buenas intenciones. Si no se definen incentivos reales y se reducen riesgos operativos, seguiremos viendo a los grandes jugadores preferir otras jurisdicciones», concluyó. 


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